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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C610-10</strong></p>
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Entidad pública: Municipalidad de Viña del Mar</p>
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Requirente: Manuel Flores Contreras</p>
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Ingreso Consejo: 06.09.2010</p>
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En sesión ordinaria N° 202 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C610-10.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 4 y 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.628, de 1999, sobre Protección de Datos de Carácter Personal; el D.L. N° 3063, de 1979, sobre Rentas Municipales; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de julio de 2010 don Manuel Flores Contreras solicitó a la Municipalidad de Viña del Mar que le proporcionara una base de datos de todas las patentes emitidas por su municipio, incluyendo los siguientes datos:</p>
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a) Ciudad;</p>
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b) Nombre del contribuyente o razón social;</p>
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c) Dirección, incluyendo calle y número;</p>
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d) Giro comercial.</p>
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2) RESPUESTA: El 12 de agosto del año 2010, la Municipalidad de Viña del Mar, respondió la precitada solicitud, denegando la información requerida, fundada en que su divulgación afectaría los derechos de los contribuyentes titulares de las patentes respectivas, particularmente su vida privada y sus derechos de carácter comercial y económico, configurándose, por tanto, la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Al respecto, sostuvo que lo solicitado es información privada, pues se relaciona con el ejercicio, naturaleza y giro de actividades comerciales que se realizan en la comuna, y que atañen exclusivamente a los contribuyentes, en tanto titulares de las respectivas patentes municipales, de manera que, a su juicio, la comunicación y conocimiento de los antecedentes antedichos envuelven la entrega de información cuya publicidad afectaría claramente los derechos de carácter comercial o económico de los contribuyentes, derechos que el municipio debe resguardar.</p>
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3) AMPARO: El 26 de agosto del año 2010, don Manuel Flores Contreras dedujo ante la Gobernación Provincial de Llanquihue, e ingresado a este Consejo el 6 de septiembre de 2010, amparo a su derecho de acceso a la información requerida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, fundado en que dicho órgano le denegó la información solicitada.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo a la Alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar, mediante el Oficio N° 1719, de 16 de septiembre de 2010, solicitándole que enviara a este Consejo copia de la solicitud de información que en su oportunidad formuló el reclamante y que motivó el presente amparo. Mediante presentación del director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Viña del Mar, este órgano presentó sus descargos invocando, en general, las mismas razones que hizo valer en la respuesta a la solicitud de información. Sin embargo, agregó algunas alegaciones del siguiente tenor:</p>
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a) Señaló que, más allá de toda controversia, la información solicitada incide respecto de antecedentes que integran una base de datos sensibles de comerciantes titulares de patentes referidas a su información comercial y económica.</p>
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b) Agrega que los antecedentes requeridos son de naturaleza privada, por lo cual es dable concluir que la petición en examen invade la vida privada de sus titulares.</p>
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c) Finalmente, indica que acuerdo al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, basta con el conocimiento de la información reservada para que con ello se afecten los bienes jurídicos protegidos por la reserva, vale decir, la vida privada o los derechos comerciales de su titular.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, en primer término, es pertinente dilucidar a qué se extiende, específicamente, la solicitud de información, en cuanto se refiere a las patentes municipales. Sobre el particular, cabe tener presente el cuerpo legal que regula fundamentalmente las patentes municipales, esto es, el D.L. N° 3063, de 1979, sobre Rentas Municipales, particularmente, sus artículos 23 y siguientes. De esas normas se desprende que la patente municipal constituye una contribución a favor de la municipalidad respectiva, que grava el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte, o cualquiera otra actividad lucrativa secundaria o terciaria. No obstante, a juicio de este Consejo, la solicitud recae sobre la patente en cuanto documento en que consta un permiso otorgado por la autoridad municipal para ejercer una actividad lucrativa, previo pago de la contribución señalada, y que se traduce en un acto administrativo formal que presupone el cumplimiento de los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad respectiva.</p>
