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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C641-10</strong></p>
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Entidad pública: Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal de la XV Región de Arica y Parinacota</p>
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Requirente: Jorge Torres Caballero</p>
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Ingreso Consejo: 13.09.2010</p>
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En sesión ordinaria N° 215 de su Consejo Directivo, celebrada el 14 de enero de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del Amparo Rol C641-10.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 4° y 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.628, de 1999, de protección de datos de carácter personal; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de agosto de 2010 don Jorge Torres Caballero solicitó a la Corporación Nacional Forestal de la XV Región de Arica y Parinacota (en adelante también CONAF) la siguiente información:</p>
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a) Las medidas de precaución a adoptar por parte de la empresa Química Industrial del Borax (en adelante también QUIBORAX) y aprobadas por la CONAF para la presente temporada, destinadas a evitar el menoscabo de la flora y fauna existente en el Salar de Surire, conforme a lo exigido por la Resolución N° 116, de 1978, del Ministerio de Minería.</p>
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b) El plan de manejo al que se comprometió la empresa QUIBORAX en reunión tripartita, sostenida el día 29 de octubre de 2009 en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota (en adelante también SEREMI de Agricultura) y en la que participaron la CONAF, el SEREMI de Agricultura y la empresa QUIBORAX.</p>
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c) Copia del convenio existente entre la empresa QUIBORAX y la CONAF, con indicación de los montos de dinero involucrados.</p>
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d) Resultado reproductivo in-situ de las tres especies de flamencos existentes en el Salar de Surire, para las temporadas 2006-2007, 2007-2008, y 2009-2010.</p>
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2) AUSENCIA DE RESPUESTA: Según indicó el reclamante en su amparo, no recibió respuesta a su solicitud dentro del plazo legal establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, ni se le notificó la prórroga del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo de la misma norma.</p>
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3) AMPARO: El 9 de septiembre del año 2010 don Jorge Torres Caballero, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, dedujo ante la Gobernación Provincial de Arica, amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la CONAF de la XV Región de Arica y Parinacota, el que fue ingresado a este Consejo el 13 de septiembre de 2010, fundado en que dicho órgano no respondió a su solicitud de información dentro del plazo legal.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE LA CONAF: El Consejo Directivo de este Consejo declaró admisible este amparo trasladándolo al Director Regional de la CONAF de la XV Región de Arica y Parinacota, mediante el Oficio N° 1.838, de 24 de septiembre de 2010, en el cual se le solicitó que acompañara a este Consejo, bajo la reserva del artículo 26 de la Ley de Transparencia, la información correspondiente a los literales b) y c) de la solicitud del reclamante, esto es, copia del plan de manejo al que se comprometió la empresa QUIBORAX en la reunión tripartita a la que se hizo referencia en la solicitud y copia del convenio suscrito entre la empresa QUIBORAX y la CONAF con indicación de los montos involucrados.</p>
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El 8 de octubre de 2010, el órgano reclamado, a través de su Director Regional, evacuó sus descargos en los siguientes términos:</p>
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a) Señala que respondió a la solicitud de la especie dentro del plazo de veinte días hábiles contados desde la recepción de la solicitud por la OIRS de la CONAF, entregando el 9 de septiembre de 2010 por mano en el domicilio del requirente, a través de un funcionario de la OIRS, la información solicitada, tal como lo permite el artículo 46, inciso tercero, de la Ley N° 19.880, en concordancia con el artículo 12, inciso final, de la Ley de Transparencia. Además, indica que envió la respuesta al reclamante a través de carta certificada y mediante correo electrónico, ambos también de fecha 9 de septiembre de 2010.</p>
