Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C167-15

Volver

Reclamante:	MATÍAS ROJAS MEDINA
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en la negativa a una solicitud de información referente a: a) Cronológicamente, la identidad de todos los carabineros que integraron el grupo de escolta presidencial entre enero de 1998 y diciembre de 2000; y b) Especifique a qué funcionarios públicos prestaron seguridad. El Consejo acoge el amparo. Respecto a la causal de secreto invocada referente al artículo 436 del Código de Justicia Militar, el órgano reclamado no ha formulado argumento de hecho, que permitan identificar circunstancias de riesgo de afectación a los bienes jurídicos indicados por el órgano reclamado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/9/2015
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Justicia Militar Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C866-11 C1300-14 C652-10 C669-10 C162-11
Jurisprudencia a:	C1092-21 C1359-18 C8413-21 C3375-22
Recursos relacionados:	6303-2015 21377-2015
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C167-15 Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Matías Rojas Medina Ingreso Consejo: 20.01.15 En sesión ordinaria N° 623 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de junio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C167-15. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de diciembre de 2014, don Matías Rojas Medina, solicitó información a la Presidencia de la República, requiriendo que se le informe: a) Cronológicamente, la identidad de todos los carabineros que integraron el grupo de escolta presidencial entre enero de 1998 y diciembre de 2000; y b) Especifique a qué funcionarios públicos prestaron seguridad. 2) DERIVACIÓN Y RESPUESTA DEL ÓRGANO: El órgano, a través de ordinario N° 1101, deriva la solicitud de información a Carabineros de Chile. Dicho órgano a través de resolución exenta N° 7, de 7 de enero de 2015, da respuesta a la solicitud de información denegando parcialmente la entrega de la misma. Señaló, en resumen, lo siguiente: a) El Grupo Escolta Presidencial es una repartición dependiente del Departamento de Seguridad Presidencial con data de origen del 22 de noviembre de 1996, que tiene por misión fundamental brindar seguridad a la persona del Presidente de la República en todo el territorio nacional como en el extranjero, hasta dar la vida si fuere necesario. b) El artículo 436 del Código de Justicia Militar, en adelante e indistintamente CJM, entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente, entre otras finalidades, con la seguridad de las personas. A su vez, dicha preceptiva señala entre sus numerales, específicamente el N° 1, los relativos a dotaciones y a la seguridad del personal de Carabineros de Chile. De este modo, entregar la información que pide, afectaría directamente las tres finalidades que la preceptiva citada persigue resguardar a través del secreto o reserva de los mismos: primera, la seguridad de los protegidos por el Grupo Escolta Presidencial; segunda, la dotación de Carabineros asignados a tal misión, y, tercera, la seguridad de este personal de Carabineros de Chile. c) Invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de Ley de Transparencia, señalando que la norma del CJM tiene el estatus de aprobada por ley de quórum calificado, en virtud de lo contemplado en la disposición 4ª transitoria de la Constitución Política de la República; d) Conforme a la preceptiva referida, el órgano se encuentra impedido de entregar cualquier información relacionada con el Grupo Escolta Presidencial; e) En lo que dice relación a qué funcionarios públicos prestó seguridad en ese período el personal de dotación del Grupo Escolta Presidencial, fue a la persona del Presidente de la República de aquella época, que es de conocimiento público fue don Eduardo Frei Ruiz-Tagle. f) En virtud de las normas antes expuestas, deniega la entrega de la información respecto de la identidad de los escoltas presidenciales. 3) AMPARO: El 20 de enero de 2015, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundado que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. El reclamante indica que no entiende cómo la publicidad de la información afectaría la seguridad de Carabineros que prestaron servicio hace más de 15 años como escoltas presidenciales. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo y confirió traslado al Sr. General Director de Carabineros mediante Oficio N° 767 de 28 de enero de 2015. Con fecha 12 de febrero de 2015, Carabineros de Chile presentó sus descargos u observaciones a través de ordinario N° 26, de misma fecha, señalando, en síntesis que: a) A través de la resolución exenta N° 7, Carabineros entregó dos respuestas: la primera, relacionada con los Carabineros que integraron el grupo escolta presidencial entre enero de 1998 y diciembre de 2000, y la segunda, a qué funcionarios públicos prestaron seguridad; b) Para entender la segunda pregunta, se indicó que el Grupo Escolta Presidencial tiene por misión fundamental brindar seguridad a la persona del Presidente de la República. Luego, el funcionario público a quién prestó seguridad no fue otro que el Presidente de la República del período por el que se consulta; c) Para entender la primera parte de la solicitud de información, se citó el artículo 436 del CJM, que entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente, entre otras finalidades, con la seguridad de las personas. A su vez, dicha preceptiva señala entre sus numerales, específicamente el N°1, los relativos a dotaciones y a la seguridad del personal de Carabineros. De este modo, entregar la información, afectaría directamente las tres finalidades que la preceptiva citada persigue resguardar, conforme se indicó en la respuesta. d) En virtud del artículo 436 del CJM, en relación con el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia y 8 de la Constitución Política, otorga el carácter de secreto a lo solicitado. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 22 de abril de 2015, se remite correo electrónico a Carabineros de Chile, requiriéndoles que remita a este Consejo la orden general N° 1.167, de 22 de noviembre de 1996, que elevó la categoría, cambió la denominación y dependencia al Grupo Guardia Presidencial. Se reitera dicho requerimiento los días 4 y 6 de mayo del presente año. Con fecha 8 de mayo de 2015 Carabineros remite a este Consejo la orden general N° 1167, de 22 de noviembre de 1996, la orden general N° 1730 de 23 de noviembre de 2006, que aprueba las Directivas de Organización y Funcionamiento de las Reparticiones dependientes de la Dirección de Fronteras y Servicios Especializados, entre ellas, la del Departamento Seguridad Presidencial O.S.8 y la orden general N° 2336, de 30 de abril de 2015, que aprueba la Directiva de Organización y Funcionamiento del Departamento Seguridad Presidencial. 6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Por acuerdo del Consejo Directivo de esta Corporación, en sesión 616 del 12 de mayo de 2015, mediante oficio N° 3272, de fecha 13 de mayo de 2014, se solicitó a Carabineros de Chile, los siguientes pronunciamientos, para mejor resolver el presente amparo: a) Indique en qué medida, entregar la información que se solicita, afectaría directamente las tres finalidades que el artículo 436 del Código de Justicia Militar persigue resguardar a través del secreto o reserva de los mismos: primera, la seguridad de los protegidos por el Grupo Escolta Presidencial; segunda, la dotación de Carabineros asignados a tal misión, y, tercera, la seguridad de este personal de Carabineros de Chile. Refiérase a cada una de ellas por separado. b) Indique de qué forma la información solicitada puede reconducirse a la aplicación de alguna de las causales de reserva o secreto establecidas en el artículo 8° de la Constitución Política. c) Cuál sería el perjuicio o daño ocasionado a los funcionarios, de producirse la entrega de la información solicitada. d) Si consideraba que se afectaban los derechos de terceros, en este caso, los derechos de los funcionarios que en esa época formaron parte del grupo de escolta presidencial, fundamente por qué no los notificó conforme lo establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia. e) Indique, si los funcionarios que en esa época formaron parte del Grupo Escolta Presidencial, actualmente son funcionarios de Carabineros, o se encuentran en retiro. Dicho oficio fue notificado vía correo electrónico el 13 de mayo de 2015. Con fecha 18 de mayo de 2015, se remite nuevo correo a Carabineros de Chile, indicándoles que ese día vencía el plazo para responder el oficio. Con fecha 19 de mayo de 2015, se remite nuevo correo electrónico a Carabineros de Chile, señalándoles que ese mismo día se debe resolver el amparo y para ello se necesita con urgencia la respuesta a la medida para mejor resolver. 