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2) Que, en ese entendido, el reclamante ha solicitado la base de datos que contiene todas las patentes emitidas por el órgano reclamado, manifestando su interés en determinados antecedentes contenidos en dichas patentes. Por tanto, para establecer la publicidad o reserva de la antedicha base de datos –cuya existencia no controvierte la reclamada- resulta pertinente que este Consejo se pronuncie previamente sobre la publicidad o reserva de las patentes municipales, refiriéndose en particular a los datos contenidos en ellas que son de interés del reclamante.</p>
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3) Que, las patentes municipales, en cuanto constituyen actos emanados de un órgano de la Administración del Estado, que han sido elaborados con presupuesto público y, además, obran en poder del órgano reclamado, están sujetas a la presunción de publicidad establecida en el artículo 5° de la Ley de Transparencia; por tanto, resulta necesario verificar si en la especie concurre alguna de las causales de reserva previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia que permitan desvirtuar tal presunción.</p>
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4) Que, la Municipalidad de Viña del Mar ha denegado la entrega de las patentes solicitadas, en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues ha sostenido que su publicidad afectaría, por una parte, los derechos comerciales o económicos de los titulares de las patentes, y, por otra, la vida privada de los mismos.</p>
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5) Que, para justificar la procedencia de dicha causal de reserva en lo relativo a la afectación de los derechos comerciales o económicos de los contribuyentes, el órgano reclamado ha sostenido que la información requerida dice relación con el ejercicio, naturaleza y giro de actividades comerciales que se realizan en la comuna, las cuales atañen exclusivamente a los contribuyentes en tanto titulares de la respectiva patente, por tanto, su publicidad afectaría claramente los derechos de carácter comercial o económicos de dichos contribuyentes.</p>
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6) Que, a juicio de este Consejo, lo anterior no constituye una fundamentación suficiente que permita configurar la causal de reserva invocada, por cuanto, esto último exige, al menos, que el órgano reclamado identifique los derechos que podrían verse afectados con la publicidad de la información requerida –cabe tener presente lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 7° del Reglamento de la Ley de Transparencia que “Se entenderá por tales aquéllos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés”– y la forma como ello podría ocurrir. En este mismo sentido, cabe recordar lo resuelto por este Consejo en decisiones anteriores, como las recaídas en los amparos Roles A1-09, A7-09 y A39-09, en cuanto la alegación de una circunstancia que extinga la obligación de entregar la información exige de parte del interesado acreditar dicha circunstancia, para lo cual debe fundamentar y justificar en forma fehaciente la hipótesis legal de secreto o reserva que se invoca, situación que a todas luces no ha ocurrido en la especie. A mayor abundamiento, no se aprecia como la publicidad de la información requerida podría afectar los derechos comerciales o económicos de los titulares de las patentes con la sola divulgación del hecho de habérseles otorgado; en cambio, sí se observa como dicha publicidad favorece el control social en aspectos de interés público relacionados con las patentes municipales, tal como se señalará más adelante.</p>
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7) Que, por otra parte, el órgano reclamado ha aseverado que la publicidad de las patentes implicaría una invasión a la privacidad de los contribuyentes titulares de las mismas, por lo cual se afectaría su vida privada, sin embargo, no ha desarrollado argumentación alguna para fundar tal aseveración y la forma en que se afectarían los derechos relativos a la esfera de la vida privada de los contribuyentes, por tanto, en el caso que nos ocupa tampoco puede considerarse acreditada dicha afectación, debiendo concluirse lo mismo que el considerando anterior.</p>
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8) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, una de las funciones que la Ley de Transparencia atribuye al Consejo para la Transparencia, en el artículo 33 letra m), es la de velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado, normativa que dice relación con la protección del derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.</p>
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9) Que, en razón de lo anterior, corresponde a este Consejo resolver si la eventual publicidad de las patentes municipales autoriza necesariamente la divulgación de los datos que son de particular interés del reclamante, esto es, el nombre o razón social de los contribuyentes; su dirección, incluyendo calle y número; la ciudad en que ejercen su actividad, y, su giro comercial.</p>
