Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3247-15

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Reclamante:	PABLA ALMENDRAS RIVERA
Reclamado:	UNIVERSIDAD DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Universidad de Chile, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la nómina de estudiantes expulsados de la Universidad por motivos políticos, desglosado por facultad y carrera, del periodo comprendido desde 1980 a 1985. El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto del nombre de los expulsados, toda vez que se trata de datos sensibles correspondientes a terceras personas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/24/2016
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Debido cumplimiento de las funciones del órgano >> Otros
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C3247-15 Entidad pública: Universidad de Chile. Requirente: Pabla Almendras Rivera. Ingreso Consejo: 22.12.2015. En sesión ordinaria N° 692 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de marzo de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3247-15. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de noviembre de 2015, doña Pabla Almendras Rivera, solicitó a la Universidad de Chile -en adelante e indistintamente la Universidad-, la nómina de estudiantes expulsados de la Universidad por motivos políticos, desglosado por facultad y carrera, del periodo comprendido desde 1980 a 1985. 2) RESPUESTA: Por medio de oficio U.G.I.I. (O) N° 457/2015, de fecha 01 de diciembre de 2015, el órgano refirió en resumen, que no cuenta con la información en los términos indicados, requiriéndose bastante tiempo y personal para poder obtenerla, configurándose, por lo tanto, lo dispuesto en la letra c) del artículo 21 de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, ya que se afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 3) AMPARO: El 22 de diciembre de 2015, la solicitante, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Chile, por medio Oficio N° 96, de 06 de enero de 2016, quien mediante ordinario N° 45/2016, de fecha 26 de enero del año en curso, señaló en síntesis, que la Universidad no dispone de una nómina que dé cuenta de estudiantes expulsados por motivos políticos, en la forma pedida, constituyendo lo solicitado una manifestación del ejercicio del derecho de petición. 5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: A través de Oficio N° 1.777, de 02 de marzo de 2016, este Consejo solicitó a la reclamante pronunciarse, entre otras cosas, sobre la posibilidad de recibir una nómina indicando únicamente la carrera y facultad de los alumnos expulsados, omitiendo en ella el nombre de los afectados. En este sentido, por medio de correo electrónico, de fecha 08 de marzo de 2016, doña Pabla Almendras Rivera, manifestó expresamente su conformidad con la posibilidad planteada. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto, la entrega por parte de la Universidad de Chile, de la nómina de estudiantes expulsados, en la forma expuesta en el numeral 1°, de la parte expositiva de la presente decisión. Al respecto, el órgano alegó que no cuenta con la información en los términos indicados, siendo por tanto una manifestación del derecho de petición, requiriéndose bastante tiempo y personal para poder obtenerla, configurándose de este modo, la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, en lo tocante a los dichos de la Universidad, cabe tener presente que este Consejo, puede ordenar la entrega de aquella información contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos, y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según lo dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. En este sentido, la información objeto de este amparo, se encuentra presente en los respectivos sumarios conforme a los cuales se expulsó a los alumnos en cuestión. De ahí que, la información solicitada existe, y en consecuencia, para dar acceso en los términos requeridos, sólo basta una simple labor de acopio o reunión de datos, puesto que lo pedido se refiere a información que puede desprenderse fácilmente del contenido de los registros que mantiene el órgano en relación con los mencionados sumarios -como son el nombre, carrera y facultad de los afectados-, cuya respuesta, en consecuencia, no supone la imposición de un gravamen a su respecto, por lo que debe estimarse que dicha solicitud se encuentra amparada por la Ley de Transparencia. 