Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C695-10

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Reclamante:	BUNDESDRUCKEREI GMBH
Reclamado:
Resumen del caso: Se interpuso amparo contra la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, frente a la denegación de acceso a información sobre cualquier proceso de fiscalización o solicitud de antecedentes y/o documentos, efectuados al Banco Corpbanca, que digan relación con Boleta de Garantía de Seriedad que señala (fecha de emisión). El Consejo acogió el amparo y señaló que conforme a lo sostenido por la SBIF en sus descargos en orden a que la consulta efectuada a Corpbanca en el marco del proceso de clasificación de gestión y solvencia anual del banco, y el correo electrónico que da respuesta a dicha consulta serían los únicos antecedentes que dicho órgano fiscalizador poseería respecto de la información requerida por Bundesdruckerei, dicha SBIF deberá entregarlos a la requirente en la medida que tales antecedentes contengan toda o parte de la información solicitada, debiendo, en todo caso, tarjar toda aquella información que constituyan datos personales o sensibles.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/19/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Decreto Supremo 13 2009 Reglamento Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C203-10 C486-09 C640-10
Jurisprudencia a:	C823-10 C242-12 C626-10 C859-10 C241-12 C1769-13
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Municipalidades >> Normas y actos municipales >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas; Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C695-10 Entidad pública: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Requirente: Bundesdruckerei GmbH Ingreso Consejo: 05.10.2010 En sesión ordinaria N° 214 de su Consejo Directivo, celebrada el 11 de enero de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C695-10. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: Doña Blanca Oddo Beas, en representación de Bundesdruckerei GmbH (en adelante también Bundesdruckerei), el 16 de agosto de 2010 solicitó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (en adelante también “la Superintendencia” o SBIF) que le proporcionara información pública sobre cualquier proceso de fiscalización o solicitud de antecedentes y/o documentos, efectuados al Banco Corpbanca y que digan relación con la Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta folio 0004806 y N° 31181058, de 11 de marzo de 2010, específicamente sobre los siguientes puntos: a) Fecha en la que fue emitida dicha Boleta; b) Cualquier oficio o comunicación enviada por la Superintendencia a Corpbanca en relación a la emisión, pago o renovación de la Boleta singularizada; c) Toda correspondencia dirigida por Corpbanca a la Superintendencia, en respuesta a cualquier oficio o comunicación enviada por dicha entidad fiscalizadora en relación con la misma Boleta de Garantía; y d) En general, cualquier otro antecedente o documento recabado por la Superintendencia, que diga relación con el proceso de emisión y la fecha en que dicha boleta de garantía fue materialmente emitida. 2) RESPUESTA: La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras dio respuesta a la requirente, a través del Oficio N° 09696, de 7 de septiembre de 2010, negando la entrega de la información requerida, en virtud de la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencias, por tratarse de “documentos, datos o información que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política”, invocando, al respecto, los siguientes fundamentos: a) Que, el artículo 7° de la Ley General de Bancos (en adelante también LGB), configura dicha causal al establecer que “Queda prohibido a todo empleado, delegado agente o persona que a cualquier título preste servicios en la Superintendencia, revelar cualquier detalle de los informes que haya emitido, o dar a personas extrañas a ella noticia alguna acerca de cualesquiera hechos, negocios o situaciones de que hubiere tomado conocimiento en el desempeño de su cargo. En el caso de infringir esta prohibición, incurrirá en la pena señalada en los artículo 246 y 247 del Código Penal”. b) La norma transcrita es de aquellas que contemplan una reserva legal de entrega de información con anterioridad a la incorporación del artículo 8° de la Constitución y la dictación de la Ley N° 20.050, por lo que por mandato expreso de la disposición cuarta transitoria de la Constitución y artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, debe considerarse, para estos efectos, como una ley de quórum calificado. c) Concluye señalando que la reserva en comento fue establecida en el año 1925 por las mismas razones que la mantienen vigente hasta hoy, esto es, el interés nacional que fundamenta la supervisión bancaria, la que responde a necesidades de orden público de mantener la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de los depositantes, el resguardo de los derechos de los supervisados y el debido cumplimiento de las funciones del órgano supervisor. 