Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C545-10

Reclamante:	LUIS REINALDO LIZAMA SALAZAR
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Resumen del caso: Se interpuso amparo en contra de Contraloría Regional del Bío Bío; Juzgado de Policía Local de Chiguayate; Municipalidad de Chiguayante; Secretaría Regional Ministerial de Salud de la VIII Región del Bío Bío; Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la VIII Región del Bío Bío; Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la VIII Región del Bío Bío; Dirección Regional del Trabajo del VIII Región del Bío Bío., fundado en que éstos no habrían atendido a los requerimientos de información solicitados. El Consejo señaló que carece de la competencia necesaria para conocer de amparos al derecho de acceso a la información en contra de los Juzgados de Policía Local, por lo tanto, en razón de la falta de competencia de este Consejo procede declarar la inadmisibilidad del presente amparo en contra del Juzgado de Policía Local de Chiguayante. Además el resto de las solicitudes fueron presentadas extempóraneamente por lo que también se declaran indamisibles.
Tipo de decisión:	Decisión de inadmisibilidad
Fecha de la decisión:	8/31/2010
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C1857-17 C272-11
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Justicia

DECISIÓN AMPARO ROL C545-10 Entidad pública: Contraloría Regional del Bío Bío; Juzgado de Policía Local de Chiguayate; Municipalidad de Chiguayante; Secretaría Regional Ministerial de Salud de la VIII Región del Bío Bío; Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la VIII Región del Bío Bío; Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la VIII Región del Bío Bío; Dirección Regional del Trabajo del VIII Región del Bío Bío. Requirente: Luis Lizama Salazar. Ingreso Consejo: 13.08.2010. En sesión ordinaria N° 178 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de agosto de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información C545-10. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, D.S. N° 1086/2004 del Ministerio del Interior y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) Que, en los periodos que se indican a continuación don Luis Lizama Salazar formuló varias solicitudes a los siguientes órganos: a) Diez solicitudes formuladas ante la Contraloría Regional del Bío Bío entre los meses de enero y agosto del año 2010; b) Dos solicitudes formuladas ante el Juzgado de Policía Local de Chiguayante entre los meses de julio y agosto del año 2010; c) Seis solicitudes formuladas ante la Municipalidad de Chiguayante entre los meses de octubre de 2009 y julio del año 2010; d) Tres solicitudes formuladas ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la VIII Región del Bío Bío entre los meses de marzo y agosto del año 2010; e) Una solicitud formulada ante la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la VIII Región del Bío Bío, de 11 de febrero de 2010; f) Una solicitud formulada ante la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la VIII Región del Bío Bío, de 4 de agosto de 2010; g) Tres solicitudes formuladas ante la Inspección Provincial del Trabajo de Concepción y una ante la Dirección Regional del Trabajo del VIII Región del Bío Bío entre los meses de enero a julio de 2010; 2) Que, posteriormente y con fecha 13 de agosto de 2010 don Luis Lizama Salazar interpuso ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de los órganos señalados precedentemente, fundado en que éstos no habrían atendido a los requerimientos de información que les formuló. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia. 2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la admisibilidad del reclamo presentado por el requirente, en atención a los requisitos establecidos en dichas disposiciones. 3) Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y 42 y siguientes de su Reglamento para que este Consejo pueda conocer de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información interpuestas en contra de los órganos de la Administración de Estado que señalan dichos cuerpos normativos, es preciso que con anterioridad se hayan efectuado ante los mismos una o más solicitudes de acceso a la información en los términos exigidos por los artículos 13 y 14 de la Ley de Transparencia y 27 y 28 de su Reglamento. 4) Que, de acuerdo con esos mismos preceptos legales, una vez vencido el plazo máximo de 20 días hábiles que disponen los órganos de la Administración del Estado para atender a un requerimiento de información que se le formule y supuesto el silencio del órgano reclamado, o según el caso, la denegación de la petición el requirente tendrá derecho a recurrir por escrito ante este Consejo solicitando amparo a su derecho de acceso a la información, reclamación que debe necesariamente presentarse dentro del plazo de 15 días, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto para la entrega de la misma. 5) Que el reclamante solicitó amparo a su derecho de acceso a la información en contra de diversos órganos públicos, motivo por el cual este Consejo emitirá pronunciamientos separados con respecto a cada uno de dichos órganos. a) En cuanto al amparo deducido por el reclamante en contra de la Contraloría Regional del Bío Bío, es necesario señalar lo siguiente: i) Que, el artículo 2°, inciso 2°, de la Ley de Transparencia señala que “La Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones de esta ley que expresamente ésta le señale y a las de sus respectivas leyes orgánicas, que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1° precedente” (lo destacado es nuestro). Los asuntos de los que trata el artículo 1° señalado son el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. ii) Que, el artículo quinto de la Ley de Transparencia regula los asuntos a que se refiere el considerando anterior, modificando, para esos efectos, el artículo 155 de la Ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República. iii) Que, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y