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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C626-10</strong></p>
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Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas</p>
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Requirente: Hernán Osses Suárez</p>
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Ingreso Consejo: 09.09.2010</p>
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En sesión ordinaria N° 216 de su Consejo Directivo, celebrada el 18 de enero de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C626-10.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Hernán Osses Suárez, el 22 de julio de 2010, solicitó al Director Regional del Servicio Nacional de Aduanas de la Región de Puerto Montt (en adelante también “el SNA”) que le otorgara copia de los siguientes documentos:</p>
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a) Querella presentada por el Servicio el 18 de mayo de 2010, ente el Juzgado de Garantía, en contra de Rodolfo Lazo Araya, Dante Sigoña Vidal y Rabindranath Quinteros Lara, a raíz de la internación de 37 buses escolares desde Estados Unidos por parte de la Municipalidad de Puerto Montt.</p>
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b) Documento de ingreso al país de los buses objeto de la querella, específicamente los documentos en los que se detalle el valor aduanero de las máquinas al momento de ingresar al país.</p>
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c) Certificado que acredite la donación de estos buses por parte de Don Brown.</p>
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d) Copia del documento –si existe– que detalle el pago de los derechos aduaneros de los buses objeto de la querella.</p>
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e) Copia del acuerdo entre el Servicio Nacional de Aduanas y los querellados singularizados en la letra a), mediante el cual Aduanas retiró la querella presentada en su contra.</p>
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f) Copia del documento que detalle el pago de la multa o sanción por parte de Rodolfo Lazo Araya, Dante Sigoña Vidal y Rabindranath Quinteros Lara.</p>
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El requirente solicitó, además, que la información requerida le fuera enviada a la casilla de correo electrónico o al domicilio indicados, para tal efecto, en su presentación.</p>
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2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El Servicio Nacional de Aduanas, a través de correo electrónico enviado a la casilla electrónica del requirente el 19 de agosto de 2010, le informó a éste que, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14 de la Ley de Transparencia, el plazo para dar respuesta a su solicitud de información se prorrogaba en 10 días hábiles “debido a lo amplio de su requerimiento, y al tiempo que nos ha tomado recopilar la información para entregarle respuesta”. Con posterioridad, el 30 de agosto de 2010, se dio respuesta a la solicitud de información a través de un correo electrónico enviado a la casilla indicada por el requirente, remitiéndole copia del Oficio Ordinario N° 14.023, de la misma fecha, y adjuntando, además, la siguiente documentación:</p>
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a) Certificados de donación de buses efectuada por Don Brown Bus Sales Inc. a la Dirección de Educación Municipal de Puerto Montt y a las Municipalidades de Collipulli, Pitrufquén, Maullín y Punta Arenas.</p>
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b) Declaraciones Almacén Particular Tramitación Simplificada de buses presentadas en la Aduana de San Antonio, correspondientes a la Dirección de Educación Municipal de Puerto Montt (correspondiente sólo a uno de los dos certificados de donación), y a las Municipalidades de Collipulli, Pitrufquén, Maullín y Punta Arenas.</p>
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c) Declaraciones de ingresos N° 6620013376-6, 6620013377-4, 6620013378-2, 6620013379-0, 6620013380-4, 6620013381-2, 6620013382-0, 6620013386-3, 6620013383-9, 6620013384-7, 6620013385-5, 662001338, 6620013386-3, 6620013387-1 e Historial de GCP correspondientes.</p>
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d) Querella deducida por el Director Nacional de Aduanas en contra de Rodolfo Lazo Araya, Dante Sigoña Vidal y Rabindranath Quinteros Larade, por el delito de contrabando previsto en el artículo en el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas.</p>
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e) Formularios de Denuncia y Giro Comprobante de Pago en Pesos, del Servicio Nacional de Aduanas, N° 3741, 3472, y 3743, por medio del cual se da cuenta de la renuncia a la acción penal del artículo 189 de la Ordenanza General de Aduanas y el monto a pagar por Dante Sigoña Vidal, Rabindranath Quinteros Lara y Rodolfo López Araya, respectivamente.</p>
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f) Resolución Exenta N° 793, de 15 de julio de 2010, de la Dirección Regional de Aduanas de la X Región, por medio de la cual se aceptan las solicitudes presentadas por Dante Sigoña Vidal, Rabindranath Quinteros Lara y Rodolfo López Araya con el objeto de convenir la renuncia a la acción penal señalada precedentemente.</p>
