Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3023-15

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Reclamante:	DAVID INOSTROZA
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a: a) El estado de resultados y/o rendición de cuentas de establecimientos que recibieron aportes del Estado para el año 2013 (y 2014 de estar disponible). Se requiere la información por rbd e incluyendo todas las subvenciones (SEP, PIE, Subvención general, etc.) rendidas aun cuando fuese en procesos distintos. b) Listado por rbd de sanciones (efectivas ) a establecimientos para el año 2013, incluyendo la glosa y el monto de multa en caso de existir sanciones pecuniarias. Se hace presente que la información se solicita en Excel u otro formato digital de similares características. El Consejo acoge parcialmente el amparo, sólo respecto de la información solicitada en la letra a) del requerimiento, referida al estado de resultados y/o rendición de cuentas de establecimientos educacionales sujetos a su fiscalización que recibieron aportes del Estado para el año 2013, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente; rechazándolo respecto de lo pedido en el literal en la letra a) del requerimiento, referido al año 2014, por no estar disponible dicha información; y asimismo se rechaza respecto de lo requerido en la letra b) de la solicitud, por configurarse a su respecto la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/10/2016
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:	C3610-17 C5537-19
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Que no invoca la LT
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C3023-15 Entidad pública: Superintendencia de Educación Escolar Requirente: David Inostroza Ingreso Consejo: 01.12.2015 En sesión ordinaria N° 686 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de febrero de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3023-15. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 25 de noviembre de 2015, don David Inostroza formuló a la Superintendencia de Educación Escolar la siguiente solicitud de información: a) El estado de resultados y/o rendición de cuentas de establecimientos que recibieron aportes del Estado para el año 2013 (y 2014 de estar disponible). Se requiere la información por rbd e incluyendo todas las subvenciones (SEP, PIE, Subvención general, etc.) rendidas aun cuando fuese en procesos distintos. b) Listado por rbd de sanciones (efectivas) a establecimientos para el año 2013, incluyendo la glosa y el monto de multa en caso de existir sanciones pecuniarias. Se hace presente que la información se solicita en Excel u otro formato digital de similares características. 2) RESPUESTA: La Superintendencia de Educación Escolar respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 1601, de fecha 30 de noviembre de 2015, señalando, en síntesis, que se deniega la entrega de la información solicitada, por concurrir a su respecto la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Sostiene el órgano requerido, que la información pedida corresponde a solicitudes de carácter genérico, pues comprende un procesamiento de datos de todas las rendiciones de cuenta del año 2013, sin especificar dato alguno en la solicitud, de tal manera que se debe proceder a identificar todo establecimiento a nivel nacional, según RBD y tipo de rendición efectuada. Además, señaló que respecto de las sanciones efectivas, la solicitud también es de tipo genérico, pues es el servicio quien debe realizar la búsqueda e identificación de dicha información, tanto a nivel nacional como regional. En este sentido, señaló que la búsqueda de la información solicitada al ser de tal magnitud y tener la calidad de genérica, provocaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones a nivel nacional, dejándose de lado las funciones propias de la Superintendencia, la cual es velar por el cumplimiento de la normativa educacional. De esta manera, la entrega de dicha información afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano, por lo que se deniega el acceso a dicha información. Finalmente, en lo que atañe a las rendiciones 2014, se expresó que no se cuenta con esta información, pues aún se encuentran en proceso. 3) AMPARO: El 01 de diciembre de 2015, don David Inostroza dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Asimismo, señaló que resulta inverosímil que la institución no posea los datos señalados en bases de datos, por cuanto la página web del órgano requerido muestra información estadística agregada (para cuya confección es necesario tener el dato a nivel individual en algún tipo de soporte base de datos). Agregó que, la rendición de cuenta se hace en formato electrónico por lo que implícitamente existe base de datos con la información. Por todo lo anterior, refiere que parece improcedente el argumento de que exigiría exceso de trabajo para la institución. Más aún, si se tiene en cuenta que dicha institución posee un área de estudios cuya tarea es precisamente realizar análisis estadísticos con dicha información. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Educación Escolar, mediante oficio N° 9.862, de fecha 16 de diciembre de 2015. El órgano requerido, a través de Ord. 10 DJ N° 649, de fecha 04 de enero de 2016, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que se denegó la entrega de la información por concurrir la casual de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, agregando que en el presente caso se configura el supuesto del artículo 7, letra c), inciso segundo, del Reglamento de la Ley N° 20.285, el cual señala "Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera", pues si bien señala un periodo de vigencia, el cual serían los años 2013 y 2014, en ningún caso señala cuáles son los establecimientos educacionales de los cuales se debe enviar la información, sino que indica que deben ser todos los establecimientos del país, y además todas las subvenciones llegando a indicar la palabra "etc", es decir, ni siquiera se habría precisado las rendiciones que se piden. Agrega, que para ilustrar el total de datos que se deben generar, se informa que existen las siguientes rendiciones de cuentas recibidas por éste Servicio, las cuáles son: - Subvención General. - Mantenimiento. - Subvención escolar preferencial. - Programa de Integración Escolar - Pro-retención. - Refuerzo Educativo. - Internado. Cada una de ellas, son rendiciones únicas, y cuyos datos son independientes unos de otros, aunque corresponda a rendiciones del mismo establecimiento educacional. Además, al efecto informamos el número aproximado de establecimientos educacionales por tipo de rendición: -Subvención General : 11400 -Mantenimiento : 11400 -Subvención Escolar Preferencial : 8000 -Programa de integración escolar : 5100 -Pro-retención : 5400 -Refuerzo Educativo : 700 -Internado : 530 Total de Datos : 42.530 El órgano requerido agrega, que de esas 42.530 rendiciones, se deben extraer distintos campos de datos, pues cada rendición tiene categorías y subcategorías de ingresos y gastos, por lo cual considerando el número aproximado de establecimientos, la cantidad de años de rendición por tipo de subvención (desde los años 2012, 2013 y 2014, incluso en algunos casos desde el año 2008), y la cantidad de datos por subvención, se concluye que habría que procesar un total de 1.386.863.700 de datos en relación a las rendiciones de cuentas. Por otra parte, respecto de lo requerido en la letra b) de la solicitud de información, el órgano requerido señala que dicha solicitud exige identificar si se iniciaron procesos administrativos, y si existieron sanciones administrativas pecuniarias, debiendo determinar si se encuentran firmes y ejecutoriadas, para lo cual se debe identificar uno a uno los establecimientos involucrados, en dos sistemas distintos, primero en el sistema SIFE, el cual contiene información respecto de las fiscalizaciones con observaciones, luego revisar en el sistema SIPA, el cual es un sistema de tramitación de procesos administrativos, para identificar el estado de los procesos, y luego para confirmar si están firmes y ejecutoriadas proceder a una búsqueda manual, región por región, pues no contamos con un sistema que reporte el estado de los procesos que reporte los recursos de reclamación administrativos. A su vez, la Superintendencia reclamada, en cuanto al modo en que la solicitud de información afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, señala que respecto de la información de rendiciones de cuenta, existe sólo una persona que realiza la búsqueda de dicha información, debiendo dedicarse de manera exclusiva a generar dichos datos, lo que toma un tiempo aproximado de un mes, debiendo dedicarse de manera exclusiva a dicha labor, dejando de lado las funciones que le son propias en materias de fiscalización, específicamente vinculada a rendiciones de cuentas, lo cual es de vital importancia, pues se ha comenzado con las rendiciones de cuentas 2015. Respecto del listado de sanciones pedidas, expresa que son datos que se deben extraer desde dos sistemas (SIFE y SIPA), acción que debe ser realizada, por la misma funcionaria que debe generar los datos de las rendiciones. De la información que arrojen dichas plataformas, se debe confirmar si existen procesos administrativos, que dichos procesos tengan multas y finalmente si las multas están firmes y ejecutoriadas. Éste último dato no se encuentra en ningún sistema, ni base de datos, de manera que, sólo se encuentra en el proceso administrativo, es decir, en el expediente material, por lo que cada fiscal a cargo de los expedientes, tendría que revisar de forma manual cada expediente, debiendo en muchos casos, desarchivar expedientes, de las bodegas o archivos, incluyendo dificultades, tales como que algunas de las bodegas donde se encuentran los procesos archivados, no se encuentran físicamente en el mismo edificio de funcionamiento de las