Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C453-10

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Reclamante:	JORGE SERANI MOSTAZAL
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en la denegación de la información acerca de los contratos que Carabineros de Chile mantiene con ENTEL y denegación de listado de personas jurídicas o naturales que prestan el servicio de grúas y trabajan con Carabineros, por cuanto su atención requeriría distraer indebidamente a un alto número de funcionarios a lo largo de todo el país. El Consejo estimó acoger parcialmente el presente amparo en la primera petición y requerirá al Director General de Carabineros de Chile la entrega del cuerpo mismo del contrato y sus Anexos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y Anexo de Servicios N° 1, por estimar que contiene información de naturaleza eminentemente pública, sin perjuicio de ordenar se resguarden debidamente los datos de carácter personal que dicho contrato y sus anexos puedan contener, de acuerdo lo dispuesto por la Ley N° 19.628, respecto a la segunda petición no se ha demostrado que el volumen de la información requerida o la dotación con que cuenta el servicio impidan cumplir con lo solicitado porque se afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, ni el Consejo advierte, que el mismo implique la afectación del debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile, por lo que se acogerá el amparo en esta parte y se requerirá al Director General de Carabineros la entrega del listado aludido.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/15/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Justicia Militar Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C512-09 C49-10
Jurisprudencia a:	C7721-20 C328-18 C866-11 C5044-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C453-10 Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Jorge Serani Mostazal Ingreso Consejo: 20.07.2010 En sesión ordinaria N° 202 de su Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C453-10. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 4 y 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de datos de carácter personal; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: Mediante presentaciones de 7 y 14 de junio de 2010 don Jorge Serani Mostazal solicitó a Carabineros de Chile lo siguiente: a) Copia de todos los contratos de telefonía con ENTEL, vigentes al 6 de febrero de 2008, con sus respectivas modificaciones, ampliaciones, adendas y otras, en los plazos establecidos en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, a fin de verificar los deberes y derechos de ambas partes. b) Indicar conforme a qué ley las Unidades de Carabineros deben mantener un listado de empresas que proporcionen servicios de grúa. c) Entregar listado conteniendo las personas jurídicas o naturales (RUT, domicilio legal, teléfono y nombre de representante legal) de la totalidad de servicios de grúa que operaban al 6 de febrero de 2008 en las distintas Comisarías del país. Si dicha información no está disponible, entregar la vigente a la fecha. d) Indicar conforme a qué variables y ponderaciones la 47ª Comisaría seleccionó a tres empresas, con las que opera al menos desde 2007, dentro de, al menos, 50 que trabajan en la Región Metropolitana. Detallar la misma información para el resto del país. e) Confirmar que en los servicios de grúas indicados en la letra c) no se haya incurrido en algunas de las causales que establece el artículo 4° de la Ley N° 19.886. f) Señalar con qué criterio se le encargó el retiro de su vehículo a la Sra. Ufelia Rodríguez en circunstancias que la misma no estaba incluida en el “Acta de Solicitud de Grúas” de la 47ª Comisaría. 2) RESPUESTA: Mediante carta de 6 de julio de 2010, el Jefe del Departamento de Información Pública y Desarrollo de Normas, Teniente Coronel de Carabineros Ramiro Larraín Donoso, respondió a la solicitud de acceso, señalando lo siguiente: a) En relación a la solicitud de los contratos de telefonía con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., en adelante indistintamente ENTEL, señala que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 8° de la Constitución Política, no resulta procedente su entrega, por lo que deniega dicha infracción invocando las siguientes causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, por tratarse de información cuya publicidad, comunicación o conocimiento afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente porque es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, y N° 2 del mismo artículo, por las razones que se exponen a continuación: i) El artículo 436 del Código de Justicia Militar establece que tienen el carácter de documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros establece en su numeral 4° que son secretos “los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales”. Sobre el particular, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, conceptualiza el término “pertrechos” como los “instrumentos necesarios para cualquier operación”, situación que es, precisamente, la que se presenta en la especie. ii) El requerimiento dice relación específicamente sobre los diversos medios, dispositivos que utiliza para sus comunicaciones Carabineros de Chile toda vez que, en la especie, se trata de un único contrato que señala y detalla la totalidad del