Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2027-15

Reclamante:	PEDRO VALDÉS SANTANA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Talagante, fundado en que la información proporcionada es incompleta referente a la "copia actualizada de las Juntas de Vecinos con vigencia y existencia en la comuna con datos completos", de conformidad a lo siguiente: - "Nombre y apellidos del Presidente, dirección y teléfono o número de celular; - Nombre y apellidos del Secretario (a), dirección y teléfono o número de celular; y, - Nombre y apellidos del Tesorero (a), dirección y teléfono o número de celular. El Consejo declara inadmisible el amparo, toda vez que los números telefónicos de los dirigentes de los propios interesados, y no de un registro libre de acceso público, tales datos sólo pueden tratarse al interior de la Municipalidad y específicamente para los fines específicos que motivaron su entrega, descartándose su cesión a terceros.
Tipo de decisión:	Decisión de inadmisibilidad
Fecha de la decisión:	9/28/2015
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C315-11 C211-11
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Plazo de presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C2027-15 Entidad pública: Municipalidad de Talagante. Requirente: Pedro Valdés Santana. Ingreso Consejo: 28.08.2015. En sesión ordinaria N° 648 de su Consejo Directivo, celebrada el 23 de septiembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C2027-15. VISTO: Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) Que, con fecha 11 de agosto de 2015, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Talagante, representada por don Pedro Valdés Santana y don Guillermo Órdenes U., requirió a la Municipalidad de Talagante "copia actualizada de las Juntas de Vecinos con vigencia y existencia en la comuna con datos completos", de conformidad a lo siguiente: - "Nombre y apellidos del Presidente, dirección y teléfono o número de celular; - Nombre y apellidos del Secretario (a), dirección y teléfono o número de celular; y, - Nombre y apellidos del Tesorero (a), dirección y teléfono o número de celular. De cada directorio existente". 2) Que, mediante oficio ORD. N°117, de 24 de agosto de 2015, la Municipalidad de Talagante accedió a la entrega de la información solicitada por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Talagante e hizo presente que, los datos de carácter personal fueron omitidos en virtud del numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. 3) Que, el 28 de agosto de 2015, don Pedro Valdés Santana dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la Municipalidad de Talagante, fundado en que la información proporcionada está incompleta. 4) Que, en el contexto del análisis de admisibilidad realizado por este Consejo a la presente reclamación, se advirtió que el fundamento de la misma no es suficientemente claro, ya que no fue posible dilucidar qué parte de la información requerida no habría sido proporcionada. Por otro lado, se constató que la solicitud fue realizada por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Talagante, representada por don Pedro Valdés Santana y por don Gerónimo Órdenes, en sus calidades de presidente y secretario, respectivamente; mientras que el amparo fue deducido por el Sr. Valdés Santana, a título personal. 5) Que, en virtud de lo señalado, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, y el artículo 22 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, se dispuso solicitar al reclamante que subsanara su amparo en los siguientes términos: (1°) aclare su amparo indicando expresamente cuál es la infracción cometida por el órgano reclamado a la Ley de Transparencia, específicamente qué parte de la información no fue proporcionada; (2°) adjunte copia íntegra de la respuesta otorgada por el órgano recurrido; y, (3°) acompañe poder de representación firmado ante Notario, donde conste que el o los representantes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Talagante le otorgan mandato para actuar en su representación, o bien, que el o los representantes de la aludida Unión Comunal de Juntas de Vecinos comparezcan ante este Consejo, ratificando todo lo obrado por Ud. en su calidad de agente oficioso. 6) Que, por medio de correo electrónico, de 21 de septiembre de 2015, don Pedro Valdés Santana adjuntó copia íntegra de la respuesta otorgada por el municipio y del certificado de personalidad jurídica de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Talagante, emitido por la Secretaría Municipal de la Municipalidad de Talagante, el 19 de agosto de 2015, en el cual el recurrente figura como Presidente. Además, precisó que su disconformidad con la información proporcionada radica en que la misma está incompleta, por cuanto no contiene los datos de contacto de los dirigentes de las Juntas de Vecinos, lo cual dificulta la fluidez en la comunicación con ellos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la misma Ley. 2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la admisibilidad del reclamo presentado por el requirente, en atención a los requisitos establecidos en dichas disposiciones. 3) Que, según se desprende de esas mismas disposiciones legales y reglamentarias, para que este Consejo pueda conocer de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información interpuestas en contra de los órganos de la Administración del Estado que señalan dichos cuerpos normativos, es preciso que con anterioridad tenga lugar alguno de los dos supuestos que establece la ley a este respecto, esto es, que haya expirado el plazo de veinte días hábiles previsto para la entrega de la información o bien, que se haya denegado la petición de manera legalmente infundada. 4) Que, las hipótesis señaladas en el considerando precedente configuran los elementos habilitantes para solicitar amparo al derecho de acceso a la información ante este Consejo. De allí, que el inciso 2° del artículo 24 de la Ley de Transparencia exige que los reclamantes señalen "...claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran". 