oficinas de las direcciones regionales. De esta manera, existen variadas operaciones, tales como identificar región de la fiscalización, derivar dichas fiscalizaciones a cada región, identificar el lugar material en que se encuentra el expediente, revisar manualmente uno a uno los procesos administrativos, ya que existen más de 50 personas (fiscales), que componen las Unidades Regionales de Fiscalía, quienes son los encargados de custodiar los expedientes, dedicándose casi de manera exclusiva a recopilar dichos datos, debiendo dejar de lado sus funciones habituales, que corresponde primordialmente, a efectuar Informes de Ponderación al mérito, de manera que se estaría distrayendo indebidamente a dichos funcionarios de sus labores habituales, afectando el proceso de fiscalización e instrucción del proceso administrativo sancionatorio, pues sin dichas labores, no se puede dictar la resolución exenta que aprueba el proceso administrativo. Por lo expuesto, el órgano requerido indica que se configuraría la causal alegada, pues de la recopilación de datos a nivel nacional, se utilizaría un tiempo excesivo, específicamente más de un mes en el caso de una funcionaria, sin contar el despliegue a nivel nacional, lo que evidentemente afecta las funciones del órgano, específicamente el proceso mismo de rendiciones de cuentas y la tramitación de los procesos administrativos. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 26 de enero de 2016, este Consejo solicitó al órgano requerido informar expresamente si obra en su poder la siguiente información referida a las rendiciones de cuenta solicitadas, correspondiente al año 2014; precisar y/o explicar el proceso en que se encuentran las rendiciones de cuentas del año 2014; y señalar el estado actual en que se encuentra dicho proceso. El órgano reclamado cumplió lo solicitado, mediante correo de fecha 28 de enero de 2016, señalando lo siguiente: a) La Superintendencia cuenta con la información de las rendiciones 2014, pues la información se encuentra alojada en nuestras plataformas, sin embargo, es algo distinto el procesamiento y extracción de dichos datos de las plataformas que contiene la información, existiendo sólo una funcionaria para realizar dicha labor, dejando de lado sus funciones habituales, existiendo una estimación aproximada entre 1 y 2 semanas de dedicación exclusiva, sin incluir información acerca de gastos rechazados. Debiendo dicha funcionaria dejar de lado sus funciones referentes a las rendiciones de cuenta, lo cual perjudica el proceso a nivel país. Específicamente al momento de la solicitud se revisaba los sostenedores que no rindieron, a los cuales los gastos que tenían ingresados en la plataforma se dejaron en cero y había que esperar la revisión, para luego cargar los gastos declarados en cero, en razón de ello es que se expresó que la rendición aún se encontraba en proceso. En cuanto al proceso en que se encuentran las rendiciones de cuentas del año 2014, se informa que se encuentran en pleno proceso de revisión de los gastos rechazados, siendo dichos gastos los siguiente: i) Gastos rechazados de forma: Es aquel gasto que se ajusta al uso y destino de la subvención rendida, pero presenta errores en la declaración de rendición de cuentas, sin considerar el monto (ejemplos: fecha, N° de documento, nombre o RUT de proveedor, etc.). ii) Gastos rechazados de fondo: ii.2) Gasto rechazado reimputable: Es aquel gasto que no se ajusta al uso y destino de la subvención rendida (SEP o PIE), pero que puede aplicar en otra subvención. Este tipo de gasto sólo aplica para gastos revisados correspondientes a la muestra (Muestra DN y Fiscalizador). ii.2) Gasto rechazado no reimputable: Es aquel gasto que no se ajusta al uso y destino de ninguna subvención, así como también, aquellos gastos cuya documentación se encuentra adulterada o no cumple los requisitos legales establecidos. (Ej.: Timbraje SII). Se hace presente que el fiscalizador al momento de rechazar un gasto, deberá tener la suficiente evidencia que permita respaldar su observación para evitar cuestionamientos del sostenedor o del EE. iii) Además, informa que el estado actual de las rendiciones de cuentas es la revisión de los gastos rechazados. Y CONSIDERANDO: 1) Que, don David Inostroza formuló ante la Superintendencia de Educación Escolar solicitud de información relativa al estado de resultados y o rendiciones de cuenta de los establecimientos educacionales que recibieron aportes del Estado durante el año 2013 y 2014, y el listado de sanciones, glosa y monto de la multa a establecimientos educacionales durante el año 2013, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, obteniendo respuesta denegatoria, fundada en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, en efecto, el órgano reclamado tanto en su respuesta como descargos señaló que se denegó la información solicitada por estimar que concurre a su respecto la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, toda