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b) Indica que el reclamante ha computado el plazo para recibir respuesta a su solicitud desde que entregó esta última en la Oficina de Partes de la CONAF, sin embargo, de la interpretación tanto del artículo 23 de la Ley de Transparencia, como del D.S. N° 680, de 1990, del Ministerio del Interior y de la Ley 19.880, debe entenderse que la sección administrativa competente en cada uno de los órganos de la Administración Pública para recibir los requerimientos de particulares, más aún, los que motivan el amparo, son las Oficinas de Información Reclamos y Sugerencias, situación que en este caso no se ha dado.</p>
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c) Agrega que, a raíz de ello, una vez recibida la solicitud la CONAF dispuso de forma inmediata el envío de la misma a la OIRS, para satisfacer el requerimiento del solicitante, procediéndose al registro de la solicitud en el sistema electrónico de la Corporación con fecha 12 de agosto de 2010, tal como se desprende del comprobante que acompaña a sus descargos. Señala que lo anterior demuestra la buena fe en el actuar de la CONAF, toda vez que, aún ingresada la solicitud por una sección diversa a la establecida por la ley, de todas formas se reingresó por la vía administrativa idónea, respondiéndose posteriormente a la solicitud en el último día del plazo contado desde esta última fecha.</p>
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d) Manifiesta que en la respuesta entregada al requirente se le informó que habiéndose comunicado la solicitud a la empresa QUIBORAX en conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, ésta manifestó su oposición a la entrega de la información indicada en los literales a), b) y c) de la solicitud, mientras que con respecto a los informes de los resultados de reproducción in situ solicitados, se remiten los correspondientes a las temporadas 2007-2008 y 2008-2009, señalando que no cuenta con el informe correspondiente a la temporada 2006-2007, aunque si posee información relativa a los censos de las especies correspondientes.</p>
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e) En cuanto a la solicitud efectuada por este Consejo de remisión de una parte de los antecedentes objeto de la petición argumenta que a la fecha, encontrándose ambos antecedentes en proceso de elaboración, se ha informado al reclamante que no es posible otorgar esa información por tratarse de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, por lo cual se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1 literal b) de la Ley de Transparencia, sin perjuicio de que se divulguen dichos antecedentes una vez que se adopte la decisión respectiva.</p>
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f) Para acreditar lo expuesto anteriormente, acompaña los siguientes documentos:</p>
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i. Comprobante e ingreso consulta N° AR003C-0000081, recibida el 12 de agosto de 2010.</p>
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ii. Copia de Ordinario N° 256/2010, señalando que este documento da cuenta de la respuesta a la solicitud del reclamante, hace mención a los anexos acompañados la misma y deja constancia de su recepción en el domicilio del reclamante.</p>
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iii. Ordinario N° 226/2010, de 13 de agosto de 2010, a través del cual se notificó la solicitud de información a la empresa QUIBORAX.</p>
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iv. Carta N° 6/2010, ingresada a CONAF el 1° de septiembre de 2010, a través de la cual la empresa QUIBORAX se opone a la entrega de la información.</p>
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v. Comprobante N° 12.223.483, que da cuenta del envío de la documentación por correo certificado al reclamante, con fecha 9 de septiembre de 2010.</p>
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vi. Comprobante de envío del correo electrónico de respuesta a la solicitud del reclamante, de fecha 9 de septiembre de 2010.</p>
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vii. Escritura Pública en que consta la Resolución N° 191, a través de la cual el Director Regional de CONAF acredita su personería.</p>
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5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE LA EMPRESA QUIBORAX LTDA.: El Consejo Directivo de este Consejo declaró admisible este amparo y dispuso trasladarlo a la empresa QUIBORAX, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, lo que se materializó mediante el Oficio N° 1.837, de 24 de septiembre de 2010 dirigido a su representante legal. El 4 de octubre de 2010, la empresa QUIBORAX, a través de su Subgerente General, evacuó sus descargos señalando que:</p>
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a) No es efectivo lo expuesto por el reclamante en cuanto a que no se habría respondido a la solicitud que formuló a la CONAF, puesto que consultado dicho organismo, señaló haber respondió efectivamente a dicha solicitud con fecha 9 de septiembre de 2010, por lo que no tuvo lugar la infracción alegada por el reclamante al deducir su amparo, más aún, existió oposición de su empresa en el procedimiento de acceso a la información –tal como consta del mérito de carta enviada a la CONAF el 1° de septiembre de 2010– antecedentes a los que el reclamante omitió hacer referencia en su presentación.</p>
