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DECISIÓN AMPARO ROLES C469-15 Y C472-15</p>
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Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile</p>
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Requirente: Hernán Lagos Véliz</p>
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Ingreso Consejo: 27.02.15</p>
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En sesión ordinaria N° 624 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de junio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Roles C469-15 y C472-15.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO N° 1: El 19 de enero de 2015 don Hernán Lagos Véliz, solicitó información a la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante e indistintamente PDI, requiriendo:</p>
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a) Fotocopia de la hoja de ruta del vehículo placa patente CH- RX- 24, marca Mitsubishi perteneciente a de la PDI, desde fecha viernes 29 de noviembre de 2013 al sábado 30 de noviembre de 2013, ambas fechas inclusive;</p>
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b) Copia en DVD que contenga las grabaciones de las cámaras de CCTV, existentes en la sala de espera de la sala de guardia, ubicada al interior de la Brigada Móvil Metropolitana, ubicada en calle General Velásquez N° 6350 de la Región Metropolitana, particularmente durante la estancia del suscrito como detenido en el referido cuartel;</p>
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c) Copia de todas las consultas realizadas en el Sistema de Gestión Policial -GEPOL- de la PDI y del sistema biométrico del Registro Civil, con especificación de los datos obtenidos, desde el 29 de noviembre de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2013, y si éstas fueron en virtud de una orden del Ministerio Público;</p>
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d) Fotocopia del Libro de Instrucciones verbales del Ministerio Público desde el viernes 29 de noviembre de 2013 hasta el sábado 30 de noviembre de 2013, especialmente, las relacionadas con instrucciones entregadas por el Fiscal de turno Manuel Zúñiga Rodríguez, en el marco de la investigación por la denuncia efectuada por Danilo Andrés Medina Ortega el viernes 29 de noviembre de 2013;</p>
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e) Copia de toda la documentación que este en poder de la PDI y órganos dependientes de ella, sean estos: oficios, memorándum, providencias, correos electrónicos, u otro tipo de documento, en donde hubieren quedado estipuladas las órdenes e indicaciones para el organismo interno correspondiente, de efectuar la eliminación de todos los antecedentes del suscrito de las bases de datos sean estos manuales o computacionales particularmente las contenidas en el Sistema de Gestión Policial; y,</p>
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f) Copia de toda la documentación que esté en poder de la PDI y órganos dependientes de ella, sean estos: oficios, memorándum, providencias, correos electrónicos, u otro tipo de documento, en respuesta de haber acatado y haber dado estricto cumplimiento de lo ordenado por la Séptima Sala de la IItma. Corte de Apelaciones de Santiago, protección N° 7702-2014, esto es, eliminación total y completa de los antecedentes de fichaje del suscrito que están en los registros de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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2) SOLICITUD DE ACCESO N° 2: El 10 de febrero de 2015 don Hernán Lagos Véliz, solicitó información a la Policía de Investigaciones de Chile, requiriendo que se le envíe toda la información y antecedentes que consten en los registros computacionales de la PDI asociados a su nombre, particularmente aquellos que constan en sistema de la GEPOL. Lo anterior, porque el 18 de agosto de 2014 acudió a la PDI a consultar si su nombre constaba en los registros antes señalados, ante lo cual un funcionario le manifestó que su nombre estaba registrado en la oficina de la GEPOL, pero no le otorgó más antecedentes.</p>
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Acompaña copia de mandato en virtud del cual otorga representación a 5 abogados miembros de la Corporación de Asistencia Judicial, para que actúen ante el Consejo para la Transparencia, y cualquier gestión o actuación administrativa ante la PDI.</p>
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3) RESPUESTA DEL ÓRGANO A SOLICITUD N° 1: El órgano, remite carta de fecha 16 de febrero de 2015, señalando lo siguiente:</p>
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a) En cuanto a las peticiones de los literales a) y d) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, se informa que el servicio deberá prorrogar el plazo para evacuar respuesta por otros 10 días hábiles, esto es, hasta el 2 de marzo de 2015;</p>
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b) En relación al literal b) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, de acuerdo a lo informado por la Brigada Móvil Metropolitana, dicha unidad policial no cuenta con cámaras de circuito cerrado de filmación y/o grabación, razón por la cual no existe el material audiovisual que se solicita;</p>
