<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C1174-15</p>
<p>
Entidad pública: Dirección del Trabajo</p>
<p>
Requirente: N.N.</p>
<p>
Ingreso Consejo: 29.05.2015</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 639 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de agosto de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1174-15.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de mayo de 2015, la parte requirente solicitó a la Dirección del Trabajo "copia de la carpeta de investigación de la Inspección del Trabajo de la ciudad de la ciudad de Ovalle N° 0402/2015/208".</p>
<p>
2) RESPUESTA: El 13 de mayo de 2015, la Dirección del Trabajo respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico, señalando, en síntesis, que deniega la entrega de la información en virtud de la jurisprudencia de este Consejo que indica, debido a lo especial y delicado de la materia de que se trata, señalando que concurre la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en relación con las disposiciones que indica de la ley N° 19.628.</p>
<p>
3) AMPARO: El 29 de mayo de 2015, la parte reclamante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta negativa a la solicitud de información. Además aduce que:</p>
<p>
a) El organismo reclamado señala que es la parte empleadora, lo que no es efectivo, toda vez que ella es la parte vulnerada. Expone que, en la fiscalización que se requiere, el órgano habría incurrido en omisiones respecto de los medios probatorios utilizados para arribar a la conclusión final, todo lo cual pretende corroborar.</p>
<p>
b) En su recurso de reposición, impugnó el informe de fiscalización, pues los hechos que se dan por constatados, siendo éstos, los descritos en la fiscalización, difieren de su declaración y denuncia, y, no incluye como hechos constatados lo señalado en su denuncia. Agrega que el órgano reclamado no precisa ni detalla, los documentos o medios por los cuales ha llegado a su conclusión, ni indica si ha tenido en exhibición documentos de la empresa. Asimismo ha omitido hechos declarados por testigos efectivamente citados en la fiscalización, y darían cuenta de una parcialidad en los hechos constatados.</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Trabajo, mediante Oficio N° 4.486, de 23 de Junio de 2015. Mediante Oficio N° 3.493 de 10 de julio de 2015, la aludida autoridad presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:</p>
<p>
a) El criterio adoptado en las decisiones de este Consejo que cita, es plenamente aplicable al caso en particular, aun tratándose de solicitudes efectuadas por la misma parte denunciante, a quien y como dan cuenta los documentos adjuntados por ella, fueron remitidos en tiempo y forma, no procediendo a la fecha alterar lo resuelto por la Inspección Provincial del Trabajo del Limarí, respecto de la denuncia en cuestión.</p>
<p>
b) La parte reclamante acompañó a su amparo el Ordinario N° 272 de 12 de marzo de 2015, el cual corresponde a los antecedentes, informe y conclusiones jurídicas evacuadas por la Inspección Provincial del Trabajo ya individualizada, respecto a la denuncia formulada por la parte solicitante, en contra de su empleador por vulneración de derechos fundamentales.</p>
<p>
c) En efecto, mediante Ordinario N° 384 de 30 de marzo de 2015 y sus antecedentes, se pone en conocimiento de la reclamante los resultados del proceso de investigación antes mencionado, que en lo medular establecieron en su oportunidad que, no existieron indicios suficientes que dieran cuenta de vulneración de los derechos fundamentales, protegidos por el procedimiento de tutela laboral en relación con los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, agregando a este mismo documento la fiscalización efectuada por la Inspección Provincial del Trabajo de Limarí.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, conforme con los antecedentes tenidos a la vista se advierte que el objeto del presente amparo es el acceso a la carpeta de investigación de la Inspección del Trabajo de la ciudad de la ciudad de Ovalle N° 0402/2015/208 iniciado con ocasión de una denuncia por vulneración de derechos fundamentales presentada por ésta en contra de su empleador. Del mismo modo, consta que la parte solicitante -en su calidad de denunciante en dicha investigación- ya ha accedido a ciertos documentos del mencionado expediente que acompañó a sus descargos y en virtud de los cuales impugnó el referido procedimiento.</p>
<p>
2) Que, según lo dispuesto por el artículo 486 del Código del Trabajo, las Inspecciones del Trabajo poseen competencia para fiscalizar y denunciar las vulneraciones de derechos fundamentales de los trabajadores, pudiendo iniciar un proceso de fiscalización, entre otros casos, por denuncias de particulares. La Dirección del Trabajo, a través de la Orden de Servicio N° 02, de 4 de febrero de 2011, impartió instrucciones respecto del procedimiento administrativo que debe seguirse a fin de investigar las vulneraciones a los derechos fundamentales. Indica que frente a una denuncia se elaborará un informe de fiscalización, el que debe ser remitido al abogado/a integrante de la fiscalía laboral, quien ponderará sus resultados y elaborará una minuta de Conclusiones Jurídicas, debidamente fundamentada, en la que indicará si hay o no indicios o hechos suficientes de vulneración de derechos fundamentales, los que pasarán a ser parte del expediente de la denuncia administrativa. Añade que "concluida la investigación, el Informe de Fiscalización y la minuta de conclusiones jurídicas serán visados por el Coordinador/a Jurídico o el abogado/a Jefe de la Unidad de Fiscalía Regional de Derechos Fundamentales donde existiere...". Finalmente, si la investigación concluye que los hechos no configuran una vulneración de derechos fundamentales, se deberá informar al denunciante del resultado de su denuncia; en cambio, si se concluye que si la configuran y corresponde a la Inspección formular la denuncia, debe activarse la mediación que exige la ley.</p>
<p>
3) Que, este Consejo ha razonado que "no se puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores ante la Dirección del Trabajo y el riesgo de que su divulgación, así como la de la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización en contra del empleador, afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (especialmente si se mantienen laboralmente vinculados con el mismo empleador)". Asimismo, ha resuelto que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de los trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma la causal de reserva del artículo 21, N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado.</p>
<p>