7) RESPUESTA DE CARABINEROS A MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: El 18 de mayo de 2015, Carabineros de Chile evacua la medida para mejor resolver, remitiendo la información requerida al correo electrónico de oficina de partes, indicando, en resumen, lo siguiente: a) Se debe hacer presente que el artículo 436 del Código de Justicia Militar, entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: "los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal;". Del artículo transcrito se desprende que toda materia relativa a la dotación de Carabineros de Chile, se encuentra amparada en la causal de secreto dispuesta por la norma individualizada. Ha sido la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que ha consagrado el secreto establecido en dicho artículo disponiendo que la información de la cual se establece la causal de secreto del artículo 436 debe mantenerse sin divulgar. En primer término, porque de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Transparencia, los actos que una ley de quórum calificado declare secretos o reservados mantendrán ese carácter hasta que otra ley de la misma jerarquía deje sin efecto dicha calificación. En segundo término, porque Carabineros debe resguardar el orden y la seguridad pública interna, según lo determinan la Constitución (artículo 101) y la ley (Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, artículo 1°) y conforme esta función, es claro que se puede afectar "la mantención del orden público o la seguridad pública" (en este caso, lo recoge el artículo 21 n °3 de la Ley de Transparencia), si se divulga informaciones sensibles relativas a la necesidad de esa mantención. En tercer lugar, porque el orden público interior al que alude el artículo 436 del Código de Justicia Militar, tiene que ver con el debido cumplimiento de funciones de un órgano del Estado que está encargado de velar por garantizar dicho orden y seguridad, una de las hipótesis en que se reconocen en el artículo 8ª de la Constitución Política. b) En relación a la afectación de la seguridad de los protegidos por el Grupo Escolta Presidencial, al dar a conocer el nombre de estos, se podrían tomar represalias contra los funcionarios que en su momento prestaron servicios en dicho Grupo, produciéndose un detrimento para la Institución. c) Acerca de la dotación de Carabineros asignados a tal misión, y la seguridad de este personal de Carabineros, es dable manifestar que develar este tipo de información, en los hechos atenta con el plan operacional establecido por Carabineros de Chile para el cumplimiento de la misión del Grupo de Escolta Presidencial, que esencialmente es la de brindar seguridad integral a la Persona del Presidente de la Republica donde desarrolle sus actividades públicas o privadas, en todo el territorio nacional y en el extranjero. Indican lo que se entiende por seguridad integral, resguardo de la imagen, y comodidad, conforme lo establece la orden general N° 2336, de 30 de abril de 2015, que aprueba la Directiva de Organización y Funcionamiento del Departamento de Seguridad Presidencial O.S.8. Carabineros agrega que, de lo dicho se desprende que para un cumplimiento exitoso de dicha misión, se requiere mantener en secreto la dotación del Grupo Presidencial. d) En la misma línea anterior, indican que publicar quienes pertenecieron al Grupo Escolta Presidencial afectaría el debido cumplimiento de las funciones de los órganos de Estado, la seguridad de la Nación o el interés nacional, ya que el número de funcionarios que pertenecen a este Grupo, no varía significativamente año a año, por lo que develar quienes pertenecieron en un período determinado, se traduciría en inferir cual es la dotación actual de dicha unidad policial, atentando contra debido cumplimiento de las funciones de Carabineros, que necesariamente se traduciría en poner en un riesgo innecesario al Presidente de la Republica. e) Asimismo, se debe hacer presente que en el dictamen de la Contraloría General de República, N° 48.302, de 26 de octubre de 2007, se ha reconocido el carácter de secreto del mencionado el artículo 436 del Código de Justicia Militar. f) En cuanto al perjuicio que ocasionaría la entrega de la información y los posibles perjuicios a los funcionarios, indican que se debe hacer presente que esta Institución aplicó lo que en doctrina se ha denominado test de interés público, llegándose a la conclusión que no existe un interés público que justifique la divulgación de la información requerida, prevaleciendo la reserva de la identidad de los funcionarios que prestaron servicios en el Grupo Escolta Presidencial, siendo el bien jurídico