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DECISIÓN AMPARO ROL C2224-15</p>
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Entidad pública: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras</p>
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Requirente: Francisco Armijo Castro</p>
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Ingreso Consejo: 15.09.2015</p>
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En sesión ordinaria N° 676 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2224-15.</p>
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VISTOS:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) CONTEXTO PREVIO: Atendido que el banco Scotiabank en junio de 2010 habría informado a la SBIF sobre determinadas deudas a nombre de la empresa Francisco Armijo Núñez y Cía Limitada, mediante formulario de reclamo N° 11.262, de 7 de julio de 2015, el solicitante requirió a dicha Superintendencia, que se eliminaren las deudas informadas por encontrarse éstas caducas y haberse informado en contravención a determinadas disposiciones legales.</p>
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2) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de agosto de 2015, don Francisco Armijo Castro solicitó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) que se le envíe toda la información relacionada con la consulta que realizó a la Superintendencia el día 07 de julio de 2015, bajo el número de presentación 11262. En especial, "toda la información que la SBIF solicitó al banco y que éste entregó a la SBIF en forma material, escrita y verbal".</p>
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3) RESPUESTA: Mediante carta de 14 de septiembre de 2015, la SBIF respondió a dicho requerimiento de información accediendo a la entrega de los siguientes antecedentes: copia de su presentación, del acuse recibo remitido, de la carta de fecha 04 de agosto de 2015 del Banco Scotiabank Chile en que informa en relación a su requerimiento, además de la documentación de respaldo enviada por dicha institución, y finalmente, copia de la carta respuesta que le fuera enviada por este organismo con fecha 13 de agosto de 2015.</p>
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Se informa además que, a raíz de su presentación, fueron solicitados antecedentes adicionales a la institución bancaria en el marco de las facultades fiscalizadoras de que está revestido ese organismo, comunicaciones amparadas en la reserva establecida en el artículo 7° de la Ley General de Bancos (LGB), por lo que se deniega la entrega respecto de ellas en virtud de la causal prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Se indica que la citada norma legal es de aquellas que contemplaban una reserva legal de entrega de información con anterioridad a la dictación del artículo 8° de la Constitución y la dictación de la Ley de Transparencia, por lo que por mandato expreso de la disposición cuarta transitoria de la Carta Fundamental y el artículo 1° transitorio de la Ley N°20.285, es considerada declarada por una ley de quórum calificado.</p>
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Hace presente que la referida reserva fue establecida en el año 1925, por razones que se conservan hasta hoy, como es el interés nacional que fundamenta la supervisión que ejerce dichas Superintendencia, la que responde a necesidades de orden público, como la de mantener la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de los depositantes, el resguardo de los derechos de los supervisados y el debido cumplimiento de las funciones del órgano supervisor.</p>
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Por último, cita el fallo de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N°13.182-2013, en que se indica que lo dispuesto en el citado artículo 7° de la LGB "establece la reserva institucional sobre determinada información y no un simple deber de abstención de los funcionarios", por lo que hace aplicable la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285.</p>
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4) AMPARO: El 15 de septiembre de 2015, don Francisco Armijo Castro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado la denegación de la información solicitada.</p>
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5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, mediante Oficio N° 7.352, de 24 de septiembre de 2015. Mediante Ord. N° 1.140, de 9 de octubre de 2015, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:</p>
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a) Los antecedentes denegados dicen relación al ejercicio de las facultades de este Organismo con la entidad fiscalizada y que no se refieren a la obtención de la posición del banco frente a la consulta del requirente, rol que juega esta entidad en relación a las presentaciones de clientes de las entidades supervisadas emanadas de problemas con las mismas, en virtud del principio de facilitación propio de las entidades públicas y no de una competencia entregada por la ley, lo que se encuentra en conocimiento por lo demás de los bancos, que entregan la información en dicho contexto.</p>