vez que lo pedido corresponde a solicitudes de carácter genérico, pues comprendería un procesamiento de datos de todas las rendiciones de cuenta del año 2013, de todos los establecimientos educacionales que han recibido algún tipo de subvención, de tal manera que se debe proceder a identificar todo establecimiento a nivel nacional, según RBD y tipo de rendición efectuada, lo que también ocurriría tratándose de las sanciones efectivas aplicadas, puesto que es el servicio quien debe realizar la búsqueda e identificación de dicha información, tanto a nivel nacional como regional. Agrega, que la búsqueda de la información solicitada al ser de tal magnitud y tener la calidad de genérica provocaría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones a nivel nacional, dejándose de lado las funciones propias de la Superintendencia, la cual es velar por el cumplimiento de la normativa educacional. Finalmente, en lo que atañe a las rendiciones 2014, se expresó que no se cuenta con esta información, pues aún se encuentran en proceso de revisión, como se confirmó con la gestión oficiosa señalada en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión. 3) Que, para ilustrar el total de datos que se deben generar, el órgano requerido informa que las rendiciones de cuentas recibidas lo son por concepto de subvención general, mantenimiento, subvención escolar preferencial, programa de integración escolar, pro-retención, refuerzo educativo, e internado, cada una de las cuales son rendiciones únicas, y cuyos datos son independientes unos de otros, aunque corresponda a rendiciones del mismo establecimiento educacional. Por lo anterior, siendo cerca de 11.400 los establecimientos que reciben a lo menos la subvención general, el número aproximado de datos que comprende la información pedida referente a rendiciones son alrededor de 42.530, de los cuales se deben extraer distintos campos de datos, pues cada rendición tiene categorías y subcategorías de ingresos y gastos. Además, según informó a propósito de la gestión oficiosa señalada en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, tratándose del proceso de rendiciones de cuentas del año 2014, éste se encuentra en pleno proceso de revisión de los gastos rechazados, razón por la cual no existen resultados definitivos de dicho período. 4) Que, además, respecto de lo requerido en la letra b) de la solicitud de información, el órgano requerido señala que dicha solicitud exige identificar si se iniciaron procesos administrativos, y si existieron sanciones administrativas pecuniarias, debiendo determinar si se encuentran firmes y ejecutoriadas, para lo cual se debe identificar uno a uno los establecimientos involucrados, en dos sistemas distintos, primero en el sistema SIFE, el cual contiene información respecto de las fiscalizaciones con observaciones, luego revisar en el sistema SIPA, el cual es un sistema de tramitación de procesos administrativos, para identificar el estado de los procesos, y luego para confirmar si están firmes y ejecutoriadas proceder a una búsqueda manual, región por región, pues no cuenta con un sistema que reporte el estado de los procesos que reporte los recursos de reclamación administrativos. 5) Que, finalmente, la Superintendencia reclamada, señaló que entregar la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, explicando que respecto de la información de rendiciones de cuenta existe sólo una persona que realiza la búsqueda de dicha información, debiendo dedicarse de manera exclusiva a generar dichos datos, lo que toma un tiempo aproximado de 1 a 2 semanas de dedicación exclusiva, según lo informado en virtud de la gestión oficiosa expresada en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, debiendo dejar de lado las funciones que le son propias en materias de fiscalización, específicamente vinculada a rendiciones de cuentas, lo cual es de vital importancia, pues se ha comenzado con las rendiciones de cuentas 2015. 6) Que, asimismo, respecto del listado de sanciones pedidas, señala el órgano requerido que son datos que se deben extraer desde dos sistemas (SIFE y SIPA), acción que debe ser realizada, por la misma funcionaria que debe generar los datos de las rendiciones, y de la información que arrojen dichas plataformas, se debe confirmar si existen procesos administrativos, que dichos procesos tengan multas y finalmente si las multas están firmes y ejecutoriadas. Éste último dato no se encuentra en ningún sistema, ni base de datos, de manera que, sólo se encuentra en el proceso administrativo, es decir, en el expediente material, por lo que cada fiscal a cargo de los expedientes, tendría que revisar de forma manual cada expediente, debiendo en muchos casos, desarchivar expedientes, de las bodegas o archivos, incluyendo dificultades, tales como que algunas de las bodegas donde se encuentran los procesos archivados, no se encuentran físicamente en el mismo edificio de funcionamiento de las