Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C710-15

Reclamante:	MANUEL RODRIGO CORREA DIAZ
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Lo Prado, fundado en que la información requerida es incompleta referente a: a) Documentación relativa a la constitución en Condominio Social de la Villa Arturo Prat, Sector E, en particular, certificado que acredite tal calidad, emitido por el Director de Obras Municipales; b) Plano del condominio y plano del proyecto de mejoramiento; c) Individualización de la empresa que se lo adjudicó. El Consejo acoge parcialmente el amparo. Respecto al literal a), se rechaza el amparo toda vez que el pago de los costos directos previo a la entrega de la información se ajusta a la normativa vigente. Respecto al literal c), se acoge el amparo toda vez que del analisis de la respuesta entregada por parte del órgano reclamado se desprende que no se hizo entrega de dicha información.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/28/2015
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	DFL 458 1976 - Ley General de Urbanismo y Construcción Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1061-14
Jurisprudencia a:	C2911-15
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Debido cumplimiento de las funciones del órgano >> Elevado número de actos
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C710-15 Entidad pública: Municipalidad de Lo Prado Requirente: Manuel Correa Díaz Ingreso Consejo: 01.04.2015 En sesión ordinaria N° 635 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de julio de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C710-15. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 23 de febrero de 2015, don Manuel Correa Díaz solicitó a la Ilustre Municipalidad de Lo Prado: a) Documentación relativa a la constitución en Condominio Social de la Villa Arturo Prat, Sector E, en particular, certificado que acredite tal calidad, emitido por el Director de Obras Municipales; b) Plano del condominio y plano del proyecto de mejoramiento; c) Individualización de la empresa que se lo adjudicó. 2) RESPUESTA: El 23 de marzo de abril de 2015, la Ilustre Municipalidad de Lo Prado comunicó al solicitante, mediante oficio N° 739, la prórroga en 10 días hábiles del plazo para responder, fundado en que efectuada la búsqueda de la información, se comprobó que existen circunstancias que hacen difícil reunir la información pedida. Finalmente, el 31 de marzo de 2015, la Ilustre Municipalidad de Lo Prado, mediante oficio ordinario N° 782, respondió el requerimiento de información, señalando en síntesis, que se adjunta copia simple digitalizada de la escritura pública de constitución del Condominio de Viviendas Sociales Villa Arturo Prat, sector E. Sobre el resto de los documentos requeridos, se informa que se trata de información sujeta a costos de reproducción, según los artículos 17 y 18 de la Ley de Transparencia. - Certificaciones de Condominio Social = 10% de 1 UTM ($4.307). - Copias de Planos = 20% de 1 UTM (por mt/2) ($8.614). 3) AMPARO: El 01 de abril de 2015, don Manuel Rodrigo Correa Díaz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información requerida es incompleta, al omitir la individualización de empresa que se adjudicó el proyecto de mejoramiento urbano, y no remitir copia del certificado que emite el Director de Obras Municipales al momento de constituirse un condominio social y que lo acredita como tal, esgrimiendo que tal certificado tiene un costo. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Lo Prado, mediante oficio N° 2363, de fecha 09 de abril de 2015. El municipio requerido, a través de Ord. N° 1026, de fecha 27 de abril de 2015, presentó sus descargos señalando, en síntesis que no se ha opuesto a la entrega de la información solicitada, puesto que respecto de lo señalado en la letra a) de la solicitud, se hizo entrega digitalizada de los estatutos de constitución del condominio en cuestión, y respecto de los demás antecedentes se comunicó al requirente de manera clara y precisa el lugar, plazo y costo de los derechos por reproducción que debía pagar previo a su entrega. Agrega, que por un error no se indicó lo referido a la letra c) de la solicitud. Al respecto indica, que la empresa a cargo de la ejecución del proyecto de mejoramiento fue contratada por los propis vecinos del condominio, y que al respecto la Municipalidad de Lo Prado actúa como un prestador de servicios de asistencia técnica (PSAT), es decir, sólo cumple un rol asesor entre los vecinos postulantes a financiamiento de proyectos con recursos del SERVIU Metropolitano y la empresa que llevará a cabo estos proyectos. En el caso consultado la empresa escogida por los vecinos del condominio fue VENCOM, Ventaja Competitiva Limitada, RUT 77.708.740-1, Rol 13-3369 inscripción vigente de SERVIU Metropolitano. Además, entendiendo que el certificado emitido por la Secretaria Municipal en su calidad de ministro de fe, no fue suficiente para dar por satisfecho respecto de lo pedido en la letra a) del requerimiento, razón por la cual se ha solicitado a la Dirección de Obras Municipales una copia del certificado original que fuera emitido para cumplir los trámites legales propios de este tipos de constituciones. Finalmente, referente a las copia de planos pedidas en el literal b) del requerimiento de información, se reitera que dichas copias se encuentran afectas al cobro de derechos municipales por concepto de reproducción, toda vez que lo solicitado no se encuentra en formato digital. Y CONSIDERANDO: 1) Que, con fecha 23 de febrero de 2015, don Manuel Correa Díaz formuló a la Ilustre Municipalidad de Lo Prado, solicitud de acceso a la información en los términos señalados en el N° 1 de lo expositivo, obteniendo respuesta dentro de plazo legal, estimada como incompleta por el requirente, por cuanto se habría omitido la singularización de la empresa que se adjudicó el proyecto de mejoramiento urbano, y no se remitió copia del certificado que emite el Director de Obras Municipales al momento de constituirse un condominio social y que lo acredita como tal, esgrimiendo que tal certificado