protegido el debido y buen funcionamiento de las unidades operativas de Carabineros de Chile, de la cuales develar quienes los conforman, ya sea en número o identidad, entorpecería y causaría daño a la misión perseguida, la cual fue descrita en los párrafos precedentes. g) En razón de lo señalado, es que no se ha considerado necesario notificar a los funcionarios que pertenecieron a dicho Grupo Escolta, agregando que en los hechos esta tarea hubiese sido de alta dificultad, considerando que muchos de aquellos ya se encuentran en situación de retiro, y el vínculo que mantienen con Carabineros es a través de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), no pudiendo realizar la notificación esta Institución. h) Finalmente, indican que del total de funcionarios que prestaron servicios en el Grupo Escolta Presidencial, un 46,6% se encuentra en retiro, y el 56,3% pertenecen a distintas dotaciones de unidades a lo largo del país. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo es la información referida a la identidad de todos los carabineros que cronológicamente integraron el Grupo de Escolta Presidencial entre enero de 1998 y diciembre de 2000. Al respecto Carabineros de Chile aplicó la causal del artículo 436 del CJM, en relación con el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, y las causales de secreto o reserva contempladas en la Constitución Política. Con posterioridad, en su respuesta a la medida para mejor resolver se refiere a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano. 2) Que, previo a la resolución del presente caso, es necesario hacer presente que, conforme lo estableció la orden N° 1167, de 22 de noviembre de 1996, dependerá del Departamento de Seguridad Presidencial, la unidad Grupo Escolta Presidencial, que tendrá la misión de otorgar seguridad a la persona de S.E el Presidente de la República y de sus familiares directos. Dicha resolución fue derogada por la orden general N° 1.730, de 23 de noviembre de 2006, de Carabineros de Chile. Asimismo, dicha orden, ordenó aprobar las Directivas de Organización y Funcionamiento de la repartición O.S.8 "Departamento de Seguridad Presidencial", dependiente de la Dirección de Fronteras y Servicios Especializados, que indica en su capítulo IV "Del grupo de escolta presidencial", capítulo I, artículo 44, que la misión de dicho grupo es "brindar la debida protección y seguridad a la persona de S.E, el Presidente de la República, sus familiares directos y ex mandatarios de la Nación, donde desarrollen sus actividades públicas y privadas en todo el territorio nacional y en el extranjero". Finalmente, la orden general N° 2336, del 30 de abril de 2015, aprueba la Directiva de Organización y Funcionamiento del Departamento de Seguridad Presidencial, indicando que la misión del Grupo Escolta Presidencial es la siguiente: "brindará seguridad integral a la persona de S.E el (la) Presidente (a) de la República, Primera Dama e hijos y/o familiares directos, ex mandatarios de la Nación y Ministro del Interior y Seguridad Pública, donde desarrollen sus actividades pública o privadas, en todo el territorio nacional y en el extranjero". 3) Que, en virtud de lo antes expuesto, es claro que Carabineros omite parte de la información, al señalar que la persona a la que brinda protección el Grupo Escolta Presidencial es al Presidente de la República de aquella época, ya que, como se indica en la orden general, que regulaba la materia en esos años, también se encargan de otorgar seguridad a sus familiares directos. Si bien el reclamante, solicita que se le indique "a qué funcionarios públicos prestaron seguridad", se entiende que dicha consulta es una referencia coloquial a las personas que eran protegidas por dicha escolta, por lo que, se solicitará que complemente la información proporcionada, entregando los nombres del total de las personas que fueron protegidas por el respectivo Grupo. 4) Que, en cuanto a la aplicación de la causal de reserva indicada por el órgano, respecto de lo solicitado en el literal a) del número 1 de lo expositivo de la decisión, el artículo 436 numeral 1 del Código de Justicia Militar indica lo siguiente: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: Los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal". 