5) Que, por su parte, el artículo 6 de la Ley N° 19.418, de 1997, que establece normas sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, dispone: "Para los efectos de esta ley, las Municipalidades llevarán un registro público, en el que se inscribirán las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que se constituyeren en su territorio, así como las uniones comunales que ellas acordaren. En este registro deberán constar la constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas. De igual modo, las municipalidades llevarán un registro público de las directivas de las juntas de vecinos, de la unión comunal de juntas de vecinos y de las demás organizaciones comunitarias, como, asimismo, de la ubicación de sus sedes o lugares de funcionamiento. Será obligación de las municipalidades enviar al Servicio de Registro Civil e Identificación, semestralmente, y para efectos de mantener actualizado el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, una copia con respaldo digital de los registro públicos señalados en los incisos primero y segundo de este artículo. Asimismo, será obligación de las municipalidades mantener copia actualizada y autorizada anualmente del registro a que se refiere el artículo 15. La municipalidad deberá otorgar, a quienes lo soliciten, copia autorizada de los estatutos, de las inscripciones y demás anotaciones practicadas en los registros públicos de organizaciones y directivas previstos en este artículo, las que serán de costo del solicitante". 6) Que, en este contexto, es preciso señalar que el artículo 10 de la Ley de Transparencia al referirse a las materias a las que se extiende el derecho de acceso a la información dispone: "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales". 7) Que, la Municipalidad reclamada dio respuesta dentro de plazo legal a la presentación del reclamante, en los términos indicados en el número 2) de la parte expositiva de esta decisión, entregando la información solicitada omitiendo los datos personales de los dirigentes de las Juntas de Vecinos, fundando dicha omisión en lo establecido en lo establecido en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. 8) Que, asimismo, este Consejo, según lo dispuesto en los literales j) y m) del artículo 33 de la Ley de Transparencia se encuentra obligado a «[v]elar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución tengan carácter secreto o reservado» y «[v]elar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado». 9) Que, en este contexto, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia ya se ha pronunciado y resuelto respecto de solicitudes de información realizadas al amparo de la Ley de Transparencia, en que se requieren conocer datos personales contenidos en un registro o banco de datos. En síntesis, al resolver, entre otros, los amparos Roles A10-09, A126-09, C211-11 y C315-11, ha declarado que los datos contenidos en una nómina (nombre, apellido, RUT, dirección, entre otros) son datos personales, pues constituyen información concerniente a una persona natural identificada, en los términos del artículo 2°, letra f), de la Ley N° 19.628. Agregando, que divulgar los datos contenidos en el registro antes indicado constituye una comunicación o transmisión de datos personales a individuos distintos de su titular, según preceptúa la letra c) del artículo 2° de la Ley N°19.628, siendo menester determinar si su comunicación se encuentra amparada por el derecho de acceso a la información pública o si, por el contrario, debe ser sometida al régimen de secreto consagrado en la Ley N° 19.628. En efecto, en virtud del artículo 5° de la Ley de Transparencia toda información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de la Administración, es pública, tal como acontece, en principio, con este Registro. Sin embargo, los datos solicitados por el reclamante han sido proveídos a la Administración del Estado por las personas naturales sobre las que éstos versan, esto es, han sido recolectados de una fuente no accesible al público por lo cual, en principio, les resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la Ley N° 19.628, que exige a quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, "...tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público". Finalmente, se ha señalado que al ser la Ley N° 19.628 un cuerpo normativo especial en materia de tratamiento de datos personales debe reconocerse que mediante la regla de secreto contenida en su artículo 7° el legislador ha ponderado que la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las personas en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia. 10) Que, en consecuencia, habiendo obtenido el municipio reclamado los datos correspondientes a los números telefónicos de los dirigentes de los propios interesados, y no de un registro libre de acceso público, tales datos sólo pueden tratarse al interior de la Municipalidad y específicamente para los fines específicos que motivaron su entrega, descartándose su cesión a terceros. 11) Que, por lo tanto, este Consejo advierte de modo manifiesto que no pudo tener lugar la infracción imputada por don Pedro Valdés Santana, esto es, que no le hubieran proporcionado la información reclamada, por cuanto en este caso carece de legitimación activa para solicitar amparo al derecho de acceso a la información pública. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Declarar inadmisible el amparo deducido por don Pedro Valdés Santana en contra de la Municipalidad de Talagante, por las razones expuestas precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pedro Valdés Santana y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Talagante, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se hace presente que el Consejero don Marcelo Drago Aguirre no asiste a la sesión. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.