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c) Respecto del literal c) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, se advierte que su petición no contiene una solicitud específica de información en los términos dispuestos en el artículo 8 de la Constitución Política, sino que por el contrario, requiere que se practique una auditoría a una base de datos interna de este servicio;</p>
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d) En cuanto al literal e) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, se informa que mediante oficio (O) N° 334, de 3 de junio de 2014, la Jefatura Jurídica de la Institución ordenó al Departamento de Asesoría Técnica, la eliminación inmediata del fichaje policial que registraba en el archivo institucional, cuyo documento fue enviado por correo electrónico el 3 de junio de 2014 al jefe del citado depto. En razón de lo anterior, se remite para su conocimiento copia simple del oficio (O) N° 334, de 3 de junio de 2014, la Jefatura Jurídica y correo electrónico de misma fecha, por medio del cual se remitió el oficio antes mencionado;</p>
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e) En cuanto a lo solicitado en el literal f) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, se informa que mediante Oficio (O) N° 364, de 3 de junio de 2014, el Jefe del Departamento de Asesoría Técnica de la Institución, ordenó a esa fecha, la eliminación del fichaje policial que se le practicó y que figuraba en los archivos institucionales, quedando por tanto, eliminados los antecedentes que motivaron la interposición del recurso de protección al que hace mención, cuyo documento fue retirado personalmente por el reclamante en dependencias de la sección de acceso a la información pública.</p>
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f) Se acompañan los siguientes documentos:</p>
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i) Ordinario N° 334, de 3 de junio de 2014, de la Jefatura Jurídica al Departamento de Asesoría Técnica. En el que indica que, con fecha 29 de mayo de 2014, la 7ma sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, ordenó a la PDI eliminar de inmediato de sus registros o ficha policial los datos personales del Sr. Hernán Ramón Lagos Véliz, a raíz de la detención practicada por funcionarios de la brigada móvil metropolitana, ocurrida el 29 de noviembre de 2013, emitiendo al recurrente, sin más trámite ni nueva petición, un certificado que acredite haber practicado la eliminación ordenada. En virtud de ello, se solicita eliminar y emitir el certificado correspondiente.</p>
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ii) Ordinario N° 364, de 3 de junio de 2014, del Departamento de Asesoría Técnica a la Jefatura Jurídica, que señala, en resumen que, en cumplimiento a lo ordenado en el documento, que incide en sentencia de la 7ma Sala de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol N° 7702-2014, mediante la cual ordena a la policía eliminar de inmediato de los registros, los datos personales del Sr. Lagos. Consecuentemente, se informa que mediante providencia N° 25, de fecha 3 de junio de 2014, del Departamento de Asesoría Técnica, se ordenó a la Sección Eliminación de Antecedentes, dar estricto cumplimiento a lo señalado en el oficio de antecedentes (N° 334), quedando eliminados los antecedentes indicados.</p>
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iii) Correo electrónico de 6 de junio de 2014, de pdi.transparente@investigaciones.cl a mpizarrom@investgaciones.cl en el que se indica que de acuerdo a lo conversado el día de ayer, adjunto oficio de esta JEJUR (ordinario N° 334) solicitando la eliminación de antecedentes del Sr. Hernán Lagos Véliz, remitiendo copia escaneada de sentencia definitiva. En razón de lo anterior, se solicita en carácter de urgente e inmediato efectuar dicha eliminación, emitiendo para tales efectos un certificado que acredite dicha circunstancia, el cual deberá ser remitido a esta JEJUR a más tardar a las 19.00 horas, por cuanto se debe presentar el día de hoy en la Corte.</p>
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4) RESPUESTA DEL ÓRGANO A SOLICITUD N° 2: El órgano, remite carta de fecha 17 de febrero de 2015, a don Ariel de la Maza (uno de los apoderados del recurrente, debidamente facultado), comunicando que de acuerdo a lo informado por el Departamento de Asesoría Técnica, Sección Informática Policial el Sr. Lagos no registra encargos judiciales pendientes.</p>
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5) AMPARO SOLICITUD N° 1: El 27 de febrero de 2015, don Hernán Lagos Véliz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, respecto de sus solicitud de 19 de enero de 2015, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información:</p>