5) Que, respecto de la vigencia de dicha norma, este Consejo ya se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, en concreto en el amparo Rol C1300-14 señaló que: "la aplicación de normas de secreto previas a la reforma constitucional que incorporó el principio de publicidad en el artículo 8° a la Constitución (Ley N° 20.050, de 2005) fue regulada por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, según el cual, "de conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050 (de 2005), que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política". En ese sentido, la citada disposición 4° transitoria de la Constitución establece que "Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales". 6) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal, sino que, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que establece el artículo 8° de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien artículo 436 inciso 1 del CJM, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). 7) Que, Carabineros de Chile indicó que la publicidad de la información afectaba la seguridad de los protegidos por el Grupo Escolta Presidencial, que hace pública parte de la dotación de Carabineros, y afecta la seguridad del personal de la institución que realizó dichas labores. Adicionalmente, en su respuesta a la medida para mejor resolver, indicó que la publicidad de la información afectaba el debido cumplimiento de las funciones de dicha unidad de Carabineros. 8) Que, respecto de la aplicación de causal de reserva del artículo 436 del CJM, en relación a las personas protegidas por el Grupo de Escolta Presidencial, Carabineros de Chile, en respuesta a la medida para mejor resolver, indicó que publicar la información solicitada, atenta contra el plan operacional establecido por Carabineros para el cumplimiento de la misión de dicho grupo, y por ende publicar la información afectaría el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros, lo que se traduciría en un riesgo innecesario al Presidente de la República. 9) Que, este Consejo se pronunció en materias de similar naturaleza en el amparo C866-11, respecto del requerimiento de escoltas asignados a cada uno de los Comandantes en Jefe, Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas. Este Consejo indicó en su considerando 11 que "por otra parte, la revelación de la identidad, calidad o cantidad de escoltas de los altos oficiales de las FFAA consultados por el reclamante, unido a la individualización de las personas protegidas, develaría la capacidad operativa de dicho cuerpo de escoltas, lo que podría facilitar la eventual planificación de atentados en su contra, junto con diezmar el potencial disuasivo que su desconocimiento otorga. Consecuentemente, la publicidad de esta información importa una expectativa razonable de afectar la seguridad de los oficiales protegidos por los programas de escolta de las FFAA., por lo que, a su respecto, resulta aplicable la hipótesis de secreto contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. A este respecto se tiene a la vista el criterio de la decisión Rol A45-09, de 28 de julio de 2009, relativa a la solicitud del número de funcionarios del Departamento de Protección de Personas Importantes de Carabineros de Chile.". 10) Que, la antes citada solicitud de información, se diferencia de la que es objeto del presento amparo, respecto de su temporalidad, en concreto, la información materia de este amparo, corresponde a aquella dotación que cumplió funciones entre los años 1998 al 2000, por lo que, las labores de protección al Presidente de la República de dicho período y sus familiares, por ese Grupo de Escolta Presidencial, ya finalizaron. En concreto si se tiene presente lo que indica la orden general N° 1167, de 22 de noviembre de 1996, de Carabineros de Chile, que regula el Grupo de Escolta Presidencial, en su numeral 5.3.5 señala, respecto de la seguridad de ex mandatarios, que un equipo acompañará en sus desplazamientos al Ex Presidente de la República, con el propósito de asegurar su integridad física, durante el período presidencial inmediatamente posterior a su mandato, el cual culminó el año 2006. En consecuencia, hoy en día la protección del Ex Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz - Tagle y sus familiares, no depende de las personas que en ese período formaron parte de dicha unidad de Carabineros. Por lo que, en virtud de lo antes expuesto este Consejo no estima plausible que con la publicación de la información solicitada se produzca una afectación a las personas que fueron protegidas por la Escolta Presidencial del año 1998 al 2000. En consecuencia se rechazará la aplicación de la causal alegada por Carabineros de Chile. 