3) AMPARO: Doña Blanca Oddo Beas, en representación de Bundesdruckerei, el 5 de octubre de 2010 dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de acceso a la información, argumentando al respecto, en lo que interesa, lo siguiente: a) Que la información solicitada dice relación con la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta N° 4806, ascendente a US$ 500.000, emitida por el Banco Corpbanca y presentada por el proponente Indra Sistemas Chile S.A. (INDRA) durante el proceso de licitación pública convocado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, denominado “Contratación de los Servicios destinados al sistema de Identificación, documentos de Identidad y Viaje y Servicios Relacionados”, tramitado en el portal Chilecompras bajo el N° de Licitación 594-56-LP08. b) La justificación legal que esgrime la Superintendencia y la interpretación que realiza de la norma legal en la que fundamenta la reserva o secreto de la información solicitada, significa dejar sin efecto y derogar la Ley de Transparencia y el artículo 8° de la Constitución Política, al marginar a un órgano de la Administración del Estadio del deber de información. c) Agrega que a la luz de lo dispuesto en los artículo 5° y 10 de la Ley de Transparencia, la información requerida es pública –en primer término porque la Superintendencia es un órgano descentralizado que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda; y, en segundo lugar, porque los fondos utilizados por dicha institución para la obtención de la información que posee son públicos–, a menos que efectivamente exista una norma especial que declare el secreto de la información. d) A continuación la reclamante aclara que existe un deber de informar y de transparencia cuando el interés nacional así lo requiera, a lo que se debe sumar que Bundesdruckerei no es un tercero, sino que un proponente en el proceso de licitación, y como tal tiene derecho a acceder a la información relativa a la Boleta de Garantía presentada en el marco de una licitación pública conforme a la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que se vincula por el principio de transparencia y publicidad de la contratación pública. e) Que la solicitud de información no tiene como objetivo conocer información protegida por el secreto bancario, toda vez que no se solicitan datos financieros que pudieran afectar la seguridad de INDRA o los derechos del Banco que está siendo supervisado, sino que tiene como objetivo tomar conocimiento de cualquier información que la Superintendencia haya recabado dentro del ejercicio de sus funciones, relativa a la forma y fecha en que fue emitida esta Boleta, a fin de verificar si el adjudicatario y el organismo licitante han cumplido con los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los proponentes. f) Por otra parte, a juicio de la reclamante, los funcionarios de la Superintendencia reclamada, en el ejercicio de su función fiscalizadora, se encuentran vinculados a la obligación de guardar secreto, la cual está establecida en el artículo 7° de la LGB, razón por la cual la fundamentación realizada por la Superintendencia para argumentar su imposibilidad de proporcionar la información requerida es improcedente, pues dicha norma está destinada a impedir que los funcionarios comenten, divulguen o utilicen de cualquier modo la información que adquieran durante el ejercicio de sus funciones, norma que parte del supuesto que los funcionarios de dicha entidad se sitúan en una posición de beneficio y privilegio, por tanto, se intenta resguardar que estos no realicen mal uso de la información que adquieren, y, en ningún caso la norma en comento está encaminada a impedir y constituir un secreto absoluto respecto de los procesos de fiscalización que esta entidad realiza. El destinatario del artículo 7° de la LGB no es la Superintendencia, ya que ella constituye un tipo penal, y, en nuestro ordenamiento jurídico, salvo los casos particulares contemplados en la Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas, éstas no son destinatarias de normas penales, razón por la cual se concluye que los destinatarios de dicha norma son los “empleados