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DECISIÓN AMPARO ROL C257-15</p>
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Entidad pública: Ministerio de Bienes Nacionales</p>
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Requirente: Alberto Hotus Chávez</p>
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Ingreso Consejo: 02.02.2015</p>
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En sesión ordinaria N° 620 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de mayo de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C257-15.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 29 de diciembre de 2014, don Alberto Hotus Chávez presentó solicitud de acceso a la información ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Valparaíso, requiriendo "informe encargado por Ministerio de Bienes Nacionales por acuerdo con la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, CODEIPA, llamado «Estudios y Análisis de los diversos sistemas jurídicos sobre dominio y tenencia de las tierras que coexisten en Rapa Nui», solicitado al Observatorio Ciudadano y entregado en el segundo semestre del año 2014 al Ministerio." Dicha requerimiento fue derivado en virtud del artículo 13 de la Ley de Transparencia, al Ministerio de Bienes Nacionales, mediante OF. N° 137, con fecha 13 de enero de 2015.</p>
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2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 02 de febrero de 2015, don Alberto Hotus Chávez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.</p>
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3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales, mediante oficio N°1578, de fecha 06 de marzo de 2015.</p>
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El órgano reclamado, a través de OF. GABS. N° 154, de fecha 01 de abril de 2015 presentó sus descargos, señalando, en síntesis que el denominado "Estudio y análisis de los diversos sistemas jurídicos sobre el dominio y la tenencia de la tierra que coexisten en RAPA NUI", encargado por el Ministerio de Bienes Nacionales al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, constituye un material de consulta y no es un documento oficial del Ministerio.</p>
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Agrega, que la solicitud de información formulada no pudo ser acogida puesto que estaba y sigue estando disponible para la evaluación de las distintas autoridades ministeriales que pueden y están en disposición de ver y estudiar en qué medida el informe pedido ayuda, acerca y permite el diseño de políticas públicas con respecto al pueblo de Rapa Nui, sus demandas ancestrales y su vinculación con las políticas públicas y la legislación vigente. Además este estudio es material de consulta para la manifestación de los acuerdos que por disposición del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se deben establecer entre el Estado de Chile y la Etnia Rapa Nui.</p>
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En el diseño de las nuevas políticas sobre la materia, participan entre otros, los Ministerios de Bienes Nacionales, y del Interior y Seguridad Pública, junto a otras instituciones estatales, por lo que existiendo la obligación legal de considerar la opinión de las organizaciones indígenas a que se refieran, estudios como el requerido en el presente caso constituyen la base para establecer las materias a consultar en estos procesos, no siendo posible por ello entregarlos anticipadamente.</p>
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Por lo expuesto, se deniega la información pedida en virtud del artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia, que permite reservar información cuando lo solicitado trata de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados, toda vez que el informe requerido actualmente es objeto de estudio y análisis para la eventualidad de nuevas políticas públicas, o en su defecto, para la inclusión de sus conclusiones en propuestas alternativas a las realidades jurídicas que hoy se presentan en el territorio insular de Isla de Pascua.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, don Alberto Hotus Chávez, con fecha 29 de diciembre de 2014, presentó solicitud de acceso a la información ante la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Valparaíso, al tenor de lo señalado en el N°1 de lo expositivo, no obteniendo respuesta dentro de plazo legal, puesto que fue derivada al Ministerio de Bienes Nacionales, lo que importa una infracción al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11 letra h) de la Ley Transparencia que exige a los órganos de la administración del Estado proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios, como asimismo una vulneración al artículo 14 de la referida ley que prescribe el plazo legal para entregar la información solicitada, como a la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, que en punto 2.1 señala que no podrá utilizarse el procedimiento de derivación, a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Transparencia, cuando se trate de unidades u órganos internos de un mismo servicio público, aunque éstos ejerzan facultades desconcentradas, como ocurre en el presente caso, circunstancia que será representada en lo resolutivo de la presente decisión.</p>