despliegue de la infraestructura de comunicaciones y seguridad tecnológica de la Institución, indicando los nodos y su funcionamiento, las antenas repetidoras que utiliza y la seguridad de las mismas, los medios alternativos de comunicación, la distribución geográfica de las instalaciones, entre otras materias, la cual por mandato legal es de carácter secreto, teniendo presente, además, que su divulgación puede afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, en este caso, la labor preventiva y de mantenimiento del orden público que Carabineros de Chile por mandato constitucional debe realizar. b) Al margen de lo anterior, señala que en conformidad con el principio de la libertad de información, establecido en el artículo 11, letra b) de la Ley de Transparencia, el organismo público no está obligado a efectuar una tarea de recopilación de la información en otras entidades, menos aún si pertenecen al sector privado. En el caso de la especie, reitera que la información telefónica no obra en poder de Carabineros de Chile en ninguna de sus dependencias y que la Institución no posee un contrato que informe de las llamadas de salida efectuadas por sus diversos funcionarios a lo largo del país. c) En lo que dice relación con el uso de grúas para el retiro de vehículos por disposición policial, informa que no existe normativa legal alguna que obligue a ello, rigiéndose la materia solamente por las instrucciones que, al respecto, impartiera la Dirección Nacional de Orden y Seguridad mediante Oficio N° 347, de 19 de julio de 2002, sobre diversas materias, entre las cuales se encuentran las relativas a uso de grúas para remolques de vehículos participantes en sucesos policiales. Dicho instructivo dispone que en aquellos lugares en que existan grúas institucionales deberán ser éstas las que en forma obligatoria efectúen el traslado y cobren la tarifa establecida previamente por el organismo pertinente y que en el caso que la grúa institucional, por cualquier causa, no pueda realizar el cometido, se recurrirá a servicios particulares correspondiendo a los Comisarios buscar de las empresas existentes aquella que sea más conveniente para cubrir las necesidades que se presentan no pudiendo, en ningún caso, exceder la tarifa de la cobrada por las grúas institucionales. De este modo, corresponde a los Comisarios, en el ámbito de sus funciones, buscar y determinar, dentro de su territorio jurisdiccional, el servicio de grúas que se estime más conveniente para el cumplimiento de la función policial de retiro de vehículos que han participado en sucesos policiales no estableciéndose normas específicas ni criterios de ponderación para su selección, cual no sea la limitación tarifaria, la conveniencia en la prestación del servicio y necesariamente, cautelar que la finalidad que persigue el retiro del vehículo de que se trate se cumpla a cabalidad, asegurando con ello el cumplimiento de la ley. d) En cuanto a la entrega de un listado conteniendo las personas jurídicas o naturales, con RUT, domicilio legal, teléfono y nombre del representante legal de la totalidad de los servicios de grúa que operaban al 6 de febrero de 2008 en las distintas Comisarías del país o la vigente en la actualidad, señala que no resulta posible entregarla atendido lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, pues se trata de un requerimiento de carácter genérico, referido a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes y cuya atención requeriría distraer indebidamente a un alto número de funcionarios a lo largo del país del cumplimiento regular de sus labores habituales con el consiguiente menoscabo de la labor policial que les corresponde efectuar. e) Finalmente, señala que el servicio de grúas no se encuentra afecto a la normativa de la Ley N° 19.886 que regula las compras públicas, toda vez que no se trata de adquisiciones para la Administración, sino la mera prestación de un servicio por cuenta y cargo de los particulares, no resultando en consecuencia aplicables, en la materia, las normas del artículo 4° de dicha ley. 3) AMPARO: El 20 de julio de 2010 don Jorge Serani Mostazal dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de Carabineros de Chile, fundado en lo siguiente: a) Denegación de la información acerca de los contratos que Carabineros de Chile mantiene con ENTEL fundado en las causales de reserva previstas en los numerales N° 1, letra a) y N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Agrega que “[sic] de poco y nada le sirvieron a las víctimas fatales y de los saqueos posteriores las precauciones que mantiene Carabineros respecto a sus equipos de comunicaciones. La descoordinación de las mismas fue caótica y probablemente esos hechos no hubieran ocurrido si el diseño de sistema institucional hubiera estado abierto al escrutinio público de ingenieros civiles expertos en la materia.” b) Denegación de la información relacionada con las variables y ponderación con que Carabineros selecciona empresas de grúas, particularmente la 47ª Comisaría de Los Domínicos, basándose en un Oficio que habría sido emitido por la superioridad de la policía y que es absolutamente desconocido por los involucrados en accidentes y que es absolutamente discrecional en todas las Unidades de Carabineros. c) Denegación de listado de personas jurídicas o naturales que prestan el servicio de grúas y trabajan con Carabineros, por