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a) En cuanto a lo requerido en el literal b) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, indica que la respuesta entregada por la PDI, no se condice ni con la observación de CCTV que hizo el suscrito al interior del lugar, ni con la información dada a conocer por la propia institución en relación a la Brigada Móvil, la cual, se encuentra inserta en un mismo complejo, junto a la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana, siendo esta última una fuerza de elite avanzada, con dotación de un millonario presupuesto, con un arsenal de equipos y tecnología avanzada de última generación. Copia los siguientes links:</p>
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- https://www.youtube.com/watch?v=qhUwmJiR_QA "Conoce la brigada de operación táctica". Video institucional de la PDI.</p>
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- http://fisher2.blogspot.com/2008/03equipo-de-reaccin-tctica-chile.html que indica que "la página que estabas buscando en este blog no existe."</p>
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- https://notasytemas.wordpress.com/2011/10/07/jefe-de-la-division-de-investigaciones-visita-brigadas-de-la-region-metropolitana/ que indica que el Jefe de la División de Investigaciones, junto al Prefecto Inspector y el Jefe de la División de la Región Metropolitana, recorrieron las instalaciones donde están radicadas la Brigada Móvil y la Brigada de Reacción Táctica. Relata lo sucedido en esa visita y las declaraciones que realizaron las autoridades.</p>
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b) En cuanto a lo solicitado en el literal c) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, considera que la respuesta, minimiza y relativiza el alcance de la Ley de Transparencia, se refiere al artículo 8° de la Constitución para no entregar la información, e incluso recurre a una estrategia basada en un ardid semántico relativo a las pablas "actos y resoluciones", para no entregar lo solicitado.</p>
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c) En su respuesta trata además de fundamentar citando el amparo C406-11, lo cual no tiene ni remotamente relación ni proporción con la información que se solicita en este caso.</p>
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d) En cuanto al literal e) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, indica que la respuesta está conforme a lo solicitado.</p>
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e) En cuanto a lo solicitado en el literal f) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, indica que se hizo llegar un documento bastante escueto, en el que la PDI, no hace ninguna referencia, a que el motivo por el cual se hace entrega de aquel documento es en cumplimiento a lo ordenado por la séptima sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Hace presente que, el referido documento, se hizo llegar a su apoderada la Srta. Oriel Ahumada Bisquett, la cual se lo entregó en su oportunidad.</p>
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6) AMPARO SOLICITUD N° 2: Con fecha 27 de febrero de 2015, el reclamante presenta amparo a su derecho de acceso a la información, respecto de la solicitud de fecha 10 de febrero de 2015, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, indica que se solicita toda la información contenida en la GEPOL, y se responde sólo con los encargos pendientes.</p>
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7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación estos amparos y confirió traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile mediante Oficio N° 1617 de 10 de marzo de 2015. Solicitándole que señale respecto del amparo C469-15 (1°) señale si la información requerida en el literal c) la solicitud de acceso, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de parte de la información requerida; (3°) informe si obra en su poder otro u otros antecedentes diferente al proporcionado en respuesta al literal f), que constatan que se acató y dio estricto cumplimiento de lo ordenado por la Séptima Sala de la IItma. Corte de Apelaciones de Santiago, Protección N° 7702-2014; y, (4°) acompañe los antecedentes que acrediten la fecha en que se remitió la respuesta al reclamante. Respecto del amparo C472-15, se solicitó que (1°) informe si la respuesta proporcionada al reclamante satisface íntegramente la solicitud de información objeto de reclamación; y (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida.</p>
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Con fecha 31 de marzo de 2015, la PDI remite ordinario N° 237, de 26 de marzo de 2015, señalando, respecto del amparo C469-15, en resumen, lo siguiente:</p>