oficinas de las direcciones regionales, todo lo cual implica identificar región de la fiscalización, derivar dichas fiscalizaciones a cada región, establecer el lugar material en que se encuentra el expediente, revisar manualmente uno a uno los procesos administrativos, ya que existen más de 50 personas (fiscales), que componen las Unidades Regionales de Fiscalía, quienes son los encargados de custodiar los expedientes, dedicándose casi de manera exclusiva a recopilar dichos datos, debiendo dejar de lado sus funciones habituales, que corresponde primordialmente, a efectuar Informes de Ponderación al mérito, de manera que también se estaría distrayendo indebidamente a dichos funcionarios de sus labores habituales, afectando el proceso de fiscalización e instrucción del proceso administrativo sancionatorio, pues sin dichas labores, no se puede dictar la resolución exenta que aprueba el proceso administrativo. 7) Que, la ley N° 20.529, sobre sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, al crear la Superintendencia de Educación Escolar, le fija como objeto la fiscalización de la normativa educacional, de acuerdo al artículo 48 del citado cuerpo legal, y además en virtud del artículo 66 de dicho cuerpo legal, si detectaré infracciones que pudieren significar contravención a la normativa educacional, el Director Regional competente, mediante resolución fundada, ordenará la instrucción de un procedimiento y designará un fiscal instructor encargado de su tramitación, de formular cargos, de investigar los hechos, solicitar informes, ponderar las pruebas y disponer toda otra diligencia que dé curso al procedimiento. Por lo dicho, la información pedida en principio tiene naturaleza pública, toda vez que corresponde a información que se genera a raíz del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias, debiendo obrar en poder del órgano requerido. 8) Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, la información solicitada que obra en poder del órgano reclamado es de naturaleza pública, salvo que concurra a su respecto, alguna de las causales de reserva establecidas en la Constitución o en la ley. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse en el contexto del procedimiento de acceso a la información pública, acerca del fundamento y procedencia de la causal de reserva invocada por el órgano reclamado para denegar la información pedida, en el caso particular, por la invocación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia". 9) Que, la profusa jurisprudencia del Consejo, en torno a la interpretación de la causal de reserva referida, ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos significativamente tales, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "(...) la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad. 10) Que, respecto de lo pedido en la letra a) de la solicitud, esto es, el estado de resultados y/o rendición de cuentas de establecimientos que recibieron aportes del Estado para el año 2013, y 2014 de estar disponible, este Consejo distinguirá entre los dos periodos requeridos. En cuanto a la información referida del año 2013, a juicio de este Consejo a fin de ponderar la causal de reserva invocada, resulta procedente atender al volumen, naturaleza, y origen de la información solicitada, debiendo considerarse para ello que la información pedida es información de naturaleza pública y que reviste gran interés ciudadano a fin de velar por el destino que se le da a los recursos que el Estado aporta a los establecimientos educacionales vía subvenciones. 11) Que, de los antecedentes examinados, es posible determinar que si bien la información solicitada respecto de la rendiciones de cuentas del año 2013 es numerosa, debido a la cantidad de establecimientos educacionales que comprende y la subvenciones que reciben, se estableció que dicha información ya se encuentra consolidada por el órgano requerido, junto a lo cual debe tenerse presente que la alegación de afectación al debido cumplimiento de las funciones de la Superintendencia reclamada, estaría dada porque en caso que deba entregar los antecedentes pedidos, sólo cuenta con una funcionaria para ello, debiendo dedicarse en forma exclusiva de 1 a 2 semanas a dicha tarea, circunstancias que, a juicio de este Consejo, no son suficientes para configurar la hipótesis que contempla la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, toda vez dicha situación es posible subsanarla ampliando el plazo de entrega de la información pedida, razón por la cual se desestimará la alegación formulada, y por consiguiente, se acogerá el amparo en este punto. 