Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2399-15

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Reclamante:	MARÍA EUGENIA RIVERA AGUILAR
Reclamado:	COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, fundado en la denegación de parte de los antecedentes solicitados referente a la copia del "expediente completo de acreditación de la Universidad Santo Tomás que se encuentre vigente al momento de tramitar el proceso de esta solicitud". El Consejo acoge el amparo, toda vez que existe un interés público involucrado en el conocimiento de información referente al proceso de acreditación, por cuanto la transparencia de éste y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/4/2015
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1058-14 C1194-14 C46-11 C184-10
Jurisprudencia a:	C3579-16
Recursos relacionados:	13450-2015
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C2399-15 Entidad pública: Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Requirente: María Eugenia Rivera Aguilar Ingreso Consejo: 07.10.2015 En sesión ordinaria N° 665 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de noviembre de 2015, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2399-15. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 02 de septiembre de 2015, doña María Eugenia Rivera Aguilar solicitó a la Comisión Nacional de Acreditación - en adelante también CNA o Comisión-, "expediente completo de acreditación de la Universidad Santo Tomás que se encuentre vigente al momento de tramitar el proceso de esta solicitud". 2) TRASLADO: La Comisión Nacional de Acreditación mediante Oficio No Dp003548-15, de fecha 04 de septiembre de 2015 y, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunica a la Universidad Santo Tomás - tercero involucrado- la solicitud de información de la requirente y su derecho a oponerse a la entrega de la misma. 3) OPOSICIÓN DEL TERCERO INVOLUCRADO: Mediante presentación de fecha 14 de septiembre de 2015, la Universidad Santo Tomás - en adelante también UST- se opone a la entrega de la información requerida, solicitando que se deniegue totalmente el acceso a la información requerida y, por consiguiente, ésta se declare como reservada o secreta, señalando, en síntesis, lo siguiente: a) Que no está dentro de las facultades de la CNA establecidas en el artículo 8° y 9° de la ley N° 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de calidad de la educación superior; divulgar información propia de las instituciones de educación superior que le sea presentada con motivo del proceso de acreditación, al que se someten voluntariamente teniendo presente que la información que entregan "será tratada bajo altos estándares de confidencialidad". Por lo que, al no estar facultada legalmente para entregar dichos antecedentes, su divulgación constituiría una infracción a la ley. b) Que, acceder a lo pedido por la reclamante, afectaría el "cumplimiento de las funciones del órgano requerido" (CNA), en virtud de lo señalado en el numeral 1, letra b), del artículo 21 de la Ley de Transparencia. c) Que, el expediente administrativo formado durante su proceso de acreditación contiene información de su propiedad que no puede ser divulgada, debiendo ser denegado su acceso en virtud de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. En concreto, señala que se vulneraría el dominio que tiene sobre los antecedentes aportados a dicho proceso, como, el "derecho a la privacidad que tiene la UST, específicamente el derecho a que no se ventilen antecedentes sobre su evaluación interna, autocríticas, etc. todos ellos elementos generados y aportados para encaminar a nuestra institución hacia la excelencia, pero que en manos de terceros pueden ser malinterpretados y sacados de contexto, lo que llevará a que, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, sean usados para atentar contra la buena reputación que de manera justa se ha ganado UST en la opinión pública". d) Que, la entrega de la información solicitada afectaría derechos de terceros, entendiendo por tales alumnos y docentes de la Universidad Santo Tomás, pues la autoevaluación conlleva la exposición de las fortalezas y debilidades tanto de dicha Casa de Estudios, como de sus alumnos y sus docentes, los que pese a dar lo mejor de sí, tienen "debilidades que intentan remediar día a día, con éxito en la mayoría de los casos, pero que no tienen por qué ser difundidos a la opinión pública". 