cuanto su atención requeriría distraer indebidamente a un alto número de funcionarios a lo largo de todo el país. Al respecto señala que “…son del todo conocidas las falencias de Carabineros en materia administrativa, basta verlas al concurrir a una de sus unidades, por lo que el suscrito no tiene inconvenientes en financiar media jornada de una secretaria que disponiendo de un listado de correos de los comisarios del país, de un notebook conectado a internet y de una planilla Excel pueda hacer el trabajo de consolidar la información en una mañana”. d) Ante la afirmación en torno a que los cobros derivados de los servicio de grúas no se encuentran afectos a la Ley N° 19.886, señala que “sería conveniente que precisaran en qué normativa se da tal excepción que los faculta para hacer caso omiso de la misma y de las leyes N° 20.238 y 20.088, del D.S. N° 250 del Ministerio de Hacienda y del Estatuto Administrativo”. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 1.337, de 29 de julio de 2010, al Director General de Carabineros, quien, evacuó sus descargos y observaciones el 13 de agosto de 2010, señalando lo siguiente: a) En febrero de 2008, el reclamante se vio involucrado en un procedimiento policial en materia de tránsito en el marco del cual se dispuso el retiro de su vehículo, proceder que ha intentado impugnar por diferentes vías. En ese contexto ya había presentado previamente una solicitud de información, respecto de la cual presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia, individualizado con el Rol C49-10, rechazado por dicha entidad, el 4 de junio de 2010. b) En relación a los contratos requeridos, denegó tal información por cuanto su divulgación podía afectar el cumplimiento de las funciones que por ley se han encomendado a Carabineros de Chile y ponían en peligro la seguridad de los ciudadanos cuya protección se ha encomendado. Lo anterior en razón de que el requerimiento del reclamante se relaciona específicamente con un contrato que incorpora diversos medios y dispositivos que Carabineros de Chile utiliza para sus comunicaciones, toda vez que, se trata de un único contrato que señala y detalla la totalidad del despliegue de la infraestructura de comunicación y seguridad tecnológica de la Institución, indicando los nodos y su funcionamiento, las antenas repetidoras que utiliza y la seguridad de las mismas, los medios alternativos de comunicación, la distribución geográfica de las instalaciones, entre otras materias, la cual por mandato legal es de carácter secreto, teniendo presente además que su divulgación puede afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, en este caso la labor preventiva y de mantenimiento del orden público que Carabineros de Chile por mandato constitucional debe realizar. c) Para denegar la información, se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra a) y N° 5 de la Ley de Transparencia, este último relacionado con el artículo 436 del Código de Justicia Militar, por lo que dicho acto se hizo con estricto apego a la norma. d) En relación a la solicitud sobre el uso de grúas institucionales, reitera lo indicado en su respuesta, en torno a la inexistencia de normativa legal sobre la materia y la aplicabilidad de las Instrucciones de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, impartidas mediante Oficio N° 347, de 19 de julio de 2002. e) En cuanto al listado de las personas jurídicas o naturales que operan servicios de grúa en la fecha indicada en la solicitud de acceso, reitera que se trata de un requerimiento de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes y cuya atención requeriría distraer indebidamente a un alto número de funcionarios a lo largo del país, de acuerdo lo previsto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En efecto, en la actualidad Carabineros de Chile cuenta con 886 unidades operativas, entre Comisarías, Subcomisarías, Tenencias, Destacamentos y Cuarteles con atribuciones opera disponer el retiro de vehículos, distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. A lo anterior se agrega que el hecho que no existe obligación de tales unidades de tener un listado oficial de empresas que proporcionen un servicio de grúas. Si se considerara sólo a las Comisarías, confeccionar la lista requerida, resulta una tarea ardua, por cuanto, al no existir un listado oficial, debería revisarse caso a caso los procedimientos policiales en que se vieron involucrados vehículos para determinar si se ordenó el retiro del mismo y con qué empresa se hizo. f) En relación a la aplicación de la Ley N° 19.886, sobre compras públicas, al servicio de grúas para el retiro de vehículos de la vía pública, reitera que no es aplicable por tratarse de la mera prestación de un servicio por cuenta y cargo de particulares. Con todo, la adecuada interpretación o aplicación de determinadas normas legales no es una materia que proceda establecer a través de los principios de la Ley de Transparencia. 5) GESTIÓN ÚTIL REALIZADA ANTE CARABINEROS DE CHILE: Mediante Oficio N° 1.591, de 25 de agosto de 2010, el Director General del Consejo para la Transparencia, para una acertada resolución del presente amparo, solicitó al Director General de Carabineros de Chile, bajo la debida reserva establecida en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, copia de todos los contratos de telefonía celebrados entre Carabineros de Chile y ENTEL, vigentes al 6 de febrero de 2008, con sus respectivas modificaciones y ampliaciones. Carabineros de Chile, mediante Ordinario N° 174, de 13 de septiembre de 2010, acompañó la documentación requerida, solicitando su devolución una vez que el Consejo para la Transparencia hay tomado conocimiento de los mismos. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, dada la diversidad de los requerimientos de información que comprende la solicitud de acceso respecto de la cual se ha formulado amparo ante este Consejo, se tratarán en forma separada en los considerandos que siguen. 2) Que, respecto de la solicitud de copia de todos los contratos de telefonía celebrados con ENTEL, vigentes al 6 de febrero de 2008, con sus respectivas modificaciones, ampliaciones, adendas y otras, consignada en la letra a) de la solicitud de acceso, el organismo reclamado, a efectos de denegar el acceso a dicha información, ha invocado las siguientes causales de reserva: a) Artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, por cuanto el artículo 436 del Código de Justicia Militar preceptúa que tienen carácter de documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional; el orden público interior o su seguridad de las apersonas y, entre otros, establece en su numeral 4° que son secretos “Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales”, comprendiéndose en dicho concepto los “instrumentos necesarios para cualquier operación”, situación que se daría en la especie, a su juicio, respecto de los contratos solicitados. b) Artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia, dado que su publicidad, comunicación o conocimiento afecta el debido cumplimiento de sus funciones, por cuanto es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales. La causal se configuraría al tratarse de un único contrato que da cuenta de diversos medios y dispositivos que Carabineros de Chile utiliza para sus comunicaciones y que detalla la totalidad del despliegue de la infraestructura de comunicaciones y seguridad tecnológica, por lo que su divulgación afectaría la labor preventiva y de mantenimiento del orden público que Carabineros de Chile debe realizar. 3) Que, señalado lo anterior, debe concluirse, en primer término, que no resulta procedente la alegación formulada por el organismo reclamado en su respuesta en orden a que la información telefónica solicitada no obraría en su poder, por cuanto, según se señaló, dicho organismo acompañó para conocimiento de este Consejo copia del contrato de provisión de servicios de telecomunicaciones celebrado entre Carabineros de Chile y ENTEL, bajo la reserva establecida en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, lo que realizó mediante presentación efectuada del 13 de septiembre de 2010. 4) Que, por otra parte, al tratarse de un contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones, por aplicación del artículo 7° letra e) de la Ley de Transparencia, éste debe ser objeto de publicación en la página web institucional de Carabineros de Chile, norma que dispone que los órganos de la Administración del Estado, deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos “Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras…” (lo destacado es nuestro). Dicha obligación debe cumplirse en los términos dispuestos en el artículo 51, letra e) de su Reglamento, numeral 1.5 de la Instrucción General N° 4 sobre Transparencia Activa, de este Consejo, numeral 1.5 de la Instrucción General N° 7, que complementa a la antes mencionada. 5) Que, revisada la página web institucional del organismo reclamado, pudo establecerse que dicha información no se encuentra publicada en el link al sistema de compras públicas, tal como dispone el numeral 1.5 de la Instrucción General N° 4, sobre Transparencia Activa, impartida por este Consejo. Al respecto, el organismo reclamado, a través del Jefe de su Departamento de Información Pública y Desarrollo de Normas, ha explicado dicha omisión indicando que en la Resolución Exenta N° 36, de 30 de enero de 2007, que adjudicó la adquisición de una plataforma integrada de voz y datos a nivel nacional a la empresa de telecomunicaciones ENTEL, se dejó constancia, en el IV punto resolutivo, que tanto dicha resolución como el proceso de adquisición no sería publicado en el portal chilecompra.cl, dado su carácter “secreto”, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 20° inciso 2° de la Ley N° 19.886 y artículo 61 del Decreto N° 250, de 9 de marzo de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba su Reglamento . 6) Que, señalado lo anterior, y en orden a analizar la procedencia de las causales de reserva invocadas, debe precisarse que se ha tenido a la vista el contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones suscrito entre ENTEL y Carabineros de Chile, acompañado por dicha entidad a petición de este Consejo, según se señaló en la parte expositiva de esta decisión. Al efecto, dicho contrato se compone de las siguientes partes: a) Cuerpo del contrato; b) Anexo N° 1, sobre “Servicios y enlaces”, que dispone, además, 5 apéndices; c) Anexo N° 2, sobre “Mantenimiento”; d) Anexo N° 3, sobre “Procedimiento de Seguridad”; e) Anexo N° 4, sobre “Carta Gantt-Protocolo de Recepción Conforme de los Servicios”; f) Anexo N° 5, sobre “Multas”; g) Anexo N° 6, sobre “Procedimiento de Control de Cambio”, con un apéndice; h) Anexo N° 7, sobre “Precios”; i) Anexo N° 8, sobre “Seguros”; y, j) Anexo N° 9, sobre “Servicios de Transición”. k) Anexo de Servicios N° 1. 