en particular su amparo, señala el artículo 155 que “Vencido el plazo legal para la entrega de la información requerida o denegada la petición por alguna de las causales autorizadas por la ley el requirente podrá reclamar ante la Corte de Apelaciones respectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la información de la Administración del Estado”. Por lo tanto, el reclamante ante la respuesta negativa de la Contraloría General de la República, o transcurrido el plazo para la misma, sin que el órgano contralor se haya pronunciado sobre su solicitud de información, debió interponer el reclamo ante la Corte de Apelaciones de Santiago y no ante este Consejo. iv) Que, por lo tanto, en razón de la falta de competencia de este Consejo procede declarar la inadmisibilidad del presente amparo deducido en contra de la Contraloría Regional del Bío Bío. b) En cuanto al amparo deducido en contra del Juzgado de Policía Local de Chiguayante, es necesario señalar lo siguiente: i) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales y lo señalado en la Ley N° 15.231, sobre organización y atribuciones de los Juzgados de Policía Local, éstos últimos son tribunales especiales que dependen administrativamente de la Municipalidad respectiva y están sujetos a la supervigilancia directiva, correccional y económica de la respectiva Corte de Apelaciones. ii) Que, de acuerdo a lo señalado en su artículo 1°, la Ley de Transparencia regula, entre otras materias, el ejercicio del derecho de acceso a la información en poder de los órganos de la Administración del Estado y el procedimiento para dicho ejercicio como para su amparo, confiriéndole para este último efecto competencia a este Consejo. iii) Que, en cuanto al ámbito de aplicación de dicha Ley, el artículo 2° señala: “Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. La Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones de esta ley que expresamente ésta señale, y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente. También se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio. Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º”. Por su parte, el Reglamento de la Ley de Transparencia, al referirse al ámbito de aplicación de dicho cuerpo legal, señala expresamente que no se aplicarán sus disposiciones, entre otros, a los tribunales especiales. iv) Que, en consecuencia, resultando claro que dentro del ámbito de aplicación de ambos cuerpos legales no quedan comprendidos los Juzgados de Policía Local, no pueden tener lugar respecto de ellos solicitudes de acceso a la información de acuerdo a la Ley de Transparencia ni procedimientos de amparo a tal derecho ante este Consejo. v) Que, a mayor abundamiento el artículo octavo de la Ley N° 20.285, al regular la aplicación del principio de transparencia de la función pública aplicable a los tribunales especiales de la República, sólo contempla los deberes de transparencia activa señalados en el artículo 7° de la Ley de Transparencia. vi) Que, de las normas citadas resulta claramente establecido que este Consejo carece de la competencia necesaria para conocer de amparos al derecho de acceso a la información en contra de los Juzgados de Policía Local. vii) Que, por lo tanto, en razón de la falta de competencia de este Consejo procede declarar la inadmisibilidad del presente amparo en contra del Juzgado de Policía Local de Chiguayante. c) En cuanto al amparo deducido por el reclamante en contra de la Municipalidad de Chiguayante, es necesario señalar lo siguiente: i) Que, el reclamante formuló a la Municipalidad de Chiguayante seis solicitudes en las siguientes fechas: 8 de octubre de 2009 y 18 de enero, 21 de enero, 27 de enero, 19 de abril y 7 de julio de 2010. Pues bien, con respecto a las primeras cinco solicitudes, particularmente considerando sus fechas así como la de presentación de este amparo según lo indicado en la parte expositiva, no cabe sino concluir que este resulta extemporáneo a la luz de las normas citadas en el considerando cuarto del presente acuerdo. En cuanto a la solicitud de fecha 7 de julio de 2010, si bien su fecha no permite concluir la extemporaneidad del presente amparo, ella no contiene una solicitud de información formulada al amparo de la Ley de Transparencia, por el contrario, en ella el reclamante simplemente acompaña documentos al órgano reclamado. Por lo tanto, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información en la especie, mal puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo a tal derecho. ii) Que, por lo tanto, en razón de la extemporaneidad y de la falta de competencia de este Consejo, procede declarar la inadmisibilidad del presente amparo deducido en contra de la Municipalidad de Chiguayante. d) En cuanto al amparo deducido por el reclamante en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la VIII Región del Bío Bio, es necesario señalar lo siguiente: i) Que, el reclamante formuló a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la VIII Región del Bío Bio tres solicitudes en las siguientes fechas: 24 de marzo, 14 de abril y 4 de agosto, todas del presente año 2010. Pues bien, las dos primeras solicitudes no contienen un requerimiento de información formulado al amparo de la Ley de Transparencia, por el contrario, en ellas el reclamante sólo solicita que se proceda a fiscalizar por los hechos que señala. Por lo tanto, no habiéndose ejercido a través de dichas solicitudes el derecho de acceso a la información, mal puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo a tal derecho. Con respecto a la primera solicitud de fecha 14 de abril, el presente amparo resulta extemporáneo dada la anticipación con que fue deducido, toda vez que el reclamante no esperó el transcurso de veinte días que dispone el órgano reclamado para responder al requerimiento de información, según lo indicado en el considerando cuarto de este acuerdo. ii) Que, por lo tanto, en razón de la extemporaneidad y de la falta de competencia de este