11) Que, respecto de la aplicación de causal de reserva del artículo 436 del CJM, en relación a la afectación de la seguridad de los funcionarios de Carabineros que formaban parte del Grupo Escolta Presidencial. Carabineros indicó que se podrían tomar represalias contra los mismos, produciéndose un detrimento para la institución. Señalan que la institución aplicó la doctrina del test de interés público, y llegó a la conclusión que no existe interés público que justifique la divulgación de la información requerida, prevaleciendo la reserva de la identidad de los funcionarios, siendo el bien jurídico protegido el debido y buen funcionamiento de las unidades operativas de Carabineros de Chile, en cuanto relevar el número o identidad, entorpecería y causaría daño a la misión perseguida. Por ello, estimaron que no era necesario notificar a quienes pertenecieron al grupo, agregando que en los hechos, esta tarea reviste de una gran dificultad, considerando que muchos de aquellos se encuentran en situación de retiro, y el vínculo que mantienen con Carabineros es a través de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, no pudiendo realizar la notificación a esta Institución. En concreto señala que del total de funcionarios que prestaron servicios al Grupo de Escolta Presidencial un 46,6% de ellos se encuentra en retiro, y el 56,3% pertenecen a distintas dotaciones de unidades a lo largo del país. 12) Que, respecto de la aplicación del denominado test de interés público, al que hace referencia Carabineros, resulta pertinente para efectuar una ponderación entre la afectación concreta que la publicidad de la información pedida pueda generar y el interés de divulgarla, para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación. En este sentido, este Consejo estima que la ciudadanía tiene derecho a conocer el nombre de los funcionarios públicos que realizaron la labor de resguardar la seguridad y la vida del Presidente de la República de la época y sus familiares, al ser cargos públicos, que no tienen establecido por ley ninguna deber de anonimato lo que supera la posibilidad de acoger la reserva. Carabineros de Chile no acreditó de forma fehaciente el perjuicio que genera su divulgación. Adicionalmente, cabe recordar el criterio sostenido por este Consejo a partir de la decisión del amparo rol A47-09, sobre la privacidad de los funcionarios de Estado, en el sentido que "la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa es más reducida que la del resto de las personas -que se encuentran en una situación diversa-, en virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen". En este sentido se requiere información sobre uno de los cargos que asumieron dichas personas durante su carrera como funcionarios de Carabineros de Chile. 13) Que, por otro lado en virtud de la aplicación del denominado test de daño este Consejo ha establecido como estándar para aplicar la reserva, en primer lugar que la afectación debe revestir alguna magnitud y tener alguna especificidad, la que habrá de ser determinada en concreto, de modo que no cabe presumir tal afectación, sino que deberá ser acreditada por los órganos administrativos, en cuanto a que tiene alguna probabilidad de ocurrir; y en segundo lugar, que debe existir proporcionalidad entre los daños que la publicidad provoca a algunos de los bienes jurídicos protegidos por las causales de secreto o reserva y el perjuicio que el secreto causa al libre acceso de la información y al principio de publicidad (decisiones pronunciadas en los amparos roles C669-10 y 734-10 entre otras). Que, en este sentido, este Consejo estima que Carabineros no ha logrado probar de forma fehaciente cuál es el daño que se ocasiona a las personas que en los años 1998 y 2000 trabajaron como miembros del Grupo Escolta Presidencial, ya que sólo se refiere genéricamente a represalias de las que podrían ser objeto, considerando además que a la fecha ya no se desempeñan en el citado grupo de escoltas y un porcentaje importante de los mismos se encuentra en situación de retiro. Por lo que, este Consejo estima que no habiéndose acreditado de manera cierta y con el suficiente grado de especificidad, cómo dichas personas podrían ver afectados sus derechos o seguridad, se procederá a denegar la aplicación de la causal de reserva alegada. 