7) Que, por su parte, el artículo 436 del Código de Justicia Militar, invocado por el organismo reclamado, dispone que “Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: …- 4. Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales”. 8) Que, sobre la citada disposición, cabe tener presente que este Consejo (por ejemplo en decisión recaída en el amparo Rol C512-09) ha reconocido que el artículo 436 del referido cuerpo legal está amparado por la disposición cuarta transitoria de la Constitución en relación con el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, por lo que se encuentra plenamente vigente. No obstante ello, se concluyó que para determinar si nos encontramos frente a un acto o documento reservado en virtud de dicha norma, no cabe su sola invocación, toda vez que dado lo dispuesto tanto en el artículo 8° de la Constitución como en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, se debe determinar si la publicidad de dicha información afecta algunos de los bienes jurídicos previstos en el citado artículo 8° de la Constitución, para efectos de estimar si puede acogerse, lícitamente, a la reserva del artículo 436 ya mencionado. 9) Que, asimismo, cabe tener presente que la Contraloría General de la República señaló en su dictamen N° 48.302, de 26 de octubre de 2007, que «en cuanto a la enumeración de asuntos que contiene el artículo 436 es “meramente ejemplar y en modo alguno taxativo”, debe aclararse que ello es así sólo en la medida que los demás casos de secreto o reserva se encuentren previstos en una expresa disposición legal, como ocurre, también en el ámbito de las instituciones armadas, con los registros a que se refiere el inciso final del artículo 16 de la Ley N° 19.886». Así, en este caso cabría determinar si nos encontramos frente a alguna de los actos o documentos calificados como “equipos y pertrechos militares o policiales”, o bien si la reserva de la información solicitada viene dada por otra norma legal que establece una causal de reserva. 10) Que, al respecto, la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, contempla dos acepciones del término “pertrechos”, primero como “Municiones, armas y demás instrumentos, máquinas, etc., necesarios para el uso de los soldados y defensa de las fortificaciones o de los buques de guerra”, y segundo como “Instrumentos necesarios para cualquier operación”, En ninguna de sus dos acepciones es posible advertir a este Consejo de qué modo el contrato de provisión de servicios de telecomunicaciones suscrito entre el organismo reclamado y ENTEL pudiera ser calificado como “pertrechos militares o policiales”, particularmente considerando la amplitud del segundo de los significados indicados, ni que su publicación afecte algunos de los bienes jurídicos del artículo 8° de la de la Constitución, de modo que se descartará la aplicación de la norma del artículo 436 del Código de Justicia Militar como causal de reserva que permita fundar la denegación de dicha información. Que, en tal sentido, la calificación como “pertrecho” de los bienes o servicios adquiridos por el contrato requerido que, a juicio de Carabineros, permite dar aplicación a la causal de reserva establecida en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, implica una limitación al derecho de acceso a la información, reconocido como derecho constitucional por nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia Rol N° 634/2006, de 9 de agosto de 2007, por lo que resulta necesario efectuar dicha interpretación de forma restrictiva. 11) Que, en cuanto a la causal invocada prevista en el artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia, cabe precisar que si bien ésta consta de dos supuestos –que la publicidad de la comunicación afecte la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o que ésta se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales– de las alegaciones efectuadas por el organismo reclamado en el marco de la tramitación del presente amparo, es posible concluir que éstas se orientan a fundamentar principalmente la causal contenida en la primera hipótesis del artículo 21 N° 1, a), es decir, una eventual afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano por divulgar información que va en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito, cuestión que en todo caso, debe considerarse para el análisis del contrato requerido en este punto. 12) Que, en esa línea, en relación a las funciones de Carabineros, resulta pertinente señalar que el artículo 101, incisos 2° y 3°, de la Constitución Política dispone que “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas”. Por su parte, el artículo 1° de la Ley N° 18.961, de 1990, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, dispone que “Carabineros de Chile es una Institución policial técnica y de carácter militar, que integra la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley. Se integrará, además, con las Fuerzas Armadas en la misión de garantizar el orden institucional de la República”. A su vez, el artículo 3° inciso 2° del cuerpo legal citado, dispone que su misión esencial es desarrollar actividades tendientes a fortalecer su rol de policía preventiva, así como la investigación de los delitos que la autoridad le encomiende. 