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g) Resolución afecta N° 23, de 13 de abril de 2009, de la Administración de Aduana de San Antonio, por medio del cual se autoriza despachar los 12 buses que se singularizan, los que fueron donados por Don Brown Bus Sales Inc., cuyo beneficiario es la Municipalidad de Puerto Montt.</p>
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3) AMPARO: Don Hernán Osses Suárez, el 3 de septiembre de 2010, dedujo, ante la Gobernación Provincial de Llanquihue, amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio Nacional de Aduanas, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud, el cual ingresó a la Oficina de Partes de este Consejo el 9 de septiembre de 2010.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación dicho amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 2172, de 18 de octubre de 2010, al Sr. Director Regional del Servicio Nacional de Aduanas de la X Región de Puerto Montt. Los descargos u observaciones fueron evacuados por el Director Nacional de Aduanas, en representación del Servicio Nacional de Aduanas, a través de presentación ingresada a la Oficina de Partes de este Consejo el 10 de noviembre de 2010, señalando, en resumen, lo siguiente:</p>
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a) El SNA ha centralizado el sistema de acceso a la información pública en la Dirección Nacional de Aduanas, de tal suerte que la responsabilidad de dar respuesta a las solicitudes de información, sea que se presente en la Dirección Nacional, en las Direcciones Regionales o Administraciones de Aduanas, así como la de informar los reclamos que al respecto se deduzcan, se radica en el Director Nacional de Aduanas.</p>
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b) Mediante correo electrónico de 19 de agosto de 2010 se informó al solicitante, a la dirección de correo electrónico fijada en su solicitud, que, conforme al inciso segundo del artículo 14 de la Ley de Transparencia, se prorrogaría el plazo para darle respuesta en 10 días hábiles, hecho que es reconocido por el requirente en su amparo.</p>
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c) A través de correo electrónico de 30 de agosto de 2010, dirigido a la misma dirección de correo electrónico, se dio respuesta al requirente remitiéndole una copia del Oficio Ordinario N° 14023, de la misma fecha, del Director Nacional de Aduanas, adjuntando toda la documentación requerida en la solicitud de acceso a la información. El correo electrónico no fue devuelto por el servidor.</p>
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d) El amparo deducido por don Hernán Osses Suárez debe ser rechazado en todas sus partes, dado que el Servicio Nacional de Aduanas, dentro del plazo, remitió la información solicitada por el requirente al correo electrónico por él indicado en su solicitud.</p>
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e) Invoca, además, lo dispuesto en los artículos 5°, 10 y 16 de la Ley de Transparencia.</p>
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5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: El Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, a través de los Oficios N° 2444, 2445 y 2446, todos de 22 de noviembre de 2010, confirió traslado a Rodolfo Lazo Araya, Dante Sigoña Vidal y Rabindranath Quinteros Lara, respectivamente, atendida su calidad de terceros involucrados, evacuando sus descargos u observaciones sólo los últimos dos nombrados, manifestando su oposición a la entrega de la información requerida invocando los siguientes argumentos:</p>
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a) Que la copia de los documentos indicados en las letras a) y f) del punto 1) de esta parte expositiva forman parte de un proceso judicial en el cual han participado en calidad de querellados, en su calidad de personas naturales, razón por la cual dichos antecedentes necesariamente contienen datos que forman parte de su esfera privada, independientemente de la función pública que desempeñan, lo que constituye un límite natural y necesario al acceso a la información pública, lo que es reconocido expresamente por el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Que no existe un acuerdo entre el SNA y los querellados, haciendo presente que la querella culminó con un desistimiento del Servicio Nacional de Aduanas fundamentado en el ejercicio de sus facultades legales.</p>
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6) GESTIÓN UTIL: Atendido que el SNA informó en sus descargos que había dado respuesta a la solicitud de información de don Hernán Osses Suárez, enviándole la información solicitada el 30 de agosto de 2010 al correo electrónico establecido para tal fin en su solicitud, este Consejo solicitó al requirente que confirmara tal hecho. Al respecto, el Sr. Osses Suárez comunicó, a través de correo electrónico del 15 de noviembre de 2010, que “Lamentablemente, hasta el día de hoy, no he recibido la información solicitada al Servicio de Aduanas, ni con la fecha que me indica, ni posterior; ni en mi correo electrónico, tampoco una copia a través de carta…”.