Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2867-15

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Reclamante:	SALVADOR SOTO FORTES
Reclamado:	SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la copia íntegra del texto completo de la Ley N° 13.196, en su versión publicada en edición restringida del Diario Oficial, y sus modificaciones, si las hubiere. Atendida la falta de competencia del órgano para pronunciarse sobre esta solicitud, mediante SSD.D.AJ. (P) N° 1.192/ S.FF.AA., el Sr. Subsecretario de Defensa derivó este requerimiento al Sr. Subsecretario para las Fuerzas Armadas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo sólo respecto del artículo 3° inciso primero de la Ley Reservada del Cobre, por aplicación del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, ya que su publicidad afectaría la seguridad de la Nación.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/11/2016
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Justicia Militar Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C45-09 C137-13 C185-13 C57-10 C396-10
Jurisprudencia a:	C4732-19 C1913-17 C3711-18 C2370-16
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Derechos de las personas >> Otros
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C2867-15 Entidad pública: Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Requirente: Salvador Soto Fortes Ingreso Consejo: 17.11.2015 En sesión ordinaria Nº 694 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de marzo de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2867-15. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y Nº 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO Y DERIVACIÓN: El 13 de octubre de 2015, don Salvador Soto Fortes solicitó a la Subsecretaria de Defensa, copia íntegra del texto completo de la Ley Nº 13.196, en su versión publicada en edición restringida del Diario Oficial, y sus modificaciones, si las hubiere. Atendida la falta de competencia del órgano para pronunciarse sobre esta solicitud, mediante SSD.D.AJ. (P) N° 1.192/ S.FF.AA., el Sr. Subsecretario de Defensa derivó este requerimiento al Sr. Subsecretario para las Fuerzas Armadas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. 2) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de octubre de 2015, don Salvador Soto Fortes solicitó a la Subsecretaria para Las Fuerzas Armadas copia íntegra de texto legal que indica. En particular, requirió “copia íntegra del texto completo de la Ley Nº 13.196, en su versión publicada en edición restringida del D.O, y sus modificaciones, si las hubiere”. 3) RESPUESTA: Por medio de Resolución Exenta Nº 9.054 de 12 de noviembre de 2015, el órgano deniega la entrega de la información solicitada. Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 Nº 3 y N° 5, en relación con el artículo 1º transitorio de la Ley de Transparencia, indicando que la Ley Reservada Nº 13.196, promulgada el año 1958 y actualmente vigente (texto definitivo que fue fijado por el D.L. Nº 1530/1976, y modificado por las leyes Nº 18.445 y Nº 18.628, según informan) cumple con la exigencia de quórum calificado que impone la causal de reserva invocada. Asimismo, indican, la divulgación de la información solicitada afectaría la seguridad nacional, toda vez que, los recursos destinados a través de la referida Ley, tratan sobre la adquisición de material bélico y equipamiento militar. Se argumenta que, del propio tenor del requerimiento, resulta manifiesto que se trata de un texto que no tiene el carácter de público. Finalmente, hace presente lo razonado por este Consejo a propósito de la decisión de amparo Rol C57-10. 4) AMPARO: El 17 de noviembre de 2015, don Salvador Soto Fortes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. 5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, mediante Oficio N° 9.521, de 02 de diciembre de 2015. Mediante SS.FF.AA.DIV.JUR.ORD. N°125/CPLT, del Sr. Jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que: a) Se indica que a propósito de lo resuelto por este Consejo en la decisión de amparo Rol C57-10, su considerando 4) señala que, respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, se ha dispuesto que para aplicarla deben concurrir dos condiciones: i) que sean documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos; y, ii) El caso de reserva debe estar comprendido en una de las causales del artículo 8° de la Carta Fundamental, que exceptúan la publicidad de la información (también en decisiones de amparo Roles A45-09 y A266-09). b) Asimismo hace presente lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, por lo que en el caso materia de amparo se cumplen a cabalidad ambos requisitos prescritos. c) A mayor abundamiento, de la lectura de la citada decisión de amparo, en concordancia con lo indicado en el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.285, a