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b) De esta forma, otros requerimientos de información y comunicaciones mantenidas con los supervisados fuera de la labor antedicha, forman parte de la relación entre este Servicio y las entidades fiscalizadas, las que a la luz de lo dispuesto en el artículo 7° de la LGB no pueden ser reveladas a personas extrañas a la SBIF, bajo pena de la aplicación de la sanción en los artículos 246 y 247 del Código Penal.</p>
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c) La causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, tiene su fundamento legal en la existencia del artículo 7° de la LGB, que procede de la Ley de Bancos de 1925, y que por disposición expresa del artículo cuarto transitorio de la Carta Fundamental y del artículo primero transitorio de la Ley de Transparencia, tiene pleno vigor y debe entenderse que cumple con la exigencia de quórum calificado necesario para establecer reserva respecto de determinados documentos, por las causales que indica el artículo 8° de la Constitución Política de la República.</p>
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d) La excepción a la publicidad establecida en el citado artículo 8° de la Carta Fundamental, está basada en la también necesaria protección del debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.</p>
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e) Con la finalidad de ilustrar la concordancia de esta excepción constitucional con los fundamentos del artículo 7° de la LGB resulta necesario entender la razón de existencia y fin de la Superintendencia. Para tal efecto adjunta copia de la exposición de motivos del proyecto de Ley General de Bancos del año 1925, elaborada por la Comisión Kemmerer. En lo que interesa al presente amparo, se cita textualmente: "Dispone que todos los informes que los inspectores eleven al Superintendente sean considerados como de carácter estrictamente confidencial y no sean dados a la publicidad. Esto es esencial, porque los bancos vacilarían en dar informaciones confidenciales a los inspectores, si no estuvieran seguros de que sus informaciones habrían de guardarse en la más estricta reserva. El castigo, por la violación del sigilo, debe ser la destitución inmediata del empleado infidente además de la aplicación de los castigos establecidos en el Código Penal".</p>
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f) El artículo 154 de la Ley General de Bancos establece con precisión el secreto y reserva bancaria respecto de los clientes de los bancos, pero no en relación con los bancos mismos. Por tanto, los empleados del Servicio tienen estricta obligación de no revelar nada respecto de la situación de los bancos, por lo que no puede hacerse una excepción en el caso del solicitante, por tratarse de información relativa a un caso en que él es el afectado. Con todo, el artículo 14 de la LGB permite al Superintendente dar a conocer hechos, incluso reservados, pero no secretos, sobre las instituciones fiscalizadas, al Banco Central de Chile y al Ministro de Hacienda, lo que se justifica porque ellos representan el interés del Fisco de Chile, en la estabilidad y solvencia del sistema bancario.</p>
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g) De la lectura del reclamo presentado, pareciera que el fin último del recurrente, fuera atacar el fondo de la respuesta dada por el Servicio, materia que excede el ámbito de competencia que la Ley de Transparencia otorga a este Consejo.</p>
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h) Por último, reitera el fallo de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N°13.182-2013, en que se indica que el artículo 14 de la LGB, "al sindicar como destinataria a la Superintendencia en cuanto institución, desvirtúa la tesis de que el artículo 7° contenga un mero deber funcionario, pues expresamente señala y se define como una norma de excepción al artículo 7° de la LGB, de lo que se desprende claramente que esta última disposición establece la reserva institucional sobre determinada información y no un simple deber de abstención de los funcionarios", por lo que hace aplicable la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.285.</p>