públicos” actuando en su condición de personas naturales. g) Por otro lado, alega la reclamante que la entidad reclamada no siguió el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, ya que esta norma dispone que cuando la solicitud de acceso a la información se refiere a documentos o antecedentes que contenga información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad debe comunicar mediante carta certificada a la persona afectada, en la especie la empresa INDRA, sin embargo, de la respuesta de la SBIF puede desprenderse que dicha entidad no realizó consulta alguna. h) Finalmente la reclamante argumenta que la SBIF reclamada no habría cumplido con los principios libertad de información y de divisibilidad, consagrados en la Ley de Transparencia, como asimismo se ha negado a inscribir los documentos requeridos en el índice previsto en el artículo 23 de la misma ley en comento. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación dicho amparo, trasladándolo mediante Oficio N° 2.234, de 28 de octubre de 2010, al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, quien evacuó sus descargos a través del Ordinario N° 3.562, de 15 de noviembre de 2010, señalando, en resumen, lo siguiente: a) La SBIF, en su labor de supervisión de los bancos, no realiza por regla general una revisión de las operaciones particulares que efectúan tales entidades y por cierto no fiscaliza ni mantiene antecedentes de las mismas, razón por la cual no ha efectuado un proceso de supervisión respecto de la boleta en análisis. Al respecto, lo único de que se dispone en relación a la Boleta de Garantía N° 0004806, es un correo electrónico enviado por un funcionario del banco a un analista de supervisión, con copia al Jefe de Supervisión de la entidad bancaria, en que responde a una consulta puntual efectuada en el marco del proceso de clasificación de gestión y solvencia anual del banco, que debe realizar la Superintendencia de conformidad al Título V de la LGB, artículo 59 y siguientes, agregando que “en el evento que este organismo hubiere contado con información pública referida a la materia consultada, ésta hubiera sido desglosada y puesta a disposición del interesado, como se ha hecho en otras oportunidades respecto de otras peticiones en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública”. b) A continuación, la Superintendencia reitera los argumentos esgrimidos en su respuesta al solicitante (detalladas en el numeral 2°) anterior, de esta parte expositiva), a fin de justificar las razones específicas por las que no se ha revelado o entregado noticia del hecho, negocio o situación precedentemente descrita, de la que se tomó conocimiento por funcionarios de dicho Servicio en el desempeño de sus cargos. Agrega a lo anterior el que el artículo 154 de la LGB reglamenta la forma en que terceros pueden acceder a información que mantienen los bancos respecto de operaciones bancarias, las que se encuentran afectas a secreto o reserva, debiendo el propio banco calificar si concurren los requisitos para su entrega, no cabiéndole a dicho organismo participación en la materia. c) En este caso específico, según el criterio de la SBIF, tratándose solamente de reserva y no de secreto, es indudable que la recurrente podrá demostrar un interés legítimo al banco para acceder a la información. Así, los fundamentos del artículo 7° de la LGB guardan perfecta armonía con lo previsto en los artículos 8° de la Constitución y 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en cuya virtud se puede denegar el acceso a la información, dado que la disposición de la LGB ha sido establecida en atención a que la publicidad de estas materias afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la SBIF, los derechos de las instituciones supervisadas y de los terceros que realizan operaciones con las mismas y el interés nacional de velar por la estabilidad del sistema financiero. Por último, señala que el artículo 16 de la LGB previene que “El Superintendente podrá pedir a las instituciones sometidas a su vigilancia cualquier información, documento o libro que, a su juicio, sea necesario para fines de fiscalización o estadística”, siendo el artículo 7° ya citado su contrapartida. d) Respecto a la consulta de la recurrente relativa a la inclusión de la negativa en el índice previsto en el artículo 23 de la Ley de Transparencia, de conformidad a la Instrucción General N° 3 del Consejo para la Transparencia, ello no corresponde, dado que el acto denegatorio no se encuentra a firme. 