14) Que, respecto de la aplicación de causal de reserva del artículo 436 del CJM, en relación al secreto en que se debe mantener la dotación de Carabineros, el órgano reclamado señala que ha sido la misma Corte Suprema la que ha dispuesto que la información respecto de la cual se establece la causal de secreto del artículo 436 del CJM, debe mantenerse sin divulgar. Agregan que, publicar quiénes pertenecieron al Grupo Escolta Presidencial, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, la seguridad de la nación o el interés nacional, ya que el número de funcionarios que pertenecen a este grupo, no varía significativamente año a año, por lo que, develar quienes pertenecieron a un período determinado, se traduciría en inferir cual es la dotación actual de dicha unidad policial, atentando contra el cumplimiento de las funciones. 15) Que, respecto de la afirmación antes señalada, es preciso indicar que la información solicitada es de hace 15 años atrás, y la regulación respecto de su orgánica se ha modificado a lo largo de los años. En concreto, realizando una comparación respecto de la regulación contenida en la orden general N° 1167, de 22 de noviembre de 1996, vigente en esa época, y la orden general N° 2336 de 30 de abril de 2015, queda claro que se ha reestructurado su organización y funcionamiento. Por lo que, este Consejo no aprecia en qué medida revelar los nombres de los funcionarios, y por ende, el número de miembros que formaban parte de dicha unidad implicaría afectar el debido funcionamiento de la Guardia Presidencial el día de hoy. 16) Que, como ya se indicó en los considerandos 4 y 5 de esta decisión, si bien el artículo 436 del CJM está vigente a la fecha de hoy, para que tenga la virtud de configurar la causal de reserva del Art. 21 N° 5 de la LT, igualmente es necesario que se logre acreditar de qué forma la publicidad de la información implicaría una afectación conforme lo establece el artículo 8° de la Constitución Política de la República. En este sentido, no por el sólo hecho de revelarse parte de la dotación de Carabineros de Chile es procedente la reserva de dicha información. 17) Que, en este sentido la decisión amparo rol C162-11 de este Consejo "el hecho de que las personas cuya identidad se consulta formen parte de la planta de Carabineros de Chile no supone, por ese sólo hecho, que su identidad sea secreta o reservada, pues, a partir de la interpretación sostenida por este Consejo, el artículo 436 del Código de Justicia Militar dispone el carácter secreto de documentos relativos a las plantas o dotaciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal, en tanto cuanto su divulgación afecte la seguridad de la Nación. Criterio ya aplicado por este Consejo en su decisión C652-10, de 23 de noviembre de 2010, relativa a la revelación de la identidad de dos oficiales de la Armada de Chile.". 18) Que, en su respuesta y descargos el órgano no ha formulado argumentos de hecho que, en este caso, permitan identificar las circunstancias de riesgo de daño a la seguridad de la Nación o el interés nacional, que generaría la divulgación de la identidad de los integrantes del grupo consultado, correspondiendo a éste la carga probatoria y argumental de la concurrencia de ésta causal de secreto o reserva; así como tampoco en cuanto a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano. 19) Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible a este Consejo verificar una expectativa razonable de afectación a los bienes jurídicos antes indicados, atendido que la materia consultada corresponde a la identificación de funcionarios que desempeñaron sus labores hace más de 14 años, el cual no es posible vincular con la protección de los mismos al día de hoy. En este mismo sentido podemos indicar que, un gran porcentaje de ellos está retirado y el número restante se desempeña en otras unidades y cargos de Carabinero de Chile. Por lo que, se rechaza la aplicación de la causal de reserva en cuestión. 20) Que, en virtud de los argumentos expuestos anteriormente, este Consejo acogerá el amparo, ordenando la entrega de la información, en lo resolutivo de esta decisión. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por don Matías Rojas Medina en contra de Carabineros de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros, lo siguiente: a) Entregar al reclamante la identidad de todos los carabineros que integraron el grupo de escolta presidencial entre enero de 1998 y diciembre de 2000, de forma cronológica y el nombre de las personas protegidas por el grupo escolta presidencial. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Matías Rojas Medina y al Sr. General Director de Carabineros de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.