4) Que, además, en materia de denuncias este Consejo ha considerado que el acceso a tales documentos puede traer como consecuencia que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas. En efecto la entrega de tales antecedentes podría imposibilitar que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable, que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que las denuncias puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
5) Que, en el presente caso cabe tener presente que la parte solicitante de la información tuvo la calidad de denunciante en el procedimiento instruido por la Inspección del Trabajo de Limarí. En dicho contexto, y atendida dicha especial calidad, ésta tiene derecho a acceder a aquella parte del referido expediente que diga directa relación con la denuncia que fuera presentada por la misma, razón por la cual cabe acoger el presente amparo respecto de dichos antecedentes. En efecto, el Capítulo II de la ya citada Orden de Servicio N° 02, de 4 de febrero de 2011 de la Dirección del Trabajo, señala respecto de la información a las partes, que "en virtud del principio de bilateralidad, que debe regir todo procedimiento administrativo, se deberá informar a los denunciantes de las principales actuaciones realizadas por el Servicio en relación con su denuncia y de su resultado. Asimismo, todas las actuaciones de este procedimiento que supongan acoger o desestimar la denuncia formulada por un usuario deberá serie informada oportunamente."</p>
<p>
6) Que, en lo que atañe a la declaración prestada por la parte solicitante contenida en la investigación requerida procede su entrega, pues con ello está haciendo uso de su derecho de acceso a datos de carácter personal que obran en poder de un tercero, en la especie, la Inspección Provincial del Trabajo de Limarí, reconocido expresamente en el artículo 12, inciso 1° de la ley N° 19.628, que dispone que "toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente". Siguiendo el criterio adoptado por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C134-10, C178-10 y C752-10, la parte reclamante puede acceder a tales antecedentes, tanto mediante el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia -que ha iniciado en este caso-, como a través del mecanismo de habeas data, establecido en la ley N° 19.628, ya mencionada. Por ello se acogerá el amparo en este punto y se dispondrá la entrega de la copia de su declaración a la parte solicitante, y en el evento de que ésta no obre en su poder lo deberá informar expresa y fundadamente a la parte reclamante.</p>
<p>
7) Que, asimismo, en cuanto a las declaraciones que puedan haber efectuado el denunciado o eventualmente testigos, es posible presumir que en ellas se contiene información sensible aportada por dichas personas, igualmente bajo una razonable expectativa de reserva, lo que de vulnerarse, podría inhibir la participación de potenciales testigos en procedimientos de esta naturaleza, pudiendo impedir con ello el éxito de las investigaciones sobre hechos como los de la especie. Por ello habrá de reservar tales antecedentes, denegándose, por tanto, el amparo en este punto.</p>
<p>
8) Que, asimismo en lo que respecta a las declaraciones prestadas por los trabajadores en el procedimiento en análisis éstas deben ser reservadas atendido que, a fin de desarrollar sus labores de fiscalización en materia de vulneración de derechos fundamentales, las Inspecciones del Trabajo deben necesariamente dotar de protección y reserva a las víctimas de conductas atentatorias a su dignidad, así como también a los declarantes en el respectivo proceso investigativo, resultando ello esencial para que dicho órgano público pueda llevar a cabo cabalmente sus funciones, garantizando el debido resguardo y celo en el tratamiento de antecedentes como los consultados. En efecto, el propio legislador laboral en el artículo 485 del Código del Trabajo dispuso la garantía de indemnidad, la cual supone el derecho del trabajador a no ser objeto de represalias por parte del empleador como consecuencia de haber requerido una fiscalización. El mencionado derecho a no ser objeto de represalias laborales, encuentra igualmente su fundamento en la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y en el artículo 5° del Convenio 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, que establece entre los motivos que no constituirán causa justificada para la terminación de la relación de trabajo el "presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las autoridades administrativas competentes." Por lo tanto, se rechazará el presente amparo en esta parte.</p>
<p>
9) Que, en el evento que el expediente investigativo contenga la identidad de otros trabajadores declarantes o datos que permitan inferirla, o se refieran a circunstancias de la esfera de la vida privada y/o derechos de carácter económico de otros terceros, deberá reservarse dicha información al momento de proporcionarla, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad en materia de acceso a la información pública, previsto en el artículo 11 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
10) Que, por último, atendido que la revelación de la identidad de la parte requirente da cuenta de la circunstancia de que efectuó una denuncia ante la Inspección Provincial del Trabajo de Limarí, conforme con lo dispuesto en el artículo 33 , letra m) de la Ley de Transparencia, este Consejo estima que dicho dato debe ser protegido, por lo cual se mantendrá en reserva su identidad en la presente decisión, disponiéndose, además, el resguardo de dicha identidad en los registros internos de este Consejo y en la información sobre procesos en curso disponible en la página web de esta Corporación.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Acoger parcialmente el amparo deducido por N.N., en contra de la Dirección del Trabajo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir al Sr. Director Nacional del Trabajo :</p>
<p>
a) Hacer entrega a la parte reclamante de la declaración prestada por ésta en el referido procedimiento contenida en la investigación requerida así como los documentos que estén en el expediente y se vinculen directamente con la denuncia presentada por dicha parte.</p>
<p>
b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Encomendar al Director de Operaciones y Sistemas de este Consejo adoptar las medidas que resulten necesarias respecto de las bases de datos que obran en poder de esta Corporación para evitar la publicidad, comunicación o conocimiento de la identidad del reclamante del presente amparo.</p>
<p>
IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la parte reclamante, y al Sr. Director Nacional del Trabajo.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
<p>
</p>