3) Que, asimismo, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, respecto a lo expuesto por la Corte Suprema, y analizando las alegaciones del órgano -resumidas en el numeral 2°- se advierte que sus fundamentos, precisamente, constituyen invocaciones generales, no resultando suficientes para acreditar ante este Consejo, el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En efecto, la reclamada ni siquiera precisó el número de funcionarios necesarios para avocarse a la búsqueda de la información y elaboración de la respuesta, ni al tiempo que éstos deberían destinar a las referidas tareas, ni la extensión de los documentos respectivos. A mayor abundamiento, aceptar las alegaciones del órgano, podría llevar a entender que no sólo estarían impedidos de dar respuesta a las solicitudes de información del presente amparo, sino a cualquier requerimiento a plantearse en lo sucesivo, lo que resulta inaceptable, en consideración al legítimo ejercicio del derecho de acceso a la información, en los términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia. 6) Que, en otro orden de ideas, en lo tocante a la naturaleza de lo pedido, cabe señalar que en virtud del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información solicitada cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. En tal sentido, el artículo 7° N° 2, del Reglamento de la Ley de Transparencia, precisa que se entenderá por tales derechos aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés. Luego, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. 7) Que, conforme a lo expuesto precedentemente, se advierte que lo requerido corresponde a información que contiene datos de carácter sensibles de terceras personas, en los términos dispuestos por el literal g), del artículo 2° de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, toda vez que tal información supone divulgar el nombre, carrera universitaria y facultad de determinadas personas expulsadas de la Universidad por motivos políticos, vale decir, se trata de información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables que dicen relación con sus características morales y a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad. 8) Que, por su parte, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas". En tal sentido, no existe en este amparo, consentimiento de las personas cuyos nombres son solicitados. 9) Que, por otra parte, según establece el artículo 20 de la ley N° 19.628, los organismos públicos sólo podrán tratar datos personales sin el consentimiento de su titular, respecto de las materias propias de su competencia y con sujeción a las reglas establecidas por dicho cuerpo legal, entre las que se contempla la prevista en el inciso primero de su artículo 9°, que regula el principio de finalidad que rige la protección de datos personales en los siguientes términos, a saber: "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". De esta manera, ha de colegirse que, en el presente caso, el almacenamiento de datos personales realizado por la Universidad de Chile se encuentra autorizado por el citado artículo 20, sin que resulte procedente la comunicación de tales datos para fines diversos al consignado, como ocurre en la especie. 10) Que, de igual forma, resulta aplicable en la especie el deber de secreto previsto en el artículo 7° de la citada ley N° 19.628, según el cual "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo", por cuanto no se observa que la información solicitada haya sido recolectada por la Universidad de Chile de una fuente accesible al público. 11) Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, y conforme lo dispuesto en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, que impone a este Consejo, el deber de velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, no puede entregarse la nómina requerida en los términos solicitados, por resultar aplicable la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. 12) Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en virtud de la medida para mejor resolver, que se lee en el numeral 6°, de lo expositivo, la reclamante se pronunció favorablemente a la posibilidad de recibir la nómina solicitada, con los nombres tarjados, indicando únicamente la carrera y facultad de los expulsados. Así las cosas, a criterio de este Consejo, en este supuesto -aceptada por la reclamante-, no se advierte una afectación de derechos de terceros. Luego, y teniendo en cuenta además, que el órgano no acreditó debidamente la causal de reserva alegada, se acogerá parcialmente el presente amparo, ordenándose la entrega de una lista de estudiantes expulsados de la Universidad de Chile por motivos políticos, desglosado por carrera y facultad, del periodo comprendido desde 1980 a 1985, omitiendo en ella, los nombres de los afectados. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Pabla Almendras Rivera, en contra de la Universidad de Chile, rechazándolo respecto del nombre de los expulsados, en mérito de lo expuesto en la parte considerativa de la presente decisión. II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Chile lo siguiente: a) Entregar a doña Pabla Almendras Rivera, la información solicitada en el numeral 1° de lo expositivo, esto es, lista o nómina de estudiantes expulsados de la Universidad de Chile por motivos políticos, desglosado por carrera y facultad, del periodo comprendido desde 1980 a 1985, omitiendo en ella, los nombres de los afectados. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente, en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Pabla Almendras Rivera y al Sr. Rector de la Universidad de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.