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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C734-10</strong></p>
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Entidad pública: Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMIN</p>
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Requirente: Juan Cristóbal Peña Fletcher</p>
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Ingreso Consejo: 22.10.2010</p>
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En sesión ordinaria N° 218 de su Consejo Directivo, celebrada el 25 de enero de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C734-10.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285, N° 19.880 y N° 20.405; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.S. N° 132/2004, del Ministerio de Minería, que establece el Reglamento de Seguridad Minera; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de septiembre de 2010 don Juan Cristóbal Peña Fletcher, mediante tres presentaciones, solicitó al Servicio Nacional de Geología y Minería (en adelante, indistintamente, el SERNAGEOMIN o el Servicio) la siguiente información:</p>
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a) Copia de todas resoluciones relativas a la aprobación o rechazo de explotación de proyectos mineros a nombre del Sr. Alejando González Gutiérrez y del Sr. Alfredo González Gutiérrez;</p>
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b) Nombre de las personas fallecidas en accidentes durante la realización de labores mineras en los últimos cinco años, e individualización de sus respectivos empleadores;</p>
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c) Copia de las investigaciones realizadas por el SERNAGEOMIN en relación a accidentes fatales ocurridos en labores mineras en los últimos cinco años; y</p>
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d) Copia de la investigación, informes, estudios técnicos, resoluciones, actos y toda otra documentación relativa al accidente fatal que sufrió Manuel Martínez Vega, el 11 de noviembre de 2008, en la Mina Juanita, de la II Región.</p>
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2) RESPUESTA: El 6 de octubre de 2010 el Director Nacional (S) de SERNAGEOMIN contestó la precitada solicitud denegando el acceso a la información, por aplicación de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, argumentando que se trataría de un número elevado de documentos y su entrega supone efectuar una revisión caso a caso de la información existente en los registros de la institución, sistematizarla, depurarla y fotocopiarla, lo que obligaría a distraer indebidamente a los funcionarios de sus labores habituales.</p>
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3) AMPARO: El 22 de octubre de 2010 don Juan Cristóbal Peña Fletcher reclamó ante este Consejo el amparo a su derecho de acceso a la información solicitada, fundado en la respuesta negativa del Servicio.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Mediante Oficio N° 2239, de 28 de octubre de 2010, el Director General del Consejo para la Transparencia confirió traslado del presente amparo al Director Nacional del SERNAGEOMIN, quien respondió al mismo el 16 de noviembre de 2010, exponiendo los siguientes descargos y observaciones:</p>
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a) Argumenta que el Servicio no se encontraría en condiciones de dar cumplimiento a la solicitud del reclamante, porque involucraría un alto número de documentos, cuya búsqueda, revisión, sistematización, depuración y fotocopiado se realizaría no sólo en la sede central del Servicio, sino que también en sus Direcciones Regionales, cuya dotación es aún menor que la existente en Santiago. Ello significaría distraer a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, quienes, debido a las contingencias del momento, ya se encontraba cumpliendo más funciones que las tradicionales. Al efecto, hace presente que su manejo de información es en formato papel.</p>
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b) Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que el Servicio se ha puesto en contacto con el reclamante, a fin de que acote su solicitud.</p>
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c) A continuación, señala que la gran cantidad de trabajo que debe soportar el Servicio, producto del accidente ocurrido en la Mina San José, ha ocasionado que el personal idóneo para compilar la información requerida y elaborar la respuesta, es decir, el Departamento de Seguridad Minera, se encontraba desarrollando funciones especificas para superar la emergencia. Situación que fue dada a conocer a este Consejo por medio de Oficio Ordinario N° 9668, del 21 de octubre de 2010.</p>
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d) En dicho oficio el Servicio sostiene que se ha visto desbordado por la gran cantidad de consultas y solicitudes de información de ciudadanos, la Cámara de Diputados y el Ministerio de Minería, las que en su mayoría se refieren a asuntos relacionados con la seguridad minera y el medio ambiente, áreas en las que su dotación no supera las 12 personas y los documentos constan en archivos en papel. Al efecto, individualizó 27 solicitudes de información presentadas ante el Servicio entre el 5 de agosto de 2010 –fecha del accidente en la Mina San José– y el 21 de octubre del mismo año, entre las que se encuentran aquella formulada por el reclamante.</p>
