Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2062-15

Reclamante:	JORGE ORELLANA ITURRA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Rancagua, fundado en que la información entregada no corresponde a lo solicitado referente al informe social correspondiente a la persona que indica, para definir el puntaje en el sistema de la ficha de protección social. El Consejo rechaza el amparo, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/2/2015
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2444-14
Jurisprudencia a:	C3368-19
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento administrativo >> General >> Derecho a acceder por el interesado
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C2062-15 Entidad pública: Municipalidad de Rancagua Requirente: Jorge Orellana Iturra Ingreso Consejo: 01.09.2015 En sesión ordinaria N° 665 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de noviembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2062-15. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 17 de julio de 2015, don Jorge Orellana Iturra solicitó a la Ilustre Municipalidad de Rancagua el informe social correspondiente a la persona que indica, para definir el puntaje en el sistema de la ficha de protección social. 2) RESPUESTA: La Ilustre Municipalidad de Rancagua respondió a dicho requerimiento de información mediante Ord. N° 448/SECPLAC, de fecha 13 de agosto de 2015, señalando, en síntesis, que se procedió a notificar al tercero a fin de que se opusiera o diera su consentimiento de acuerdo a lo indicado en la Ley de Transparencia. Transcurrido el plazo correspondiente la Dirección de Desarrollo Comunitario informó que el Ministerio de Desarrollo Social ha manifestado que no procede la entrega de dicha información, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 5 de la ley N° 20.379. Por lo expuesto, finaliza señalando que no es posible entregar la información solicitada. 3) AMPARO: El 31 de septiembre de 2015, don Jorge Orellana Iturra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad requerida, fundado en que la información entregada no corresponde a lo solicitado. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, mediante oficio N° 6.978, de fecha 09 de septiembre de 2015. La Municipalidad requerida, a través de presentación de fecha 28 de septiembre de 2015, presentó sus descargos, reiterando la respuesta proporcionada al solicitante, en orden a que en una primera oportunidad, de acuerdo a lo indicado en el artículo 20 de la ley N° 20.285, se comunicó al tercero sobre quien versa el requerimiento, a fin de que hiciera uso su derecho de oposición, sin embargo, la carta respectiva no pudo ser entregada, por cambio de domicilio de destinario, según se acreditó con el sobre de la comunicación. Por ello, transcurrido el plazo indicado, en la referida normativa legal, se derivó internamente la solicitud a la Dirección de Desarrollo Comunitario, la cual informó que les había llegado un oficio del Ministerio de Desarrollo Social, en el cual se indicaba que no procede la entrega de dicha información de acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 5 de la ley N° 20.379. Se cita además jurisprudencia de este Consejo, respecto a los puntajes de la ficha de protección social, por ejemplo la decisión recaída en el amparo rol C2444-14, donde se expresó que dicha información es de carácter personal, en especial pues son datos proveídos a la administración del Estado por la persona natural, es decir, por una fuente no accesible al público, por lo cual deniega la información solicitada. Y CONSIDERANDO: 1) Que, con fecha 17 de julio de 2015, don Jorge Orellana Iturra solicitó a la Ilustre Municipalidad de Rancagua el informe social correspondiente a la persona que indica para definir el puntaje en el sistema de la ficha de protección social, obteniendo respuesta denegatoria dentro de plazo legal, lo que constituye en definitiva el fundamento del presente amparo. 2) Que, en efecto, tanto en su respuesta como descargos, la Municipalidad requerida señaló que en una primera oportunidad, de acuerdo a lo indicado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, se comunicó la solicitud de información al tercero sobre quien versa el requerimiento, a fin de que hiciera uso su derecho de oposición, sin embargo, la carta respectiva no pudo ser entregada, por cambio de domicilio de destinario, según se acreditó con el sobre de la comunicación. Por ello, transcurrido el plazo indicado, en la referida normativa legal, la entidad edilicia derivó internamente la solicitud a la Dirección de Desarrollo Comunitario, la cual informó que les había llegado un oficio del Ministerio de Desarrollo Social, en el cual se indicaba que no procede la entrega de dicha información de acuerdo a lo dispuesto la ley N° 20.379, que crea el sistema intersectorial de protección social e institucionaliza el subsistema de protección integral a la infancia "Chile crece contigo", que en su artículo 5 inciso tercero prescribe, a propósito del instrumento que permita la caracterización socioeconómica de la población nacional, que "Los funcionarios públicos o municipales deberán respetar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso, estando prohibida su adulteración o difusión no autorizada por el Ministerio de Planificación, así como la consignación de información falsa durante el proceso de encuesta. La infracción de esta disposición se estimará como una vulneración grave al principio de probidad administrativa y será sancionada en conformidad a la ley.". 3) Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, la información solicitada que obra en poder del municipio reclamado es de naturaleza pública, salvo que concurra a su respecto, alguna de las causales de reserva establecidas en la Constitución o en la ley. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública, acerca del fundamento y procedencia de la denegación por parte del órgano reclamado de la información pedida. 4) Que, el decreto N° 291, de 2006, del ex Ministerio de Planificación -hoy Ministerio de Desarrollo Social-, que reglamenta el diseño, uso y aplicación de la ficha de protección social -reemplazante de la ficha CAS-, precisa, en su número 1°, que mediante el mencionado instrumento se efectuará la recopilación masiva de la información de la realidad socioeconómica de los sectores vulnerables del país, en tanto, el número 4° de dicho decreto, dispone que el proceso de encuestaje nacional será practicado por las Municipalidades del país, directamente o a través de terceros, dentro del ámbito de su competencia, y sujeto a las normas y procedimientos de que disponen legal y reglamentariamente para el ejercicio de sus funciones. 5) Que, en el mencionado orden de ideas, se colige que el informe social de la persona a que se refiere el requerimiento de información, que sirve para definir el puntaje de la ficha de protección social, en cuanto permite vincular a una persona determinada con una realidad socioeconómica que la caracteriza, constituye un dato personal a la luz de lo dispuesto en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, toda vez que los datos solicitados por el reclamante han sido proveídos a la Administración del Estado por la persona natural sobre la que éstos versan, esto es, han sido recolectados de una fuente no accesible al público por lo cual, en principio, resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la ley N° 19.628, que respecto de quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, "tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público". 6) Que, si bien la persona sobre la cual versa la solicitud de información no pudo ser notificada de su derecho de oponerse a la misma, por cambio de domicilio según lo informado por Correos de Chile, en ejercicio de las atribuciones que el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia le otorga a este Consejo, en orden a velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, se resuelve que ante la imposibilidad de obtener el consentimiento de la persona a la que se refiere el informe social pedido, su divulgación importaría afectar los derechos de dicha persona en los términos del numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia, por lo que no verificándose un interés público preponderante en la publicidad del documento requerido, este Consejo rechazará el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Jorge Orellana Iturra, en contra de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Orellana Iturra y al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Rancagua. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada. El Consejero del Consejo Directivo don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.