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, el presente amparo se funda en que el requirente no habría recibido respuesta a su solicitud de información. Sin embargo, el órgano requerido ha señalado en sus descargos, en primer término, que prorrogó el plazo para dar respuesta al requerimiento de don Hernán Osses Suárez en 10 días hábiles, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14 de la Ley de Transparencia, y, luego, que dentro de ese plazo contestó el requerimiento enviando la respuesta y la información solicitada al correo electrónico del requirente, cumpliendo así con la voluntad de éste último, quien manifestó que podía ser notificado de la respuesta a su solicitud en forma indistinta en el domicilio o en la casilla de correo electrónico que indicó en su respectiva solicitud, lo que hace necesario determinar la procedencia de la prórroga dispuesta por el SNA y verificar si el Servicio remitió o no la respuesta al requirente.</p>
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2) Que, por su parte, el artículo 14 de la Ley de Transparencia establece que la respuesta a las solicitudes de información no debe exceder de 20 días hábiles contados desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 12 de dicho cuerpo legal, agregando su inciso segundo que “Este plazo podrá ser prórrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en el que el órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos”.</p>
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3) Que, conforme a los antecedentes acompañados tanto por el requirente como por el SNA, se ha acreditado que el correo electrónico por medio del cual el Servicio requerido comunicó al requirente su decisión de prórrogar el plazo para dar respuesta a su solicitud de información fue despachado desde la casilla electrónica solicitud_ley20285@aduana.cl, el último día del plazo establecido por el inciso primero del artículo 14 de la Ley de Transparencia, señalando como fundamento de dicha decisión lo amplio del requerimiento y el tiempo que le ha implicado recopilar la información. Al respecto, debe tenerse presente que, según lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 14 de la Ley de Transparencia, la prórroga del plazo para dar respuesta a un requerimiento es una medida excepcional, y, por lo tanto, debe ser empleada restrictivamente sólo en aquellos casos en que efectivamente concurran “circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada”, las que, en la especie, no han sido acreditadas por el SNA, ya que se han invocado circunstancias genéricas que, por lo demás, no se condicen con la cantidad de documentos que dicho Servicio remitió a este Consejo ni con el hecho de que existió una causa tramitada ante tribunales de justicia en la que se empleó parte de la información solicitada y se originó la otra, toda vez que ese hecho hace presumir que el Servicio requerido cuenta, o debió contar, con una carpeta o expediente que contiene tal información, razón por la cual este Consejo estima improcedente la prórroga efectuada por el SNA.</p>
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4) Que, conforme a lo expresado en el considerando anterior, la respuesta que el órgano habría dado al requirente el 30 de agosto del año pasado sería extemporánea, ya que no se otorgó dentro del plazo de 20 días establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia ya citado, motivo suficiente para acoger el presente amparo.</p>
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5) Que, sin perjuicio de lo anterior, y atendido que el órgano ha señalado que habría dado respuesta a la solicitud de información del requirente, a través de correo electrónico, por medio del cual le habría enviado la información solicitada, hecho que ha sido controvertido por don Hernán Osses Suárez, a través del correo electrónico enviado a este Consejo el 15 de noviembre de 2010, se hace necesario determinar si los antecedentes remitidos por el SNA permiten acreditar la entrega efectiva de lo solicitado. Al respecto, deben tenerse en consideración los siguientes antecedentes:</p>
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a) Los artículos 12 de la Ley de Transparencia y 27 de su Reglamento establecen que el solicitante podrá expresar en la solicitud su voluntad de ser notificado mediante comunicación electrónica para todas las actuaciones y resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la información, indicando para ello, bajo su responsabilidad, una dirección de correo electrónico habilitada.</p>
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b) Que, en su solicitud de información, el requirente señaló que la respuesta a su requerimiento podía ser enviada, indistintamente, al domicilio o al correo electrónico indicados en dicha presentación.</p>
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c) Que, de las copias de los registros de correo electrónico acompañados por el SNA a sus descargos, se aprecia que este Servicio remitió la respuesta a la solicitud de información del requirente a la dirección de correo electrónico indicada por éste, la que, a su vez, es la misma a la cual se envió el correo electrónico por medio del cual el Servicio informó al Sr. Osses Suárez que el plazo para dar respuesta a su solicitud se prorrogaría en 10 días hábiles, el cual fue debidamente recepcionado por el requirente, según da cuenta la copia del correo que él mismo remitió a este Consejo.</p>
