Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2365-15

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Reclamante:	LUCIO CUENCA BERGER
Reclamado:	COMISIÓN CHILENA DEL COBRE (COCHILCO)
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), fundado en la denegación de acceso a la información solicitada referente al "Oficio N° 343 del 03 de diciembre de 2014. Informe sobre proyecto minero de Codelco de Cotacachi (Imbabura)". El Consejo acoge el amparo, toda vez que el órgano reclamado invoca la reserva de los documentos que remita el órgano ante el requerimiento de una determinada Comisión o parlamentarios. Al efecto, revisada tanto la resolución denegatoria de la información, como los descargos evacuados en esta sede, se verifica que el órgano se limitó a reconducir dicha disposición, por aplicación del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, a la hipótesis de reserva del artículo 8° inciso segundo de la Carta Fundamental, interés nacional, de modo inespecífico y genérico, aludiendo sobre dicha disposición legal únicamente que la información se vincula con la causal por tratarse de una empresa estratégica, estatal y que ésta se refiere a negociaciones comerciales con una empresa también pública y extranjera. De este modo, y en consideración a lo razonado especialmente en los considerandos 12) y 13) precedentes, no habiéndose acreditado la afectación real y específica del bien jurídico protegido e invocado por el órgano, se desestimarán las alegaciones en tal sentido.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/29/2016
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C512-09 C1163-11 C734-10 C57-10 C669-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	2066-2016
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Industria (Productividad)

DECISIÓN AMPARO ROL C2365-15 Entidad pública: Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) Requirente: Lucio Cuenca Berger Ingreso Consejo: 02.10.2015 En sesión ordinaria N° 679 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2365-15. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de septiembre de 2015, don Lucio Cuenca Berger solicitó a la Comisión Chilena del Cobre (en adelante COCHILCO) el "Oficio N° 343 del 03 de diciembre de 2014. Informe sobre proyecto minero de Codelco de Cotacachi (Imbabura)". 2) RESPUESTA: Mediante Resolución Aprobatoria Exenta N° 101, del 29 de septiembre de 2015, el órgano deniega el acceso a la información en virtud del art. 21 N° 5 y el artículo 1° transitorio de la Ley 20.285, respecto de la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la que además por detentar la calidad de Orgánica Constitucional posee un quórum superior al calificado para su dictación, por lo que por sí misma la incluye dentro de la causal de reserva del art. 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Indica que el artículo 9° de la Ley N° 18.918, dispone en lo pertinente que los organismos de la Administración del Estado, deberán proporcionar los informes y antecedentes específicos que les sean solicitados por comisiones o por los parlamentarios debidamente individualizados en la sesión de Sala, o de comisión, y que los informes y antecedentes proporcionados por el servicio, organismo o entidad por medio del Ministro del que dependa o mediante el cual se encuentra vinculado con el Gobierno, se mantendrán en reserva o secreto. La Comisión Chilena del Cobre, envió a la Sra. Ministra de Minería el Oficio Reservado N° 343, de 03 de diciembre de 2014, para que por su intermedio se diera respuesta al Oficio N° 33, de 09 de octubre 2014, de la Comisión de Minería y Energía, de la Honorable Cámara de Diputados. 3) AMPARO: El 2 de octubre de 2015, don Lucio Cuenca Berger dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de acceso a la información solicitada. El reclamante hace presente que la información que contiene el documento solicitado, surge de una visita que hicieron a la Comisión de Energía y Minería de la Cámara, dirigentes comunitarios de Intag Ecuador y de Chile (OLCA), por los impactos que está causando la empresa Estatal Chilena en territorio de un país hermano. La nombrada Comisión accede a las peticiones de la comunidad y oficia al Vice-presidente de Cochilco. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, mediante Oficio N° 8.048, de 16 de octubre de 2015. Mediante Oficio N° 347, de 02 de noviembre de 2015, del Sr. Fiscal (S) de la Comisión Chilena del Cobre, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que: a) Mediante Oficio N° 33, de 9 de octubre de 2014, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, requiere de Cochilco, remitir la totalidad de la información que tenga en relación al proyecto minero que Codelco posee en la provincia de Cotacachi, Ecuador. Lo anterior, debido al conocimiento que habría tomado dicha entidad en relación a que las exploraciones de ese proyecto minero estarían afectando una zona protegida por su biodiversidad, como asimismo, que se estarían vulnerando los derechos civiles de las personas y de las comunidades indígenas aledañas, en aras de la realización del proyecto. b) La solicitud de información se refiere a antecedentes del año 2009, fecha en que el Gobierno ecuatoriano y Codelco alcanzaron un convenio para generar negocios mineros en extracción de cobre. El año 2011, el Gobierno ecuatoriano formalizó el traspaso del acuerdo suscrito el 2009 entre Codelco y el Ministerio de Recursos No Renovables, a la Empresa Nacional de Minería de Ecuador, ENAMI EP, sucesora legal del citado Ministerio. Hace presente que dichos antecedentes fueron entregados previamente al solicitante, en 2012, cuando requirió información sobre los procedimientos que permitieron a Codelco realizar operaciones mineras en la reserva ecológica de Toisán, Ecuador. c) Entre la información requerida se encuentra el requerimiento del año 2012 y su respuesta, así como una minuta explicativa y el Oficio N° 56, elaborado en conjunto por Ministerio de Desarrollo Social y Cochilco, que dice relación con la evaluación conjunta que ambas entidades realizan para los proyectos de inversión, exploración e investigación de las empresas estatales Codelco y Enami. d) Cochilco tiene por objeto servir de asesor técnico y especializado del Gobierno en materias relacionadas con el cobre y sus subproductos; y, desempeñar funciones fiscalizadoras, según se desprende del artículo 1° del D.L. N° 1.349, de 1976. En virtud de dichas atribuciones, las empresas productoras están obligadas a proporcionar todos los antecedentes e informaciones que les solicite la Comisión, bajo sanción de multa en el evento de incumplimiento o atraso injustificado. Dichos antecedentes e informaciones poseen el carácter de confidenciales y se obliga al personal de la Comisión a guardar estricta reserva sobre ellos (artículo 2°, inciso segundo del D.L. N° 1.349). e) En reiterada jurisprudencia este Consejo ha determinado que el artículo 8° inciso segundo de la Carta Fundamental exige la afectación de los bienes jurídicos que indica para justificar que la Ley pueda establecer la hipótesis de reserva. El vocablo "afectare" es claro en cuanto a que debe causarse un perjuicio o daño al bien jurídico si se divulga la información, de manera que no basta sólo que aquélla se relacione con éste o que le resulte atingente para que el legislador pueda mantener tal información en secreto o reserva. f) Hace presente la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Se indica que el artículo 1° transitorio de la misma ley establece que, de conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Carta Fundamental. Esta hipótesis se da en el caso de la norma contenida en el artículo 2° del Decreto Ley N° 1.349, Ley Orgánica de la Comisión Chilena del Cobre. g) En este caso, la divulgación de la información requerida afectaría el interés nacional, por cuanto contiene antecedentes estratégicos para sus relaciones de negocio con un país extranjero, ya que dan cuenta de inversiones a realizar y otros antecedentes que resulta fundamental sean mantenidas en forma confidencial, toda vez que se trata de una empresa estratégica, estatal y que adicionalmente, es la mayor productora de cobre en el mundo, y que aporta con un porcentaje importante del PIB nacional. h) Lo anterior lleva a la necesidad de efectuar el test de daño, que permite a la Administración ponderar cuando se obtiene un mayor beneficio con la afectación del derecho fundamental de publicidad, requiriéndose que la excepción al mismo se encuentre en una norma de quórum calificado y que se vincule a una de las causales que la propia Carta Fundamental autoriza para su denegación. i) En este caso, existen dos disposiciones que cumplen con el quórum requerido, el DL. N° 1.349/76, ya citado, y el artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en cuya virtud se solicitó la información a Cochilco, y que en lo pertinente señala: "Dichos informes y antecedentes serán proporcionados por el servicio, organismo o entidad por medio del Ministro