Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C447-15

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Reclamante:	WALTER QUISPE MEDINA
Reclamado:	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Presidencia de la República, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "copia digitalizada de carta enviada a la Presidenta por la Asamblea Autónoma y Autoconvocada de los pueblos aymaras, quechua y mapuche, comuna de Arica, agrupación de hecho que al parecer quiere arrogarse la representatividad de base social aymara de la ciudad, lo que no corresponde porque es un grupo más en la ciudad de Arica. La carta fue escrita con fecha 21 de enero y recepcionada con fecha 23 de enero. Necesitamos dicho documento para precisar todas las faltas a la verdad que en ella existen". El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto invocada referente al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/21/2015
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C2648-18
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C447-15 Entidad pública: Presidencia de la República. Requirente: Walter Quispe Medina. Ingreso Consejo: 25.02.2015 En sesión ordinaria N° 628 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de junio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C447-15. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de enero de 2015, don Walter Quispe Medina, solicitó a la Presidencia de la República, en adelante e indistintamente, la Presidencia, la siguiente información: "copia digitalizada de carta enviada a la Presidenta por la Asamblea Autónoma y Autoconvocada de los pueblos aymaras, quechua y mapuche, comuna de Arica, agrupación de hecho que al parecer quiere arrogarse la representatividad de base social aymara de la ciudad, lo que no corresponde porque es un grupo más en la ciudad de Arica. La carta fue escrita con fecha 21 de enero y recepcionada con fecha 23 de enero. Necesitamos dicho documento para precisar todas las faltas a la verdad que en ella existen". 2) RESPUESTA: Mediante correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2015, el Director Administrativo (S) de la Presidencia de la República, informó al solicitante, en síntesis, que "la presente solicitud importa la entrega de documentos o antecedentes que contienen información cuya entrega podría afectar derechos de terceros, y en ese contexto, esta Autoridad Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley N° 20.285 (...), mediante el envío por correo certificado del Ord. N° 068, del 28 de enero de 2015, puso en conocimiento de la señora Silvia López Blanco, acerca de su requerimiento, junto con informarle del derecho que le asiste para oponerse a la entrega de los antecedentes solicitados, haciéndole presente que en el evento de no deducir oposición dentro del plazo señalado en la misma ley se entenderá que accede a la entrega de la información y del documento solicitado. Ante ello, doña Silvia López Blanco, en su calidad de tercero involucrado (...) manifestó de manera expresa y fundada su oposición a la entrega de la información solicitada (...) Por lo expuesto, esta institución se ve impedida de proporcionar copia de carta de la Asamblea Autónoma y Autoconvocada de los Pueblos Aymara, Quechua y Mapuche solicitado (...) en virtud de lo dispuesto en el artículo 20, inciso 2°, de la Ley N° 20.285". 3) AMPARO: El 23 de febrero de 2015, don Walter Quispe Medina, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. Agrega, además, que: "ni la señora Silvia López Blanco ni la Dirección Administrativa de la Presidencia explicitan o acreditan cuál es la información sensible contenida en la carta enviada a la Presidenta que pudiera vulnerar los derechos de terceros (...), esta carta es pública y está en la cuenta Facebook aludida (...) los documentos que publican en la cuenta Facebook están fragmentados (...) se presentan como imágenes separadas de irregular calidad". 4) SUBSANACION DEL AMPARO: Este Consejo, mediante Oficio N° 1.477, de fecha 4 de marzo de 2015, solicitó al reclamante subsanar su amparo, debiendo acompañar copia no editada e íntegra de la respuesta entregada por el órgano reclamado, junto a los antecedentes que acrediten la fecha en que fue notificado de la misma, debiendo para ello remitir copia del sobre de correos que la contenía o del correo electrónico mediante el cual la recibió. Mediante correo electrónico de fecha 9 de marzo de 2015, don Walter Quispe Medina acompañó la notificación efectuada por parte del órgano, por medio de correo electrónico, con el contenido de la respuesta sin editar y en el cual consta su fecha de envío, esto es, el 10 de febrero de 2015. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° 1.649, de 11 de marzo de 2015, confirió traslado al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiera a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva de la información solicitada; (2°) acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, efectuada en conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia; y (3°) proporcione los datos de contacto del tercero involucrado, a fin de dar aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la LT y 47 de su Reglamento. Mediante Ord. N° 221, de fecha 26 de marzo de 2015, dicha autoridad presentó sus descargos y observaciones, y junto con reiterar lo señalado en la respuesta, agregó en síntesis, que: a) En relación con la oposición, señala que "esta entidad ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información, específicamente a la obligación contenida en el artículo N°20 del cuerpo legal referido". Asimismo, agrega que "el documento objeto de la solicitud es una carta, ergo, es una forma de comunicación privada que está amparada en la Garantía Constitucional del numeral 5, artículo 19, de la Constitución Política de la República" b) Luego, la reclamada argumenta que "considerando que la normativa legal y reglamentaria que regula estas materias no confieren discrecionalidad administrativa, así como tampoco ilustra la forma de determinar objetivamente la afectación de los derechos de terceros involucrados, esta Autoridad Administrativa, ajustándose al mandato legal, procedió a conceder el correspondiente traslado al tercero involucrado, el cual finalmente se opuso (...), con lo cual, este órgano público quedó impedido de entregar tal documento, cuestión que fue informada oportunamente al Reclamante". c) Junto con lo anterior, el órgano acompaña: i. Copia del Ord. N° 68, del 28 de enero de 2015, en que se notifica la solicitud al tercero. ii. Copia de correo electrónico de respuesta, de doña Silvia López Blanco, de fecha 9 de febrero, en el que se opone a la entrega de la información. iii. Copia del correo electrónico de respuesta al solicitante, de fecha 10 de febrero de 2015, en que se rechaza la entrega de la información por oposición del tercero. iv. Indica correo electrónico del tercero involucrado, como dato de contacto. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO: Este Consejo, mediante Oficio N° 2.222, de 1 de abril de 2015, notificó el reclamo y confirió traslado a doña Silvia López Blanco, en su calidad de tercero involucrado, solicitándole que presente sus descargos y observaciones respecto de la solicitud de información, debiendo incluir los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten sus afirmaciones y acompañar todos los antecedentes y los medios de prueba de que dispusiere, haciendo mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada. Posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 21 de abril de 2015, dado que el tercero involucrado no evacuó sus descargos dentro del plazo otorgado en el oficio señalado en el párrafo anterior, se le concedió un plazo de carácter extraordinario de 3 días hábiles, con el objeto de que formule sus observaciones y descargos. Hasta esta fecha, no hay constancia que el tercero haya evacuado sus descargos en los términos referidos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Presidencia de la República, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento de información se refiere a copia de la carta enviada por la Asamblea de los Pueblos Aymara, Quechua y Mapuche de la comuna de Arica, a la Presidenta de la República. Al respecto, el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21, N°2, de la Ley de Transparencia, el cual dispone que "Las únicas causales de secreto o reserva (...) son las siguientes: 2.- Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico", en relación con el artículo 20 de la misma ley, motivo por el cual denegó la entrega del antecedente requerido. 2) Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, la información solicitada que obra en poder del órgano reclamado es de naturaleza pública, salvo que concurra a su respecto, alguna de las causales de reserva establecidas en la Constitución o en la ley. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública, acerca del fundamento y procedencia de la causal de reserva invocada por el órgano reclamado, y que impidió que accediera a la entrega de los antecedentes consultados. 3) Que, en tal sentido, el órgano fundamenta su alegación señalando que procedió en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley N° 20.285, comunicando al tercero involucrado su facultad de oponerse a la entrega de la carta solicitada. En efecto, mediante correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2015, doña Silvia López Blanco, en su calidad de Coordinadora Comisión Técnica de la Asamblea Autoconvocada de Organizaciones de los Pueblos Aymara, Quechua y Mapuche de la comuna de Arica, se opuso a la entrega del documento solicitado, señalando que el reclamante puede solicitar copias digitales o impresas al correo electrónico que indica o descargarlas desde la red social individualizada, pero que "no corresponde que la Dirección Administrativa de la Presidencia remita al solicitante los antecedentes solicitados, sino que informe al Sr. Quispe cuáles son los conductos que la Asamblea ha definido para socializar su quehacer". 