4) RESPUESTA: La Comisión Nacional de Acreditación, mediante Oficio N° Dp003562-15, de fecha 17 de septiembre de 2015, responde la solicitud señalando, en síntesis, lo siguiente: a) Que el expediente de acreditación está conformado por el informe de autoevaluación, informe de evaluación externa, observaciones a éste e informe de sustentabilidad financiera elaborado por la CNA. b) En este contexto, le informan que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, la Universidad Santo Tomás ha ejercido su derecho de oposición a la entrega del informe de autoevaluación y de las observaciones de evaluación externa, motivo por el cual se encuentran impedidos de entregárselos. c) Con relación al informe de pares evaluadores y el de sustentabilidad financiera, le indican que son antecedentes públicos a la luz de la Ley de Transparencia, por lo que, le remiten copia de aquellos. 5) AMPARO: El 07 de octubre de 2015, doña María Eugenia Rivera Aguilar deduce amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, fundado en la denegación de parte de los antecedentes solicitados. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación, mediante oficio N° 8.066, de 16 de octubre de 2015, quien presentó sus descargos y observaciones a través de oficio N° Dp003684-15, de 04 de noviembre de 2015, señalando, en síntesis, lo siguiente: a) Que, la Universidad Santo Tomás es una persona jurídica de derecho privado y como tal, no se encuentran afecta al cumplimiento del principio de publicidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, sino por el contrario, se rige por el principio de reserva y confidencialidad. En ese contexto, los antecedentes presentados por ella con motivo de su proceso de evaluación institucional, corresponden a aquellos de carácter privado cuya publicidad puede comprometer sus derechos, motivo por el cual, deben contar con expresa autorización para divulgarla a terceras personas. b) Que, debido a la oposición expresa a la entrega de la información requerida por parte de la Universidad, quedaron impedidas de otorgar acceso a aquella. c) Que, las decisiones recaídas en otros amparos resueltos por este Consejo tienen efectos relativos, esto es, sólo obligan a las partes allí involucradas y en ningún caso resultan vinculantes a otras personas ajenas a los mismos, ello aunque resulte idéntica la situación que se resuelva. Asimismo, en virtud de los principios jurídicos -seguridad jurídica, certeza del derecho, entre otros - aplicables en la especie, no resulta procedente homologar de manera genérica la aplicación de las decisiones emanadas de este Consejo, sino que éste debe resolver caso a caso. 7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido a la Universidad Santo Tomás, mediante oficio No 8.067, de fecha 16 de octubre de 2015, en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, a fin de que presente sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa de los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada. Quien, mediante carta ingresada el 12 de noviembre de 2015, formula sus observaciones y descargos reiterando lo argumentado en su escrito de oposición. Y CONSIDERANDO: 1) Que el fundamento del presente amparo dice relación con la denegación de la parte de información requerida por oposición de tercero involucrado, circunscribiéndose el objeto de éste, a la procedencia de la entrega del informe de autoevaluación interna y a las observaciones realizadas al informe de evaluación externa, acompañados al procedimiento que culminó con la Resolución de Acreditación Institucional N° 294, de fecha 03 de diciembre de 2014 de la Comisión Nacional de Acreditación. 2) Que, en los "Vistos" de la resolución citada precedentemente, se señalan, entre otros, "el informe de autoevaluación interna presentado por la Universidad Santo Tomás" y "las observaciones al informe de evaluación externa enviadas por la Institución". Para luego, en su considerando N° 3 concluir y reiterar "Que la Comisión ha emitido un juicio en base a la ponderación de los antecedentes obtenidos en el proceso de acreditación...". Por lo que, en virtud de lo establecido en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, se concluye que la información solicitada es de aquella que sirve de fundamento a la resolución de la CNA, por lo tanto - en principio- sería pública de no concurrir una causal de reserva o secreto. 3) Que, la CNA fundamenta la denegación de entrega de la información requerida en la oposición manifestada por tercero involucrado, luego de haber sido notificado en conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia. Por lo que, se debe determinar si respecto de dicha información pública se configura alguna de las causales de secreto o reserva alegadas por la Universidad Santo Tomás, a saber, las establecidas en el artículo 21 N° 1, letra b), y N° 2 de la Ley de Transparencia. 