del que dependa o mediante el cual se encuentre vinculado con el Gobierno, manteniéndose los respectivos documentos en reserva o secreto." j) De igual forma, para ambas normas se daría la vinculación de la causal del interés nacional, por tratarse de una empresa estratégica estatal, a cuyo respecto se está solicitando información relativa a negociaciones comerciales con una empresa también pública y extranjera. Es de opinión de Cochilco que la causal de afectación del interés nacional, la mayoría de las veces concurriría respecto de información, que no sea pública porque la propia empresa la ha puesto a disposición de la ciudadanía, en el caso de Codelco-Chile, por las razones ya expuestas. k) Para afirmar sus dichos se remonta hacia los orígenes de la Comisión, en 1971, cuando el escenario de la industria cambió radicalmente mediante la aprobación por unanimidad del Congreso del proyecto sobre Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, promulgado en la Ley N° 17.450. l) Para concretar este proceso de nacionalización fue necesario modificar el artículo 10 de la Carta Fundamental, al cual se le agregó una disposición transitoria en la que se planteaba que "por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, se nacionalizan y declaran por tanto incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la Nación las empresas extranjeras que constituyen la gran minería del cobre". m) Codelco Chile fue constituida como una empresa del Estado que agrupaba los yacimientos existentes en una sola Corporación, minera, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya primera misión fue profundizar la transformación administrativa que implicó darle continuidad a la explotación de los yacimientos nacionalizados, sus establecimientos, faena y servicios anexos. n) La importancia que reviste Codelco, tanto a nivel nacional como internacional, hace que ciertas informaciones que se manejan sobre la misma posean un carácter confidencial, por poder eventualmente causar un daño al interés nacional, el que si bien no se encuentra definido, se ha estimado que se refiere en especial a la salud pública, las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país. o) En la especie se aprecia que el interés nacional se vería afectado, tanto en cuanto a relaciones internacionales se refiere, como a los intereses económicos y comerciales del país, toda vez que se trata de inversiones que se están realizando en el extranjero, entre dos empresas estatales y cuya materialización aún no se concreta por estar autorizada sólo la licencia ambiental para la exploración y no la explotación. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Por correo electrónico de 15 de enero de 2016, esta Corporación requirió a Cochilco la remisión de aquellos antecedentes que fueron denegados por el órgano. Mediante correo electrónico de misma fecha, el órgano remitió a esta Corporación copia de la información que fuere denegada en su oportunidad. Y CONSIDERANDO: 1) Que a modo de contexto previo en el presente caso, se debe indicar que, en el marco de la celebración de un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en materia minera, entre Chile y Ecuador (2008), se suscribió un convenio de exploraciones mineras entre CODELCO y la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP), en junio de 2009, con el objeto de generar negocios mineros en extracción de cobre. En términos generales, dicha convención establece que la Corporación obtiene el derecho a realizar exploraciones geológicas en propiedades mineras de Ecuador, mientras que Ecuador se compromete a entregar las facilidades necesarias para llevar a cabo dichas actividades. En específico, Codelco aportaría su conocimiento minero y la inversión necesaria para realizar los trabajos de exploración. Cabe hacer presente que, en una primera etapa, la Corporación evaluaría el potencial geológico de dichas propiedades mineras, y posteriormente, si las actividades de exploración dieren como resultado una o más propiedades de interés minero para Codelco, luego, en una segunda fase, se formaría una empresa de economía mixta entre Codelco y Enami EP, que llevará a cabo los trabajos necesarios de exploración avanzada e ingeniería que permitirán tomar una decisión de inversión, todo ello mediante el análisis del caso concreto y previa autorización del Directorio de la Corporación. 