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b) La información requerida en los literales a) y b) de la solicitud del reclamante –referente a las medidas de prevención a que alude y al plan de manejo– se refiere a antecedentes que se encuentran actualmente en proceso de estudio por una Comisión Tripartita establecida al efecto, por lo tanto, tienen el carácter de reservados en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 literal b) de la Ley de Transparencia.</p>
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c) En cuanto a la solicitud referida al convenio existente entre la empresa QUIBORAX y la CONAF, tal como consta en el acta de la reunión sostenida por la comisión tripartita el 30 de octubre de 2009 y a la cual asistió el mismo reclamante en su calidad de Director Regional de CONAF, se acordó, a partir del 31 de diciembre de 2009, poner término a los convenios existentes entre la CONAF y la empresa QUIBORAX o, en su defecto, desarrollar su adecuación en caso que corresponda, estableciéndose que la CONAF y QUIBORAX harían el debido intercambio de cartas de sus propuestas. De esta manera, sostiene, la solicitud del reclamante es inoficiosa e innecesaria, toda vez que los antecedentes solicitados se encuentran en etapa de estudio, por lo tanto, la reserva de tales antecedentes también se encuentra amparada por la causal del artículo 21 N° 1 literal b) de la Ley de Transparencia.</p>
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d) Con respecto a la solicitud referida al resultado reproductivo de las tres especies de flamenco existentes en el Salar de Surire, indica que mediante carta de 7 de mayo de 2009 –la cual adjunta– la empresa QUIBORAX remitió a CONAF un CD con la información de monitoreo correspondiente a la temporada 2008. Agrega que, tal como consta en la carta señalada, la empresa QUIBORAX aceptó la invitación de CONAF para participar de una evaluación del éxito reproductivo de las colonias de flamencos en el Salar de Surire, por lo cual se realizó la visita respectiva a fines del mes de mayo del año 2009, comprobándose in situ los exitosos niveles de reproducción de las colonias de flamencos. Por ello, señala que la solicitud del reclamante es innecesaria e improcedente, puesto que los registros de la información que solicita fueron debidamente entregados y traspasados por el mismo reclamante (ex Director Regional de CONAF) al actual Director Regional, al momento de producirse el cambio de la jefatura institucional.</p>
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6) MEDIDAS PARA MEJOR RESOLVER: El Consejo Directivo, en sesión ordinaria N° 206, de 10 de diciembre de 2010, acordó, para una adecuada resolución del presente caso y en aplicación del artículo 34 de la Ley de Transparencia, como medidas para mejor resolver las siguientes:</p>
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a) Requerir al Director Regional de la XV Región de Arica y Parinacota de la CONAF, mediante el Oficio N° 2.711, de 24 de diciembre de 2010, que informara a este Consejo:</p>
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i) Con respecto al proceso de aprobación que desarrolla la CONAF en relación al plan de manejo ambiental que la empresa QUIBORAX se comprometió a implementar en el monumento natural Salar de Surire, identificando las distintas etapas de dicho proceso, con indicación de su etapa actual, así como la intervención específica que le corresponde en el mismo, refiriéndose en particular a la época estimada en que se adoptará una resolución definitiva sobre la materia, sea rechazando o aprobando el plan de manejo propuesto.</p>
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ii) Con respecto al o los convenios celebrados entre la CONAF y la empresa QUIBORAX, en los mismos términos antes señalados precedentemente, y en caso de existir tales convenios, identificara específicamente los convenios de que se trata, señalando con respecto de qué decisión, política o medida servirían o podrán servir como antecedentes previos.</p>
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iii) Para ambos casos, se solicitó, además, que acompañara a este Consejo la información que obrara en su poder en relación con la aprobación del plan de manejo ambiental presentado por la empresa QUIBORAX y con los convenios celebrados entre dicha empresa y Corporación Nacional Forestal, bajo la reserva del artículo 26 de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Mediante Ordinarios N°s 8 y 9 de 10 de enero de 2011 y Ord. N° 11 de 11 de enero de 2011, el Director Regional de la CONAF respondió a la antedicha solicitud señalando, en resumen, lo siguiente:</p>