este caso son aplicables lo siguientes argumentos jurídicos que permiten concluir que la entrega de la Ley Reservada del Cobre es secreta y su entrega no procede atendido a que su divulgación afectaría la seguridad nacional: c.1) La ley N° 13.196 se encuentra vigente; c.2) La citada ley data del año 1958, es decir, fue dictada con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050; y, c.3) De acuerdo a lo anterior, a la citada ley le afecta la reserva establecida en el artículo 8° de la Carta Fundamental, toda vez que se le reputa ley de quórum calificado, de conformidad con la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República, interpretándose que la publicidad de la ley N° 13.196 afectaría la seguridad de la Nación, dado que su texto se refiere a la defensa nacional, en cuanto trata de recursos destinados a la adquisición de material bélico y equipamiento militar. d) El requerimiento se enmarca dentro de la causal de reserva establecida en el número 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, que dispone como causal de reserva "cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos". e) Por su parte, el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7 N° 3 de su Reglamento, establece modalidades que configuran la causal de reserva, disponiendo al efecto que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información cuando su publicidad afecte a la seguridad de la Nación, particularmente, si se refiere a la defensa nacional. f) Se hace presente el principio de transparencia establecido en el artículo 8° de la Carta Fundamental, indicando que, en lo pertinente, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de la información, cuando la publicidad afectare la seguridad de la nación. g) Finalmente agrega que el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en su inciso primero establece que "se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros (...)". En este contexto, y atendido lo prescrito en el artículo primero transitorio, solicita se tenga en consideración que el citado Código satisface la exigencia constitucional de establecer mediante ley de quórum calificado la causal de reserva invocada al caso. 6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión ordinaria N° 691, de 10 de marzo de 2016, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó, para los efectos de resolver acertadamente el presente amparo, requerir a la reclamada copia íntegra de la información objeto del reclamo. Se hace presente que el órgano reclamado dio cumplimiento a dicho requerimiento, procediéndose a la revisión de la información, de forma exclusiva por parte de los Consejeros de esta Corporación y de manera reservada, con fecha 22 de marzo de 2016. Y CONSIDERANDO: 1) Que en primer término se debe indicar que lo solicitado corresponde a un cuerpo legal completo, así como sus posteriores modificaciones, por lo que, atendida la naturaleza de lo requerido, y obrando dicha información en poder del órgano reclamado, resulta aplicable lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia por lo que dicha información, en principio, es de naturaleza pública salvo que concurra a su respecto una causal de secreto o reserva. 2) Que la reclamada denegó el acceso a la entrega de la información fundada en lo dispuesto en el artículo 21 N° 3 y N° 5, en relación con el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, indicando que la Ley Reservada N° 13.196, así como sus modificaciones contenidas en las leyes N° 18.445 y N° 18.628, cumplen con la exigencia de quórum calificado que impone la causal de reserva invocada. En particular, respecto de la afectación de bienes jurídicos se indica que la divulgación de la información solicitada afectaría la seguridad nacional, toda vez que, los recursos destinados a través de la referida Ley, tratan sobre la adquisición de material bélico y equipamiento militar. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse sobre la procedencia o no de la reserva invocada por la reclamada, cuestión que se analizará a continuación. 3) Que corresponde hacer presente que la Ley Reservada N° 13.196 del Cobre, data de 1958 y fue modificada en 7 ocasiones durante el régimen militar, mediante decretos leyes y leyes, en todos los casos reservados. Mediante el Decreto Ley Reservado N° 1.530 del Ministerio de Defensa Nacional, de 21 de julio de 1976, se fija el texto definitivo ley N° 13.196 del Cobre. A su turno, según señala el Libro de la Defensa Nacional, versión 2010, disponible en el sitio web del Ministerio de Defensa (http://www.defensa.cl/contenidos/libro-de-la-defensa-nacional-version-2010), el objeto de la ley es financiar "(...) la adquisición de sistemas de armas y pertrechos, es decir, la adquisición y mantenimiento de los materiales y elementos que conforman el potencial bélico nacional (...)", a través de "un gravamen de un 10% sobre el valor de las exportaciones de cobre y sus derivados que hace la Corporación del Cobre (CODELCO). Asimismo, fija un monto mínimo equivalente a US$ 180.000.000 (ciento ochenta millones de dólares), ajustados por la variación del Índice de Precios Mayoristas (IPM) de los Estados Unidos entre 1987 y el año en cuestión" (p. 303). Cabe señalar que, como es sabido, esta ley establece que la entrega de dichos fondos debe realizarse de modo reservada, teniendo el mismo carácter su contabilidad, la cuenta en que se mantienen y su inversión. 