4) Que, respecto de la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, cabe señalar que, tal como lo ha indicado este Consejo a partir de la decisión del amparo Rol C46-11, "del tenor literal de la citada norma, dichas causales de secreto o reserva resultan aplicables exclusivamente a los órganos de la Administración del Estado requeridos, y no a los particulares", razón por la cual debe desestimarse tal alegación, al no haber sido efectuada ésta directamente por el órgano reclamado, que es el que está llamado a ponderar la eventual afectación al debido cumplimiento de sus funciones. 5) Que, en lo relativo a la causal de secreto o reserva la contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por tratarse de información que contiene "datos sensibles" y una exposición de las "fortalezas y debilidades", tanto de la Universidad, de sus alumnos y docentes; si bien este Consejo reconoce que la UST es una corporación de derecho privado a la que no le es aplicable la ley señalada, lo que se discute en el caso concreto es el carácter público o reservado de la información que esta entidad ha debido suministrar a la CNA. Todo lo cual se enmarca dentro de un procedimiento de acreditación, proceso riguroso que debe permitir a los expertos evaluadores analizar en profundidad las fortalezas y debilidades de la institución, carrera o programa evaluado para permitir que la comunidad académica adopte las acciones pertinentes para mejorar su calidad y prestar un mejor servicio a la formación de profesionales chilenos. Es más, uno de los beneficios de la acreditación es permitir que los estudiantes accedan al financiamiento estatal o a recursos que cuenten con garantía estatal para financiar sus estudios (artículo 7 N° 5 Ley N° 20.027, que establece las normas para el financiamiento de estudios de educación superior). 6) Que, al tratarse de información pública al tercero le corresponde probar la concurrencia para el caso de la causal de excepción al principio general de publicidad invocada, no bastando la sola enunciación de los derechos que se verían vulnerados, si no también cómo éstos se verían afectados con la entrega de lo requerido. Para el caso, no se advierte el daño que generaría la revelación de lo pedido, por el contrario, se advierte que ésta tiene gran interés para la comunidad, pues persigue promover y fortalecer la calidad de las instituciones de educación superior, objetivo que requiere de la máxima transparencia posible. En consecuencia, el beneficio público de conocer esa información es ampliamente superior al interés de mantenerla en reserva. 7) Que, a mayor abundamiento, igual solicitud sobre procedimiento de acreditación año 2011 de la Universidad Santo Tomás, fue resuelto por este Consejo mediante amparo rol C1058-14, en el cual se reitera el criterio de esta Corporación respecto de que existe un interés público involucrado en el conocimiento de información referente al proceso de acreditación, por cuanto la transparencia de éste y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma. (Decisiones recaídas en los amparos roles C184-10, C1058-14, C1194-14 entre otras) 8) Que, en consecuencia, constituyendo los antecedentes requeridos información de carácter pública, y no advirtiéndose que la divulgación de los antecedentes requeridos pueda configurar la afectación de los derechos que le asiste a la Universidad Santo Tomás, se acogerá el presente amparo, requiriéndose a la Comisión Nacional de Acreditación entregar a la solicitante copia del Informe de Autoevaluación y las Observaciones al Informe de Evaluación Externa acompañadas por la Universidad Santo Tomás al procedimiento que culminó con la Resolución de Acreditación Institucional N° 294, de fecha 03 de diciembre de 2014. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña María Eugenia Rivera Aguilar, en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación: a) Hacer entrega a la reclamante del Informe de Autoevaluación Interna y de las Observaciones al Informe de Evaluación Externa, ambos acompañados por la Universidad Santo Tomás, al procedimiento de acreditación 2014. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña María Eugenia Rivera Aguilar, a la Sra. Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación y a la Universidad Santo Tomás, en su calidad de tercero involucrado en este procedimiento. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada. El Consejero del Consejo Directivo don José Luis Santa María Zañartu no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.