Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1424-15

Reclamante:	JOSE LUIS SOTO SAZO
Reclamado:	SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio de Salud de Aconcagua, fundado en que dio respuesta parcialmente negativa a una solicitud de información relacionada con la Obra denominada "Proyecto de Mejoramiento Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel de Putaendo". El Consejo acoge parcialmente el amparo, sólo respecto de lo solicitado en las letras h), i) y j) de su requerimiento de información, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. Por consiguiente, se rechaza el presente amparo respecto de lo pedido en los literales b), d), e), f), g), k), l) y m) de la solicitud de información por configurarse las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1 letra a) y N° 5 de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/12/2016
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Estatuto Administrativo
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C346-14 C843-14 C1933-14 C2625-14 C858-10 C7-10 C911-10
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Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C1424-15 Entidad pública: Servicio de Salud Aconcagua Requirente: José Soto Sazo Ingreso Consejo: 25.06.2015 En sesión ordinaria N° 665 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de noviembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1424-15. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 20 de mayo de 2015, don José Soto Sazo formuló solicitud de información ante el Servicio de Salud Aconcagua, requiriendo la siguiente información, relacionada a la Obra denominada "Proyecto de Mejoramiento Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel de Putaendo": a) Indicación de la empresa que se adjudicó la obra, nombres, montos y fechas; b) Copia de las boletas de garantía que indica, que se encuentran individualizadas en el Resuelvo 2° de la Resolución Exenta N° 692 de 2015, del Servicio Salud Aconcagua; c) Resolución Exenta N° 4453 de 16 de diciembre de 2014, del Servicio de Salud Aconcagua; d) Comprobantes de pago de las remuneraciones, firmados por los trabajadores y certificado de pago de las cotizaciones previsionales de los mismos F30 y F30-I, de la empresa Pixel Mantenimiento de Infraestructura S.p.A., durante todo el tiempo de ejecución de la obra, esto es, desde el 30 de diciembre de 2013 hasta el 18 de marzo de 2015; e) Estados de pagos autorizados y efectuados por parte del Servicio de Salud Aconcagua (montos y fechas incluyendo anticipo de obra) a la constructora Pixel S.p.A.; f) Copia del libro de obra, durante todo el tiempo de su ejecución; g) Informes escritos entregados por el lnspector Técnico de la Obra, don Marcelo Araya Bugueño, a la Unidad de Apoyo Técnico Profesional; h) Resolución o Resoluciones de aplicación de multas por los retrasos incurridos por la empresa Mantenimiento de Infraestructura S.p.A., en la ejecución de la obra; i) Resolución o Resoluciones de recepción provisional de las diversas etapas de la obra; j) Acto administrativo que ordenó instruir sumario administrativo o investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades administrativas con ocasión del retraso en la obra y estado de esta investigación o Sumario; k) Pagos efectuados por el Servicio de Salud Aconcagua directamente a trabajadores de Pixel S.p.A. Cotizaciones-imposiciones, sueldos y finiquitos (meses y monto); l) Informe de facturas subcontratos mensuales y pagadas debidamente por constructora Pixals. S.p.A desde el 30 de diciembre de 2013 hasta el 18 de marzo de 2015; y, m) Indicar si existen retenciones de la obra, en el caso de existir, señalar el destino de dichas retenciones y, en el caso de no existir, indicar los documentos de respaldo y destino de los mismos. 2) RESPUESTA: El 4 de junio de 2015, el Servicio de Salud Aconcagua respondió a dicho requerimiento de información, mediante Ord. N° 978, de fecha 04 de junio de 2015, señalando, en síntesis, que se deniega parcialmente la solicitud de información, entregando sólo lo requerido en los literales a) y c) de la solicitud respectiva. En relación al resto de la información pedida, señala que son materia de querella interpuesta en el Juzgado de Garantía de San Felipe por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y estafa, además de formar parte de un procedimiento sumarial, por lo que tienen el carácter de secreto consagrado en el artículo 137, inciso final del decreto con fuerza de ley N° 29 del 2004, sobre Estatuto Administrativo, que tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación en curso, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia, por lo tanto, a su juicio, el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado. 3) AMPARO: El 25 de junio de 2015, don José Soto Sazo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio de Salud Aconcagua, fundado en que recibió respuesta parcialmente negativa. Agrega, que el órgano requerido al invocar la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, no específica el literal de dicho artículo que en el caso se alega. Tampoco se informa el RUC o RIT de la causa tramitada ante el Juzgado de Garantía de San Felipe, ni acompaña copia de la resolución que ordenó instruir sumario, por lo que no se puede corroborar dicha información. Además, señala que no se solicitó copia del expediente sumarial, sino sólo de la resolución que ordenó instruir el sumario, requerimiento que no afectaría dicha investigación. Finalmente, agrega que no informa cuales de los documentos solicitados forman parte de la investigación. Sostiene que la circunstancia que existan documentos que se han agregado a una querella o a un expediente sumarial no les da el carácter de secreto. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora del Servicio de Salud Aconcagua, mediante oficio N° 4.889, de fecha 06 de julio de 2015. El órgano requerido, a través de Ord. N° 1.533, de fecha 18 de agosto de 2015, presentó sus descargos, reiterando que sólo se entregó lo pedido en la letras a) y c) de la solicitud de información, reservándose los documentos e información requerida en los restantes literales, por cuanto son materia de una querella criminal interpuesta ante el Juzgado de Garantía de San Felipe, causa que se encuentra en tramitación bajo el RIT 1147-2015, por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumentos privado mercantil y estafa, en la cual es parte el Consejo de Defensa del Estado, y además, dicha documentación también forma parte de un sumario administrativo ordenado a instruir por resolución N° 1.534, de 20 de mayo de 2015, que se encuentra en etapa de formulación de cargos. Por lo expuesto, a su juicio, existiendo una querella criminal debe estarse a lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, que establece el secreto de las actuaciones de la investigación, por lo que no siendo el solicitante interviniente en el proceso penal, no puede tener acceso a los antecedentes contenidos en él, razón por la cual no puede entregar la documentación solicitada. Respecto del sumario administrativo que se tramita actualmente, señaló que se encuentra en etapa de formulación de cargos, razón por la cual de acuerdo al artículo 137 inciso final del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, sobre Estatuto Administrativo, dicho sumario tiene el carácter de secreto, salvo para el inculpado y su abogado, hasta que dicho procedimiento se encuentre afinado. Por lo expuesto, el órgano requerido sostiene que se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia. Además, sostiene, que de entregarse la información al recurrente, el Servicio y sus funcionarios estarían actuando en contra de las normas señaladas anteriormente, que tienen por objeto asegurar el éxito de la investigación, que busca hacer efectiva la responsabilidad penal como administrativa. Finalmente, señaló el órgano requerido, que no procede la derivación a otro órgano de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia, toda vez que los antecedentes se encuentran afectos al secreto de la investigación criminal, donde el solicitante no es interviniente. 5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Este Consejo, en sesión ordinaria N° 656, celebrada con fecha 20 de octubre de 2015, para una mejor resolución de la controversia planteada, acordó solicitar al Sr. Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de San Felipe informar el estado procesal actual en que se encuentra la investigación penal que comprende los documentos solicitados, como asimismo informar expresamente respecto de cada uno de los antecedentes pedidos en el requerimiento de información, que se adjuntó, si la divulgación de dicha información supondría un perjuicio o iría en desmedro de la investigación que actualmente substancia. Mediante oficio N° 180-2015, de fecha 09 de noviembre de 2015, el Sr. Fiscal Adjunto de la Unidad Regional Anticorrupción, Valparaíso, respecto el estado actual de la investigación RUC N° 1500275747-5, RIT N° 1147-2015 del Juzgado de Garantía de San Felipe, informó que en ésta se encuentran formalizados dos imputados, audiencia que se efectuó con fecha 7 de septiembre de 2015, fijándose por parte del Juzgado de Garantía un plazo de investigación de 8 meses, el cual vence con fecha 04 de mayo de 2016, y medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal. Adicionalmente informa que en la referida causa ha interpuesto querella el Servicio de Salud Aconcagua y el Consejo de Defensa del Estado. Por último y en relación a su consulta sobre si la divulgación de información contenida en documentos que son parte de carpeta investigativa pudiese ir en perjuicio o en desmedro de la investigación, informa que conforme lo dispone el artículo 182 del Código Procesal Penal, la investigación es secreta para terceros ajenos al procedimiento, norma que en su inciso final contiene una obligación precisa para los funcionarios que participan en la investigación relativa a su obligación de guardar secreto respecto de ella, en razón de lo cual estima no procede la entrega de ningún documento que sea parte integrante de la referida causa, atendido el estado procesal de ella. 6) GESTIÓN OFICIOSA: Este Consejo, solicitó al Servicio de Salud Aconcagua, mediante correo electrónico, de fecha 02 de noviembre de 2015, informar el estado procesal actual en que se encuentra el sumario administrativo que contiene los documentos solicitados, como asimismo informar expresamente respecto de cada uno