4) Que, no obstante lo anterior, la carta solicitada, como medio de comunicación, se encuentra protegida por los derechos constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución Política de la República, que aseguran a toda persona el respeto y protección de su vida privada y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, lo que implica el deber positivo de protección de ese espacio de intimidad y, asimismo, prohíbe acciones u omisiones que puedan afectar el núcleo esencial de este derecho constitucional o su libre ejercicio, pues éstas contravendrían la seguridad que garantiza el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución, todo lo cual a su vez se encuentra en armonía con el artículo 8° de la Carta Fundamental que establece entre las causales de secreto o reserva respecto de la publicidad de los actos, reoluciones, procedimientos o fundamentos de la actividad de los órganos del Estado, precisamente, a los derechos de las personas, los que en su mayoría se encuentran establecidos en el mencionado artículo 19 del texto constitucional. La Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que le exige la Constitución para restringir el derecho que protege las comunicaciones privadas, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N° 5 de la Constitución, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada. 5) Que, en consecuencia, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 letras j) y m) de la Ley de Transparencia, norma que prescribe el deber de este Consejo de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter de secreto o reservado, y velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal por parte de los órganos de la Administración del Estado, se declararán reservados los antecedentes requeridos, y consecuentemente con ello, se rechazará el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Walter Quispe Medina, en contra de la Presidencia de la República, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Walter Quispe Medina, y al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República. VOTO DISIDENTE: Decisión acordada con el voto disidente de la Presidenta del Consejo doña Vivianne Blanlot Soza, quien estima que el presente amparo debe acogerse por las siguientes razones: 1) Que, de acuerdo a la información proporcionada por el tercero, la carta solicitada por el reclamante ha sido presentada por doña Silvia López Blanco, quien actúa en representación de la Asamblea Autoconvocada de Organizaciones de los Pueblos Aymara, Quechua y Mapuche de la comuna de Arica, por lo tanto, la titularidad de la comunicación requerida corresponde a dicha organización intermedia. 2) Que, según lo informado por la representante de la Asamblea, en su calidad de tercero eventualmente afectado, todos los documentos producidos por esa organización han sido de circulación pública y puestos a disposición de la comunidad a través de la red social Facebook. 3) Que, en efecto, en el caso de la carta requerida en el presente amparo, se publicó en dicha red social la respuesta otorgada por la Presidencia de la República, por lo que, del tenor de dicha respuesta, resulta plausible presumir que los tópicos tratados en dicha comunicación corresponden, en su totalidad, a asuntos eminentemente públicos, como la derogación del decreto supremo N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social y del decreto supremo N° 40 del Ministerio del Medio Ambiente, y consultas respecto a la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y del Consejo Nacional o Consejos de Pueblos Indígenas. 4) Que, en su oposición, el tercero involucrado no ha señalado en forma cierta y específica la afectación que, eventualmente, pudiera generarse con la publicidad de la información solicitada, y tampoco ha acreditado, de manera fehaciente y detallada, de qué forma la entrega de la carta solicitada por el reclamante, podría generar afectación de los derechos de las personas, su seguridad, su salud, su vida privada, o afectar los derechos de carácter comercial o económico de la Asamblea que ingresa la carta dirigida a la Presidenta de la República, o, por su parte, un atentado a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, derecho constitucional consagrado en el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental. 5) Que, se entiende por derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, como aquel derecho, derivación o concreción del derecho a la vida privada, en virtud del cual se prohíbe a los poderes del Estado y a los particulares, la captación, interceptación, grabación y/o reproducción ilegal de una comunicación privada. Lo que, en definitiva, se protege mediante la garantía constitucional mencionada, es la comunicación en sí misma, su contenido más que su continente, prescindiendo del medio o soporte en el cual se materializa. 6) Que, por su parte, el diccionario de la Real Academia Española (RAE), define "privado" como aquello "que se ejecuta a vista de pocos, familiar y domésticamente, sin formalidad alguna ni ceremonia alguna. Particular y personal de cada uno". Así también, podemos entender "particular" como aquello que no es público, en que se proyecta la intimidad de una persona hacia otro. En la especie, la propia organización reconoce que ha hecho público el contenido de dicha carta, utilizando la plataforma de la red social que menciona, lo que se corrobora, evidentemente, con la publicación de la respuesta entregada por el órgano. 7) Que por lo razonado precedentemente, estima esta disidente, que procede acoger el presente amparo, por no configurarse ni acreditarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, ni constituir una forma de atentado contra la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.