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i) Con respecto al plan de manejo ambiental de la empresa QUIBORAX informó que con fecha 30 de noviembre del año 2010, la CONAF, mediante Ord. N° 334/2010, procedió a manifestar su conformidad con el plan de gestión ambiental denominado “Extracción de Ulexita en el Salar de Surire” presentado por la empresa QUIBORAX, como resultado de un acuerdo alcanzado con CONAF en reunión tripartita celebrada ante la SEREMI de Agricultura de la ciudad de Arica el 30 de octubre del año 2009. Posteriormente, se refirió a los análisis a que fue sometido dicho Plan como asimismo al Plan de Monitoreo Ambiental o Plan de Seguimiento y finalmente a las diversas etapas de formación del Plan de Gestión Ambiental solicitado. Por otra parte, se refirió a la intervención que le corresponde a la CONAF en relación al Programa de Seguimiento Ambiental anual llevado a cabo por la empresa QUIBORAX y al Plan de Gestión Ambiental de la misma empresa, indicando al efecto que la intervención de la CONAF se traduce más que en el rechazo o aprobación de dichos planes, en adoptar las medidas necesarias para aportar al cuidado del monumento natural Salar de Surire, por medio de la celebración de los Comités Tripartitos, el desarrollo de los convenios de cooperación con la empresa y, sobretodo, el mantenimiento de una comunicación permanente con esta última. Al respecto, acompañó una gran cantidad de documentos, fundamentalmente actas de reunión del Comité Tripartito SEREMI de Agricultura-CONAF-QUIBORAX, como también de copia del Plan de Gestión Ambiental sobre extracción de Ulexita en el Salar de Surire de septiembre del año 2010 de la empresa QUIBORAX y copia del Ord. N° 334 de la CONAF, de 30 de noviembre del año 2010, aprobatorio de dicho Plan.</p>
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ii) Con respecto a los convenios celebrados entre CONAF y la empresa QUIBORAX, señala que ellos responden a la necesidad de facilitar las labores de monitoreo y fiscalización del área silvestre protegida del Salar de Surire, tanto por parte de CONAF –en su labor propia de control y cumplimiento do la normativa ambiental aplicable al caso–, entre ellos, los decretos de creación de las áreas silvestres protegidas y los decretos que autorizan la extracción de mineral, como por parte de la empresa QUIBORAX, quien pretende plasmar a través de estos convenios su intención de obligarse respecto de la responsabilidad ambiental que le cabe en la extracción de minerales dentro de un área silvestre protegida como, asimismo, demostrar el cumplimiento de los objetivos relativos a la responsabilidad social empresarial. Todo lo anterior, con el objeto y finalidad de dar cumplimiento de mejor forma con lo dispuesto en los Decretos Supremos N° 116, de 17 de agosto de 1978 y N° 12, de 3 de febrero de 1989, ambos del Ministerio de Minería que, sumado al contenido de la carta N° 455, de 21 de septiembre de 2001, del Ministro de Agricultura de la época, propician el trabajo en conjunto entre la SEREMI de Agricultura, CONAF y la empresa QUIBORAX, mediante la celebración regular de Comités Tripartitos. A este respecto, la CONAF acompañó los siguientes cuatro convenios:</p>
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1. Convenio de Ejecución del Plan de Control y Evaluación Ambiental del Proyecto de Extracción de Baratos del Salar de Surire, de 19 de abril de 1994.</p>
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2. Convenio de Conservación y Manejo Sustentable de la Cuenca del Salar de Surire, de 10 de abril de 2003.</p>
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3. Anexo de Convenio de Cooperación sobre el Plan de Trabajo del año 2005-2006, entre la CONAF y la empresa QUIBORAX, sobre “Conservación y Manejo Sustentable de la Cuenca del Salar de Surire”, celebrado el 9 de noviembre del año 2006.</p>
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4. Convenio Marco de Cooperación entre la CONAF y QUIBORAX de fecha 30 de noviembre de 2010.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, en primer término, es necesario abordar la alegación de la reclamada en torno a que habría respondido a la solicitud de acceso dentro del plazo legal, toda vez que se relaciona con aspectos propios del procedimiento de acceso a la información pública, por lo cual es pertinente que este Consejo se pronuncie, en el marco del principio de facilitación que rige el derecho de acceso a la información pública, previsto en el artículo 11, letra f) de la Ley de Transparencia. En particular, cabe efectuar las siguientes precisiones:</p>