4) Que respecto de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, este Consejo ha dispuesto (en las decisiones de amparos Rol A45-09 y A266-09, por ejemplo) que para aplicarla deben concurrir dos condiciones: a) Que sean documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos; y, b) El caso de reserva debe estar comprendido en una de las causales del artículo 8° de la Constitución Política que exceptúan la publicidad de la información (énfasis agregado). 5) Que a su turno, atendido que tanto el texto legal requerido, como sus posteriores modificaciones, fueron dictados antes de la promulgación de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia establece que "De conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la primera Constitución Política" (énfasis agregado). 6) Que este Consejo ha tomado conocimiento de la información requerida -conforme el artículo 26 de la Ley de Transparencia-a propósito de la medida para mejor resolver decretada en el presente amparo. Por tanto, corresponde que esta Corporación aplique los artículos 21 N° 5 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia y resuelva si se aplica en este caso la ficción que otorga quórum calificado a leyes previas a la reforma constitucional de 2005. Esto supone verificar, dos cosas: a) Que la Ley esté vigente; y, b) Que, en el caso concreto, la hipótesis o caso de reserva se subsuma dentro de alguna de las causales del artículo 8° de la Carta Fundamental, en aplicación del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia que, en este caso, y según lo alegado por la reclamada, supone revisar si la seguridad nacional se vería afectada por la divulgación de la información solicitada. 7) Que a su turno, el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental indica expresamente que "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional" (énfasis agregado). 8) Que la Ley N°13.196 se encuentra vigente pues fue publicada conforme a su propia redacción, en una forma diferente a la establecida en el Código Civil, sin que haya sido derogada a la fecha. Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a la afectación de la seguridad nacional, tras revisión de los antecedentes acompañados, y especialmente, de la información requerida, no se advierte que la hipótesis de reserva concurra respecto del texto íntegro del cuerpo legal solicitado, así como sus posteriores modificaciones, ni se ha proporcionado elementos de juicio diversos que le hayan permitido a este Consejo formarse la convicción de que la reserva proceda por afectación de la seguridad de la Nación, de acuerdo a lo que se expondrá a continuación. 9) Que ante la invocación de la ley N° 13.196, como argumento para rechazar el acceso a la información solicitada, este Consejo ya se ha pronunciado en diversas ocasiones, sea declarando la reserva o la publicidad de la información, atendido el análisis particular efectuado caso a caso, y a la ponderación de si se produce o no la afectación necesaria que justificaría la reserva de lo requerido. Así, en la decisión de amparo Rol C57-10, se requirieron antecedentes relativos a los montos empozados en la cuenta de la Ley Secreta del Cobre al inicio de cada año, los millones recibidos en tal cuenta durante el año del ejercicio, los millones gastados y montos remanentes en la cuenta al final del ejercicio, resolviéndose que "efectivamente la Ley Reservada del Cobre declara secreta la información solicitada y que este Consejo estima plausible que su divulgación afectaría la seguridad nacional, en tanto se trata de recursos destinados a la adquisición de material bélico y equipamiento militar" (énfasis agregado). Dado lo anterior, se rechazó el amparo, por encontrarse ante la situación establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, esto es, que una norma de quórum calificado establece la reserva de la información solicitada y, además, su publicidad afectaría la seguridad nacional. 