5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: El Consejo Directivo de este Consejo, en su sesión ordinaria N° 207 de su Consejo Directivo, celebrada el 14 de diciembre de 2010, acordó, como medida para mejor resolver el presente amparo, solicitar al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras a fin de que remitiera a este Consejo una copia del correo electrónico a que hace referencia en sus descargos al señalar, textualmente, que “El único antecedente de que se dispone en relación a la Boleta de Garantía N° 0004806, es un mail enviado por un funcionario del banco a un analista de supervisión, con copia al Jefe de Supervisión de la entidad bancaria, en que responde a una consulta puntual efectuada en el marco del proceso de clasificación de gestión y solvencia anual del banco, que debe realizar esta Superintendencia de conformidad al Título V de la Ley General de Bancos, artículo 59 y siguientes”, petición que formalizó a través del Oficio Nº 2669, de 15 de diciembre de 2010, de este Consejo. Por su parte, el Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, a través del Ordinario Nº 3922, de 28 de diciembre de 2010, dio respuesta al requerimiento de este Consejo informando, en lo que interesa, que no puede acceder a lo solicitado ya que “no resulta legalmente posible, por disposición del Art. 7º de la Ley General de Bancos” y que “el Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre el proyecto de ley de Acceso a la Información Pública (Boletín Nº 3.773-06) dispuso: “3. Que las disposiciones del proyecto de ley que se mencionan a continuación son constitucionales en el sentido que en cada caso se indica: El inciso primero del artículo 34 del artículo primero, en lo que respecta a la frase “podrá, asimismo recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia”, es constitucional en el entendido de que el ejercicio de dicha potestad del Consejo para la Transparencia reconoce como límite las excepciones a la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado que determine el legislador de quórum calificado, de conformidad al inciso segundo del artículo 8º de la Carta Fundamental…”, agregando que “la disposición de la Ley General de Bancos, tienen el carácter de ley de quórum calificado”. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, según lo señalado por el órgano requerido en los descargos formulados ante este Consejo, los antecedentes que la SBIF dice poseer respecto a la Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta, Folio 0004806 y N° 31181058, de 11 de marzo de 2010, emitida por el Banco Corpbanca –al que se refiere la solicitud de información de la reclamante– consiste en una consulta puntual efectuada en el marco del proceso de clasificación de gestión y solvencia anual del banco, que debe realizar la Superintendencia de conformidad al Título V de la LGB y la respuesta a dicha consulta que consta en un correo electrónico enviado por un funcionario de dicho banco a un analista de supervisión de la Superintendencia, con copia al Jefe de Supervisión de dicha entidad bancaria, razón por la cual, en definitiva, la resolución del presente amparo se circunscribe a determinar la procedencia de entregar al requirente dichos antecedentes, los que se encuentran comprendidos dentro de la solicitud de información singularizada en los literales b) y c) del numeral 1°) de lo expositivo de esta decisión. 2) Que, sobre el particular, y tal como señala la SBIF, el correo electrónico en cuestión fue enviado por un empleado del Banco Corpbanca a un funcionario de dicha Superintendencia en respuesta a un requerimiento que dicho órgano, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y de supervigilancia, realizó a dicha institución bancaria, de tal suerte que el funcionario del órgano público requerido recibió dicha comunicación electrónica en el ejercicio de una función pública, razón por la cual, a juicio de este Consejo, no tiene constituye una comunicación de carácter privado. Lo anterior, sin perjuicio de la prevención que se contiene en el considerando 11°) de esta decisión. 3) Que, de acuerdo a lo razonado precedentemente y conforme a lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, la información singularizada en el considerando 1º) posee, en principio, el carácter de información pública, a menos que se configure alguna causal de secreto o reserva que impida al órgano entregarla al requirente. Que, al respecto, la Superintendencia ha sostenido que se encuentra impedida de acceder a la solicitud de la requirente ya que, respecto de la información que posee, se configuraría la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. 