12) Que, en relación a la información solicitada relativa al estado de resultados y/o rendición de cuentas de establecimientos que recibieron aportes del Estado para el año 2014, para el caso que se encuentre disponible, de acuerdo a los documentos revisados en el presente caso, en particular los descargos del órgano requerido, como asimismo lo informado a propósito de la gestión oficiosa señalada en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, a juicio de este Consejo se acreditó suficientemente que las rendiciones de cuentas del año 2014 se encuentran en pleno proceso de revisión de los gastos rechazados, y por consiguiente, no se encuentra disponible para ser entregada la información requerida, por estar en pleno proceso de elaboración de dichos resultados, razón por la cual se rechazará el amparo en este punto. 13) Que, por otra parte, en relación a lo solicitado en la letra b) de la solicitud, esto es, el listado por rbd de sanciones efectivas a establecimientos educacionales para el año 2013, incluyendo la glosa y el monto de multa en caso de existir sanciones pecuniarias, en atención a lo expuesto, y de acuerdo a los antecedentes examinados en el presente caso, particularmente lo informado por el órgano reclamado tanto en su respuesta como descargos, se determinó fehacientemente que lo pedido son datos que se deben extraer desde dos sistemas (SIFE y SIPA), acción que debe ser realizada una sola funcionaria, y de la información que arrojen dichas plataformas, se debe confirmar si existen procesos administrativos, que dichos procesos tengan multas y finalmente si las multas están firmes y ejecutoriadas. 14) Que, por lo demás, se estableció que la información referido a la confirmación si existe un proceso administrativo, la multa y estado procesal del mismo, no se encuentra en ningún sistema, ni base de datos, sino que sólo se encuentra en el proceso administrativo respectivo, es decir, en el expediente material, por lo que cada fiscal a cargo de los expedientes, tendría que revisar de forma manual cada expediente, debiendo en muchos casos, desarchivar expedientes, de las bodegas o archivos, incluyendo dificultades prácticas, como que algunas de las bodegas donde se encuentran los procesos archivados no se encuentran físicamente en el mismo edificio de funcionamiento de las oficinas de las direcciones regionales, lo cual implica identificar región de la fiscalización, derivar dichas fiscalizaciones a cada región, determinar el lugar material en que se encuentra el expediente, revisar manualmente uno a uno los procesos administrativos, ya que existen más de 50 personas, que componen las Unidades Regionales de Fiscalía, quienes son los encargados de custodiar los expedientes, dedicándose casi de manera exclusiva a recopilar dichos datos, debiendo dejar de lado sus funciones habituales, que corresponde primordialmente, a efectuar informes de ponderación al mérito, de manera que también se estaría distrayendo indebidamente a dichos funcionarios de sus labores habituales, afectando el proceso de fiscalización e instrucción del proceso administrativo sancionatorio, pues sin dichas labores, no se puede dictar la resolución exenta que aprueba el proceso administrativo. 15) Que, por lo anterior, si bien la información pedida en este punto existe en poder del órgano reclamado, a juicio de este Consejo resultan plausibles los antecedentes proporcionados para configurar la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia invocada, por cuanto la información pedida que es objeto del presente amparo no se encuentra sistematizada, y su entrega significaría extraer los antecedentes pedidos a partir de la revisión exhaustiva del expediente material respectivo, los que se encuentran físicamente a lo largo del país, debiendo destinar personal y recursos responder al requerimiento en los términos formulados, lo que en definitiva constituye una distracción indebida a las funciones del órgano reclamado, en la forma exigida por la citada norma legal, razón por la cual se rechazará el presente en esta parte. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don David Inostroza, en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, sólo respecto de la información solicitada en la letra a) del requerimiento, referida al estado de resultados y/o rendición de cuentas de establecimientos educacionales sujetos a su fiscalización que recibieron aportes del Estado para el año 2013, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente; rechazándolo respecto de lo pedido en el literal en la letra a) del requerimiento, referido al año 2014, por no estar disponible dicha información; y asimismo se rechaza respecto de lo requerido en la letra b) de la solicitud, por configurarse a su respecto la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. II. Requerir al Sr. Superintendente de Educación Escolar: a) Hacer entrega al reclamante de la información referida al estado de resultados y/o rendición de cuentas de establecimientos educacionales sujetos a la fiscalización de Superintendencia de Educación Escolar, que recibieron aportes del Estado para el año 2013. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don David Inostroza, y al Sr. Superintendente de Educación Escolar. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.