de los antecedentes pedidos en el requerimiento de información, si la divulgación de dicha información supondría un perjuicio o iría en desmedro de la investigación que actualmente substancia. El órgano requerido, a través de correos electrónicos, de fecha 13 y 16 de noviembre de 2015, reitera su postura que en atención a la investigación penal y al sumario en curso no procede entregar la información solicitada, y en este mismo sentido, no puede entrar a pronunciarse acerca del perjuicio o desmedro que la publicidad de los antecedentes pudiere implicar tanto para el sumario como para la investigación penal actualmente judicializada. De otorgársele acceso a la información al recurrente, en los términos solicitados, este Servicio de Salud y sus funcionarios estarían actuando en contra de lo expresamente establecido en el artículo 137 inciso final del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo, como asimismo del artículo 182 del Código Procesal Penal, establece que los antecedentes de la Indagación, son secretos para todo aquel que no sea interviniente, condición que no reviste el Sr Soto Sazo, obligación de reserva o secreto que consta en el inciso final del art. 182 citado. Finalmente agrega que la mayor parte de estos antecedentes solicitados, vinculados a los estados de pago cursados, no están en poder del Servicio, dado que fueron incautados por la Policía de Investigaciones de Chile en la investigación derivada de la querella interpuesta por el Servicio de Salud Aconcagua. Y CONSIDERANDO: 1) Que, con fecha 20 de mayo de 2015, don José Soto Sazo formuló ante el Servicio de Salud Aconcagua, solicitud de información relacionada a la obra denominada "Proyecto de Mejoramiento Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel de Putaendo" al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, obteniendo respuesta dentro de plazo legal, estimada como insatisfactoria por el solicitante, por cuanto sólo se le entregó lo pedido en los literales a) y c) de su requerimiento, denegándose el resto de la información, por ser materia de una querella interpuesta en el Juzgado de Garantía de San Felipe por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y estafa, además de formar parte de un procedimiento sumarial, por lo que tendría el carácter de secreto consagrado en el inciso final del artículo 137, del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en adelante el Estatuto Administrativo, que tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación en curso, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia, limitándose, por consiguiente, el presente amparo a la información no entregada. 2) Que, en sus descargos el Servicio de Salud Aconcagua reiteró su respuesta, en orden a que la información denegada fue reservada por ser materia de una querella criminal interpuesta ante el Juzgado de Garantía de San Felipe, señalando que la causa se tramita bajo el RIT 1147-2015, por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumentos privado mercantil y estafa, en la cual es parte el Consejo de Defensa del Estado, y además, dicha documentación también forma parte de un sumario administrativo ordenado instruir por resolución N° 1.534, de 20 de mayo de 2015, que se encuentra en etapa de formulación de cargos. Por lo expuesto, a juicio del órgano requerido, existiendo una querella criminal debe estarse a lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, que establece el secreto de las actuaciones de la investigación, por lo que no siendo el solicitante interviniente en el proceso penal, no puede tener acceso a los antecedentes contenidos en él. Además señala que, existiendo un sumario administrativo en curso, este tiene carácter secreto, para terceros ajenos, de acuerdo al artículo 137 inciso final del Estatuto Administrativo. Luego, el órgano requerido sostiene que se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia. 3) Que, agregó el órgano requerido, de entregarse la información al recurrente, el Servicio y sus funcionarios estarían actuando en contra de las normas señaladas anteriormente, que tienen por objeto asegurar el éxito de la investigación, la cual busca hacer efectiva la responsabilidad penal como administrativa. 4) Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, la información solicitada que obra en poder del órgano reclamado es de naturaleza pública, salvo que concurra a su respecto, alguna de las causales de reserva establecidas en la Constitución o en la ley. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública, acerca del fundamento y procedencia de las causales de reserva invocadas por el órgano reclamado, y que impidió que accediera a la entrega total de los antecedentes consultados. 5) Que, al respecto, cabe tener presente que el artículo 182 del Código Procesal Penal, relativo al secreto de las actuaciones de investigación, previene que: "Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento./ El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial./ El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la investigación. En tal caso deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto". 