Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1325-15

Reclamante:	GONZALO PÉREZ CORONADO
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE LAJA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Laja, fundado en la denegación de la información requerida referente a la copia de la documentación relativa a reparaciones que el organismo reclamado habría efectuado en una calle de la comuna de Laja. El Consejo acoge el amparo, toda vez que el órgano reclamado no logró acreditar la concurrencia de la causal de secreto invocada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/13/2015
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C39-09 C68-09 C1180-12 C240-14 C293-09 C380-09 C787-10 C380-10 C392-10 C648-10
Jurisprudencia a:	C93-16 C2095-16 C209-16
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento administrativo >> General >> Derecho a acceder por el interesado
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C1325-15 Entidad pública: Municipalidad de Laja Requirente: Gonzalo Pérez Coronado Ingreso Consejo: 15.06.2015 En sesión ordinaria N° 651 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de octubre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1325-15. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de mayo de 2015, don Gonzalo Pérez Coronado, solicitó a la Municipalidad de Laja -en adelante e indistintamente Municipio o Municipalidad-, "copia de documentos sobre reparación en calle Félix Eicher a la altura del N° 48, frente a la Maestranza Rudel S.A, pero la vereda que colinda con el estacionamiento del Supermercado Unimarc de Laja. Observaciones= según informe N° 52 de fecha 13 de abril de 2014, fecha 13 de abril de 2015, frente a una solicitud anterior se informó sólo respecto de la vereda frente a Maestranza Rudel S.A, a la altura del N° 48, pero colindante a la maestranza y no la que esta al frente colindante al estacionamiento del Supermercado Unimarc. Para el caso que sea la misma (...) se solicita copia de la documentación que autorizó dichas reparaciones". 2) RESPUESTA: La Municipalidad, mediante Oficio N° 481 de 2 de junio de 2015, indicó al solicitante que no le es posible acceder a la entrega de la información requerida. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. Agregó, que los antecedentes consultados se encontrarían relacionados con el proceso judicial Rol C240-2014, radicado en el Juzgado de Letras de Laja. 3) AMPARO: El 15 de junio de 2015, don Gonzalo Pérez Coronado, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Municipio, fundado en la denegación de la información requerida por parte de dicho órgano. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°4.568, de 24 de junio de 2015, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Laja. El Alcalde del Municipio de Laja, mediante presentación de 21 de julio de 2015, evacuó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis lo siguiente: a) No procede la entrega de la información requerida, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en las hipótesis de reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 letra a) y b) de la Ley de Transparencia. b) La divulgación de los antecedentes consultados, afectaría la defensa jurídica del Municipio en el proceso judicial en curso ante el Juzgado de Letras de Laja, iniciado por el propio reclamante en su calidad de abogado patrocinante. c) Por último, hizo presente que no es procedente que por vía administrativa y al amparo de la Ley de Transparencia, se exhiba documentación probatoria que debe rendirse en juicio de conformidad a la normativa vigente. Y CONSIDERANDO: 1) Que la solicitud de información que dio origen al amparo en análisis, tiene por objeto la entrega por parte del Municipio, de copia de la documentación relativa a reparaciones que el organismo reclamado habría efectuado en una calle de la comuna de Laja. 2) Que al efecto, el organismo reclamado indicó, que la divulgación de los antecedentes consultados afectaría su derecho a defensa en la causal Rol C240-14 ante el Juzgado de Letras de Laja, incoado por el propio reclamante en su calidad de abogado patrocinante. Por lo anterior, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra a) y b) de la Ley de Transparencia, denegó la entrega de los documentos solicitados. 3) Que respecto a la causal de reserva invocada por el órgano, contenida en el artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia, resulta pertinente tener presente el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, mediante las cuales se resolvió que la causal de reserva citada, debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos. Así, por ejemplo, se ha resuelto que: a) Los documentos que dan cuenta de la estrategia jurídica del órgano reclamado, tales como minutas internas, informes técnicos o el expediente interno relativo al litigio, entre otros, son reservados, por estimarse que su comunicación afectaría la defensa jurídica en curso (decisión de amparo Rol C380-10, criterio ratificado en decisiones de amparos roles C392-10, C648-10 y C787-10). b) Los medios de prueba que el órgano quiere presentar en el juicio: i. Son reservados de acreditarse la afectación señalada (p. ej., un Informe en Derecho) pero sólo hasta el vencimiento de la/s etapa/s probatorias, pues cerrada ésta ya no servirían a la defensa judicial del organismo (razonamiento expresado en la decisión de los amparos roles A68-09 y A293-09). ii. Son públicos cuando no se acredita tal afectación, aunque la denegación persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente (a menos que concurriese una causal diversa de la del artículo 21 N° 1, letra a). En efecto, no puede admitirse que los juicios se resuelvan a favor del Fisco porque éste impida a sus contrapartes el acceso a información administrativa, ni mucho menos que esto fuera parte del "debido funcionamiento" estatal. Por el contrario, si de tales antecedentes se deriva una condena fiscal, el debido funcionamiento estatal deberá traducirse en la correspondiente reparación (criterio recogido en la decisión amparo A380-09). 