2) Que la información requerida corresponde al Oficio por el que COCHILCO informa a la Sra. Ministra de Minería sobre el proyecto de exploración de CODELCO, en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, Ecuador, junto con los antecedentes remitidos, información que obra en poder de COCHILCO para el cumplimiento de la funciones atribuidas por el Decreto Ley N° 1.349, de 1976, que Crea la Comisión Chilena del Cobre y Modifica la Ley N° 16.624, especialmente en su rol de asesor técnico y especializado del Gobierno en materias relacionadas con el cobre y sus subproductos; y, desempeñar funciones fiscalizadoras. Para esos efectos, la norma dispone que «las empresas productoras estarán obligadas a proporcionar oportunamente todos los antecedentes e informaciones que les solicite la Comisión». Por lo anterior, la información requerida obra en poder de la reclamada en ejercicio de sus funciones públicas, por lo que dicha información es -en principio- pública, al tenor del artículo 5° de la Ley de Transparencia, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. 3) Que la reclamada ha denegado acceso a la información requerida invocando la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2° inciso final del Decreto Ley N° 1.349, de 1976. Dicha norma establece las funciones de COCHILCO y, prescribe en lo pertinente, que "Para los efectos de lo establecido en el presente artículo, las empresas productoras estarán obligadas a proporcionar oportunamente todos los antecedentes e informaciones que les solicite la Comisión. Tales antecedentes e informaciones tendrán el carácter de confidenciales y el personal de la Comisión estará obligado a guardar estricta reserva sobre el particular". Asimismo, se ha invocado el artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Al efecto dicha disposición establece la obligatoriedad para los organismos de la Administración del Estado de remisión de los antecedentes que fueren requeridos por Comisiones o parlamentarios, y establece, en lo pertinente que "Dichos informes y antecedentes serán proporcionados por el servicio, organismo o entidad por medio del Ministro del que dependa o mediante el cual se encuentre vinculado con el Gobierno, manteniéndose los respectivos documentos en reserva o secreto". 4) Que según lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, es posible denegar, total o parcialmente, el acceso a la información solicitada cuando una ley de quórum calificado la haya declarado reservada o secreta, de acuerdo a las causales señaladas en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política, esto es, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. 5) Que por su parte, tratándose las normas invocadas de disposiciones previas a la promulgación de la Ley N° 20.050, de 2005, resulta igualmente aplicable la disposición 1° transitoria de la Ley de Transparencia, según la cual «se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política». 6) Que al analizar las hipótesis de secreto o reserva legales previas a la reforma constitucional de 2005, que, a través de la Ley N° 20.050, consagró a nivel constitucional el principio de publicidad, este Consejo reiteradamente ha sostenido que, de acuerdo a la lectura de las normas citadas en los considerandos anteriores, no toda norma legal previa a la Ley N° 20.050 que fije un caso de secreto o reserva se entenderá automáticamente vigente: sólo aquéllas que puedan reconducirse a las causales del artículo 8° de la Constitución, esto es, aquéllas en que la publicidad de la información declarada secreta o reservada afecte el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional (Criterio establecido en la decisión de amparo Rol A45-09, reiterado en decisiones de amparos Roles A266-09, C512-09 y C57-10, entre otras). Esta es la forma, a juicio de este Consejo, en que el artículo 2°, inciso final, del D.L. N° 1.349, de 1976 y el artículo 9° inciso final de la Ley N° 18.918 debieren ser interpretados para obtener un resultado que sea armónico con lo dispuesto por los artículos 21 N° 5 y primero transitorio de la Ley de Transparencia, así como con el texto vigente de la Constitución, habida consideración de que se trata de normas previas a la reforma del artículo 8° de la Constitución, que incorporó el principio de publicidad. 7) Que establecido lo anterior, la información requerida puede subsumirse en la norma invocada al tratarse de documentos elaborados por COCHILCO sobre la base de antecedentes proporcionados a la Comisión por CODELCO, razón por la que la exigencia de afectación a que se refieren los artículos 21 N° 5 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia, vía remisión a las causales consagradas en el artículo 8° de la Constitución, obliga a que este Consejo verifique, en el caso concreto, si la entrega de la información requerida afectaría alguno de los bienes jurídicamente protegidos por ella, particularmente y según fuere alegado por el órgano, el interés nacional. 