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a) Las Oficinas de Partes de los órganos de la Administración del Estado y demás servicios púbicos constituyen un canal adecuado para que los ciudadanos efectúen solicitudes de información, de manera que el hecho que la solicitud de la especie no haya sido ingresada por la OIRS respectiva –que también constituye un canal adecuado, más no exclusivo– no significa que ella adolezca de un defecto, por lo que cabe desechar las alegaciones de la reclamada en este sentido. Al respecto, cabe dar por reproducidos los razonamientos efectuados por este Consejo en los considerandos 1° a 6° de las decisiones recaídas en los amparos Roles C549-09 y C550-09.</p>
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b) En consecuencia, recibida una solicitud en la Oficina de Partes del órgano requerido –y en el supuesto que aquella cumpla con los requisitos formales dispuestos en los artículos 12 y siguientes de la Ley de Transparencia– éste se encuentra obligado a darle curso inmediato conforme a dicha ley, por lo que desde su recepción debe comenzar a computarse inmediatamente el plazo de que dispone el órgano reclamado para atender a tal requerimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Por otra parte, la derivación interna que pueda tener lugar entre diversas unidades o departamento del órgano requerido, a efectos de responder al requerimiento de manera más adecuada, es una cuestión que dice relación exclusivamente con su organización interna pero que no puede ocasionar perjuicio al requirente, en el sentido de suspender o ampliar el plazo de respuesta o servir de excusa para no satisfacer el requerimiento dentro del plazo legal. El Consejo ya se ha pronunciado en este sentido, así por ejemplo, en las decisiones recaídas en los amparos Roles A328-09 (considerando 3°) y C535-09 (considerando 5°).</p>
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2) Que, conforme a lo señalado, el plazo de veinte días de que disponía la CONAF para atender la solicitud de información de la especie en el marco del procedimiento de acceso a la información debió contabilizarse desde que esta última fue recibida en su Oficina de Partes, con total prescindencia de la época en que la solicitud fuera derivada internamente a la OIRS, a fin de tramitarla y responder al reclamante. Por esto, cabe representar al Director Regional de la CONAF la actuación de su representada en este caso, por cuanto, en definitiva, implicó responder a la solicitud de información en exceso del plazo legal. En este sentido, cabe concluir que el amparo de la especie resulta plenamente justificado, en cuanto se funda precisamente en que la CONAF no respondió a la solicitud de información dentro del plazo legal, debiendo como consecuencia desecharse las alegaciones formuladas al respecto tanto por la reclamada como por la empresa QUIBORAX.</p>
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3) Que, sin perjuicio de lo anterior, la CONAF respondió a la solicitud de información de la especie de manera extemporánea entregando parte de la información requerida y denegando la restante, fundada en que la empresa QUIBORAX, debidamente notificada conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, ejerció su derecho de oposición. Posteriormente, al formular sus descargos ante este Consejo, ambas partes invocaron el carácter reservado de una parte de la información solicitada, por lo cual es procedente determinar si dicha información se encuentra comprendida o no en alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente respecto de la causal de reserva invocada prevista en el artículo 21 N° 1 literal b) de la Ley de Transparencia.</p>
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4) Que, para contextualizar la solicitud que motivó el amparo, es necesario referirse, primeramente, a la situación de las faenas desarrolladas por la empresa QUIBORAX en el Monumento Nacional Salar de Surire ubicado en la XV Región de Arica y Parinacota, a saber:</p>
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a) Por medio del D.S. N° 116/1978, firmado por el Presidente de la República y los Ministros de Minería y de Agricultura, se autorizó a la Compañía Minera Ñandú Ltda. para efectuar labores mineras de explotación de bórax, caolin, azufre y diatomita en las pertenencias “Santa Marta 1 al 245”, ubicadas dentro de los límites del Parque Nacional Lauca, previéndose que la autorización está sujeta a la condición resolutoria de causarse deterioros o menoscabo a la flora y a la fauna existente en el Parque Nacional, para lo cual la empresa deberá adoptar todas las medidas tendientes a precaver dichos daños, bajo apercibimiento de revocación. Posteriormente, por medio del D.S. N° 29/1983, del Ministerio de Agricultura, se fijaron nuevos límites al Parque Nacional Lauca, se creó la Reserva Nacional “Las Vicuñas” y el Monumento Natural “Salar de Surire” como sitio de nidificación de flamencos, declarándose todas esas zonas “de interés científico”. Mediante el D.S. N° 12/1989, del Ministerio de Minería, se otorgó a la empresa QUIBORAX autorización para ejecutar labores mineras respecto de una serie de pertenencias ubicadas en el Salar de Surire, estableciéndose una serie de exigencias ambientales .</p>