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10) Que, sobre el particular, es preciso distinguir entre los contribuyentes de patentes municipales que son personas naturales y aquellos que son personas jurídicas, toda vez que a estos últimos no les resulta aplicable las disposiciones de la precitada Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales. En consecuencia, la publicidad de las patentes municipales a su respecto, envuelve o autoriza la divulgación de los datos que son de interés del reclamante, según lo señalado en el considerando anterior. A mayor abundamiento, dicha información, con respecto a la mayoría de las personas jurídicas, está sujeta a otros medios de publicidad. Así por ejemplo, la constitución de las sociedades comerciales, en sus diversas especies, exige como solemnidad el otorgamiento de una escritura pública –la cual contiene la información que es de interés del reclamante–; además, un extracto de dicha escritura debe publicarse en el Diario Oficial e inscribirse en un Registro Público, cual es, el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad, información que, por tanto, se encuentra permanentemente a disposición de la ciudadanía, por lo que por el solo hecho de proporcionar tales antecedentes no se puede concluir que se afectan los derechos de carácter económico o comercial de las personas jurídicas de que se traten.</p>
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11) Que, en relación a las personas naturales, la información solicitada por el reclamante, en tanto identifica a dichas personas e indica su dirección, actividad lucrativa o giro comercial y ciudad en que ejerce su actividad, se enmarca dentro de lo que la señalada Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, define como tales, en su artículo 2° letra f), es decir, aquéllos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. En consecuencia, es preciso verificar si la comunicación de la información en comento se encuentra justificada al tenor de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 19.628, pues, de acuerdo a esta norma, el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse (i) cuando dicha ley u otras disposiciones legales lo autoricen, (ii) cuando su titular consienta expresamente en ello, (iii) los datos personales que se han recolectado de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico o comercial o se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo.</p>
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12) Que, al respecto, se estima que la información de interés del reclamante no ha sido recolectada de fuentes de accesibles público, pues este Consejo entiende que se trata de antecedentes proporcionados por el contribuyente al solicitar el otorgamiento de la patente municipal respectiva para este sólo efecto, razón por la cual tampoco puede entenderse que ha consentido en su publicidad, y, por otra parte, no existe una norma legal que establezca su carácter público en términos generales, sin perjuicio de la existencia de disposiciones normativas que ordenan ciertas medidas de publicidad para casos particulares, como, por ejemplo, la Ley N° 19.925, de Alcoholes, que faculta a las municipalidades respectivas para otorgar patentes para el expendio de bebidas alcohólicas, señalando en su artículo 12: “En el exterior de todo establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas se escribirá con letras perfectamente visibles la frase: «Expendio de bebidas alcohólicas»”.</p>
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13) Que, no obstante lo anterior, a juicio de este Consejo, los datos de las personas naturales contribuyentes de patentes municipales, especialmente, los que son de interés del reclamante, en cuanto están directamente vinculados con la actividad gravada, revisten relevancia especialmente sobre los siguientes dos cuestiones, a saber:</p>
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a) El cumplimiento de los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad que se autoriza por medio de la patente: En este sentido cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 26, inciso tercero, del D.L. N° 3063/1979, sobre Rentas Municipales que señala: “La Municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva, sin perjuicio de las limitaciones relativas a la zonificación comercial o industrial que contemplen las respectivas ordenanzas municipales y a las autorizaciones que previamente deben otorgar en ciertos casos las autoridades sanitarias u otras que contemplen las leyes. Sin embargo, las Municipalidades podrán otorgar patentes provisorias, en cuyo caso los establecimientos podrán funcionar de inmediato. Estos contribuyentes tendrán el plazo de un año para cumplir con las exigencias que las disposiciones legales determinen. Si no lo hicieren, la Municipalidad podrá decretar la clausura del establecimiento. Para otorgar este tipo de patentes, se exigirá sólo la comprobación de requisitos de orden sanitario y de emplazamiento según las normas sobre zonificación del Plan Regulador”. Teniendo en cuenta lo anterior, la divulgación de las patentes municipales permite verificar si las actividades autorizadas han cumplido o cumplen con los requisitos legales que precisamente habilitan o permiten continuar con su ejercicio, cuestión que está directamente relacionada con la publicidad de los datos relativos a los contribuyentes; así, el conocimiento del nombre del contribuyente, permitiría saber quién ejerce la actividad respectiva y verificar las