Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C126-09

Reclamante:	GONZALO ANDRÉS ROJAS SAN MARTÍN
Reclamado:	FONDO NACIONAL DE SALUD
Resumen del caso: Se solicita amparo contra del Fondo Nacional de Salud (FONASA), por denegación de la información requerida relativa a las calificaciones y otros datos (incluido el RUT) de los funcionarios y ex funcionarios de dicha entidad, todo confeccionado en un documento excel. FONASA responde que no es posible entregar esta información dado que el proceso de comunicación afecta al debido cumplimiento de las funciones de FONASA por los recursos de los que se debe disponer para la confección del documento solicitado. El Consejo acoge parcialmente el amparo, señalando que las calificaciones se encuentran sistematizadas tanto para el personal de planta como a contrata, por lo que no requiere un procedimiento de búsqueda y transcripción; sin embargo, rechaza la solicitud de entrega de los RUT puesto que para su procedencia, es necesario notificar a sus títulares.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/28/2009
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C1250-13 C344-14 C751-14 C2644-14 C445-16 C448-16 C1057-16 C1076-16 C1253-16 C415-13 C522-14 C749-14 C2645-14 C1272-15 C3007-15 C449-16 C1038-16 C1041-16 C1064-16 C1745-16 C5100-19 C404-13 C1064-13 C503-14 C679-14 C990-14 C1690-14 C2646-14 C408-16 C417-16 C425-16 C427-16 C431-16 C446-16 C447-16 C1039-16 C1040-16 C1042-16 C1043-16 C1059-16 C1074-16 C1075-16 C1251-16 C1254-16 C1746-16 C1069-16 C1072-16 C1252-16
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DECISIÓN AMPARO Nº A126-09 Entidad pública: Fondo Nacional de Salud (FONASA). Requirente: Miguel Rojas Zúñiga Ingreso Consejo: 24.06.2009 En sesión ordinaria N° 72 de su Consejo Directivo, celebrada el 31 de julio de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A126-09. <h3> VISTOS:</h3> El artículo 8° de la Constitución Política de la República, las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880 y lo previsto en: el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.F.L. N° 29/2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo aprobado por la Ley N° 18.834; la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal; el Reglamento de Calificaciones del personal afecto al Estatuto Administrativo, aprobado por el D.S N° 1.825/1998, del Ministerio del Interior; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos de SEGPRES, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1. Solicitud de Acceso: Que el 11 de mayo de 2009 don Miguel Rojas Zúñiga solicitó al Fondo Nacional de Salud —en adelante, FONASA— que se le entregara “las calificaciones de todo el personal y ex-funcionarios, desde 2003 a 2008, en formato Excel, conteniendo las siguientes columnas: R.U.T., tipo de contrato, estamento, sexo, puntaje, lista de calificación, año. En otra hoja del libro de Excel resultante les solicito incluir la tabla de calificaciones, señalando los rangos de inicio y término de cada lista de calificación”. Solicitó, además, que la información le fuese remitida a su correo electrónico. 2. Respuesta: Que dicha solicitud fue respondida por el Director de FONASA, mediante Ordinario N° 2206, de 8 de junio de 2009, señalando que no era posible entregar la información “ya que el proceso de su comunicación afecta el debido cumplimiento de las funciones del Fondo Nacional de Salud”, dado que: a. El número de funcionarios de FONASA comprende aproximadamente 718 personas: b. El trabajo administrativo que implicaría satisfacer el requerimiento supondría: i. Revisar y transcribir las calificaciones de la forma solicitada, año por año desde el 2003 hasta la fecha, y ii. Elaborar y despachar las cartas certificadas que en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia FONASA debiera realizar. c. Para cumplir lo anterior “deberían trabajar 3 funcionarios del Subdepartamento de Recursos Humanos durante 44 horas cada uno, lo que implicaría que el 50% de los funcionarios estarían abocados exclusivamente a la respuesta de vuestro requerimiento, deberían trabajar durante 5 jornadas laborales y media, lo que obviamente significaría distraer indebidamente a los mencionados funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”. d. Por ello la satisfacción del requerimiento afectaría el debido cumplimiento de las funciones de FONASA, conforme al artículo 21 N° 1 c) de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 7° N° 1 c) de su Reglamento. 