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a) En cuanto a la falta de veracidad de la respuesta otorgada en el literal b) del número 1 de lo expositivo de esta decisión resulta improcedente el amparo, ya que la institución no incurrió en ninguna de las hipótesis contempladas en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. En este sentido, señala que el amparo por denegación de la información procede en el evento que el órgano hubiere denegado el acceso a la información o no hubiere otorgado respuesta dentro del plazo legal, hipótesis en las que no incurrió este servicio. Reitera el hecho que no cuenta con cámaras de circuito cerrado, razón por la cual no existe el material audiovisual solicitado. En relación a los cuestionamientos realizados por el Sr. Lagos, señala que el mismo se construye bajo la supuesta existencia de cámaras de seguridad, las cuales afirma haber observado el día en que fue detenido por personal de la BICRIM Móvil Metropolitana y posterior traslado hasta dichas dependencias, al respecto se reitera la inexistencia de las mismas, situación que se encuentra certificada por el Jefe de la Unidad, con fecha 23 de marzo de 2015. (acompañan certificado).</p>
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b) Respecto de la información requerida en el literal c) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, indica que el principio de publicidad consagrado en el artículo 8 de la Constitución, no recae sobre toda la información que obre en poder de un órgano de la Administración del Estado, sino que recae exclusivamente en "los actos o resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos que se utilicen". En razón de ello, se le indicó al peticionario, que su requerimiento excedía el ámbito de competencia de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración la aclaración efectuada por el Tribunal Constitucional en el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 5 de la Ley de Transparencia, rol N° 2153-2011, que sostuvo que "el acceso a la información no recae sobre todo lo que hacen o tienen los órganos del Estado, sino que sólo sobre sus actos y resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Son las leyes las que deben ser interpretadas conforme a la Constitución Política y no a la inversa. Por lo tanto, conforme a la Constitución, son públicos, sólo ciertos aspectos de la actuación administrativa: los actos y resoluciones, sus fundamentos y procedimientos utilizados." En consecuencia, y advirtiendo que la información solicitada no forma parte de un acto administrativo o resolución emanada de la PDI, se informó que no resultaba procedente atender su requerimiento, por cuanto excedía el ámbito de aplicación de la ley.</p>
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c) En cuanto a la consulta que efectúa el Consejo, en orden a que si la información obra en poder del órgano, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia, señala que no forma parte de ningún acto administrativo, ni se encuentra contenida en alguna resolución, acta, expediente, contrato ni acuerdo. En cuanto a la expresión "toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en el que se contenga ()", se reitera que las solicitudes de acceso, sólo recaen en actos y resoluciones de la Administración y no en toda información que obre en poder del órgano.</p>
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d) Adicionalmente señala que, la información solicitada, no se encuentra disponible en este servicio, por cuanto para que ella exista y obre en poder del órgano, debe ser necesariamente elaborada o confeccionada a través de un proceso informático denominado "auditoría", cuyo trabajo no es practicado a petición de particulares. Por lo que, el requerimiento de una auditoría, en virtud de reiterada jurisprudencia del Consejo, corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución Política. Cita en este sentido el amparo C2126-13.</p>
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e) En cuanto a lo solicitado en el literal f) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, señalan que se dio estricto cumplimiento a lo ordenado por la 7ma sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuyos documentos fueron agregados materialmente al expediente judicial, además de ser entregados en soporte material al propio recurrente. Se comunica que no existen en poder de la PDI otros antecedentes distintos o adicionales a los ya entregados.</p>
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f) En cuanto a lo solicitado en el numeral 4 del oficio, acompañan comprobante de recepción y envío de las respuestas otorgadas por esta institución, las cuales fueron enviadas al domicilio del recurrente con fecha 16 de febrero de 2015 y 2 de marzo de 2015.</p>
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Respecto del amparo C472-15, la PDI, señala, en resumen, lo siguiente:</p>
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a) Aclara que en base a la base de datos denominada GEPOL, se registran las órdenes de aprehensión, detención y arraigos que fueren emanadas de los Tribunales de Justicia en contra de una determinada persona, y además de contener antecedentes relativos a la detención del sujeto y las causas que rodearon a la misma. Considerando que la Corporación de Asistencia Judicial, consultó respecto de los antecedentes personales que su patrocinado registra en la base de datos de la PDI, se le informó que efectuadas las consultas respectivas con el Departamento de Asesoría Técnica, Sección Informática Policial, no registra encargos judiciales. Esto quiere decir, que la persona consultada no registra órdenes de aprehensión, detención ni arraigos vigentes dictados en su contra, ni ningún otro antecedente relativo a su persona. En este sentido la PDI se limitó a responder expresamente por lo que le fue consultado, esto es, lo antecedentes que registra en la mencionada base de datos, razón por la cual no corresponde a esta institución determinar el grado de satisfacción de la misma.</p>