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d) Que, conforme a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia y del artículo 33 de su Reglamento, el órgano requerido debe contar con un sistema que certifique la entrega efectiva de la información al solicitante.</p>
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e) Que, conforme a las normas precitadas, corresponde a los órganos de la Administración del Estado acreditar ante este Consejo el envío de la información solicitada por los medios técnicos que correspondan, los cuales, en caso de la entrega de información mediante la remisión de un mensaje a la casilla de correo electrónico del solicitante, exigen, al menos, acompañar copia del correo conductor de su respuesta. En la especie, atendido que el SNA ha acreditado que envió el 30 de agosto un correo electrónico con la respuesta de la solicitud de información, resulta procedente tener por contestada la solicitud de información.</p>
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6) Que, sin perjuicio de lo anterior, atendido que el requirente afirma que no ha recibido la información y que ha mediado, ante esta sede, la oposición de terceros para entregar parte de dichos antecedentes, se hace necesario determinar si el Servicio se encuentra obligado o no a entregar al requirente la información requerida, lo que será analizado en los considerandos siguientes.</p>
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7) Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° “En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. / Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”.</p>
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8) Que, en la especie, el órgano requerido no invocó ninguna causal de secreto o reserva respecto de la información solicitada por el Sr. Osses Suárez, sin perjuicio de lo cual dos de los tres terceros involucrados se opusieron, en esta sede, a que se entregue al requirente parte de la información solicitada, a saber, copia de la querella deducida en su contra por el SNA y del documento que acredite o detalle la multa que pagaron a dicho Servicio, agregando, además, que no existe ningún acuerdo suscrito entre el SNA y ellos para que el órgano requerido retirara la querella que había presentado en su contra.</p>
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9) Que, conforme a los antecedentes acompañados por el SNA, dicho órgano presentó una querella en contra de Rodolfo Lazo Araya y Dante Sigoña Vidal, ambos funcionarios de la Dirección de Educación Municipal de Puerto Montt, y de Rabindranath Quinteros Lara, Alcalde de la misma Municipalidad, motivada por la eventual participación que, en el ejercicio de sus respectivos cargos públicos, habrían tenido en la internación al país de una serie de buses usados provenientes de Estados Unidos, adquiridos por dicha entidad edilicia, tanto para ella como para otras Municipalidades, sin pagar los derechos aduaneros e impuestos respectivos. Con posterioridad, y luego de aprobar las solicitudes de los querellados con el objeto de convenir la renuncia a la acción penal, el SNA se desistió de la acción penal intentada en contra de los funcionarios indicados.</p>
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10) Que la presentación de la querella en contra de los funcionarios singularizados en el considerando anterior, el desistimiento del SNA y el pago de una multa por parte de cada uno de los querellados, es un hecho público y notorio, que fue informado a través de distintos medios de información (a modo de ejemplo, pueden citarse “El Llanquihue”, en www.diariollanquihue.cl, de 11 de junio de 2010; “El Pingüino”, en www.elpinguino.com, de 19 de julio de 2010; “Extra Noticas”, en www.extranoticias.cl, de 19 de julio de 2010; “Crónica Libre” , en www.cronicalibre.cl, de 19 de julio de 2010; “El Repuertero”, en www.elrepuertero.cl, de 20 de julio de 2010, y Radio Bio Bio, en www.radiobiobio.cl, de 19 de julio de 2010) e incluso la misma Municipalidad de Puerto Montt, que a través de su sitio electrónico (www.puertomonttchile.cl), informó el 19 de julio de 2010 que la el Servicio requerido se desistió de la acción penal intentada.</p>
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11) Que, considerando que la publicidad y notoriedad de la presentación de la querella y el desistimiento del SNA no son suficientes, por sí solos, para hacer pública la información requerida, se hace necesario tener presente que este Consejo ha sostenido que la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado es más reducida que la del resto de las personas en virtud, precisamente, de las funciones que éstos ejercen –al respecto debe tenerse en consideración lo señalado en las decisiones de amparo A47-09, de 15 de julio de 2009, A58-09, de 4 de agosto de 2009 y A95-09 y A327-09, ambas de 6 de noviembre de 2009, criterio que también se ha aplicado respecto de otros instrumentos de medición de desempeño (decisión A323-09, de 20 de noviembre de 2009), los registros de asistencia (decisiones A181-09, de 15 de julio de 2009, y C434-09, de 27 noviembre de 2009) y el currículum vítae de algunos funcionarios (decisión C95-10)–, y que, luego de aplicar el test de daño y atendido el interés público que representa la información solicitada, ya que permite ejercer un adecuado control social del ejercicio de las funciones públicas, se considera que el beneficio de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación, lo que llevará a este Consejo a rechazar las oposiciones de Dante Sigoña Vidal y del Alcalde de Puerto Montt, Rabindranath Quinteros Lara.</p>