3. Amparo: Que contra esta respuesta don Miguel Rojas Zúñiga presentó amparo el 24 de junio ante el Consejo para la Transparencia, argumentando que le parecía increíble “que FONASA no tenga un sistema informático en que almacene las calificaciones de su personal” 4. Traslado: Que el Consejo Directivo de este Consejo, en su sesión ordinaria N° 62, de 16 de junio de 2009, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 174, de 1° de julio de 2009, al Director de FONASA, quien respondió a a través de don Gonzalo Ehijo G., mediante escrito de 16 de junio de 2009 que plantea que: a. FONASA denegó la información porque el proceso de su comunicación afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, conforme los artículos 21 N° 1 c) de la Ley de Transparencia y 7° N° 1 c) de su Reglamento. b. El Departamento responsable de responder este requerimiento estima que las calificaciones objeto de esta solicitud comprenden aproximadamente a 1190 personas, cuyos resultados deberían ser revisados y transcritos de la forma solicitada, año por año desde 2003 hasta la fecha. Reitera que para todo el trabajo administrativo asociado a la satisfacción del presente requerimiento, que incluye la elaboración y despacho de las cartas certificadas que FONASA debe remitir según el art. 20 de la Ley, debería hacerse trabajar a otros 3 funcionarios durante 44 de horas cada uno, lo que implicaría que el 50% de los funcionarios del Departamento de Recursos Humanos de la Institución estaría exclusivamente dedicado a responder este requerimiento durante 5 jornadas laborales y media, lo que obviamente significaría distraer indebidamente a los mencionados funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. c. En subsidio de lo anterior solicita, invocando el principio de divisibilidad de la información pública establecido en el artículo 11 e) de la Ley de Transparencia, en conexión con la causal de reserva señalada en el artículo 21 N° 5 de la misma Ley, denegar el acceso al R.U.T. de las personas objeto de calificación por la Institución por los siguientes fundamentos de derecho: i. La Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, impide entregar el RUT de las personas sobre las que se requiere la información, por encontrarse dichos datos afectos a las disposiciones del mencionado cuerpo legal, tales como el artículo 2° c), f), g), ñ) u o) y los artículos 4°, 7°, 9°, 20 y 23. ii. La sola lectura de dichas disposiciones demuestran que la institución se encuentra impedida de entregar el R.U.T. referido a una persona privada, como es el caso, sin contar con su consentimiento por escrito, por encontrarse éstos contenidos en una base de datos que no puede calificarse de fuente accesible al público. d. Solicitan al Consejo, a objeto de acreditar los hechos señalados en lo principal del escrito, recibir la declaración testimonial, en la forma y fecha que señale, de los siguientes funcionarios de FONASA: i. Doña Nury Espinosa, Jefe del Departamento de recursos humanos. ii. Don Mauricio Atenas, Jefe de Sección de Capacitación, del Departamento de Recursos Humanos. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que para una mejor resolución de este amparo conviene distinguir la información solicitada por el reclamante en dos grupos: a. Las calificaciones de todo el personal y ex-funcionarios, desde 2003 a 2008, en formato Excel b. La individualización de todo el personal y ex-funcionarios conteniendo las siguientes columnas: R.U.T., tipo de contrato, estamento, sexo, puntaje, lista de calificación y año. c. La tabla de calificaciones, señalando los rangos de inicio y término de cada lista de calificación. 2) Que no se ha cuestionado en este caso que las calificaciones del personal sean información pública, de cara a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, sino que se ha planteado que la información solicitada no obraría en poder de la Administración del Estado en la forma solicitada, a saber, en una hoja de cálculo con todas las columnas solicitadas. 3) Que el proceso de calificaciones del personal de la Administración del Estado, cuyo objeto es evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario, sea de planta o a contrata, debe analizarse a la luz del Estatuto Administrativo y del Reglamento de Calificaciones del personal afecto al Estatuto Administrativo, aprobado por el D.S N° 1.825/1998, del Ministerio del Interior. 4) Que el art. 51 del Estatuto señala que con el resultado de las calificaciones ejecutoriadas las instituciones confeccionarán un escalafón disponiendo a los funcionarios de cada grado de la respectiva planta en orden decreciente conforme al puntaje obtenido, resolviéndose los posibles empates de acuerdo con la antigüedad de los funcionarios, “primero en el cargo, luego en el grado, después en la institución, a continuación en la Administración del Estado, y finalmente, en el caso de mantenerse la concordancia, decidirá el Jefe Superior de la institución” (art. 51 Estatuto Administrativo). 5) Que el artículo 41 del Reglamento de Calificaciones señala que aprobado el escalafón de mérito “deberá enviarse a la Contraloría General de la República dentro de los quince días siguientes de expirado el proceso calificatorio”. 6) Que aunque no existe una norma que señale el formato en que debe presentarse dicho escalafón, la práctica ha llevado a que los distintos servicios públicos organicen la información que necesariamente debe contener en hojas de cálculo que consideran las siguientes columnas: a. Estamento o Planta (Directivos, Profesionales, Técnicos, etc.); b. Grado de la Escala de Sueldos; c. Individualización de los funcionarios (en algunos casos sólo el nombre, en otros incluso con el R.U.T.); d. Puntaje en la calificación; e. Antigüedad del funcionario en el cargo; f. Antigüedad del funcionario en el grado; g. Antigüedad del funcionario en la institución; h. Antigüedad del funcionario en la Administración del Estado. 