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b) Sin perjuicio de lo anterior, se remite para conocimiento de este Consejo, reporte informático remitido por el Departamento de Asesoría Técnica, Sección Informática Policial de la PDI, que da cuenta de los antecedentes personales que figuran en el Sistema de Gestión Policial, respecto de la persona consultada. Se adjunta copia de documento de respuesta de antecedentes policiales del reclamante que señala que no registra encargos judiciales vigentes</p>
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c) Finalmente, señala que la PDI no denegó la entrega de información, por lo que no resulta procedente que se consulte sobre la aplicación de alguna causal de reserva.</p>
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Con fecha 31 de marzo de 2015, se remite correo electrónico a la PDI, indicándole que sin perjuicio de los descargos, no se remitió el documento que acredite la fecha en la que se notificó la respuesta. Con fecha 1 de abril de 2015, la PDI remite copia del correo electrónico de 17 de febrero de 2015 en virtud del cual se remite la respuesta a la solicitud de información de fecha 10 de febrero de 2015.</p>
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8) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 3 de junio de 2015, este Consejo remitió correo electrónico al órgano solicitando que indique (1°) En qué consiste el proceso informático denominado "auditoría" que deberían realizar para poder generar la información solicitada por el reclamante; y (2°) Señale el personal que deberá destinarse a dicha labor y el tiempo aproximado que necesitarían para poder generarla.</p>
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9) RESPUESTA GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 8 de junio de 2015, Policía de Investigaciones remitió correo electrónico a este Consejo señalando que dado que la Institución indicó que el procedimiento contemplado en la Ley de Transparencia, no constituía la vía idónea para requerir ese tipo de información, por cuanto se advirtió que el particular no formuló una petición de información al tenor de lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, no resultaba aplicable la ley N° 20.285, por lo que debía solicitar la información requerida por la vía que corresponda. En efecto, y conforme lo ha sostenido incluso el propio Consejo para la Transparencia, la petición de auditorías obedecen al ejercicio del derecho de petición contemplado en el artículo 19 N° 14, de la Constitución Política de la República, y no al derecho de obtener información pública. En razón a lo anterior, esta Institución estima que el Consejo para la Transparencia carece de competencias para requerir y solicitar a este servicio, la entrega de antecedentes respecto de los cuales no tiene competencias para conocer y resolver, por cuanto el marco jurídico aplicable en esos casos, es la ley N° 19.628.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos roles C469-15 y C472-15 existe identidad respecto de la requirente y requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión.</p>
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2) Que, a modo de contexto, se puede indicar que, el recurso de protección N° 7702-2014, interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, al que hace referencia el reclamante, fue presentado por el Sr. Lagos en contra de la PDI, solicitando que se deje sin efecto la ficha policial de su persona, realizada el sábado 30 de noviembre de 2013, de la que tomó conocimiento por carta de dicha institución el 24 de enero de 2014, motivada por presentación de 13 de diciembre de 2014. La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que "fue arbitrario e ilegal el actuar de la PDI al fichar al Sr. Hernán Ramón Lagos Véliz, toda vez que respecto de los hechos a él atribuidos, al 26 de marzo de 2014, no hay constancia que se haya investigado el ilícito en su contra ()" En virtud de ello, se ordenó a la PDI que de inmediato proceda a eliminar, de sus registros o ficha policial, los datos personales del Sr. Lagos, por los hechos ocurridos el 29 de noviembre de 2013. Con fecha 8 de julio de 2014, la Corte Suprema revoca la decisión sólo en cuanto a la condena en costas.</p>
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3) Que, el objeto del presente amparo es lo solicitado en los literales b), c) y f) del número 1 de lo expositivo de esta decisión y el numeral 2 de lo expositivo de este amparo. Respecto de lo requerido en el literal b) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, la PDI indicó que no cuenta con cámaras de circuito cerrado de filmación y/o grabación, por lo que, no existe el material audiovisual solicitado. El reclamante por su parte, cuestiona dicha afirmación, indicando que no se condice con la observación que hizo el mismo al interior del lugar, ni con la información que dio a conocer la misma institución en relación a la Brigada Móvil. La PDI en sus descargos acompaña certificado emitido por el Subprefecto Jefe BICRIM móvil Metropolitana, de 23 de marzo de 2015, en que certifica que la Unidad Policial, no cuenta ni ha tenido circuito cerrado de televisión.</p>