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6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Mediante Oficio N° 37, de 05 de enero 2016, esta Corporación requirió a la SBIF, como medida para mejor resolver, en síntesis, que enviase copia de la información denegada por la SBIF, y asimismo, que explicase las razones por las que el órgano accedió a la entrega al solicitante de parte de la información requerida (en la especie, Carta de Scotiabank Chile de 04 de agosto de 2015) y determinó la reserva de los antecedentes adicionales que fueron solicitados a dicha institución bancaria en el marco de las facultades fiscalizadoras del órgano. Se hizo presente al órgano que este requerimiento se formulaba en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia. Mediante Ordinario N° 08 de enero de 2016, del Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, el órgano -en síntesis- ratificó lo planteado en su respuesta al solicitante y posteriormente en su Oficio de descargos presentados en esta sede, en el sentido que los antecedentes denegados dicen relación al ejercicio de las facultades fiscalizadoras del órgano con un supervisado, quedando sujetas a la reserva del artículo 7° de la LGB.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que la información requerida corresponde a los antecedentes que fueron solicitados por parte de la SBIF a Scotiabank Chile, y que fueron proporcionados por éste al órgano reclamado, en el contexto del reclamo Folio 11262, presentado por el propio solicitante, en representación de una determinada persona jurídica. Por lo anterior, tratándose antecedentes que obrarían en poder de la Administración, y que se habrían obtenido en ejercicio de las facultades de la reclamada, luego en principio dicha información es pública, al tenor de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.</p>
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2) Que la reclamada ha indicado en sus descargos que entregó al reclamante copia de su presentación, del acuse de recibo enviado, del informe remitido por Scotiabank Chile y la respuesta final del organismo, denegando acceso a "los restantes antecedentes correspondientes al intercambio de comunicaciones adicionales entre ambas entidades (...)". Luego agrega que los antecedentes denegados dicen relación "(...) al ejercicio de las facultades de este Organismo con la entidad fiscalizada y que no se refieren a la obtención de la posición del banco frente a la consulta del requirente (...)". En atención a que la reclamada no especificó los antecedentes concretos que se estarían reservando, este Consejo revisó el sitio web www.clientebancario.cl (sitio web de la SBIF), link "Seguimiento de Reclamos", Folio 11262, cuadro de historial de "Actividades realizadas", logrando identificar los siguientes antecedentes: Requerimiento de 22 de julio del 2015, de SBIF, por el que se solicitó a Scotiabank Chile que entregue la información relativa al caso de la presentación; Respuesta a dicho requerimiento de 28 de julio del 2015, de Scotiabank Chile; Requerimiento de 03 de agosto del 2015, por el que la SBIF solicita a Scotiabank Chile información adicional relativa al caso; y, Respuesta a este requerimiento, con fecha 04 de agosto del 2015, de Scotiabank Chile. Por lo anterior, y atendido que el organismo ha acreditado que al menos se entregó el informe de Scotiabank Chile de 04 de agosto de 2015, luego la información denegada y que es objeto del presente amparo, queda circunscrita a los requerimientos de la SBIF, así como la respuesta a requerimiento de Scotiabank Chile que no fue entregado en su oportunidad al solicitante.</p>
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3) Que la reclamada ha denegado acceso a la información requerida invocando la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 1997, que fija Texto Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley General de Bancos y de otros Cuerpos Legales que se indican (en adelante LGB) que dispone "Queda prohibido a todo empleado, delegado, agente o persona que a cualquier título preste servicios en la Superintendencia revelar cualquier detalle de los informes que haya emitido, o dar a personas extrañas a ella noticia alguna acerca de cualesquiera hechos, negocios o situaciones, de que hubiere tomado conocimiento en el desempeño de su cargo", agregando en su inciso segundo que "En el caso de infringir esta prohibición, incurrirá en la pena señalada en los artículos 246 y 247 del Código Penal". A juicio de la reclamada, dicha norma tendría el carácter de ley de quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, en relación con la disposición cuarta transitoria de dicha Carta Fundamental y artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia.</p>
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4) Que según lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, es posible denegar, total o parcialmente, el acceso a la información solicitada cuando una ley de quórum calificado la haya declarado reservada o secreta, de acuerdo a las causales señaladas en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política, esto es, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.</p>
