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DECISIÓN AMPARO ROL C3207-15</p>
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Entidad pública: Dirección Regional Servicio de Impuestos Internos del Biobío.</p>
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Requirente: Natalia Skarleth Robles González.</p>
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Ingreso Consejo: 17.12.2015.</p>
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En sesión ordinaria N° 696 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de abril de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3207-15.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 02 de noviembre de 2015, doña Natalia Skarleth Robles González, requirió a la Dirección Regional Servicio de Impuestos Internos del Biobío -en adelante e indistintamente Servicio o SII-, el "Número de resoluciones dictadas en ejercicio de la facultad del artículo 6° Letra B, N° 5 del Código Tributario, sobre corrección administrativa de liquidaciones y giros de impuestos, por la VIII Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, por los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011".</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de resolución exenta N° 9337, de fecha 15 de diciembre de 2015, el Servicio señaló en síntesis lo siguiente:</p>
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a) "Respecto al período en que se solicita la información pedida, el Servicio carece de un sistema estadístico en que conste la información solicitada;</p>
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b) Que, sin embargo, revisadas manualmente las cajas de documentación que posee el archivo de la VIII Dirección Regional Concepción, se obtuvo el siguiente resultado: Año 2005 = sin información; año 2006 = 110; año 2007 = 84 año; 2008 = 72; año; 2009 = sin información; año 2010 = 61; y año 2011 =215)".</p>
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3) AMPARO: El 17 de diciembre de 2015, doña Natalia Skarleth Robles González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la entrega parcial de la información solicitada. Al respecto agregó, que en cuanto al número de resoluciones de los años 2005 y 2009, el órgano se limitó a indicar que no tenía la información, en circunstancias que según la jurisprudencia uniforme del Consejo para la Transparencia, recaída en decisiones de amparo Roles C1179-11, C1163-11 y C409-13- "la inexistencia de la información solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, si el órgano público constata que no posee la información, luego de realizada su búsqueda deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla (...)".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Regional del Servicio de Impuestos de la Región del Biobío, mediante Oficio N° 87, de 06 de enero de 2016.</p>
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Al efecto, con fecha 27 de enero de 2016, por medio de presentación suscrita por el Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, el órgano señaló en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) La solicitud de amparo se funda en supuestas exigencias al órgano requerido que la legislación no contempla. En este sentido, precisó que no existe obligación legal para este organismo de confeccionar estadísticas respecto a las resoluciones que se dictan en virtud del artículo 6°, letra B, N° 5 del Código Tributario, ni tampoco de mantener o custodiar cualquier tipo de recuento de las mismas que pueda efectuarse.</p>
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b) Contrariaría el texto de la ley N° 20.285, acceder a la pretensión de la reclamante de que se imponga a este Servicio ahondar las explicaciones y confeccionar actas de búsqueda de información que no ha solicitado, como lo son las resoluciones dictadas en ejercicio de la facultad del artículo 6°, Letra B, N° 5 del Código Tributario, por la VIII Dirección Regional en los años 2005 y 2009. Efectivamente, no resulta posible entregar los datos de número de resoluciones dictadas en los años 2005 y 2009, porque para obtenerlos sería necesario contarlas, lo que no ha podido hacerse, porque no se ha logrado su ubicación en la VIII Dirección Regional, dado principalmente por el terremoto del año 2010, la que dañó el sistema de archivos. En este caso, la revisión de cada archivador, expediente, carpeta y papeles sueltos, para su posterior selección, categorización y cómputo es en extremo dificultosa, máxime cuando éstos datan de hace más de 6 o 10 años, como las resoluciones que sería necesario contar para hacer el reporte estadístico solicitado o certificar que se ha efectuado una búsqueda absolutamente exhaustiva.</p>
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c) Se pretende exigir al Servicio que confeccione información, actualmente inexistente, relativa a los años 2005 y 2009, lo que no sólo vulneraría la ley N° 20.285, sino que también afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, ya que dicha exigencia se referiría a la revisión de un elevado número de actos administrativos, a juzgar por las cantidades de resoluciones dictadas los demás años, cuya atención requeriría distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se interpuso dado que el órgano no entregó el número resoluciones dictadas en los años 2005 y 2009, de acuerdo a la solicitud de información que se lee en el numeral 1°, de lo expositivo. Al efecto, habiendo alegado el Servicio la inexistencia de las resoluciones respectivas, el reclamante precisó que aquel no acreditó dicha situación según el criterio fijado por el Consejo para la Transparencia. Posteriormente, el órgano reclamado, con ocasión de sus descargos, detalló sus argumentos anotados en las letras a), b) y c), del numeral 4°, de lo expositivo, las cuales se pasarán a analizar en los considerandos siguientes.</p>