6) Que, por su parte, el artículo 80 del Código Procesal Penal dispone que la dirección de la investigación le corresponde al Ministerio Público, por lo que en principio el organismo reclamado se encontraría impedido de entregar información relacionada con la investigación de un crimen o simple delito, ni a terceros que lo soliciten ni a terceros intervinientes. En el primer caso, rige el secreto de las actuaciones de investigaciones respecto de terceros ajenos al procedimiento previsto en el artículo 182 del Código precitado, y, en el segundo caso, porque toda solicitud sobre la materia debe ser efectuada por el interviniente directamente al fiscal a cargo de la investigación, o al juez de garantía según corresponda. Lo anterior, debe relacionarse con una de las funciones del Ministerio Público, contenida en el artículo 1° de la ley N° 19.640, que establece la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, que al respecto dispone que: "El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito (...)". En mérito de lo anterior, se debe concluir que dicha norma tiene por objeto la protección del debido cumplimiento de las funciones del Ministerio Público, como órgano que detenta constitucional y legalmente, el monopolio de las actividades investigativas de los hechos que constituyen delitos 7) Que, de acuerdo a lo razonado en las decisiones rol C911-10 y C346-14, entre otras, "la precitada norma consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial. Agrega dicha decisión, que: "Sin embargo, el derecho del imputado y de los demás intervinientes se encuentra limitado por la facultad del fiscal de disponer la reserva temporal de ciertas actuaciones de la investigación, en tanto lo considere necesario para la eficacia de la misma sometido, en todo caso, al control del juez de garantía (art. 83 CPR, 9 y el inciso 1° del artículo 70 del CPP). En tal caso debe identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto. No obstante, este secreto puede ser cuestionado por el imputado o cualquier otro interviniente ante el juez de garantía, a quien podrán pedirle que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afectare (art. 182 inc. 4 CPP)." 8) Que, por su parte, el artículo 137 inciso final del Estatuto Administrativo expresa que "El sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa.". En este sentido, tratándose de sumarios administrativos que se encuentran en tramitación, este Consejo a partir de los amparos C7-10 y C858-10, ha sostenido que mientras no se hayan formulado cargos en el procedimiento sumarial, éste tiene carácter reservado general, en aplicación de la norma citada, dado que "tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación en curso cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia", precisando que dicho carácter secreto se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. 9) Que, por otro lado, para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8° de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 182 del Código Procesal Penal, como el artículo 137 del Estatuto Administrativo en tanto normas legales, están formalmente sujetas a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dichas disposiciones guardan correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). 10) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8° de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos, a partir de los antecedentes aportados por el Servicio de Salud Aconcagua, se ha indicado de manera clara y específica que la materia sobre la cual versa la solicitud de información, es objeto de una investigación penal, que ha originado a la causa RIT 1147-2015 seguida ante Juzgado de Garantía de San Felipe, por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumentos privado mercantil y estafa, como asimismo forma parte de un sumario administrativo ordenado a instruir por resolución N° 1.534, de 20 de mayo de 2015, que se encuentra en tramitación. Adicionalmente, en virtud de la gestión oficiosa señalada en el N° 6 de lo expositivo de la presente decisión, el órgano requerido indicó que la mayor parte de los antecedentes solicitados, vinculados a los estados de pago cursados, no están en poder del Servicio, dado que fueron incautados por la Policía de Investigaciones de Chile en la investigación derivada de la querella interpuesta por el Servicio de Salud Aconcagua. 11) Que, en el mismo sentido, en virtud de la medida para mejor resolver señalada en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, consultado el Ministerio Público acerca de la información solicitada y que formaría parte de una investigación penal que dirige, dicho organismo informó que efectivamente existe un investigación en curso, bajo el RUC N° 1500275747-5, RIT N° 1147-2015 del Juzgado de Garantía de San Felipe, donde se encuentran formalizados dos imputados, fijándose por parte del Tribunal de Garantía un plazo de investigación de 8 meses, el cual vence con fecha 04 de mayo de 2016, y donde además se han decretado algunas medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal, y han interpuesto querella el Servicio de Salud Aconcagua y el Consejo de Defensa del Estado. Finalmente, en relación a si la divulgación de información contenida en documentos que son parte de carpeta investigativa pudiese ir en perjuicio o en desmedro de la investigación, informó que conforme lo dispone