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2) Que, el reclamante solicita el informe encargado por Ministerio de Bienes Nacionales denominado "Estudios y Análisis de los diversos sistemas jurídicos sobre dominio y tenencia de las tierras que coexisten en Rapa Nui ". El órgano en sus descargos sostiene que la información es reservada, invocando la causal contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia indicando que dicho documento es un material de consulta, no un documento oficial del Ministerio de Bienes Nacionales, que está disponible para la evaluación de las distintas autoridades ministeriales que intervienen en el diseño de políticas públicas con respecto al pueblo de Rapa Nui, sus demandas ancestrales y su vinculación con las políticas públicas y la legislación vigente. Además existe obligación legal de considerar la opinión de las organizaciones indígenas a que se refieran a medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, por lo que estudios como el requerido en el presente caso constituyen la base para establecer las materias a consultar en estos procesos, no siendo posible por ello entregarlos anticipadamente.</p>
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3) Que, respecto de la información solicitada el órgano reclamado invocó la causal de reserva contemplada en el artículo 21, N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, indicando que el informe requerido actualmente es objeto de estudio y análisis para la eventualidad de nuevas políticas públicas, o en su defecto, para la inclusión de sus conclusiones en propuestas alternativas a las realidades jurídicas que hoy se presentan en el territorio insular de Isla de Pascua. Conforme con el mencionado precepto, se podrá denegar total o parcialmente la información que se solicite cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados".</p>
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4) Que, al respecto, cabe tener presente los criterios fijados por este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles A12-09, A79-09 y C248-10, entre otras, en las que se ha sostenido que, para los efectos de configurar dicha causal, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, cuales son: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
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5) Que, en lo relativo al primero de los requisitos señalados en el considerando precedente, el Consejo ha estimado que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa, en la especie, informe denominado "Estudios y Análisis de los diversos sistemas jurídicos sobre dominio y tenencia de las tierras que coexisten en Rapa Nui", que fue encargado por el Ministerio de Bienes Nacionales, y que sería objeto de estudio y análisis para la eventualidad de nuevas políticas públicas, o en su defecto, para la inclusión de sus conclusiones en propuestas alternativas a las realidades jurídicas que hoy se presentan en el territorio insular de Isla de Pascua. En este caso, dicho requisito se estimará verificado, en atención a los antecedentes proporcionados por el órgano reclamado, pese a que no afirma derechamente la elaboración de una política pública determinada, sino que sólo hace mención a la eventualidad de la misma.</p>
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6) Que en cuanto al segundo requisito indicado, conviene tener presente que, según jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos protegidos. Sin embargo, en el presente caso, el órgano reclamado no aportó antecedente alguno que permitiera acreditar tal afectación. Esto por cuanto no indicó de qué modo el conocimiento de la información pueda afectar la adopción de la decisión por parte de la autoridad.</p>
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7) Que, a mayor abundamiento, de acuerdo al Convenio N° 169, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país el año 2009, establece el deber del Estado de Chile de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas que puedan afectarles directamente, razón por la cual este Consejo estima que en atención a la materia sobre que trata el informe pedido, su publicidad resulta del todo necesario para llevar a cabo la referida consulta, más aún si el órgano reclamado no justificó la causal de reserva invocada.</p>
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8) Que, en virtud de lo antes expuesto, y no habiéndose acreditado por parte del órgano requerido la concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, este Consejo acogerá el amparo ordenando la entrega de la información en lo resolutivo de esta decisión.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Alberto Hotus Chavez, en contra del Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante el informe pedido en el N°1 de lo expositivo.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Representar al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales la infracción a los artículos 13 de la Ley de Transparencia y a la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, que en punto 2.1, toda vez que procedió a derivar la solicitud de información, en circunstancias que no procedía efectuarla por considerarse una derivación interna del propio órgano reclamado, como asimismo la infracción al principio de oportunidad contemplado artículo 11 letra h) de dicho cuerpo legal, al no dar respuesta al requerimiento de información que se le formulara, dentro del plazo señalado, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios, todo ello a fin que adopte las medidas conducentes para ajustar sus procedimientos a la Ley de Transparencia.</p>
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IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alberto Hotus Chávez, y al Sr. Subsecretario de Bienes Nacionales.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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