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b) Con fecha 4 de julio de 2001, la empresa Ñandú arrendó sus pertenencias a la empresa QUIBORAX. Mientras que en el año 2008 la empresa QUIBORAX dio inicio a labores mineras en las pertenencias arrendadas, ubicadas en el actual área del Monumento Natural Salar de Surire, separada del área original del Parque Nacional Lauca, sosteniendo que tales labores estaban amparadas por la autorización otorgada por el D.S. N° 116, de 1998. En este escenario, se suscitó una controversia en orden a si la empresa QUIBORAX podía realizar actividades de extracción minera en el Salar de Surire sólo en virtud del contrato de arrendamiento de las pertenenecias, caso en el cual no requería una nueva autorización presidencial o, si por el contrario, debía entenderse cedido el acto administrativo autorizatorio para realizar faenas mineras con que contaba la arrendadora, caso en el cual no era necesaria una autorización presidencial para esas faenas de explotación.</p>
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c) Producto de lo anterior la Dirección Regional de Arica y Parinacota de la CONAF consultó a la División Jurídica del Ministerio de Minería, quien, mediante el Oficio Ord. N° 35/1278, de 26 de septiembre de 2008 estimó que la empresa QUIBORAX no contaba con los permisos necesarios para realizar faenas mineras en el Monumento Natural Salar de Surire, debiendo, por tanto, solicitar autorización presidencial en conformidad a la regulación minera. Sin embargo, posteriormente, en base a un informe de reconocimiento emitido por parte del SERNAGEOMIN de la Región de Arica y Parinacota, así como a otros antecedentes aportados por la empresa QUIBORAX, la División Jurídica del Ministerio de Minería reconsideró el Oficio señalado precedentemente y, a través del Oficio Ord. N° 44/1523, de 29 de octubre de 2008, estimó que la empresa aludida no requería de una nueva autorización presidencial para explotar las faenas mineras en el Salar de Surire, encontrándose amparada por los decretos ya indicados.</p>
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d) Según se desprende del D.S. N° 12, de 1983, del Ministerio de Agricultura, el Monumento Natural Salar de Surire corresponde a un área de manejo silvestre que se encuentra sujeta a una protección especial, distinta de aquella dispensada por la autoridad a las zonas denominadas Monumentos Nacionales, sin embargo, ambas se encuentran sometidas a la tuición y administración de la CONAF.</p>
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5) Que, precisado lo anterior, respecto a la información solicitada relativa a las medidas de precaución adoptadas por la empresa QUIBORAX y aprobadas por la CONAF para la presente temporada, dicho órgano al formular sus descargos no ha controvertido ante este Consejo la circunstancia de que esta información obre en su poder, ni ha alegado a su respecto causal de reserva, motivo por el cual ha de estimarse de carácter público, conforme a lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, por lo que corresponderá acoger el amparo a su respecto, disponiendo la entrega de los actos o documentos donde consten dichas medidas aprobadas por CONAF –máxime si ello supone facilitar el control social con respecto a las implementación de las medidas adoptadas por un particular y aprobadas por la autoridad para proteger un monumento natural– o que informe que tales medidas de precaución están contenidas en el “Plan de Gestión Ambiental sobre Extracción de Ulexita en el Salar de Surire”, cuya copia fue acompañada a este Consejo.</p>
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6) Que, por otra parte, la solicitud del plan de manejo ambiental comprometido por la empresa QUIBORAX se debe entender referida al conjunto de medidas ambientales a adoptar por la empresa con ocasión de su actividad minera, en particular, y a la luz de lo dispuesto en la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, acciones para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en la flora y fauna del Salar de Surire, tales como la mantención del valor paisajístico o la protección de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas, en particular los flamencos que habitan en el lugar.</p>
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7) Que en relación al precitado plan de manejo ambiental, la CONAF en un principio, al responder la solicitud de acceso y al evacuar sus descargos, sostuvo que dicho plan constituía información que se encontraba en elaboración, por lo que, a su respecto, invocó la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 literal b), de la Ley de Transparencia, esto es, que su divulgación afectaría el debido cumplimiento de sus funciones por tratarse de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, causal que, por los mismos hechos, fue invocada por el tercero interesado QUIBORAX. Sin embargo, posteriormente, respondiendo a la medida para mejor resolver decretada al respecto por este Consejo, informó que mediante el Ord. N° 334, de 30 de noviembre del año 2010, la CONAF aprobó el mencionado plan de manejo –al cual se refirió como “Plan de Gestión Ambiental sobre Extracción de Ulexita en el Salar de Surire”– del que acompañó un ejemplar a este Consejo.</p>