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4) Que, apreciando el tenor de lo explicado y certificado por la PDI en sus descargos para justificar la inexistencia de la información solicitada, a juicio de este Consejo resulta plausible lo alegado por ésta en cuanto a que no cuenta con la información pedida, debido a que no existen cámaras que hayan podido grabar lo solicitado. Sin que se disponga de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el organismo reclamado, este Consejo se halla impedido de requerir la entrega de información que no existe, por lo que se procederá a rechazar el presente amparo.</p>
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5) Que, a mayor abundamiento, este Consejo ha resuelto en las decisiones de amparo rol C533-09, C1522-14, C1275-14, C1280-14, entre otros, que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no es procedente requerir a un organismo que haga entrega de información que no obra en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente.</p>
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6) Que, conforme se establece en el literal c) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, se solicitó copia de todas las consultas realizadas en el Sistema de Gestión Policial de la PDI y del sistema biométrico del Registro Civil, con especificación de los datos obtenidos desde el 29 de noviembre de 2013 hasta el 30 de noviembre de 2013, y si estas fueron en virtud de una orden del Ministerio Público. La PDI indica en su respuesta y descargos, que no es un requerimiento conforme lo establece el artículo 8° de la Constitución Política, que la información solicitada no forma parte de un acto administrativo o resolución de la PDI. El reclamante en su amparo indica que se minimiza y relativiza el alcance de la Ley de Transparencia, y que el amparo que cita la PDI, el C406-11, amparo que dio origen al recurso de inaplicabilidad, no tiene remota relación con la información que se solicita en el presente caso. En sus descargos el órgano agrega que la solicitud de acceso no recae sobre toda información que obre en poder del órgano, sino que recae exclusivamente en "los actos o resoluciones de los órganos del estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen". Señala que la información solicitada no forma parte de ningún acto administrativo, ni se encuentra contenida en alguna resolución, acta, expediente, contrato ni acuerdo. Agrega que, la información solicitada no se encuentra disponible en la PDI por cuanto, para que exista y obre en poder del órgano, debe ser necesariamente elaborada o confeccionada a través de un proceso informático de denominado "auditoría", cuya trabajo no es practicado a petición de particulares, el requerimiento en este sentido constituye al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política.</p>
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7) Que, conforme se indicó en la parte expositiva y en el numeral 2 de lo considerativo de esta decisión, el día 30 de noviembre de 2013 se llevó a cabo el fichaje policial del Sr. Lagos. Dicha información fue registrada en el Sistema de Gestión Policial, GEPOL. En el contexto de dicho procedimiento policial es que al reclamante le interesa conocer las consultas realizadas en dicho sistema y el sistema biométrico del Registro Civil, con especificación de los datos obtenidos desde el 29 al 30 de noviembre de 2013.</p>
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8) Que, este Consejo ha señalado en su amparo C2735-14 considerando 2° que, "cabe tener presente que, si bien este Consejo ha concluido que "la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un «formato o soporte» determinado, según reza el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que sólo está en la mente de la autoridad" (decisión de amparo Rol C533-09), ello no obsta a que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y conforme a la historia fidedigna de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se encuentren amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que implican elaborar documentos o respuestas, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y no suponga un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional (decisión de amparo Rol C97-09). En efecto, según se indicó en la precitada decisión, "la supresión (en la historia de la Ley) de la norma que establecía que los órganos de la Administración del Estado no estaban obligados a elaborar información y restringía su obligación a entregar sólo información ya existente no fue una omisión involuntaria del legislador. Por el contrario, la intención del legislador fue eliminar esta restricción lo que permite solicitar a los órganos de la Administración elaborar documentos, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y con un límite financiero: no irrogar al Servicio un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional".".</p>