7) Que como queda de manifiesto dicho escalafón entrega casi toda la información solicitada, dado que el sexo del funcionario se desprende del nombre y su lista del puntaje obtenido. Sin embargo, esto es sólo respecto de “los funcionarios de cada grado de la respectiva planta” (art. 51 Estatuto Administrativo), vale decir, al personal de exclusiva confianza y al de carrera que contempla la planta de cada servicio y no al personal a contrata, pues este último no está sujeto a los sistemas de ascenso que, originalmente, justificaban el escalafón. 8) Por lo anterior, este Consejo no puede compartir las alegaciones de FONASA que pretenden que la entrega de esta información distraería indebidamente a sus funcionarios; la información solicitada, tratándose del personal de planta, ya está sistematizada y no requiere de un proceso de búsqueda y transcripción. Plantearlo así infringe el principio de facilitación establecido en el art. 11 f) de la Ley de Transparencia. Por otro lado, tampoco corresponde en este caso notificar por carta certificada a los funcionarios o ex funcionarios aplicando el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, porque no se ve como la difusión de esta información —excluyendo al R.U.T., cuyo análisis se hará aparte— pudiese afectar sus derechos. Por el contrario, las evaluaciones del personal de la Administración están fuera de la esfera privada de las personas evaluadas y su conocimiento permite el control social de la Administración. 9) Que tratándose del personal a contrata, el inciso final del art. 38 del reglamento de calificaciones señala que aquéllas deberán ser consideradas como uno de los antecedentes para resolver sobre la prórroga de los respectivos empleos. Lo anterior hace innecesario organizar la información en hojas de cálculo que consideren las columnas de los escalafones. Sin embargo, esta afirmación inicial debe relativizarse por lo siguiente: a. La Ley N° 19.490, de 1997, que estableció asignaciones y bonificaciones para el personal del sector salud, incluyó una bonificación de estímulo por desempeño funcionario (art. 3°). Añadía la norma que “Para el personal de planta y a contrata del Fondo Nacional de Salud, esta bonificación será de 10% para el 33% de los funcionarios de cada planta mejor evaluados, y de 5% para el 33% que le siga en orden descendiente de evaluación, hasta completar el 66%”. b. Como el orden dependía de los resultados en las calificaciones podían producirse empates en los puntajes de varios funcionarios de una misma planta. Para resolver este problema se facultó a cada junta calificadora para dirimirlos (art. 1° d) y se dictó un reglamento, aprobado por el D.S. N° 117/1997, de los Ministerios de Salud y Hacienda (D.O. 03.03.1997). No parece haber otra manera para gestionar toda esta información que no fuese el recurso a sistemas de tratamiento informático. Con todo, la Ley N° 20.212, de 2007, derogó, a contar del 1 de enero de 2008, esta bonificación “sustituyéndola a partir de dicha fecha por el incremento por desempeño colectivo otorgado por el artículo 7º de la Ley Nº 19.553”. c. Que aunque este ordenamiento haya dejado de ser exigible los servicios mantienen estadísticas estandarizadas acerca de las calificaciones de su personal, en virtud de los Balances de Gestión Integral que anualmente deben elaborar y del Sistema de Evaluación de Desempeño (uno de los componentes del Programas de Mejoramiento de la Gestión). En efecto, consultado el sitio web de la DIPRES se puede constatar, por ejemplo, que el Balance 2008 de FONASA (http://www.dipres.cl/574/articles-45279_doc_pdf.pdf) señala que el 98,28% de su personal fue calificado en Lista 1 y el 1,72%, en Lista 2. No hay personal en las Listas 3 y 4 (p. 42). d. Que, en cualquier caso, parece lógico que este servicio público ordene en una hoja de cálculo (sea Excel, Lotus 123, OpenCalc u otra) la información de las calificaciones, pues de lo contrario la gestión de dicha información resulta imposible. Lo anterior resulta especialmente esperable de una entidad como FONASA, que el año recién pasado recibió el Premio a la Excelencia Institucional (http://www.fonasa.gov.cl/prontus_fonasa/antialone.html?page=http://www.fonasa.gov.cl/prontus_fonasa/site/artic/20090615/pags/20090615170728.html). 10) Que, por otro lado, no hay duda del interés público que tienen las calificaciones funcionarias como mecanismo de rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad, pues se trata de un procedimiento y de información referente al desempeño de funciones públicas, no a información referida a la esfera privada de los funcionarios. 