8) Que para efectos de ponderar en concreto la afectación del bien jurídico eventualmente afectado, esto es, interés nacional, esta Corporación tuvo a la vista los antecedentes requeridos por la reclamada, en particular: a) Oficio Reservado N° 343, de 3 de diciembre de 2014; b) Minuta denominada "Exploraciones Internacionales CODELCO. Prospecto Llurimagua (ex - Junín), Ecuador"; c) Oficio Ordinario N° 56, de 01 de junio de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social y Cochilco a CODELCO, sobre resultado del análisis de proyectos del Programa de Inversiones 2012; y, d) Respuesta otorgada por el órgano a otra solicitud de información relacionada con la materia, presentada por el mismo reclamante de amparo, en el año 2012, referida a los procedimientos que han permitido a CODELCO iniciar algunas actividades de exploración en la zona ya individualizada. Sobre la materia se debe hacer presente que, atendido el tenor de la solicitud y las materias reservadas por la reclamada, el análisis de la causal de reserva se concentrará exclusivamente en los tres primeros documentos (literales a), b) y c), excluyendo aquella parte referida a la respuesta otorgada por el órgano a una solicitud de información previa con información ya entregada al propio reclamante. 9) Que según se desprende de los descargos presentados, corresponde a esta Corporación analizar si la entrega de la información requerida, y que sería reservada por aplicación del artículo 2° del D.L. N° 1.349, de 1976, afectaría el interés nacional (por reconducción a la causal de reserva del artículo 8° de la Carta Fundamental que fuere alegado por la reclamada). Sobre dicha afectación, el órgano ha indicado, en síntesis, que se afectaría el interés nacional por cuanto la información requerida contiene antecedentes estratégicos para sus relaciones de negocio con Ecuador, ya que dan cuenta de inversiones a realizar y de otros antecedentes, teniendo en especial consideración que estamos en presencia de una empresa estratégica, estatal y la mayor productora de cobre del mundo. Asimismo agrega que se afecta el interés nacional, tanto en cuanto a las relaciones internacionales como a los intereses económicos y comerciales del país, ya que se trata de inversiones que se están realizando en el extranjero, entre dos empresas estatales y cuya materialización aún no se concreta por estar autorizada solo la licencia para la exploración y no la explotación. 10) Que al efecto, respecto del Oficio Reservado N° 343, de 2014, éste corresponde a una comunicación de COCHILCO a la Sra. Ministra de Minería, por la que se informa sobre el Proyecto de exploración geológica denominada "Llurimagua" que CODELCO posee junto a la Empresa Nacional Minera de Ecuador (ENAMI EP). En términos generales se informa sobre el estado actual de obtención de permisos ambientales y sobre la evaluación conjunta que hiciere COCHILCO con el Ministerio de Desarrollo Social al momento de recomendar este proyecto en particular. Por su parte, el segundo documento reservado por parte del órgano corresponde a una minuta explicativa relativa al proyecto de exploración "Llurimagua", elaborado por la Dirección de Evaluación de Inversiones y Gestión Estratégica de COCHILCO, de noviembre de 2014. Revisada dicha minuta, es posible distinguir la siguiente información: I. Antecedentes Generales del Proyecto (explica cronológicamente los hitos más importantes de los acuerdos celebrados entre CODELCO y Ecuador sobre la materia junto con monto inicial aprobado de inversión, y su reformulación); Ubicación e Información del yacimiento (ubicación geográfica, recursos del yacimiento, incluyendo una imagen satelital obtenida de Google Earth (identifica punto central de la propiedad minera) y otra de Codelco (límites de la propiedad); III. Trabajos ejecutados por CODELCO (monto global de inversión entre 2012 y 2014, principales actividades desarrolladas); IV. Situación Actual (estado actual de permisos ambientales, en términos generales); y, V. Comentarios de COCHILCO. Finalmente, el Oficio Ordinario N° 56, de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social y COCHILCO a CODELCO, recomienda el proyecto API M12G007, por el monto que indica, con la prevención de cumplimiento de la normativa ambiental respectiva a objeto de controlar y/o mitigar todo impacto ambiental que derive de la actividad, así como la obtención de la respectiva licencia social. 