10) Que, posteriormente, en la decisión de amparo Rol C396-10, se analizó la solicitud referida al contrato de compraventa u otro tipo, por medio del cual se habría materializado la adquisición de un puente mecano a ser instalado en el río Biobío, a la empresa Acrow Corporation of America, junto con sus antecedentes fundantes. En esa oportunidad, se desestimó la afectación de algún bien jurídico que justificara la reserva de la información solicitada, señalándose que "en cuanto a la afectación de la seguridad nacional, el Consejo estima que la Ley N° 13.196, Reservada del Cobre, y nuestro ordenamiento jurídico admite el secreto de los documentos relacionados con la adquisición de equipos y pertrechos militares o policiales (art. 436 Código de Justicia Militar), pero no advierte que esta hipótesis concurra en este caso. Por un lado, el Ejército no ha proporcionado a este Consejo elementos de juicio que le hayan permitido formarse esa convicción. Por otro, la información solicitada dice relación con la adquisición e instalación de un puente mecano sobre el rio Bío-Bío a raíz del terremoto de inicios de año, puente que se emplazará en paralelo a los otros ya existentes y, además, estará expuesto al público -para el uso de civiles- con lo que sus características serán conocidas por todos. En este contexto el Consejo no aprecia cómo afectaría a la seguridad nacional la revelación de lo solicitado, de manera que no se justifica alterar la regla general de la publicidad administrativa ni afectar el derecho de acceso a la información administrativa, máxime si ello supone el control social de una contratación pública" (énfasis agregado). Por lo anterior, se acogió el amparo, ordenando entregar lo solicitado. 11) Que sobre este punto cabe advertir que esta Corporación ha estimado que lo relevante para efectos de resolver sobre la publicidad o reserva de determinada información, independiente de su vinculación con la ley N° 13.196, o cualquiera otra que pueda tener el carácter de secreta, es, en primer lugar, que la reserva de esa información en específico haya sido así declarada por una ley de quórum calificado; y, en segundo lugar, que con su divulgación se afecte alguno de los bienes jurídicos a que se refiere el artículo 8° de la Constitución Política de la República (debido cumplimiento de las funciones del órgano, derechos de las personas, seguridad de la nación o el interés nacional). Por lo anterior, el razonamiento sostenido por este Consejo ha operado sobre la base de que, la sola existencia de una denominada ley "reservada" no se justifica para declarar secreta la información que se vincule a dicha norma. Así, según lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución, como también por lo señalado en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, debe determinarse en el caso concreto si la publicidad de la información requerida afectaría, principalmente, la seguridad de la nación, o alguno de los bienes jurídicos a que se refiere el citado artículo 8° -debido cumplimiento de las funciones del órgano, derechos de las personas, seguridad de la nación o el interés nacional-. 12) Que, en concordancia con lo anterior, cabe hacer presente que la Constitución establece el requisito de afectación como presupuesto para poder declarar la reserva de la información. En síntesis, esta Corporación ha declarado la publicidad o reserva de determinada información, evaluando la afectación de la seguridad nacional que pudiere producir su publicidad, cuestión que no permite concluir que en la especie se hubiere declarado la reserva del cuerpo normativo íntegro y/o las posteriores modificaciones de la denominada "Ley Reservada del Cobre". Lo anterior, en cuanto dicha ley, en razón de su contenido, pudiere contener disposiciones cuya reserva pudiere estar justificada atendida la afectación de la seguridad de la Nación, pero en caso alguno es posible sostener que ello implique que la ley completa y/o sus modificaciones fuere secreta, cuestión que tampoco ha sido declarada por este Consejo. Atendido lo expuesto, no cabe dar aplicación por analogía en este caso concreto, a lo resuelto en la decisión de amparo Rol C57-10, como pretendiere la reclamada, cuestión que permite desestimar dichas alegaciones. 13) Que resulta pertinente indicar que, a través de distintos actos emanados de órganos del Estado, y que son de público conocimiento, se da cuenta del contenido de materias específicas reguladas en la ley N° 13.196. Así, la Contraloría General de la República en diversos dictámenes ha explicitado el contenido específico de determinados pasajes de la ley requerida. Así se ha indicado que "(...) el artículo 2° de la referida ley N° 13.196, dispone, en lo que interesa, que las entregas, contabilización e inversión de los fondos a que alude ese cuerpo legal, revisten el carácter de reservados, y su artículo 5° previene que el giro de tales sumas debe tener por objeto "adquirir y mantener los materiales y elementos que conforman el potencial bélico de las instituciones armadas" (Dictamen N° 6.017, de 2016). Por su parte, "el artículo 1° de la ley N° 13.196 previene que el porcentaje que indica del ingreso y de los aportes que señala, debe ser depositado en la Tesorería General de la República "con el objeto de que el Consejo Superior de Defensa Nacional cumpla con las finalidades de la Ley N° 7.144". Luego, su artículo 6° dispone que "La fiscalización y control que corresponde a la Contraloría General de la República sobre los fondos a que se refiere el artículo 1°, se hará en forma reservada, de acuerdo a los procedimientos y modalidades que determine el Contralor General, los que afectarán a todos los servicios, organismos, instituciones o sociedades del Estado en que este tenga participación y que intervengan en la materia" (Dictamen N° 98.501, de 2015). 