13) Que, por otra parte, analizado el texto del cuerpo del contrato y sus anexos, es posible arribar a las siguiente conclusiones: a) Cuerpo del contrato: En términos generales, éste da cuenta del procedimiento de trato directo utilizado para la contratación de los servicios detallados en los anexos del contrato, así como de su precio, cobro, recepción, uso, suspensión; obligaciones de las partes, propiedad intelectual e industrial sobre los servicios, desarrollos, procedimientos, know how y demás creaciones intelectuales que se generen con motivo u ocasión de las prestación de los servicios, cláusula de confidencialidad en relación a la información de Carabineros y que tome conocimiento ENTEL y de la información técnica y/o comercial y/o financiera y/o económica de ENTEL a que tenga acceso Carabineros, obligaciones y responsabilidades de las partes, vigencia, fiscalización del cumplimiento y terminación del contrato. Además, constan los nombres, domicilios y correos electrónicos de las personas de contacto de las partes del contrato. b) Anexo N° 1, sobre “Servicios y enlaces”: Contiene la descripción detallada de la solución técnica desarrollada por ENTEL para Carabineros de Chile, en servicios de Red, con especificaciones de equipo, softwares, ubicaciones, estructurado de cableado, ventajas técnicas de la solución, subsistema de seguridad y servicios de seguridad; servicios de telefonía, con especificaciones acerca de la solución desarrollada por ENTEL al efecto, prestaciones y características del producto, funcionalidades telefónicas, tarificador, administración de Red, entre otros. c) Anexo N° 2, sobre “Mantenimiento”: Se trata de la descripción del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y atención de emergencias que debe ser prestado por ENTEL. d) Anexo N° 3, sobre “Procedimiento de Seguridad”: Contiene la descripción de los procedimientos de seguridad respecto a la confidencialidad de la información de Carabineros, conforme a lo establecido en la cláusula séptima del contrato. e) Anexo N° 4, sobre “Carta Gantt-Protocolo de Recepción Conforme de los Servicios”: Da cuenta de los plazos asociados a las actividades previas a la recepción de los servicios por parte de Carabineros de Chile y del protocolo de recepción de los mismos. f) Anexo N° 5, sobre “Multas”: Da cuenta de las multas que puede aplicar Carabineros a ENTEL y en los casos en que ello aplica. g) Anexo N° 6, sobre “Procedimiento de Control de Cambio”: Se trata de la descripción del mecanismo que deberá ser utilizado por Carabineros de Chile y ENTEL para la aprobación y administración de las solicitudes y recepción de requerimientos de cambios a los servicios contratados y/o acuerdos que están regulados en el contrato y sus anexos. h) Anexo N° 7, sobre “Precios”: En él se detallan los precios y forma de pago de los diferentes servicios materia del contrato. i) Anexo N° 8, sobre “Seguros”: En dicho anexo se singularizan los seguros que deberá contratar ENTEL y su modo de contratación y operación. j) Anexo N° 9, sobre “Servicios de Transición”: Se trata de la descripción de los deberes de las partes del contrato en caso de contratación de servicios complementarios o conexos a terceros, sustitución de ENTEL como proveedor y/o término del contrato. k) Anexo de servicios N° 1: Se trata de la contratación por parte de Carabineros de nuevos servicios a ENTEL, que se describen en el anexo y que supone la extensión del contrato a un año más que lo originalmente establecido. 14) Que, teniendo en consideración la descripción antedicha relativa a la información contenida en el contrato solicitado y sus anexos, cabe concluir, según se indicará más adelante, que sólo parte de dicha convención puede contener información considerada reservada al tenor de la causal de reserva invocada prevista en el artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, en cuanto su divulgación pudiera afectar el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile. Así, este Consejo estima que el organismo reclamado debió aplicar el principio de divisibilidad para la entrega del mismo, principio consagrado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, según el cual “si un acto administrativo contienen información que puede ser conocida e información que debe entregarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda”. 15) Que como consecuencia de lo precedentemente indicado, este Consejo acogerá parcialmente el presente amparo en esta parte y requerirá al Director General de Carabineros de Chile la entrega del cuerpo mismo del contrato y sus Anexos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y Anexo de Servicios N° 1, por estimar que contiene información de naturaleza eminentemente pública, sin perjuicio de ordenar se resguarden debidamente los datos de carácter personal que dicho contrato y sus anexos puedan contener, de acuerdo lo dispuesto por la Ley N° 19.628. Que, por su parte, respecto de los citados Anexos 1, 2 y 3, este Consejo estima que dada la naturaleza de la información que en ellos obra, como tipos de acceso a los servicios contratados, ubicación de infraestructura en dependencias de Carabineros y diagrama de red, sistemas de mantenimiento de red, procedimientos de seguridad de la red, entre otros aspectos, la divulgación de la misma afectaría el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros, concurriendo en la especie la causal del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, en cuanto obstaculizaría el cabal desempeño de sus funciones preventivas, investigativas y represivas de policía, exponiéndolo a vulnerabilidades en su sistema de comunicación que utiliza a tales efectos. 