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5) Que cabe tener presente que en las decisiones de amparo Roles C1266-11, C39-12, C527-12, C306-13 y C615-14, frente a la alegación sobre reserva de la información fundada en la citada disposición por parte de la reclamada, esta Corporación ha desestimado la aplicación del inciso 1° del artículo 7° de la LGB como causal de reserva, en relación con lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, pues ha razonado que dicha norma "(...) no puede conducir a una interpretación que suponga que todos los informes elaborados por los funcionarios de la SBIF o que los hechos, negocios o situaciones de que hubieren tomado conocimiento en el desempeño de su cargo sean secretos o reservados (...), (...) ya que ello invertiría, por vía interpretativa, la regla constitucional que exige al legislador establecer positivamente los casos de reserva y fundarlos en alguna de las causales del inciso 2° del artículo 8°". Además se estableció que dicha norma no constituye en sí misma un caso de reserva, pues no otorga a los datos que indica el carácter de secretos o reservados sino que simplemente explicita un deber funcionario aplicable a las personas que, a cualquier título, presten servicios en la SBIF, sin habilitar a este órgano para fundar la denegación de información que obre en su poder (considerando 12° de la decisión del amparo Rol C1266-11 y considerando 7° de la decisión del amparo C39-12).</p>
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6) Que sobre la materia resulta pertinente indicar que, según ha resuelto la Excma. Corte Suprema en Recurso de Queja Rol N° 6.663-2012, "La información solicitada y concedida parcialmente por el Consejo para la Transparencia se inserta en el derecho a conocer como cumple la SBIF su deber legal de fiscalizar a las empresas bancarias y financieras conformadas por agentes privados que entre otras funciones relevantes de orden público económico, intermedian monopólicamente -protección penal incluida-, la circulación del dinero, recogiéndolo del público mediante operaciones pasivas y proporcionándolo a través de múltiples y variadas operaciones activas plasmadas en contratos en serie realizados profesionalmente (artículo 39 de la Ley General de Bancos) (...) El bien jurídico tutelado con reserva legal -debido cumplimiento de las funciones del órgano-, a que se refiere el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política aunque no invocado explícitamente por la SBIF por prohibirlo el artículo 28 de la Ley de Transparencia N° 20.285 en relación con el artículo 21 N° 1 de la misma ley, no se advierte afectado en el presente caso sino más bien reforzado con la publicidad de la información requerida porque el acceso a la información pública ha llegado a conformar con motivo de la evolución legislativa e institucional descrita en el considerando séptimo precedente, una forma de control ciudadano para que la actuación de los órganos públicos, la confianza y fe pública que se deposita en el cumplimiento de sus obligaciones legales sean efectivamente legitimadas desde el punto de vista de lo que es una sociedad democrática (considerando octavo de la citada resolución judicial).</p>
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7) Que asimismo, la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N° 10.474-2013 (igual criterio contenido en rol 6.663-2012), y confirmando lo razonado por este Consejo en la decisiones de amparo Rol C527-12 y Rol C1266-11, respectivamente, razonó en el siguiente sentido:</p>
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a) "Que, acorde con lo expuesto, procede analizar el carácter del artículo 7° de la Ley General de Bancos para cuyo efecto cabe considerar el contexto en que se encuentra inserto: Título I párrafo I sobre Organización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y su personal, carácter funcionario que se advierte reforzado con las referencias textuales al personal referidas en los textos literales de los artículos 5° y 6° que le preceden inmediatamente (...). Como se advierte, es claro de la norma y su contexto que se trata de una infracción a una prohibición funcionaria que afecta a personas y no a la institución, consistente en revelar los informes, hechos, negocios o situaciones que conozca en el ámbito de su cargo, sancionada administrativa o penalmente según el caso, sin el alcance institucional que le atribuye la quejosa, como lo demuestra precisamente, tratándose del uso de información reservada o privilegiada en beneficio propio o de terceros, el artículo 62 N° 1 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653 sobre Bases Generales de la Administración del Estado y el correlativo delito penal tipificado en el artículo 247 bis del Código punitivo ubicado en el Título V del Código Penal, ‘De los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos’ (...). Se trata entonces de una regulación jurídica que tiene como destinatarios a los funcionarios en las áreas de sus competencias propias con las referidas sanciones administrativas y/o penales en caso de infracción. La publicidad y la transparencia, en cambio, con su regulación jurídica actual, antes que a las personas se refieren a los órganos del Estado (Emilio Pfeffer, Reformas Constitucionales 2005. Antecedentes, Debates, Informes páginas 30 y 31), lo que confirman los artículos 4° y 14 de la Ley de Transparencia al formular una clara distinción entre funcionarios y autoridades institucionales. Corrobora lo recién postulado el hecho de que el artículo 17 del Estatuto del Personal de la Superintendencia que establece una prohibición funcionaria de divulgar información, tenga idéntico contenido que el artículo 7° de la Ley de Bancos, de lo que se sigue que ambos rigen un mismo ámbito normativo, esto es, dirigido a los funcionarios" (considerando 7°).</p>