11) Que tras la revisión de los antecedentes y en concreto, de la información requerida y reservada por el órgano, es posible colegir que a la fecha de la solicitud de información, se encontraba en ejecución el proyecto destinado a los trabajos de exploración por parte de Codelco en las propiedades mineras de Ecuador, con el objeto de evaluar el potencial geológico de las mismas. Asimismo, consta que, se decidió por parte de la Autoridad competente autorizar la inversión de recursos de CODELCO para efectos de materializar dichos trabajos y dar cumplimiento al acuerdo. Se hace presente que algunos de los montos globales estimados de inversión han sido puestos en conocimiento de la opinión pública por parte de CODELCO a través de su sitio web (https://www.codelco.com/codelco-y-ecuador-firman-convenio-de-exploracion-minera/prontus_codelco/2011-02-18/234344.html, https://www.codelco.com/firma-de-acuerdo-codelco-enami-ep-de-ecuador/prontus_codelco/2011-11-28/122201.html). Además, se ha dado a conocer por parte de CODELCO a la ciudadanía sobre la ejecución de dichos montos en determinados períodos (por ejemplo: desde 2008 se ha invertido en Ecuador cerca de US$ 3,5 millones en trabajos de exploración en 20 prospectos). Por su parte, es posible observar que la información reservada, no da cuenta de modo específico sobre el proyecto de exploración minera, aportando información general sobre el monto de inversión aprobado inicialmente, su modificación y el monto global de la inversión ejecutada para un período de años determinados. Adicionalmente, se da cuenta genérica sobre el estado de obtención de permisos ambientales. Por su parte, respecto de los comentarios de la Comisión, éstos dicen relación con consideraciones de carácter técnico, que atendido el tenor en que fueron emitidas, no producen un efecto directo en la decisión ya adoptada por la Autoridad, hacia 2012, de invertir en actividades de exploración que se están ejecutando en la actualidad. 12) Que establecido lo anterior, y ponderados tanto los antecedentes aportados por la reclamada en este caso, como aquellos que son de público conocimiento, esta Corporación advierte que en la especie no concurre el presupuesto básico para tener por configurada la única causal de reserva invocada por el órgano, esto es, el interés nacional, tanto respecto de los intereses económicos o comerciales del país como respecto de sus relaciones internacionales. Al efecto, cabe recordar que la decisión de inversión por parte de CODELCO para el proyecto de exploración en propiedades mineras de Ecuador, ya estaría en ejecución en su Fase I, con la correspondiente ejecución de la inversión que fuere aprobada por la Autoridad competente, al menos hacia 2012. Por lo anterior, este Consejo estima que la revelación de los montos de inversión aprobados y efectivamente ejecutados, en sus cifras globales, según se informa en los documentos requeridos, no representaría una afectación real y específica a los intereses económicos y comerciales del país, desde la óptica de las estrategias de negociación que utilice el país. Por otra parte, al enmarcarse dichas negociaciones bilaterales en el marco de un acuerdo de cooperación interinstitucional minera entre empresas estatales de ambos países, y específicamente, un convenio de exploración suscrito entre CODELCO y Ecuador (con la Empresa Nacional de Minería de Ecuador, ENAMI EP), plenamente vigente a la fecha, tampoco se produce en la especie la afectación al interés nacional, en lo relativo a las relaciones internacionales del país. 13) Que por su parte, según fuere alegado por la reclamada, en el ámbito del denominado test de daño, este Consejo ha establecido como estándar para aplicar la reserva «...en primer lugar, que la afectación debe revestir alguna magnitud y tener alguna especificidad, lo que habrá de ser determinada en concreto, de modo que no cabe presumir tal afectación, sino que deberá ser acreditada por los órganos administrativos, en cuanto a que tiene alguna probabilidad de ocurrir; y en segundo lugar, que debe existir proporcionalidad entre los daños que la publicidad provoca a alguno de los bienes jurídicos protegidos por las causales de secreto reserva y el perjuicio que el secreto causa al libre acceso a la información y al