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8) Que, por lo tanto, atendido el hecho que, por una parte, dicho plan constituye información que obra en poder de la reclamada con respecto a la cual no resulta procedente la aplicación de la causal de reserva que fue invocada en un principio, y, por otra, que la empresa QUIBORAX debidamente notificada tanto en el procedimiento de acceso a la información como en el procedimiento de amparo, no invocó derecho alguno de su titularidad que pudiere verse afectado en virtud de la divulgación de dicho plan y atendido el hecho que sus alegaciones serán desechadas, conforme se indicará más adelante, no cabe sino concluir que dicha información es pública, debiendo a este respecto reproducirse lo señalado en el considerando 5°), razón por la cual se acogerá el presente amparo en esta parte. Lo anterior se ve especialmente corroborado por lo dispuesto en el mismo artículo 21 N° 1 letra b) en cuanto a que los fundamentos de las resoluciones, medidas o políticas son públicos, una vez que éstas se adopten. En virtud de ello se requerirá a la CONAF a fin de que entregue al reclamante copia del documento íntegro titulado “Plan de Gestión Ambiental Extracción de Ulexita en el Salar de Surire” elaborado por la empresa Quiborax, que contiene el plan de manejo ambiental solicitado.</p>
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9) Que con respecto a la solicitud referida al convenio celebrado entre la CONAF y la empresa QUIBORAX, el resultado de la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, permite establecer que también debe ser desechada la procedencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1 literal b) de la Ley de Transparencia, invocada en un principio por la reclamada, toda vez que ésta al responder dicha medida señaló que se encontraban vigentes cuatro convenios celebrados entre ambas partes, sin aludir a la circunstancia que alguno de ellos forme parte de un proceso decisional de la CONAF que por tanto exija su reserva. Al respecto, este Consejo estima que la solicitud del reclamante en cuanto alude a un convenio, ha de entenderse referida al Convenio Marco de Cooperación celebrado entre la CONAF de la XV Región de Arica y Parinacota y la empresa QUIBORAX, de fecha 30 de noviembre de 2010, por cuanto, según los antecedentes acompañados y particularmente atendiendo a su fecha, debe concluirse que es precisamente dicho convenio aquél que al momento de responder la solicitud se encontraba en etapa de elaboración por parte de la reclamada. Por esto, se deberá acoger el amparo en esta parte y requerir a la CONAF que entregue al reclamante dicho convenio.</p>
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10) Que, finalmente, en relación a los informes del resultado reproductivo in-situ de las tres especies de flamenco existentes en el Salar de Surire, la CONAF ha acreditado ante este Consejo que proporcionó dicha información al reclamante con respecto a los periodos 2007-2008 y 2009-2010, al responder de manera extemporánea la solicitud de información, por lo que a su respecto corresponderá acoger el amparo, dando por entregada parte de la información de manera extemporánea. Con respecto a la información correspondiente al periodo 2006-2007, en esa misma oportunidad la CONAF señaló al reclamante que no cuenta con un informe para ese periodo, agregando en forma posterior al traslado que ese informe no ha sido elaborado y que sólo contaría con información relativa a los censos de las especies correspondientes. Por ello, respecto del informe correspondiente al periodo 2006-2007 se rechazará el presente amparo, por no disponer de dicha información la reclamada, sin perjuicio de las consecuencias que pudieren derivarse de dicha inexistencia.</p>
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11) Que, por otra parte, en el marco del procedimiento de acceso a la información, la empresa QUIBORAX fue notificada de la solicitud de acceso en conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, oportunidad en la cual manifestó en forma extemporánea su oposición a la entrega de la información. Posteriormente, en el marco de la tramitación del presente amparo, se dispuso la notificación a la misma empresa, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia.</p>
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12) Que, en ambas instancias la empresa QUIBORAX manifestó su oposición a la entrega de la información requerida, en base a tres argumentos:</p>