16) Que, en cuanto a lo requerido en el literal b) de la solicitud de acceso –esto es, indicar conforme a qué ley las Unidades de Carabineros deben mantener un listado de empresas que proporcionen servicios de grúa–, el organismo sostuvo que no existe una normativa de tal rango que regule lo consultado, indicando que dicho procedimiento se regularía por el Oficio N° 347, de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, de 19 de julio de 2002, que acompaña en sus descargos, de cuya lectura pudo constatarse que efectivamente dicho documento entrega directrices generales de procedimiento de arrastre de vehículos que hayan participado en hechos policiales, procedimiento que fue fijado, según se señala en dicho texto, por los inconvenientes por el uso de grúas particulares en el arrastre de dichos vehículos. Que, a juicio de este Consejo, y no obstante haber sido respondido dicho requerimiento por Carabineros, éste no constituye una solicitud de acceso a información, toda vez que lo requerido es más bien una opinión legal por parte del órgano de Administración del Estado sobre la legislación aplicable a una situación en particular, requerimiento legítimo a la luz de lo prescrito por el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política –que establece el derecho de petición- y de la Ley N° 19.880, mas no de la Ley de Transparencia, de modo que se rechazará el presente amparo en esta parte, según se indicará en la parte resolutiva del presente acuerdo. 17) Que en relación a la solicitud de un listado de las personas jurídicas o naturales (RUT, domicilio legal, teléfono y nombre de representante legal) de la totalidad de servicios de grúa que operaban al 6 de febrero de 2008 en las distintas Comisarías del país, consignado en la letra c) de la solicitud de acceso, el organismo reclamado denegó tal información por tratarse de un requerimiento cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, de acuerdo a la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, por lo que corresponde a este Consejo pronunciarse acerca de su procedencia. 18) Que, respecto de dicha solicitud, Carabineros de Chile funda la causal de reserva invocada en lo siguiente: a) No existe obligación legal de confeccionar, por parte de las unidades de Carabineros, un listado como el requerido. b) Carabineros de Chile cuenta con 886 unidades operativas, distribuidas a lo largo de todo el país, entre Comisarías, Subcomisarías, Tenencias, Destacamentos y Cuarteles con atribuciones para disponer el retiro de vehículos. c) Para obtener la información debe revisarse caso a caso los procedimientos policiales en que se vieron involucrados vehículos, para determinar si se ordenó el retiro del mismo y con qué empresa, lo que significa una ardua tarea. 19) Que, sobre el particular cabe señalar que el artículo 179 de la Ley N° 18.290, de 1984, Ley de Tránsito, dispone que “Los vehículos que hayan sufrido un desperfecto o que a raíz de un accidente resulten dañados o destruidos, no podrán permanecer en la vía pública entorpeciendo el tránsito y serán retirados, a la brevedad, por el conductor. Si éste no lo hiciere, serán retirados por orden de los funcionarios a que alude el artículo 4° , a costa de su dueño. / En los casos de fuga del conductor que haya participado en un accidente o infringido una norma de tránsito, el vehículo será retirado y puesto a disposición del Tribunal competente o del Ministerio público. / Si el vehículo permaneciere en la vía pública y su dueño no lo retirare dentro del plazo de veinticuatro horas, será puesto a disposición del Juzgado de Policía Local correspondiente, en los locales que, para tal efecto, debe habilitar y mantener la Municipalidad”. 20) Que, de acuerdo a lo señalado en el Oficio N° 347 de la Dirección de Orden y Seguridad, de 19 de julio de 2002, el cometido encargado a Carabineros en esta materia debe realizarse con las grúas institucionales pagando una tarifa establecida previamente por el organismo pertinente, y en caso que la grúa institucional no pueda realizar el retiro, deben dejarse las constancias correspondientes de haber agotado todos los medios y se recurrirá a una particular, la que debe ser la más conveniente, cuya tarifa no puede exceder a la cobrada por el servicio prestado por las grúas institucionales. El Comisario puede elegir dicho servicio de la totalidad de las empresas existentes, de acuerdo a los criterios precedentes. 21) Que, de lo anterior se colige que, si bien la selección de las grúas particulares se realiza a través de un procedimiento simple, de éste debe dejarse una constancia y debe ejecutarse con transparencia, por cuanto implica un desembolso para el particular en situaciones de urgencia. Dicho principio es reconocido en el oficio en comento, que en su último párrafo referido a la materia dispone que “…los mandos de Unidades adoptarán las medida tendientes a dar mayor transparencia a estos actos, ejerciendo un permanente control sobre el cumplimiento de éstos”. 