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9) Que, a mayor abundamiento, el mismo Tribunal Constitucional en su sentencia rol 2505-13, de 10 de junio de 2014, que resuelve la inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de ciertas frases del artículo 5 de la Ley de Transparencia, indicó en su considerando vigesimosegundo "Que, a partir de la aplicación de los principios de máxima divulgación, de apertura de la información y de las presunciones de relevancia y publicidad, así como del principio de divisibilidad, resulta lógico que la Administración del Estado deba estar obligada, en ciertos supuestos, a construir información nueva para entregar al solicitante a partir de la información existente. Lo anterior resulta evidente para toda la información que no es ni acto ni resolución. Los actos y resoluciones son reconocibles e identificables. Por tanto, definido que exista el derecho de acceso a ellos, normalmente se permitirá tal acceso in toto ad integrum. En cambio, el ciudadano en todos los demás casos no tendrá elementos de juicio finos, precisos y detallados que le permitan pedir exactamente lo que la Administración del Estado tiene. Resulta lógico admitir el desconocimiento, vaguedad y apertura en lo solicitado porque justamente ignora el fundamento, el documento o la estadística que justifica su petición. Hay un margen de acción del ciudadano que se funda en el derecho de petición, en la libertad de información y en el propio artículo 8° de la Constitución para sostener la imprecisión. Reconducir la información de naturaleza pública a la solicitud de información puede implicar la construcción de un nuevo documento público. Por de pronto, la información estadística puede ser presentada en un sentido u otro, por períodos y variables diferentes a las estandarizadas públicamente. Hay un cierto deber de conciliar la información existente con la solicitud dentro de plazos céleres. Adicionalmente, la desmesura de algunas solicitudes puede llevar a la propia Administración del Estado a plantear la reserva del artículo 21, literal c), de la Ley N° 20.285. Pero, en otros casos, el único modo de cumplimiento de la obligación de entregar es construyendo un documento público nuevo. ()" "() Por tanto, es constitucional la exigencia, en ciertas hipótesis, de que la Administración del Estado deba configurar un nuevo documento para permitir su acceso, no quedando limitado dicho acceso a las informaciones previamente existentes".</p>
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10) Que, en ese sentido, este Consejo estima que lo solicitado necesariamente obra en poder del organismo reclamado, ya que, se requieren las consultas que se realizaron en el lapso de dos días respecto de una determinada persona en el Sistema de GEPOL y Biométrico del Registro Civil, y los resultados de dicha búsqueda. La PDI en sus descargos indicó que, levantar esa información implicaría que el área informática deberá realizar una auditoría, en este sentido, este Consejo le consultó expresamente en qué consistía dicho procedimiento y el personal que deberá destinarse a esa labor y el tiempo aproximado que necesitarían para generarla, como respuesta a dicha gestión oficiosa, el órgano alegó la incompetencia de este Consejo y no dio respuesta a las consultas realizadas. Al respecto se puede señalar que, a juicio de esta Corporación lo requerido es más específico que una auditoría, pues en la solicitud de acceso el reclamante restringe su requerimiento a las consultas realizadas respecto de su persona en el lapso de 2 días corridos, además preguntó si esas consultas fueron realizadas en virtud de una orden del Ministerio Público.</p>
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11) Que, este Consejo estima que la elaboración de dicha información no irroga al Servicio un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional y tampoco implicaría una afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano. En consecuencia, se acogerá el amparo y requerirá a la Policía de Investigaciones que informe a la reclamante las consultas que realizaron en los sistemas antes indicados, y el resultado de dichas búsquedas en los días 29 y 30 de noviembre de 2013.</p>