4) Que el Municipio de Laja, al invocar la causal materia del presente análisis, ha efectuado una alegación de carácter general, fundada principalmente en la calidad del solicitante, quién actualmente detenta la calidad de abogado patrocinante en un proceso judicial actualmente en tramitación en su contra. Además, señaló que lo requerido conformaría parte de la estrategia judicial de dicho órgano en el juicio aludido. Respecto de la referida causal, el órgano reclamado no ha aportado antecedentes que acrediten en qué medida éstos serían necesarios para su estrategia y defensa jurídica en sede judicial. En tal sentido, y conforme ha resuelto este Consejo en la decisión de amparo Rol C39-09, siendo la reserva de derecho estricto, cuando se invoca una circunstancia que exima de la obligación de entregar la información pedida, corresponde al órgano respectivo, o en su caso al tercero, acreditar fehacientemente los hechos que configuran la hipótesis de reserva invocada, lo que no ha ocurrido en la especie, motivo por el cual se desestimará la causal de reserva alegada. 5) Que, asimismo, la reclamada con ocasión de sus descargos, indicó que la entrega de los antecedentes mediante el procedimiento de acceso a la información pública, es improcedente, pues dicha información debió ser requerida mediante los mecanismos establecidos en el Código de Procedimiento Civil, en atención al contexto por el cual se solicitan y que tiene por objeto su incorporación al juicio por indemnización de perjuicios substanciado ante el Juzgado Civil de Laja, bajo el Rol N° C240-2014, caratulado "Montoya con Municipalidad de Laja". Al respecto, cabe hacer presente lo resuelto por este Consejo en la decisión recaída en el amparo C1180-12, mediante el cual se estableció que «el acceso a información a través de la Ley de Transparencia es un mecanismo diferente a la diligencia judicial de exhibición de documentos porque la negativa a la entrega (o exhibición) de dicha información trae aparejadas consecuencias distintas. En efecto, en el caso de la Ley de Transparencia la denegación infundada da lugar a la aplicación de los mecanismos sancionatorios que establecen los artículos 45 y siguientes que establece la misma ley, mientras que la negativa a la exhibición decretada judicialmente da lugar a los mecanismo compulsivos que contempla la norma del artículo 349 del CPC, esto es: i) multas que no excedan de dos sueldos vitales o arrestos hasta de dos meses, determinados prudencialmente por el tribunal; y, ii) en caso de continuar la parte respectiva en tal actitud, la pérdida del derecho a hacer valer los documentos cuya exhibición se ordena con posterioridad, salvo que la otra parte los haga también valer en apoyo de su defensa, o si se justifica o aparece de manifiesto que no los pudo exhibir antes, o si se refieren a hechos distintos de aquellos que motivaron la solicitud de exhibición. Ello evidencia que se trata de mecanismos que pueden ser utilizados en forma paralela, sin que lo que se resuelva en una vía tenga sustancial incidencia en la otra» (considerando 12°). 6) Que de lo razonado precedentemente y entendiendo este Consejo, que tanto el procedimiento de acceso a la información como los mecanismos procesales contemplados por el Código de Procedimiento Civil, son vías idóneas que permiten al interesado acceder indistintamente a información que se encuentre en poder de la contraparte para los fines de su conveniencia. Por lo anterior, resulta igualmente improcedente la alegación de la contraria en este punto. 7) Que en concordancia con lo resuelto precedentemente, también se desestimará la hipótesis consagrada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, invocada por la requerida, por cuanto no ha acompañado ningún antecedente que permita a este Consejo estimar plausible su alegación y sostener de dicho modo, que por el hecho de divulgarse la información pedida en los términos planteados, se afectara el debido cumplimiento de dicho organismo de conformidad a lo preceptuado en la citada normativa. En consecuencia, se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, se requerirá a la Municipalidad de Laja que entregue a don Gonzalo Pérez Coronado la información referida a las obras de reparación de la calle Félix Eicher. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Gonzalo Pérez Coronado, en contra de la Municipalidad de Laja, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Laja que: a) Entregue al reclamante la documentación relativa a las obras de reparación de la calle Félix Eicher. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de la presente decisión. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Gonzalo Pérez Coronado y al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Laja. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.