11) Que los razonamientos precedentes deben, sin embargo, matizarse tratándose del Rol Único Tributario (en adelante R.U.T.) de los funcionarios y ex funcionarios, también requerido por el solicitante. En efecto, el R.U.T. es un código numérico creado por el D.F.L. N° 3/1969, M. Justicia (D.O. 15.02.1969), con el fin de identificar “…a todos los contribuyentes del país, de los diversos impuestos, y otras personas o entes que se señalan más adelante” (art. 1°, inc. 1°), tanto las personas jurídicas como las naturales. Se trata de un dato de carácter personal o dato personal, esto es, relativo “a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables”, conforme el art. 2° f) de la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal, cuyo tratamiento sólo puede efectuarse cuando dicha ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello (art. 4° Ley N° 19.628). En tal carácter, quienes trabajen “en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público” (art. 7° Ley N° 19.628), esto es, aquéllas de acceso no restringido o reservado a los solicitantes. Que, por último, el art. 20 de la Ley N° 19.628 dispone que “El tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. En estas condiciones, no necesitará el consentimiento del titular”. Atendido lo anterior puede afirmarse que el R.U.T. de los funcionarios es un dato personal obtenido de los propios interesados en acceder a la función pública (art. 13 del Estatuto Administrativo), y no directamente de un registro público, sólo para su tratamiento al interior del servicio público respectivo y no para su cesión a terceros, por lo que debiera ser secreto o reservado. 12) Que, sin embargo, el art. 7° d) de la Ley de Transparencia exige identificar al personal de los servicios públicos como parte de los deberes de transparencia activa y, en tanto ley posterior, modifica el criterio del art. 7° de la Ley N° 19.628 y levanta la reserva del R.U.T. Sin embargo, en opinión de este Consejo para adoptar esa decisión y revelar los R.U.T. habría sido necesario notificar a sus titulares conforme el art. 20 de la Ley de Transparencia, pues se trata de información que actualmente no ha sido divulgada y que, de difundirse, podría afectar sus derechos, lo que no se hizo, impidiendo así que este Consejo pueda realizar un test de interés público para ponderar el daño que podría provocar a los funcionarios y ex funcionarios de FONASA la difusión de sus R.U.T. Se hace presente que el resultado de esta ponderación podría dar pie a su entrega, en caso de estimarse que prevalece el interés público sobre la protección del dato personal (emanación del derecho a la vida privada regulado en el art. 19 N°4 CPR), pero siempre previa notificación al tercero potencialmente afectado. 13) Que en este contexto es, sin embargo, posible entregar el nombre de los funcionarios, dado que conforme al art. 7° d) de la Ley de Transparencia se encuentra disponible en el sitio web del Servicio y aplicando los principios de máxima divulgación, divisibilidad y facilitación establecidos en el art. 11 de la Ley. Se deja expresa constancia que esta decisión se toma considerando el actual estado de la regulación respecto de la forma de identificar al personal para fines de transparencia activa y puede reevaluarse a futuro, sea por modificaciones legales o por instrucciones generales del propio Consejo, dictadas conforme el art. 33 d) de la Ley. 14) Que, por último, se ha solicitado la tabla de calificaciones aplicada, señalando los rangos de inicio y término de cada lista de calificación. Que lo anterior debería estar el Reglamento Especial de Calificaciones de FONASA. Con ello se entiende resuelta esta parte del amparo, si bien se advierte que esta información debiese haber sido entregada por la propia Subsecretaría en virtud de los principios de facilitación y divisibilidad, además de estar incorporada en el sitio web de FONASA, como parte del marco normativo que debe mantenerse disponible a disposición de los ciudadanos en virtud del art. 7° c) de la Ley de Transparencia. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> 1) Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Miguel Rojas Zúñiga en contra del FONASA, por los fundamentos señalados precedentemente. 2) Requerir a FONASA que haga entrega al solicitante de las calificaciones de su personal y los ex-funcionarios de dicho Ministerio, desde 2003 a 2008, en una hoja de cálculo (sea Excel, Lotus 123, OpenCalc, etc.) que individualice sus nombres, tipo de contrato, estamento o plantas de personal a que está adscrito, sexo, puntaje, lista de calificación y año. La información deberá entregarse en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación de la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo dispone el artículo 46 de la Ley de Transparencia, informando del cumplimiento al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, de manera que este Consejo pueda verificar si se ha dado cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. 3) Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Miguel Rojas Zúñiga y al Director de FONASA. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.