Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C280-15

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Reclamante:	LARRY ROBINSON FAÚNDEZ SÁEZ
Reclamado:	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones, fundado en la entrega parcial de información referente a los funcionarios incluidos en la Lista 3, en los términos señalados en los distintos literales. El Consejo acoge el amparo, toda vez que se desestima la causal de secreto alegada por el órgano reclamado que dice relación con entorpecer el debido funcionamiento del órgano. En efecto, no se ha acreditado de manera fehaciente de que manera la entrega de la información distraería el cumplimiento regular de sus funciones habituales, no indicando las dificultades específicas que tendría en el acceso a la información que se pide, la forma en que se encuentra archivada, como tampoco los recursos y materias que se deben comprometer.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/18/2015
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C41-09 C48-09 C38-09 C80-09 C97-09 C1087-11 C377-13 C132-15
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Enviadas a correos electrónicos de funcionarios
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C280-15 Entidad pública: Policía de Investigaciones Requirente: Larry Faúndez Sáez Ingreso Consejo: 03.02.15 En sesión ordinaria N° 616 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de mayo de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C280-15. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de diciembre de 2015, don Larry Faúndez Sáez, solicitó información a la Policía de Investigaciones, requiriendo: a) Conocer el detalle de la cantidad de funcionarios que durante el período de calificaciones 2013-2014, fueron incluidos en Lista 3 y las causales reglamentarias que sirvieron de fundamento para su inclusión; b) Conocer el detalle de la cantidad de funcionarios incluidos en Lista 3, que fueron incluidos en la Lista Anual de Retiros, año 2014, junto con sus respectivas causales reglamentarias que sirvieron de fundamento para su inclusión; c) Conocer el detalle de la cantidad de funcionarios incluidos en Lista 3 que no fueron incluidos en Lista Anual de Retiros, año 2014, indicando los fundamentos legales o reglamentarios que se utilizaron para descartarlos de dicha lista; e, d) Informar si un funcionario puede ser evaluado, calificado y clasificado teniendo un sumario administrativo pendiente de resolver, y bajo qué normativa reglamentaria. 2) RESPUESTA DEL ÓRGANO: El órgano, a través de carta de 2 de febrero de 2015, da respuesta a la solicitud, señalando, en resumen, lo siguiente: a) De acuerdo a lo informado por la Sección Evaluaciones, Ascensos y Escalafones de la Jefatura del Personal de la PDI, durante el período calificatorio 2013-2014, 67 funcionarios fueron clasificados en Lista 3, "Mala"; b) De la cifra anterior, 13 funcionarios fueron incluidos en Lista Anual de Retiros. En consecuencia, 54 funcionarios mantuvieron su clasificación en Lista 3, "Mala"; c) En cuanto a las causales reglamentarias que fundamentaron cada uno de los casos, se comunica que aquella información no se encuentra procesada en los términos requeridos; y, d) Finalmente, y en lo que respecta a la última petición, se observa que su requerimiento no incide en una solicitud de información en los términos dispuestos en el artículo 8° de la Constitución Política, por cuanto no solicita copia de algún acto o resolución emitida por esta Institución, o de los fundamentos y/o procedimientos utilizados, sino por el contrario, solicita un pronunciamiento jurídico que disipe sus dudas respecto de la hipótesis que plantea en su presentación, petición que escapa al ámbito de competencia de la ley N°20.285. 3) AMPARO: El 3 de febrero de 2015, don Larry Faúndez Sáez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Policía de Investigaciones, fundado que se le denegó parcialmente la entrega de información. Esto debido a que, se entregó información relativa a las cifras solicitadas en dicha petición, faltando la información que guarda relación con las causales reglamentarias o los criterios que sirvieron de fundamento para incluir a funcionarios en la Lista 3 (regular) e incorporar a funcionarios en Lista Anual de Retiros, año 2014, tal como se señaló en las preguntas 1, 2 y 3. (que corresponden a los literales a), b), y c) del número 1 de lo expositivo de esta decisión) 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo y confirió traslado al Sr. General Director General de la Policía de Investigaciones mediante Oficio N° 1158 de 12 de febrero de 2015, requiriéndole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) señale si, a su juicio, la información entregada satisface íntegramente lo requerido por el solicitante; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (5°) acompañe copia de la solicitud de información que originó la presente reclamación. i) Con fecha 26 de febrero de 2015, Policía de Investigaciones presentó sus descargos u observaciones a través de ordinario N° 182, de misma fecha, señalando, en síntesis que: a) A través de oficio N° 115, de 10 de febrero de 2015, la Jefatura Jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile evacuó traslado conferido mediante su oficio