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b) "Que, en efecto, atendido lo razonado y el rango constitucional del principio [de publicidad], las excepciones a la publicidad que se contemplan en el artículo 8° inciso 2° refuerzan lo que son: excepciones limitadas a las causales en él referidas sin que pueda sostenerse en el presente caso que el citado artículo 7 de la Ley General de Bancos sea un caso de reserva de información pública de aquellas contempladas en dicha norma constitucional sino más bien un deber funcionario como muchos otros orientados a la protección del bien jurídico ‘recta administración del Estado’ (...)" (considerando 9°).</p>
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c) "es posible concluir que el citado artículo 7° de la Ley General de Bancos es una ley simple cuyo contenido no se ajusta a las excepciones a la publicidad que contempla el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución como para atribuirle el carácter de quórum calificado" (considerando 8°).</p>
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8) Que por tanto, y siguiendo el razonamiento y criterio contenido en las citadas decisiones de esta Corporación, ratificado posteriormente por la Excma. Corte Suprema, cabe concluir que la disposición legal en que se basa la reserva de la información por parte del órgano reclamado, no constituye una causal de reserva o una excepción al deber de publicidad en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, razón por la cual, se procederá a rechazar la causal de reserva invocada. Sin perjuicio de lo anterior, descartada la hipótesis de reserva planteada, y atendidas las alegaciones del Servicio contenidas tanto en su respuesta como en sus descargos con respecto al sentido y alcance del citado artículo 7° de la LGB, procede considerar sus argumentos, pero reconduciéndolos hacia una eventual afectación del debido cumplimiento de sus funciones, debiendo analizarse, por ende, la procedencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, de modo genérico.</p>
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9) Que al efecto se debe indicar que, a propósito de las facultades de fiscalización con que está dotada la Superintendencia reclamada, según lo prescrito en el artículo 12 de la LGB "Corresponderá al Superintendente velar porque las instituciones</p>
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fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan y ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones y</p>
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negocios (...) Para los efectos indicados, podrá examinar sin restricción alguna y por los medios que estime del caso, todos los negocios, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de dichas instituciones y requerir de sus administradores y personal, todos los antecedentes y explicaciones que juzgue necesarios para su información acerca de su situación, de sus recursos, de la forma en que se administran sus negocios, de la actuación de sus personeros, del grado de</p>
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seguridad y prudencia con que se hayan invertido sus fondos y en general, de cualquier otro punto que convenga esclarecer". Sobre este punto cabe reiterar que corresponde al afectado por la publicidad de la información requerida (en este caso, a la SBIF), acreditar de qué forma la publicidad de los antecedentes solicitados perjudican el bien jurídico protegido por la reserva, que correspondería, en este caso, al debido cumplimiento de las facultades de la reclamada (particularmente aquellas relacionadas con sus potestades fiscalizadoras), cuestión que en la especie no se verifica. En particular, revisado el tenor de la solicitud de información, circunscrita ésta exclusivamente a dos requerimientos de antecedentes por parte de la SBIF (de fechas 22 de julio y 03 de agosto, ambos de 2015) y las respuestas otorgadas por Scotiabank Chile (particularmente aquella que a la fecha no ha sido entregada y que se habría evacuado con fecha 28 de julio de 2015), en el contexto del reclamo ya individualizado, que fuere presentado por el propio solicitante, esta Corporación estima que, de entregarse dichos antecedentes, en la especie, no se revelaría la forma específica en que se lleva a cabo la función fiscalizadora del órgano, los criterios utilizados por éste para evaluar adecuadamente a la entidad financiera objeto de amparo, ni mucho