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12) Que, en cuanto a lo solicitado en el literal f) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, el reclamante requiere toda la documentación que obre en poder del PDI y órganos dependientes de ella, en relación al cumplimiento de lo ordenado por la Corte de Apelaciones en la Protección N° 7702-2014. El órgano remitió los documentos individualizados en el numeral 3 letra f) de lo expositivo de esta decisión, a saber i) el ordinario N° 334 de la Jefatura Jurídica; ii) el correo electrónico en virtud del cual se remite dicho oficio y se requiere con el carácter de urgente e inmediato efectuar dicha eliminación, emitiendo para dichos efectos un certificado que lo acredite; y iii) el ordinario N° 364, del Jefe del Departamento de Asesoría Técnica a la Jefatura Jurídica que informa que en cumplimiento de lo resuelto, mediante providencia N° 25 de fecha 3 de junio de 2014, del Departamento de Asesoría Técnica, se ordenó a la Sección de Eliminación de Antecedentes, de esta Unidad Policial, dar estricto cumplimiento a lo ordenado en el oficio señalado en antecedentes (oficio N° 334, de 3 de junio de 2014, que también acompaña), quedando eliminados los antecedentes. Por su parte, el reclamante en su amparo indicó que el documento es bastante escueto y no se refiere a que el motivo por el cual se hace entrega de dicho documento es en cumplimiento de lo ordenado en la 7ma sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.</p>
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13) Que, en este sentido, este Consejo puede indicar que es claro que la PDI remitió parte de la información existente, ya que de los documentos acompañados consta la existencia de otros, que no fueron enviados en la respuesta al reclamante. Por un lado, en el ordinario N° 364, de 3 de junio de 2014, se hace referencia a la Providencia N° 25, de fecha 3 de junio de 2014, que ordenó a la Sección de Eliminación de Antecedentes que efectuara la gestión pertinente, y, por otro lado, en el correo electrónico, por el cual se acompañó el ordinario 334 antes individualizado, se requirió la emisión de un certificado que acredite la eliminación que se llevó a cabo por la Sección de Eliminación de Antecedentes. En virtud de antes expuesto, y constando a este Consejo la existencia de dos documentos adicionales a los ya remitidos, se acogerá el amparo en esta parte, ordenando en lo resolutivo de esta decisión, la entrega de la providencia N° 25, de 3 de junio de 2014 y la certificación final que acredita que la Sección de Eliminación de Antecedentes actuó conforme lo requerido.</p>
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14) Que, respecto de la solicitud de información de 10 de febrero de 2015, conforme se establece en el numeral 2 del número 1 de lo expositivo de esta decisión, el reclamante requirió que se le envíe toda la información que conste en los registros computacionales de la PDI asociados a su nombre, particularmente los que consten en la GEPOL. La PDI remitió un informe en el que señala que de acuerdo a lo informado por el Departamento de Asesoría Técnica, Sección Informática Policial el Sr. Lagos, no registra encargos judiciales pendientes. En su amparo, el reclamante señaló que, consultó por toda la información que obra en la GEPOL, y se respondió solo con los encargos pendientes. La PDI en sus descargos aclaró que en virtud de la base de datos de la GEPOL, se registran las órdenes de aprehensión, detención y arraigos que fueren emanadas de los Tribunales de Justicia en contra de una determinada persona y las causas que rodearon la misma, por lo que, la persona no registra las órdenes antes indicadas, ni ningún otro antecedente relativo a su persona.</p>
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15) Que, en virtud de los antecedentes de ambos amparos, consta que existió una orden expresa de los Tribunales de Justicia en orden a eliminar el fichaje que se le realizó el año 2013, luego, en junio de 2014, se emitió una orden al Departamento de Asesoría Técnica para la eliminación de dichos antecedentes. Por su parte, el reclamante señala que el 18 de agosto de 2014, acudió a la PDI a consultar si su nombre constaba en los registros de la GEPOL y un funcionario le informó que su nombre estaba registrado. Finalmente, en la respuesta a la solicitud de 10 de febrero de 2015 la PDI acompaña el documento de fecha 17 de febrero de 2015, en el que el Departamento de Asesoría Técnica informa que el Sr. Lagos no registra encargos judiciales, dando cumplimiento a la solicitud de información. En consecuencia, sin perjuicio que se desconoce la fecha exacta en que se eliminaron los antecedentes, ya que como se indicó en el considerando 13 la PDI no ha remitido el certificado que lo acredita, realizada la consulta en el año 2015, la PDI indicó que no hay encargos judiciales pendientes, en consecuencia no existen registros de su nombre en la base de datos. Por lo que, habiendo dado respuesta a la solicitud de información, se rechazará el amparo en esta parte.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Hernán Lagos Véliz en contra de Policía de Investigaciones de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones, lo siguiente:</p>
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a) Entregar a la reclamante lo solicitado en el literal c) del número 1 de lo expositivo de esta decisión y respecto del literal f) del número 1 de lo expositivo de esta decisión, entregar el certificado donde conste la eliminación requerida y la providencia número 25, de fecha 3 de junio de 2014, del Departamento de Asesoría Técnica.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Hernán Lagos Véliz y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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