el artículo 182 del Código Procesal Penal, la investigación es secreta para terceros ajenos al procedimiento, norma que en su inciso final contiene una obligación precisa para los funcionarios que participan en la investigación relativa a su obligación de guardar secreto respecto de ella, en razón de lo cual estima no procede la entrega de ningún documento que sea parte integrante de la referida causa, atendido el estado procesal de ella. 12) Que, al respecto este Consejo ha sostenido uniformemente que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, circunstancia que se estima concurre, en razón de haberse acreditado la existencia de un procedimiento penal y un proceso disciplinario, ambos en curso, que comprenden los antecedentes que se han solicitado a través de la solicitud de información que dio origen al presente amparo, en cuestión, y considerando el texto del citado artículo 182 del Código Procesal Penal. . 13) Que, por lo expuesto, a juicio de este Consejo, salvo tratándose de lo pedido en las letras h), i) y j) de la solicitud de información, se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el N° 1 letra a) del mismo artículo y el artículo 182 del Código Procesal Penal, toda vez que el acceso a la información de una investigación penal, que da cuenta de la materia misma investigada por el Ministerio Público, además de causar una afectación al debido cumplimiento de las funciones investigativas, debe ser concedido por el órgano persecutor penal, durante el curso de dicha investigación, sin perjuicio de considerar además, que la información solicitada forma parte de un sumario administrativo actualmente en curso, el cual es secreto para el solicitante conforme a la normativa examinada en el presente caso. 14) Que, no obstante lo indicado precedentemente, tratándose de la información pedida en las letras h), i) y j), esto es, resoluciones que aplican multas por los retrasos incurridos por la empresa Mantenimiento de Infraestructura S.p.A., en la ejecución de la obra, resoluciones de recepción provisional de las diversas etapas de la obra, y resolución que ordenó instruir sumario administrativo o investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades administrativas con ocasión del retraso en la obra, respectivamente, a juicio de este Consejo deben desestimarse las causales de reserva alegadas, en atención que lo requerido en dichos literales consisten en actos administrativos mediante los cuales el Servicio de Salud Aconcagua ejercitó sus potestades legales, documentos que por naturaleza son públicos, como se ha resuelto en los amparos roles C2625-14, C843-14 y C1933-14 respectivamente, y que no pierden dicha calidad por la sola circunstancia de iniciarse una investigación penal o administrativa acerca de los hechos sobre los que versan. 15) Que, por lo anterior, este Consejo acogerá el presente amparo, sólo respecto de lo pedido en las letras h), i) y j) de la solicitud de información, ordenando al Servicio de Salud de Aconcagua que entregue a don José Soto Sazo la documentación pedida en dichos literales, debiendo tener presente que, de contenerse en las resoluciones que se ordenan entregar datos personales de contexto, tales como números de cédula de identidad, domicilios particulares, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, y correos electrónicos particulares, entre otros, deberán ser tarjados en forma previa a su entrega, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), 4° y 7° de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia y en aplicación del principio de divisibilidad establecido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Jose Luis Soto Sazo, en contra del Servicio de Salud Aconcagua, sólo respecto de lo solicitado en las letras h), i) y j) de su requerimiento de información, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. Por consiguiente, se rechaza el presente amparo respecto de lo pedido en los literales b), d), e), f), g), k), l) y m) de la solicitud de información por configurarse las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1 letra a) y N° 5 de la Ley de Transparencia. II. Requerir a la Sra. Directora del Servicio de Salud Aconcagua.: a) Hacer entrega al reclamante de las resoluciones solicitadas en las letras h), i) y j) de la solicitud de información, esto es, la resolución o resoluciones de aplicación de multas por los retrasos incurridos por la empresa Mantenimiento de Infraestructura S.p.A., en la ejecución de la obra; la resolución o resoluciones de recepción provisional de las diversas etapas de la obra; y el acto administrativo que ordenó instruir sumario administrativo o investigación sumaria para determinar eventuales administrativas con ocasión del retraso en la obra y estado de esta investigación o Sumario, tarjando previamente los datos personales de contexto, de conformidad a lo resuelto en el considerando 15 de la presente decisión. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don José Soto Sazo, a la Sra. Directora del Servicio de Salud Aconcagua y al Sr. Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de San Felipe. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada. El Consejero del Consejo Directivo don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.