menos la estrategia de fiscalización ejercida por la SBIF a propósito de este reclamo en particular. En este sentido, atendidas las amplias facultades de fiscalización con que se encuentra investida la reclamada, resulta razonable sostener que los ciudadanos, y aún más, aquellos que se sientan afectados, sea desde el punto de vista legal, normativo, comercial, operativo o de atención, respecto de una determinada entidad bancaria, y que acuden a la SBIF a través de procedimientos de acercamiento entre cliente y entidad bancaria (establecidos por la propia reclamada), tengan derecho a conocer la eficiencia y eficacia con que esta institución cumple, precisamente, sus funciones fiscalizadoras, idea que refuerza la publicidad de la información requerida y que lleva, también, a desestimar, aun cuando no fuere alegado explícitamente por el órgano, una eventual afectación al debido cumplimiento de sus funciones, contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.</p>
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10) Que sobre lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en Recurso de Queja tramitado bajo el Rol N° 13.182-2013, este Consejo advierte que, a diferencia de la naturaleza de la información requerida en el caso objeto del presente amparo, la Corte estimó en su oportunidad que la información ordenada entregar por la decisión de amparo Rol C306-13, estaba cubierta por la causal invocada del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en atención a consideraciones de "interés general", circunstancia contemplada en uno de los cuatro supuestos previstos en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, en atención, específicamente a que "(...) la información solicitada puede comprometer la eficacia de la fiscalización que desarrolla la Superintendencia, desde que a partir de ella puede elaborarse un completo análisis de los criterios y estrategias de revisión de los entes sujetos a su control. No se trata de información inocua o meramente estadística relativa al funcionamiento de un servicio público, sino que tiene directa relación con la actividad de fiscalización que despliega la Superintendencia para el adecuado funcionamiento del mercado bancario y financiero" (considerando octavo). Sobre dicho argumento, cabe hacer presente que en ese caso la información requerida correspondía, en síntesis, a información estadística referida a la cantidad de fiscalizaciones, revisiones o auditorías efectuadas por la SBIF a bancos u otras instituciones financieras que la SBIF supervisaba y otras instituciones financieras, en un período determinado y desglosado en términos específicos, así como a la identidad de determinados fiscalizados (diez conglomerados financieros que la SBIF ha identificado). Sin perjuicio de ello, en la solicitud objeto del presente amparo, lo requerido específicamente se circunscribe a determinados requerimientos de la SBIF (dos) y los antecedentes proporcionados por Scotiabank Chile a la SBIF con exclusiva relación de un reclamo específico que fuere presentado por el solicitante de información. En este sentido, esta Corporación estima que en la especie, no resulta plausible atender a razones de "interés general", circunstancia contemplada en uno de los supuestos previstos en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental para reservar la información, cuestión que, aún es más, escapa a las alegaciones vertidas por la reclamada en el presente amparo, por lo que dicho razonamiento no procede ser aplicado por analogía en este caso, en que la naturaleza y contexto de la información requerida, son distintos de aquel que fundare el pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema.</p>
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11) Que por último, cabe hacer presente la actitud de falta de colaboración por parte del órgano reclamado, especialmente respecto del envío de los antecedentes solicitados mediante la medida para mejor resolver descrita en el numeral 6) de la parte expositiva del presente acuerdo, sin perjuicio de haberse requerido dicha información conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Francisco Armijo Castro, de 15 de septiembre de 2015, en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, toda vez que no se configura en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 7° de la Ley General de Bancos.</p>
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II. Requerir al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de copia de los requerimientos de la SBIF, de fechas 22 y 03 de agosto de 2015, así como la respuesta a requerimiento de Scotiabank Chile, de 28 de julio de 2015, que no fuere entregado en su oportunidad al solicitante de información.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Francisco Armijo Castro, y al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, no asiste a la sesión.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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