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12) Que, en lo que dice relación con la solicitud de la copia del acuerdo entre el SNA y los tres funcionarios querellados, mediante el cual dicho Servicio retiró la querella presentada, según lo señalado por los dos terceros que se opusieron a la solicitud de información, tal documento no existiría. Pues bien, entre los documentos remitidos a este Consejo por el Servicio requerido no consta ningún acuerdo entre dicho órgano y los querellados. Sin perjuicio de lo anterior, se constató que obran en poder del Servicio Nacional de Aduanas los documentos que acreditan que cada uno de los funcionarios municipales querellados pagó una suma de dinero ante el SNA, por concepto de “infracciones sancionadas por el Administrador” y que, además, solicitaron a dicho órgano la renuncia a la acción penal deducida en su contra, lo que, a su turno, fue aceptado por el SNA a través de la Resolución Exenta N° 793, de 15 de julio de 2010, documentos que manifiestan expresamente la voluntad de ambas partes del juicio de poner término al mismo. Por ello, y en virtud del principio de máxima divulgación, consagrado en la letra d) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, tales antecedentes deberán ser entregados al requirente. Al respecto, es necesario precisar que si bien el artículo 21 de la Ley N° 19.628 dispone que “Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena”, lo dispuesto en dicha norma debe ceder al interés público de la información y al control social que ella permite ejercer respecto del actuar de los funcionarios municipales en comento, razón por la cual este Consejo estima que la norma citada no cabe aplicarse a la especie.</p>
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13) Que, por todo lo razonado, y a fin de dar respuesta satisfactoria al requerimiento de información, el SNA deberá entregar al requirente una copia de todos los documentos indicados en las letras a), b), c), d) y f) del numeral 1°) de la parte expositiva y, en lo que dice relación con el acuerdo entre el SNA y los tres funcionarios municipales querellados, en virtud del cual el órgano requerido se desistió de la querella, deberá entregar una copia de los documentos señalados en el considerando precedente.</p>
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14) Que, por último, se le representa al SNA que debido a que la prórroga del plazo para dar respuesta a las solicitudes de información, conforme a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 14 de la Ley de Transparencia, es una medida excepcional y, como tal, debe emplearse en forma restrictiva sólo en aquellos casos en los que se acredite la concurrencia de circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, lo que en la especie no ha ocurrido, se ha considerado que la respuesta enviada al requirente el 30 de agosto de 2010 es extemporánea, lo que importa una infracción a lo dispuesto en el inciso primero de dicho artículo, así como también a los principios de facilitación y oportunidad consagrados en las letras f) y h) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, motivo por el cual deberá adoptar las medidas administrativas necesarias a fin de que, en lo sucesivo, no se prorrogue el plazo para dar en los casos en que ello resulte improcedente.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don Hernán Osses Suárez en contra del Servicio Nacional de Aduanas, por los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas para que:</p>
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a) Entregue a don Hernán Osses Suárez la información solicitada a través de su solicitud de información de 22 de julio de 2010, otorgando copia de la misma en la forma indicada en el considerando 13°) de esta decisión, en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Se le representa al Servicio Nacional de Aduanas que la prórroga de plazo para dar respuesta a las solicitudes de información, conforme a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 14 de la Ley de Transparencia, es una medida excepcional y, como tal, debe emplearse en forma restrictiva sólo en aquellos casos en los que se acredite la concurrencia de circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, lo que en la especie no ha ocurrido, debiendo adoptar las medidas administrativas necesarias a fin de que, en lo sucesivo, no se prorrogue el plazo de respuesta en los casos en que ello resulte improcedente.</p>
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IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Hernán Osses Suárez, al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, a los terceros involucrados don Rodolfo Lazo Araya, don Dante Sigoña Vidal y don Rabindranath Quinteros Lara.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Juan Pablo Olmedo Bustos y don Jorge Jaraquemada Roblero. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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