14) Que por su parte, a través del Proyecto de Ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional (Boletín N° 7678-02), el que en su artículo 2° deroga la ley N° 13.196, Reservada del Cobre, se mencionan diversos aspectos relativos a los temas tratados en dicha ley. Si bien, en el mensaje presidencial en cuestión no aparece ninguna cita del texto de la ley reservada del cobre, este documento oficial contiene algunos pasajes que dan cuenta del contenido de dicho texto: "Es el caso hoy de la ley N° 13.196, Reservada del Cobre, que destina a financiar la compra de dicho material el 10 por ciento de las ventas que CODELCO hace al exterior // Durante el gobierno militar hubo importantes reformas a la ley N° 13.196. Diversas modificaciones establecieron, entre otros aspectos, el impuesto al 10 por ciento de las ventas de CODELCO al exterior, el piso de ingresos que rige hasta hoy y la reajustabilidad del mismo. Consagró, además, la división de los recursos por tercios, que era una práctica aparentemente establecida en la década de los 60, pero que no se había formalizado legislativamente. Así se configuró el mecanismo que rige hoy". 15) Que por último, la memoria anual de Codelco informa públicamente el monto transferido a las Fuerzas Armadas en cumplimiento de la ley N° 13.196, y establece que, según esta Ley el retorno en moneda extranjera de las ventas al exterior (ingreso real) de la Corporación, de su producción de cobre, incluido sus subproductos, está gravado con un 10%. Por lo anterior, con la información disponible actualmente, de fácil acceso al público, mediante los cruces de información respectivos, es posible determinar el monto recibido por cada una de las instituciones producto de esta ley. De esta forma, y atendida la inminente publicidad del contenido de determinados artículos de la ley requerida, no se puede establecer que la publicidad de la información solicitada, en su integridad, producirá afectación a la seguridad de la Nación en los términos expresados por la reclamada. . Así, la circunstancia de que dichos actos de Autoridad sean de público conocimiento precisamente ratifica que, en concreto, la afectación a la seguridad nacional no se produce en los términos expuestos por el órgano requerido. 16) Que en lo referido a la aplicación del artículo 436 del Código de Justicia Militar como causal de reserva, en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia -alegada finalmente por la reclamada- este Consejo ha establecido que la citada norma posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. No obstante lo anterior, ha concluido que para encontrase frente a un acto o documento reservado en virtud de dicha norma, no resulta suficiente su sola invocación y la consiguiente reconducción formal, sino que debe también determinarse si la publicidad de la información de que se trata afecta o no algunos de los bienes jurídicos previstos en el artículo 8° de la Constitución Política de la República -debido cumplimiento de las funciones del organismo; derechos de las personas; seguridad de la Nación; o interés nacional-. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información. En efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación, resultando esta "... la forma, a juicio de este Consejo, en que la aludida disposición del Código de Justicia Militar debe ser interpretada para obtener un resultado que sea conforme con el texto vigente de la Constitución". (Criterio establecido a partir de la decisión recaída en el amparo Rol C45-09, y reiterado, entre otras, en las decisiones Roles C137-13 y C185-13). En este sentido, atendido el tenor literal de las alegaciones vertidas por la reclamada, ésta se ha limitado a indicar que, atendida la naturaleza de las materias reguladas en la ley requerida, luego ésta se relacionaría con el bien jurídico protegido, esto es, la Seguridad Nacional. En este orden de ideas, no se ha acreditado en la especie que la entrega del texto legal íntegro así como sus posteriores modificaciones producirá tal afectación en concreto y de modo específico, motivo por el que se desestimará dicha causal. 