Consejo, procede declarar la inadmisibilidad del presente amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la VIII Región del Bío Bío. e) En cuanto al amparo deducido por el reclamante en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la VIII Región del Bío Bio, es necesario señalar lo siguiente: i) Que, según los antecedentes acompañados, el reclamante formuló una solicitud a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la VIII Región del Bío Bío el 4 de agosto del presente año 2010. En consecuencia, el presente amparo resulta extemporáneo dada la anticipación con que fue deducido, puesto que el reclamante no esperó el transcurso de veinte días que dispone el órgano reclamado para responder al requerimiento de información, según lo indicado en el considerando cuarto de este acuerdo. A mayor abundamiento dicha solicitud no contiene un requerimiento de información formulado al amparo de la Ley de Transparencia, por el contrario, en ella el reclamante solicita que se proceda a fiscalizar a la empresa Himce Ltda. por los hechos que señala. En consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información en la especie, mal puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo a tal derecho. ii) Que, por lo tanto, en razón de la extemporaneidad y de la falta de competencia de este Consejo, procede declarar la inadmisibilidad del presente amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la VIII Región del Bío Bío. f) En cuanto al amparo deducido por el reclamante en contra de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la VIII Región del Bío Bio, es necesario señalar lo siguiente: i) Que, el reclamante formuló una solicitud requiriendo la entrega de informes finales a la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la VIII Región del Bío Bío el día 11 de febrero del presente año 2010. En consecuencia, el presente amparo resulta extemporáneo dado que fue deducido por el reclamante una vez vencido con mucho el plazo de quince días contados desde el vencimiento de veinte días que disponía el órgano reclamado para responder al requerimiento de información, según lo indicado en el considerando cuarto de este acuerdo.   ii) Que, por lo tanto, en razón de la extemporaneidad procede declarar la inadmisibilidad del presente amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la VIII Región del Bío Bío. g) En cuanto al amparo deducido por el reclamante en contra de la Dirección Regional del Trabajo de la VIII Región del Bío Bío, es necesario señalar lo siguiente: i) Que, el reclamante formuló a la Dirección Regional del Trabajo de la VIII Región del Bío Bío cuatro solicitudes en las siguientes fechas: 11 de enero, 27 de abril, 16 de junio y 22 de julio, todas del presente año 2010. Pues bien, considerando tales fechas así como la de presentación de este amparo, según lo indicado en la parte expositiva, no cabe sino concluir que éste resulta extemporáneo a la luz de los razonamientos contenidos en el considerando cuarto del presente acuerdo, dada la anticipación con que fue deducido, puesto que el reclamante no esperó el transcurso de veinte días de que dispone el órgano reclamado para responder al requerimiento de información. Por otra parte, la solicitud de 22 de julio de 2010 no contiene petición de información alguna formulada al amparo de la Ley de Transparencia; por el contrario, en ella el reclamante solicita que se proceda a fiscalizar a la Empresa Himce Ltda. por los hechos que señala. En consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información en la especie, mal puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo a tal derecho. ii) Que, por lo tanto, en razón de la extemporaneidad y falta de competencia de este Consejo, procede declarar la inadmisibilidad del presente amparo deducido en contra de la Dirección Regional del Trabajo de la VIII Región del Bío Bío. 6) Que lo razonado con respecto a la inexistencia de solicitudes de información y la consecuente incompetencia de este Consejo para conocer del amparo con respecto a las mismas no obsta a considerar que el reclamante a través de ellas pudo ejercer legítimamente el derecho de petición, garantizado a toda persona en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, cuyo ejercicio si bien es cierto no da lugar al procedimiento de acceso a la información ni al procedimiento de amparo ante este Consejo, puede dar lugar a un procedimiento administrativo ante el órgano reclamado, a tramitarse según las normas específicas que existan al respecto o, en su defecto, según las normas contenidas en la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, dado su valor supletorio. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I) Declarar inadmisible, por las razones expuestas, el amparo a su derecho de acceso a la información deducido por don Luis Lizama Salazar, de 13 de agosto de 2010, en contra de Contraloría Regional del Bío Bío; Juzgado de Policía Local de Chiguayate; Municipalidad de Chiguayante; Secretaría Regional Ministerial de Salud de la VIII Región del Bío Bío; Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la VIII Región del Bío Bío; Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la VIII Región del Bío Bío y Dirección Regional del Trabajo de la VIII Región del Bío Bío, por las razones expuestas precedentemente. II) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Luis Lizama Salazar y al Sr. Contralor Regional del Bío Bío, Sr. Juez de Policía Local de Chiguayante, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Chiguayante, Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la VIII Región del Bío Bío, Sr. Secretario Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la VIII Región del Bío Bío, Sr. Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la VIII Región del Bío Bío, Sr. Director Regional del Trabajo de la VIII Región del Bío Bío, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente, don Raúl Urrutia Ávila, y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.