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2) Que, en lo tocante a lo expuesto por el órgano en la letra a), del numeral 4°, de lo expositivo, cabe tener presente que este Consejo, puede ordenar la entrega de aquella información contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos, y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según lo dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. En este sentido, la información objeto de este amparo, perfectamente se puede extraer a partir de las resoluciones respectivas, cuyo número o cantidad ha solicitado el requirente. De ahí que, la información solicitada existe, y en consecuencia, para dar acceso en los términos requeridos, sólo basta una simple labor de acopio o reunión de datos, lo que puede desprenderse fácilmente de la información que obra o debería obrar en poder del órgano. En consecuencia, lo requerido, no supone la imposición de un gravamen a su respecto, por lo que debe estimarse que dicha solicitud se encuentra amparada por la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, en lo que respecta a lo alegado por el Servicio, en la letra b), del numeral 4°, de la parte expositiva, conforme ha resuelto previamente este Consejo, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En el caso en comento, el órgano en su respuesta, que se lee en el numeral 2°, de lo expositivo, sólo se limitó a indicar que no cuenta con la información. Sin embargo, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, si el órgano público constata que no posee la información, luego de realizada su búsqueda, deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla y, en caso de estimar que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio.</p>
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4) Que, al respecto, cabe señalar que las resoluciones cuya cantidad se solicita en el presente amparo, corresponden a las que se dictan de conformidad al artículo 6°, letra B, número 5°, del Código Tributario, vale decir, aquellas que deben dictar los Directores Regionales en la jurisdicción de su territorio, para resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que se promuevan, incluso corregir de oficio, en cualquier tiempo, los vicios o errores manifiestos en que se haya incurrido en las liquidaciones o giros de impuestos. Como se puede advertir, se trata de documentación en extremo relevante, no pudiendo el servicio, en consecuencia, eximirse alegando que lo efectuado por el órgano en el ejercicio de sus funciones legales -en dos años determinados-, no se encuentra.</p>
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5) Que, para probar o acreditar la inexistencia, el órgano alegó en la letra c), del numeral 4°, de la parte expositiva, la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En este caso, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado".</p>
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6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".</p>
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7) Que, respecto a lo expuesto por la Corte Suprema, y analizando las alegaciones del órgano se advierte que sus fundamentos, precisamente, constituyen invocaciones generales, no resultando suficientes para acreditar ante este Consejo, el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En efecto, la reclamada ni siquiera precisó el número de funcionarios necesarios para avocarse a la búsqueda de la información y elaboración de la respuesta, ni al tiempo que éstos deberían destinar a las referidas tareas, ni la extensión de los documentos respectivos. A mayor abundamiento, aceptar las alegaciones del órgano, podría llevar a entender que no sólo estarían impedidos de dar respuesta a las solicitudes de información del presente amparo, sino a cualquier requerimiento a plantearse en lo sucesivo, lo que resulta inaceptable, en consideración al legítimo ejercicio del derecho de acceso a la información, en los términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia.</p>
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8) Que, en mérito de lo razonado en los considerandos anteriores, se acogerá el presente amparo, ordenándose que el órgano informe el número de resoluciones dictadas en los años 2005 y 2009, o en su caso, acredite de forma fehaciente y detallada que, efectuadas las búsquedas, o bien, en caso de no obrar ésta en su poder, indique los motivos concretos que justifiquen y fundamenten su inexistencia, conforme lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo interpuesto por doña Natalia Skarleth Robles González, en contra de la Dirección Regional Servicio de Impuestos Internos del Biobío, debido a los argumentos vertidos en la parte expositiva de la presente decisión.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Regional del Servicio de Impuestos de la Región del Biobío:</p>
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a) Entregar a doña Natalia Skarleth Robles González, el número o cantidad de resoluciones emitidas en los años 2005 y 2009, dictadas en ejercicio de la facultad del artículo 6° Letra B, N° 5 del Código Tributario, sobre corrección administrativa de liquidaciones y giros de impuestos o en su caso, acredite de forma fehaciente y detallada que, efectuadas las búsquedas, o bien, en caso de no obrar éstas en su poder, indique los motivos concretos que justifiquen y fundamenten su inexistencia, conforme lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente, en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Natalia Skarleth Robles González y al Sr. Director Regional del Servicio de Impuestos de la Región del Biobío.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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