17) Que sin perjuicio de lo anteriormente razonado, esta Corporación concluye que, una cuestión distinta es que el texto de la ley requerida y/o sus posteriores modificaciones pudieren contener alguna disposición específica relativa a materias que pudieren afectar la seguridad nacional, en cuanto se refiera a defensa nacional, cuestión que merece la aplicación del denominado test de afectación del bien jurídico. En este sentido, tras revisión de la información requerida, este Consejo concluye que, atendido que la ley solicitada trataría sobre recursos destinados a la adquisición de material bélico y equipamiento militar, luego la publicidad del artículo 3° inciso primero de la Ley Reservada del Cobre puede producir una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a la seguridad de la Nación, específicamente en lo relativo a la defensa nacional. Por todo lo expuesto precedentemente, y en aplicación del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, literal e), de la Ley de Transparencia, se acogerá parcialmente el presente amparo y se requerirá a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas entregar al reclamante copia del texto de la ley reservada del cobre, en su versión publicada en edición restringida del Diario Oficial, debiendo reservar única y exclusivamente el artículo 3° inciso primero, como asimismo entregar sus modificaciones posteriores. 18) Que resulta pertinente reiterar en el presente acuerdo, la preocupación de esta Corporación porque en el ordenamiento jurídico vigente existan aun leyes que tienen carácter secreto. En este sentido, cabe hacer presente que, en democracia, las leyes deben ser públicas para permitir su conocimiento previo a los ciudadanos, respecto de los mandatos, permisos y prohibiciones que puedan ser impuestos a una comunidad. El carácter reservado o secreto de una ley (como ocurriría en la especie) impide aquella noticia general a los destinatarios de la norma. Así, no parece razonable que pueda invocarse ante un particular una restricción al ejercicio de un derecho fundamental contenida en el texto completo de una ley y modificaciones que resultan absolutamente desconocidas para éste, en atención al carácter de reservada del texto íntegro de ésta. En ese caso, le resultaría imposible cuestionar el fundamento de esta medida, lo que atentaría seriamente contra el derecho a un debido proceso. A este respecto, resulta pertinente hacer presente el estándar internacional en materia de publicidad y fuerza vinculante de normas denominadas "secretas", plasmado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (caso C345/06, de 10 de marzo de 2009), que resolvió que no podía imponerse obligaciones a los particulares en un Reglamento no publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea. En dicho fallo se razonó, que el principio de seguridad jurídica exige que una determinada norma permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone, por lo que, una normativa que no fuere publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea carece de fuerza vinculante en la medida en que pretenda imponer obligaciones a los particulares. En definitiva, la vigencia -a la fecha- en el ordenamiento jurídico nacional de normas que revistan el carácter de reservadas, representa un serio debilitamiento del principio democrático en que se basa nuestra institucionalidad republicana (artículo 4° de la Constitución Política de la República). 19) Que finalmente, y ante la preocupación sobre el estado de la materia, este Consejo, mediante Oficio N° 2.473, de 24 de noviembre de 2010, dirigido al Sr. Ministro Secretario General de la Presidencia recomendó al Gobierno, en tanto órgano colegislador, impulsar una iniciativa legal que corrija este estado de cosas, sea a través de los proyectos de ley en actual tramitación (Boletín N° 3307-07, de 05.08.2003, que desclasifica las leyes secretas, y Boletín 6701-02, de 15.09.2009, que establece un nuevo sistema de financiamiento de la Defensa Nacional) o de uno nuevo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Salvador Soto Fortes, de 17 de noviembre de 2015, en contra de la Subsecretaria para Las Fuerzas Armadas, por los argumentos expuestos; rechazándolo sólo respecto del artículo 3° inciso primero de la Ley Reservada del Cobre, por aplicación del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, ya que su publicidad afectaría la seguridad de la Nación. II. Requerir a la Sra. Subsecretaria para las Fuerzas Armadas: a) Hacer entrega al reclamante de copia del texto completo de la Ley Reservada del Cobre, en su versión publicada en edición restringida del Diario Oficial, debiendo reservar única y exclusivamente el artículo 3° de dicha Ley, como asimismo, entregar sus modificaciones posteriores. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Salvador Soto Fortes y a la Sra. Subsecretaria para las Fuerzas Armadas. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.