principio de publicidad» (decisiones recaías en los amparos Roles, A39-09, A45-09, C669-10 y C734-10, C1163-11 entre otras). Al efecto, tras revisión de las alegaciones de la reclamada, éstas se formulan en términos generales e inespecíficos, omitiendo pronunciarse derechamente sobre la forma en que se produciría la afectación del bien jurídico específico, y centrando sus alegaciones más bien en la naturaleza de la información (información estratégica relativa a negociaciones internacionales entre dos empresas estatales, la inversión nacional y el hecho que solo se encuentre autorizada la licencia ambiental para exploración y no explotación), cuestiones fácticas que no logran satisfacer los parámetros establecidos por la jurisprudencia de este Consejo. En este sentido, esta Corporación no advierte una relación de causalidad clara y específica entre la publicidad de la información y el potencial de afectación al interés nacional, en función del riesgo a los intereses económicos y comerciales del país, así como a las relaciones internacionales del país, toda vez que éste, en los términos planteados, resulta genérico, inespecífico, no siendo posible presumirlo, y consecuentemente, no se dan los presupuestos para que aquél se verifique. Por el contrario, este Consejo estima que la revelación de la información requerida, que data de noviembre y diciembre de 2014, reviste interés público para la ciudadanía, pues precisamente permite conocer el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de Cochilco, especialmente en lo relativo al cumplimiento de las políticas generales fijadas por el Gobierno en materias relacionadas con el cobre así como en su rol de evaluador, de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social, de los proyectos de inversión, exploración e investigación, que las empresas mineras del Estado incluyan en sus presupuestos (artículo 13 letra b) del Decreto Ley N° 1.350, de 1976). 14) Que finalmente, se debe consignar que, la norma de reserva invocada por la reclamada, prescrita en el artículo 9° inciso final de la Ley N° N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, establece -en síntesis- la reserva de los documentos que remita el órgano ante el requerimiento de una determinada Comisión o parlamentarios. Al efecto, revisada tanto la resolución denegatoria de la información, como los descargos evacuados en esta sede, se verifica que el órgano se limitó a reconducir dicha disposición, por aplicación del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, a la hipótesis de reserva del artículo 8° inciso segundo de la Carta Fundamental, interés nacional, de modo inespecífico y genérico, aludiendo sobre dicha disposición legal únicamente que la información se vincula con la causal por tratarse de una empresa estratégica, estatal y que ésta se refiere a negociaciones comerciales con una empresa también pública y extranjera. De este modo, y en consideración a lo razonado especialmente en los considerandos 12) y 13) precedentes, no habiéndose acreditado la afectación real y específica del bien jurídico protegido e invocado por el órgano, se desestimarán las alegaciones en tal sentido. Por lo anteriormente expuesto y razonado, se acogerá el presente amparo y se requerirá a COCHILCO la entrega de copia del Oficio Reservado N° 343, de 3 de diciembre de 2014, de COCHILCO; la Minuta denominada "Exploraciones Internacionales CODELCO. Prospecto Llurimagua (exJunín), Ecuador", elaborada por la Dirección de Evaluación de Inversiones y Gestión Estratégica de COCHILCO; y, del Oficio Ordinario N° 56, de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social y COCHILCO a CODELCO. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Lucio Cuenca Berger, de 2 de octubre de 2015, en contra de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO). II. Requerir al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de COCHILCO: a) Hacer entrega al reclamante de copia del Oficio Reservado N° 343, de 3 de diciembre de 2014, de COCHILCO; la Minuta denominada "Exploraciones Internacionales CODELCO. Prospecto Llurimagua (exJunín), Ecuador", elaborada por la Dirección de Evaluación de Inversiones y Gestión Estratégica de COCHILCO; y, del Oficio Ordinario N° 56, de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social y COCHILCO a CODELCO. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Lucio Cuenca Berger y al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de COCHILCO. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.