4) Que, en efecto, la SBIF fundamentó la causal de secreto o reserva en lo dispuesto por el artículo 7° de la LGB, que establece una prohibición a los empleados, delegados, agentes o personas que a cualquier título presten servicios en dicho órgano de “revelar cualquier detalle de los informes que haya emitido, o dar a personas extrañas a ella noticia alguna acerca de cualesquiera hechos, negocios o situaciones de que hubiere tomado conocimiento en el desempeño de su cargo”, estableciendo su inciso segundo que “En el caso de infringir esta prohibición, incurrirá en la pena señalada en los artículos 246 y 247 del Código Penal”, ya que, a su entender, dicha disposición revestiría el carácter de ley de quórum calificado, en conformidad a lo preceptuado en el artículo 8° de la Constitución, en relación a lo establecido en la disposición cuarta transitoria de dicho cuerpo normativo y el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, y que dicho secreto o reserva habría sido establecido en atención a que la publicidad de estas materias afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la Superintendencia, los derechos de las instituciones supervisadas y de los terceros que realicen operaciones con las mismas, así como del interés nacional de velar por la estabilidad del sistema financiero, concurriendo así varias de las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución. 5) Que, sobre el particular, cabe reiterar en este punto que la regla general en cuanto a la información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de un órgano de la Administración del Estado, es que ésta sea pública, y las causales de secreto o reserva deben interpretarse en forma restrictiva y respetando el principio de proporcionalidad, razón por la cual la redacción del inciso primero del artículo 7° de la LGB no puede interpretarse en términos tales que ello suponga que todos los informes elaborados por los funcionarios de la Superintendencia o que los hechos, negocios o situaciones de que hubieren tomado conocimiento en el desempeño de su cargo sean secretos o reservados. En el mismo sentido ha razonado este Consejo en decisiones anteriores (tales como la decisión de amparo Rol C486-09, de 22 de enero de 2010, y Rol C203-10, de 10 de agosto de 2010), al establecer el criterio de que, respecto de otras disposiciones legales similares, una interpretación como la pretendida por la reclamada “representaría invertir, por vía interpretativa, la regla constitucional que exige al legislador establecer positivamente los casos de reserva y fundarlos en alguna de las causales del inciso 2º del artículo 8º”. Que, además, conforme a lo antes expresado, no puede sostenerse tampoco que la disposición contenida en el artículo 7º de la LGB constituya en sí mismo un caso de reserva, aún más considerando que la norma legal citada no otorga a los datos que indica, en cuanto tales, el carácter de secretos o reservados. Por el contrario, el precepto en examen explicita, pura y simplemente, un deber funcionario directamente aplicable a las personas que, a cualquier título, presten servicios en la SBIF, pero que no habilita a este órgano para fundar la denegación de información que obre en su poder, como ocurre en la especie. 6) Que, conforme a lo razonado precedentemente, este Consejo estima que, en el amparo en análisis, el artículo 7° de la LGB no configura la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, invocada por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, razón por la cual será desechada y, en definitiva, se acogerá el amparo dando lugar a la entrega de la información solicitada. 7) Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que, de los antecedentes tenidos a la vista en el presente procedimiento, este Consejo no aprecia con claridad de qué forma la entrega del correo electrónico a que hace referencia el considerando 1º), podría afectar los derechos de INDRA o del Banco Corpbanca, el interés nacional que fundamenta la supervisión bancaria, o el debido cumplimiento de las funciones del órgano supervisor. Asimismo, la consulta efectuada por la SBIF en el marco del proceso de clasificación de gestión y solvencia anual del Banco Corpbanca, efectuada conforme a las facultades que le otorga la LGB, se enmarca en el ejercicio de una función pública expresamente establecida por nuestro ordenamiento normativo, de modo que tampoco se observa que su entrega afecte tales bienes jurídicos. 