22) Que, además, lo requerido no está referido a todas las unidades del organismo reclamado sino sólo a las Comisarías del país y restringido al 6 de febrero de 2008, por lo que, si bien la recopilación de los datos requiere de un esfuerzo por parte del organismo reclamado, no se acredita por parte de éste, a diferencia de lo ocurrido con ocasión del amparo Rol A91-09, contra Carabineros de Chile, por ejemplo, toda vez que en este caso no se ha demostrado que el volumen de la información requerida o la dotación con que cuenta el servicio impidan cumplir con lo solicitado porque se afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, ni este Consejo advierte, que el mismo implique la afectación del debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile, por lo que se acogerá el amparo en esta parte y se requerirá al Director General de Carabineros la entrega del listado aludido, según se señaló. 23) Que, a su vez, el requerimiento de información en comento incluye datos personales de las personas naturales que prestan el servicio de grúas –nombre, domicilio y RUT- a luz de la definición legal del artículo 2°, letra f), de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, los que, en principio, deben ser resguardados por aplicación del artículo 7° de la ley indicada. Sin embargo, al tratarse de prestadores de servicios en las circunstancias descritas precedentemente, a juicio de este Consejo, la reserva del nombre cede en beneficio de la transparencia necesaria para la corrección de dicho procedimiento y el legítimo control social sobre el mismo, no obstante lo cual, en la entrega de la información el organismo reclamado deberá resguardar el RUT y domicilio de las personas naturales, por aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia. 24) Que, en relación a la solicitud de indicación de las variables y ponderaciones con que la 47ª Comisaría seleccionó a tres empresas de grúas, con las que opera al menos desde 2007, dentro de al menos 50 que trabajan en la Región Metropolitana y el detalle de esta información para el resto del país, consignada en la letra d) de la solicitud de acceso, cabe señalar que pudo constatarse que los criterios de selección de la empresas que prestan servicios de grúas por parte de la unidades policiales constan en el Oficio N° 347, ya mencionado, cuya parte pertinente fue sintetizada en la respuesta dada por el organismo reclamado al reclamante, razón por la cual ha de rechazarse el presente amparo en esta parte, por cuanto ya se dio respuesta a dicha solicitud. 25) En cuanto al requerimiento contenido en la letra e), en que se solicita confirmar que en los servicios de grúas indicados en la letra c) no se haya incurrido en algunas de las causales que establece el artículo 4° de la Ley N° 19.886, cabe señalar que, no obstante haber respondido el organismo reclamado a tal consulta, en orden a que no sería aplicable el estatuto legal mencionado al caso señalado, este Consejo estima que este requerimiento no constituye precisamente una solicitud de acceso a la información de acuerdo al artículo 10 de la Ley de Transparencia, toda vez que implica un pronunciamiento por parte de la Institución sobre la legalidad de una determinada situación, por lo que obedece más bien al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política, de modo que se rechazará el presente amparo en esta parte. 26) Que, por último, respecto de la consulta sobre el criterio con qué se encargó el retiro del vehículo del reclamante a la Sra. Ufelia Rodríguez en circunstancias que la misma no estaba incluida en el “Acta de Solicitud de Grúas” de la 47ª Comisaría, a juicio de este Consejo, resulta aplicable lo señalado en el considerando 24) del presente acuerdo, en cuanto a que ya se dio respuesta a lo solicitado, razón por la cual, también ha de rechazarse el presente amparo en esta parte. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo presentado por don Jorge Serani Mostazal en contra de Carabineros de Chile, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. II. Requerir al Sr. Director General de Carabineros de Chile a que: a) Entregue al reclamante copia del cuerpo mismo del contrato y de sus Anexos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y Anexo de Servicios N° 1, suscritos entre Carabineros de Chile y ENTEL, conforme a lo señalado en el considerando 15) anterior, resguardando debidamente los datos personales de contexto que dichos documentos puedan contener, de acuerdo a la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. b) Entregue al reclamante listado de las personas jurídicas o naturales, de la totalidad de servicios de grúa que operaban el día 6 de febrero de 2008 en las distintas Comisarías del país, resguardando debidamente los datos de carácter personal de estas últimas, de acuerdo a lo señalado en el considerando 23) del presente acuerdo. c) De cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que quede ejecutoriado el presente acuerdo, entregando al reclamante la información requerida según lo indicado en los literales a) y b) anteriores, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia, y enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información, a este Consejo, al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión. III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Jorge Serani Mostazal y al Sr. Director General de Carabineros de Chile. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.