condiciones subjetivas para el ejercicio de la actividad, lo que es especialmente importante en el caso de la patente que habilita el ejercicio de una profesión; la publicidad del giro o actividad desarrollada por el contribuyente, permitiría conocer si éste cumple con la regulación sectorial correspondiente, por ejemplo, la regulación sanitaria o la propia de la Ley de Alcoholes; la divulgación de la dirección y ciudad del contribuyente (incluido calle y número) –en el entendido que ella se refiere al lugar donde se ejerce la actividad lucrativa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Ley N° 3063/1979: ”La patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, kiosko o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda”– permitiría conocer el lugar donde el contribuyente ejerce su actividad, lo cual, a su vez, permitiría establecer si ella cumple o no con las limitaciones relativas a la zonificación comercial o industrial que contemplen las respectivas ordenanzas municipales.</p>
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b) Los ingresos que se perciben por concepto de patentes municipales: se refiere a los ingresos que se recaudan por parte de la autoridad edilicia por concepto de este tributo, según lo dispuesto en el artículo 13 del D.F.L. N° 1/2006, del Ministerio de Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.</p>
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14) Que, en definitiva, lo anterior lleva a concluir que, en este caso, la reserva de los datos personales que interesan al reclamante podría ceder en beneficio de su publicidad, por el manifiesto interés público que revisten. Así lo ha planteado este Consejo en otros casos indicando que: “Es efectivo que los datos contenidos en el registro solicitado constituyen datos personales de los médicos que trabajan en el Hospital Barros Luco, pues contienen información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. Sin embargo, se trata de profesionales que, como funcionarios públicos, realizan una función pública relevante al atender en el sistema público de salud a los ciudadanos que recurren a él.” (Considerando 1, letra a) de la decisión del amparo Rol C434-09).</p>
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15) Que, en virtud de los razonamientos precedentes, este Consejo acogerá el amparo y requerirá a la Municipalidad de Viña del Mar que entregue la información solicitada, sin perjuicio de las precisiones que se indicarán a continuación.</p>
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16) Que, se ha tenido a la vista una patente municipal emitida por la Municipalidad de Viña del Mar, advirtiéndose que ella contiene, además de los datos solicitados por el reclamante, otros antecedentes tales como el RUT del contribuyente e información relativa al capital considerado para calcular el monto de la patente y el monto mismo de la patente. Al respecto, este Consejo estima que el RUT de una persona natural constituye un dato personal (aplica criterios de las decisiones A-10-09; A126-09) cuya publicidad no es relevante para el ejercicio del control social que envuelve la divulgación de la patente, motivo por el cual debe mantenerse reservado. Por otra parte, en relación al capital considerado para calcular el monto de la patente y el monto misma de la patente, este Consejo ya se ha pronunciado a favor de su publicidad en la decisión que resolvió el amparo Rol C472-10, por lo cual corresponde que dicha información sea entregada.</p>
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17) Que, finalmente, el reclamante no ha requerido la entrega de la información de una forma y por un medio particular, motivo por el cual deberá procederse a su entrega de la forma y por los medios que resulten menos costosos para el órgano reclamado, debiendo, en todo caso, respetarse el principio de gratuidad consagrado en el artículo 11 literal k) de la Ley de Transparencia, de manera que sólo puede tener lugar el cobro de los costos directos de reproducción autorizados por Ley, debiendo, para dicho efecto, considerarse lo dispuesto por este Consejo en la Instrucción General N° 6, sobre gratuidad y costos directos de reproducción.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo de don Manuel Flores Contreras en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, por las consideraciones expuestas precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo dispone el artículo 46 de la Ley de Transparencia, para que entregue a don Manuel Flores Contreras, la información requerida, esto es, la base de datos de las patentes emitidas por su municipio excluyéndose el RUT de los contribuyentes de patentes municipales que son personas naturales.</p>
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III. Requerir a la Alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar:</p>
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a) Cumplir el presente requerimiento, en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada.</p>
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b) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Manuel Flores Contreras y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que el Consejero don Juan Pablo Olmedo Bustos no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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