N° 761, de 28 de enero de 2015, ante el amparo C132-15, que corresponde a la misma solicitud de información por la cual actualmente se requiere a esta institución que nuevamente evacúe sus descargos; b) En este sentido, lo solicitado por este Consejo en los numerales 1, 3, 4 y 5 del oficio N° 1158, ya fue respondido en el oficio N° 115, de 10 de febrero de 2015, en su numeral 3, letras a) y c), acreditándose lo señalado con los documentos aportados en el numeral 5 del mismo oficio, de tal forma que los fundamentos expuestos en esa oportunidad se dan por reproducidos íntegramente en el presente oficio. c) En cuanto a lo solicitado en el número 2 del oficio N° 1158, a juicio de la PDI, la información entregada satisface íntegramente lo requerido, toda vez que se entregaron las cifras solicitadas en los numerales 1, 2, y 3, de la presentación del reclamante (que corresponden a los literales a), b) y c) del número 1 de lo expositivo de esta decisión). d) En cuanto a lo consultado referente a las causales reglamentarias que fundamentaron cada uno de estos casos, se le comunicó al peticionario que aquella información no se encuentra procesada en los términos requeridos. Cita los amparos C97-09 y C1087-11, que señalan que "Se permite solicitar a los órganos de la Administración elaborar documentos, en tanto la información que allí se vuelque pueda obtenerse fácilmente de soportes documentales que necesariamente obren en su poder y siempre que esto no irrogue al Servicio un coste excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional.". e) En este sentido, la información solicitada no se encuentra disponible fácilmente en los soportes documentales, debido a que está dispersa en las distintas regiones del país, toda vez que los funcionarios dependen de diferentes unidades, dependencias y estamentos, lo cual implicaría disponer la elaboración especial de un listado con los datos requeridos, lo que significa distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales (artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia). f) Finalmente, en cuanto a lo último que solicitó el reclamante, no constituye una solicitud de información en los términos establecidos en el artículo 8 de la Constitución Política. ii) En el oficio N° 115, de 10 de febrero de 2015, la PDI señaló que: a) La respuesta se evacuó fuera del plazo legal, por fallas en el sistema de gestión de solicitudes de información, que no permitían ver la solicitud de información, debido a una corrupción de la base de datos durante la última actualización, versión 3.0. Por ello, se tuvo que solicitar al requirente que enviara nuevamente su solicitud. El Sr. Faúndez remitió dicha información el 17 de enero de 2015; b) Respecto de la aplicación de alguna causal de reserva, la PDI no denegó el acceso a la información requerida, por cuanto no invocó ningún acto administrativo para denegar acceso total o parcial de la información solicitada; c) Acompañó copia de la solicitud de información. Y CONSIDERANDO: 1) Que, con antelación al análisis de fondo del presente amparo, es preciso indicar que el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado, el cual vencía el 14 de enero de 2015. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Director de la Policía de Investigaciones de Chile, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) del cuerpo legal citado. 2) Que, el reclamante solicitó la entrega por parte de la reclamada de información estadística referida al número de funcionarios que durante el período comprendido entre el 2013 y 2014 fueron clasificados en lista 3 por la PDI, el número de ellos que pasaron a lista de retiros, así como el número de quienes habiendo sido clasificados en lista 3 no fueron incluidos en la lista anual de retiros. Asimismo, el fundamento legal y reglamentario que justificó la clasificación en lista 3 e inclusión en la lista de retiros. Por último, requirió se precisara si un funcionario puede ser evaluado, calificado y clasificado existiendo un procedimiento sumarial instruido en su contra y en la afirmativa, se señalara la normativa que justifica dicho proceder (literales a), b) c) y d) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, respectivamente). 3) Que, el órgano en su respuesta indicó que 67 funcionarios fueron clasificados en lista 3, de los cuales 13 fueron incluidos en la lista anual de retiros. Agregó, que 54 funcionarios no fueron incluidos en la lista anual de retiros no obstante estar clasificados en lista 3. Conjuntamente con lo anterior, indicó que los fundamentos legales y reglamentarios que justificaron la respectiva clasificación e inclusión en la lista de retiros, es información que no ha procesado. Asimismo, hizo presente que no procedía ninguna hipótesis de reserva que justificara la denegación de la información consultada por don Larry Faúndez Sáez. Por último, precisó que lo solicitado en el literal d) del requerimiento, no constituía una solicitud de información amparable por el procedimiento de acceso a la información pública reglado en la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto lo solicitado en el literal d) era un pronunciamiento jurídico. 