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a) El amparo deducido por el reclamante carece de fundamento, por cuanto, según información que le habría proporcionado el propio órgano reclamado, éste respondió a la solitud de información dentro del plazo legal.</p>
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b) Parte de la información solicitada, particularmente aquella referida a las medidas de precaución, plan de manejo y convenios, tiene el carácter de reservada en virtud del artículo 21 N° 1 literal b) de la Ley de Transparencia.</p>
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c) La solicitud referida al resultado reproductivo in situ de las tres especies de flamencos existentes en el Salar, es innecesaria e improcedente, por cuanto el mismo reclamante ya tuvo acceso a la misma con anterioridad, dada su calidad de ex Director Regional de la CONAF de Arica y Parinacota.</p>
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13) Que las tres alegaciones deben ser desechadas, sin perjuicio de lo señalado en los numerales precedentes. La primera, en base a las consideraciones expuestas en los dos primeros considerandos. La segunda alegación, toda vez que, a juicio de esta Consejo, la causal de reserva invocada, en cuanto protege el debido cumplimento de las funciones del órgano requerido en el marco de un proceso decisional es privativa de dicho órgano, pues se estima que precisamente él se encuentra en la posición adecuada para ponderar la medida en que la divulgación de los antecedentes previos a la adopción una decisión en el ejercicio de sus funciones puede afectar el debido cumplimiento de estas. Sobre el particular, el Consejo ya se ha pronunciado en este mismo sentido, especialmente en la decisión recaída en el amparo Rol C518-10 (considerando 7°). Por último, la tercera alegación deberá también desecharse, pues, por una parte, la necesidad de la información requerida es del todo irrelevante para el acceder a la misma y, por otra, la circunstancia que el reclamante haya tenido acceso a la información requerida con anterioridad en razón de un cargo particular, no puede constituir un obstáculo a que requiera nuevamente dicha información, pues no existe limitación alguna en este sentido, más aún tratándose del ejercicio de un derecho fundamental, tal como ya lo ha señalado este Consejo en la decisión recaída en el amparo Rol A170-09 (considerando 5° literal a).</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Jorge Torres Caballero en contra de la Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal de la XV Región de Arica y Parinacota, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Regional de la Corporación Nacional Forestal de la XV Región de Arica y Parinacota a fin de que, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde que quede ejecutoriado el presente acuerdo, entregue al reclamante la información requerida en los literales a), b) y c) de su solicitud de acceso, conforme al N° 1 de la parte expositiva de esta decisión, y a cuya entrega accedió este Consejo en los considerandos 5), 8) y 9) de esta decisión.</p>
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III. Requerir al Sr. Director Regional de la Corporación Nacional Forestal de la XV Región de Arica y Parinacota a fin de que dé cumplimiento a lo precedentemente resuelto, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia, enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información, a este Consejo, al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión.</p>
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IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Jorge Torres Caballero, al Sr. Director Regional de la Corporación Nacional Forestal de la XV Región de Arica y Parinacota, al Sr. Director Nacional de CONAF y al representante legal de la empresa QUIBORAX Ltda.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Juan Pablo Olmedo Bustos y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se hace presente que el Consejero don Alejandro Ferreiro Yazigi manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir o votar el presente amparo, por estimar que concurre a su respecto la causal establecida en el numeral segundo del Acuerdo del Consejo para la Transparencia sobre Tratamiento de los Conflictos de Intereses, adoptado en la sesión N° 101, de 9 de junio de 2009, que hace aplicable a este Consejo el número 6 del artículo 62 de la LOCBGAE, por existir, a su juicio, circunstancias que le restan imparcialidad para conocer del asunto, específicamente por tener vínculos de parentesco con personas vinculadas a la empresa QUIBORAX Ltda.. Solicitud y voluntad que los demás Consejeros acogieron en su integridad. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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