8) Que, por todo lo razonado precedentemente, y atendido que conforme a lo sostenido por la SBIF en sus descargos en orden a que la consulta efectuada a Corpbanca en el marco del proceso de clasificación de gestión y solvencia anual del banco, realizada de conformidad al Título V de la LGB, y el correo electrónico que da respuesta a dicha consulta serían los únicos antecedentes que dicho órgano fiscalizador poseería respecto de la información requerida por Bundesdruckerei, dicha SBIF deberá entregarlos a la requirente en la medida que tales antecedentes contengan toda o parte de la información solicitada, debiendo, en todo caso, tarjar toda aquella información que constituyan datos personales o sensibles, conforme a las normas de la Ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia. 9) Que, por su parte, debe también representarse a la SBIF su falta de colaboración con las tareas que debe desempeñar este Consejo al no remitirle los antecedentes solicitados para una mejor resolución de este caso, pese a que el artículo 26 de la Ley de Transparencia asegura la reserva de la información remitida a raíz de este tipo de requerimientos. 10) Que, en el mismo sentido, y teniendo en consideración las razones esgrimidas por el SBIF para negarse a remitir la información que le fue solicitada a través de la medida para mejor resolver adoptada por este Consejo, debe precisarse, por una parte y por los mismos fundamentos precedentemente indicados, que resulta improcedente la invocación del artículo 7º de la LGB en la especie, y que, por otra, tal como se indicó, la información que los órganos de la Administración remitan a este Consejo se encuentra cabalmente resguardada por lo dispuesto en el inciso primero del artículo 26 de la Ley de Transparencia, conforme al cual “Cuando la resolución del Consejo que falle el reclamo declare que la información que lo motivó es secreta o reservada, también tendrán dicho carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento”, sin que las peticiones de información que haga este Consejo para una mejor resolución de los amparos sometidos a su decisión supongan, por ese solo hecho, un desconocimiento de causales de secreto o reserva legales debidamente acreditadas. 11) Que, finalmente, el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero previene en el sentido que, en el amparo en examen, la publicidad del correo electrónico que la SBIF ha afirmado poseer –y que mediante esta decisión se ordenará entregar– no implica la afectación de la órbita de privacidad o intimidad personal del empleado de Corpbanca que lo emitió ni del funcionario de la SBIF que lo recibió, ni tampoco supone la vulneración de garantía constitucional alguna –como dicho Consejero sostuvo en su voto disidente en el amparo Rol C640-10–, toda vez que dicha comunicación electrónica se envió exclusivamente en respuesta de una petición formulada por la SBIF en ejercicio de funciones públicas. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo interpuesto por doña Blanca Oddo Beas, en representación de Bundesdruckerei GmbH, en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras para que: a) Entregue a Bundesdruckerei GmbH copia de la consulta puntual efectuada a Corpbanca en el marco del proceso de clasificación de gestión y solvencia anual del banco, que realiza conforme a lo dispuesto en el Título V de la LGB, y el electrónico de dicha institución bancaria que da respuesta a dicha consulta, a los cuales se hizo expresa referencia en los descargos evacuados por la SBIF, tarjando toda aquella información que constituyan datos personales o sensibles, conforme a las normas de la Ley N° 19.628, o que no diga relación con la Boleta de Garantía a que se refiere el requerimiento de información, todo lo anterior en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. b) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a doña Blanca Oddo Beas, en representación de Bundesdruckerei GmbH, y al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Juan Pablo Olmedo Bustos y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se hace presente que el Consejero don Alejandro Ferreiro Yazigi manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir o votar el presente amparo, por estimar que concurre a su respecto la causal establecida en el numeral segundo del Acuerdo del Consejo para la Transparencia sobre Tratamiento de los Conflictos de Intereses, adoptado en la sesión N° 101, de 9 de junio de 2009, que hace aplicable a este Consejo el número 6 del artículo 62 de la LOCBGAE, por existir, a su juicio, circunstancias que le restan imparcialidad para conocer del asunto, específicamente por ser integrante del Comité de Auditoría de Corpbanca. Solicitud y voluntad que los demás Consejeros acogieron en su integridad. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.