tiene un costo. Por lo expuesto, del tenor del amparo al derecho de acceso a la información pública, se desprende que éste se limita a lo pedido en los literales a) y c) de la solicitud señalada N° 1 de lo expositivo de la presente decisión 2) Que, en efecto, el municipio requerido respondió señalando que adjuntaba copia simple digitalizada de la escritura pública de constitución del Condominio de Viviendas Sociales Villa Arturo Prat, sector E, agregando que respecto del resto de los documentos requeridos, se encuentran a disposición del requirente, previo pago de los costos de reproducción, según los artículos 17 y 18 de la Ley de Transparencia, correspondiente a $4.307 en el caso del certificaciones de Condominio Social, y de $8.614, en el caso de las copia de planos, por metro cuadrado. Además, en sus descargos el órgano reclamado proporcionó la información referida a la empresa a que se refiere la letra c) de la solicitud, la que no se indicó en la respuesta otorgada al solicitante, por una omisión involuntaria, reiterando en lo demás, que para obtener los documentos pedidos en las letras a) y b) de la solicitud, debían pagarse previamente los costos por derechos de reproducción. 3) Que, en relación con la información pedida, se debe tener presente que el inciso final del artículo 116, del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva ley general de urbanismo y construcciones, ha dispuesto expresamente un procedimiento de publicidad respecto de los permisos de construcción, reconstrucción, reparación, etc. de cualquiera naturaleza , sean urbanas y rurales, prescribiendo que la Dirección de Obras Municipales correspondiente "deberá exhibir, en el acceso principal a sus oficinas, durante el plazo de sesenta días contado desde la fecha de su aprobación u otorgamiento, una nómina con los anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se refiere este artículo. Asimismo, deberá informar al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente y mantener a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos relacionados con dichas aprobaciones o permisos". En el mismo sentido, el artículo 1.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, señala expresamente que las Direcciones de Obras Municipales "otorgarán el debido acceso a los documentos públicos que les sean solicitados por cualquier persona", precisando que los referidos documentos "serán especialmente aquellos relacionados, directa o indirectamente, con la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de esta Ordenanza o de los Instrumentos de Planificación Territorial, incluyendo los oficios, actas, resoluciones o pronunciamientos, de cualquier naturaleza, que se relacionen con exigencias u obligaciones efectuadas a particulares con motivo de la tramitación de solicitudes o expedientes o bien en respuesta a consultas sobre la aplicación de las materias señaladas". 4) Que, las disposiciones citadas en el considerando anterior, resultan concordantes con lo dispuesto en los artículos 5° y 10° de la ley de transparencia, según los cuales son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación. Asimismo, también tienen tal carácter, aquella información elaborada con presupuesto público y la que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a excepciones legales. 5) Que, existiendo norma expresa, el artículo 116 del citado decreto con fuerza de ley N° 458, que establece la publicidad de todos los antecedentes relativos a los permisos de edificación, por ende a su expediente, a juicio de este Consejo - tal como lo sostuvo en decisión del amparo rol C1061-14, de fecha 12 septiembre de 2014, lo solicitado tendría el carácter de público. 6) Que, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Transparencia señala que sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada. Por ello, cabe tener presente que el artículo 42, del decreto N° 2385, de interior, de 1996, que fija el texto refundido y sistematizado del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, faculta a los municipios a cobrar derechos por servicios, concesiones o permisos a través de ordenanzas, y así en el presente caso el decreto alcaldicio N° 245, de fecha 06 de abril de 2015, que aprueba el texto refundido y actualizado de la Ordenanza sobre Derechos Municipales de la Ilustre Municipalidad de lo Prado, en sus artículos 20 y 22 establecen derechos municipales a pagar tratándose de las copias de planos y certificados pedidos, respectivamente. 7) Que, por lo expuesto, a juicio de este Consejo el pago de los costos por derechos de reproducción exigido por el municipio reclamado, previo a la entrega de la información solicitada, se ajusta a lo prescrito por el artículo 18 de la Ley de Transparencia, razón por la cual se rechazará el amparo tratándose de lo requerido en letra a) de la solicitud de información. 8) Que, respecto de lo pedido en la letra c) del requerimiento de información, esto es, la singularización de la empresa a que se refiere la solicitud, del examen de los antecedentes en el presente caso, es posible determinar que no se entregó dicha información en la respuesta al solicitante, lo que el órgano reclamado reconoció en sus descargos, sin que se haya acreditado que se le haya comunicado dicha información al solicitante con posterioridad. Por lo expuesto, este Consejo acogerá el presente amparo en esta parte, ordenando entregar al solicitante la información referida a la individualización de la empresa a que se refiere el requerimiento. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Manuel Correa Díaz, en contra del Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Lo Prado, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Lo Prado: a) Hacer entrega al reclamante de la información pedida en la letra c) del N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, esto es, la individualización de la empresa a que se refiere la solicitud de información. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Manuel Correa Díaz, y al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Lo Prado. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.