4) Que, el reclamante circunscribe el amparo a las causales reglamentarias o los criterios que justificaron la clasificación en lista 3 e inclusión en la lista anual de retiros, ya que la Policía de Investigaciones se limitó a señalar que dicha información no se encontraba procesada. 5) Que, respecto dicha alegación, este Consejo ya se pronunció en el amparo C132-15, en su considerando 5°, en el siguiente sentido "si bien permite concluir que no posee la información en la forma pedida, no obsta a que la reclamada se encuentre en posición de satisfacer el requerimiento formulado por el reclamante. En efecto, la Policía de Investigaciones de Chile de conformidad a lo dispuesto en los artículos 10° y 11° de su Ley Orgánica , posee una Subdirección Administrativa encargada de aquellas materias relativas a la gestión de su personal. Por tal motivo, la información solicitada versa sobre antecedentes que la reclamada debe manejar en forma centralizada, a ello se suma que lo solicitado se refieren a un número prudente de funcionarios - 67- y respecto de un periodo acotado de tiempo (2013 a 2014). Por tal razón, elaborar la información del modo solicitado no implica a juicio de este Consejo, un gravamen que afecte el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada. La referida circunstancia es refrendada, por cuanto la reclamada no invocó ninguna de las hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 de la Ley de Transparencia para denegar la entrega de los datos consultados. En consecuencia, se acogerá el amparo en esta parte y conjuntamente con ello, se requerirá a la Policía de Investigaciones de Chile que entregue la información requerida en los literales a), b) y c) del requerimiento referida a los fundamentos legales y reglamentarios solicitados.". 6) Que, en sus descargos el órgano modifica su postura respecto de lo solicitado, indicando que procede la aplicación de la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, ya que la información solicitada no se encuentra disponible fácilmente en los soportes documentales, debido a que está dispersa en las distintas regiones del país. 7) Que, en torno a la interpretación de la causal de reserva alegada, la profusa jurisprudencia del Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos significativamente tales, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "...la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, costo de oportunidad, etc. (decisiones de amparo roles C38-09, C41-09, C48-09, C80-09, entre otras). 8) Que, en este sentido, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente..., sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 9) Que, el organismo reclamado no ha acreditado de manera precisa cómo la entrega de la información distraería el cumplimiento regular de sus funciones habituales. En efecto, se ha limitado a indicar que está dispersa en distintas regiones del país. Además, reiterando lo ya indicado en el amparo C132-15, citado en el considerando 5 de esta decisión, dicha información debería ser manejada a nivel centralizado y se refiere a un número prudente de funcionarios. En definitiva, la reclamada no ha explicitado las dificultades específicas que tendría en el acceso a la información que se pide, la forma en que ésta se encontraría registrada o archivada, como tampoco los recursos personales y materiales que se deban comprometer y el tiempo específico que sus funcionarios deberían emplear, en relación con su jornada habitual de trabajo, para el desarrollo de las mismas. 10) Que, conforme con lo expuesto precedentemente, resulta razonable que el órgano reclamado pueda hacer entrega de dicha información, dentro de un plazo prudencial, a fin de que no se afecte en forma indebida el cumplimiento regular de las labores habituales de sus funcionarios. Al respecto, es menester agregar que el hecho de tener disponible la información materia de este amparo, repercute en que la PDI cuente con la información y los elementos que precisamente le permitan desarrollar adecuadamente sus funciones. 11) Que, en dicho contexto, se otorgará a la reclamada un plazo de 10 días hábiles a fin de cumplir con la entrega de lo solicitado en los literales a), b), y c), del requerimiento, referida a los fundamentos legales y reglamentarios solicitados. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por don Larry Faúndez Sáez, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por las razones precedentemente expuestas. II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile que: a) Entregue al reclamante la información consultada en los literales a), b) y c) del número 1 de lo expositivo de esta deicisón. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión. III. Representar al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile que al no haber dado respuesta a la solicitud de información del requirente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, ha vulnerado dicha disposición, y asimismo, ha transgredido el principio de oportunidad, razón por la cual, deberá adoptar la medidas administrativas que sean necesarias para que, en lo sucesivo, dé respuesta a las solicitudes de información que reciba, dentro del plazo establecido en la norma citada. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Larry Faúndez Sáez y al Sr. General Director de Policía de Investigaciones. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.