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5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión ordinaria N° 209 de su Consejo Directivo, celebrada el 21 de diciembre de 2010, se acordó, para los efectos de resolver acertadamente el presente amparo, solicitar al Director Nacional del SERNAGEOMIN remitir a este Consejo copia del expediente de investigación relativo al accidente sufrido por don Manuel Martínez Vega, el 11 de noviembre de 2008, en la Mina Juanita, a fin de que ilustre a este Consejo acerca del volumen de la información solicitada por el reclamante y se dimensione el tiempo involucrado en darle respuesta.</p>
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Asimismo, se le requirió exponer las circunstancias de hecho en cuya base se fundaría la distracción indebida invocada. Para tal efecto, se le solicitó informar lo siguiente: volumen de información requerida, Direcciones Regionales involucradas en su respuesta, personal específico con el que cada una de éstas cuenta, labores que sus funcionarios habitualmente desarrollan, tiempo del que disponen para ellas, aquél empleado para dar respuesta a una solicitud de información y el que destinan, actualmente, a las labores de emergencia que indicó en sus descargos y observaciones.</p>
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Dicha medida fue contestada por el Servicio el 11 de enero de 2010, mediante Oficio Ord. N° 140, señalando lo siguiente:</p>
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a) Explica que desde el año 2005 hasta finales de 2010 se consignan 190 accidentes fatales, cuya información se encuentra dividida entre sus siete direcciones regionales, según la zona en que ocurrieron los accidentes. Por tanto, satisfacer la solicitud involucraría la búsqueda de información en cada dirección, su sistematización y fotocopia.</p>
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b) Argumenta que el requerimiento involucra depurar la información, pues en algunos casos contienen materias sensibles que sería necesario notificar o que podrían ser objeto de algún procedimiento judicial. Al respecto, hace presente que intentó comunicarse con el reclamante para acotar su solicitud, sin recibir respuesta.</p>
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c) Acompaña copia del Memorándum N° 138, de 30 de agosto de 2010, mediante el cual el Jefe del Departamento de Seguridad Minera informa al Subdirector Nacional sobre las 25 funciones y tareas que desarrolla el departamento, entre las que se encuentra, en lo pertinente: dar respuesta a los requerimientos de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS); y contestar los requerimiento de otros órganos del Estado.</p>
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d) Adjunta el informe de investigación relativo al accidente ocurrido en la Mina Juanita (17 páginas), el cual es suscrito por un inspector de seguridad minera y el Director Regional del SERNAGEOMIN, y cuyo contenido es el siguiente:</p>
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i) Individualiza al accidentado, la compañía propietaria de la mina, la empresa minera productora y el administrador de la faena.</p>
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ii) Descripción de la faena: tipo de mina y ubicación.</p>
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iii) Descripción del accidente y sus consecuencias.</p>
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iv) Situación de la faena: informa que ésta se encontraba legalmente cerrada.</p>
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v) Expone las condiciones ambientales y de seguridad de la faena.</p>
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vi) Indica la relación contractual del trabajador con la compañía.</p>
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vii) Individualiza las disposiciones del Reglamento de Seguridad Minera vulneradas por el productor.</p>
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viii) Identifica las causas inmediatas y las causas básicas que originaron el accidente.</p>
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ix) Establece medidas correctivas.</p>
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e) El servicio acompañó un listado en que individualiza los 190 accidentes fatales ocurridos en faenas mineras desde 2005, individualizando la empresa minera, el contratista, la faena y la víctima.</p>
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f) Por último, adjuntó 3 correos electrónicos dirigidos al reclamante con fechas 15, 18 y 26 de noviembre, en los que le requiere acotar su solicitud y plantea la realización de una reunión.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia preceptúa “el acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.</p>
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2) Que, en el presente caso, el SERNAGEOMIN ha invocado como excepción legal a la publicidad de la información requerida, aquella contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, según la cual se podrá denegar total o parcialmente la información requerida cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente, tratándose de requerimientos referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.</p>
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3) Que, el artículo 7° N° 1, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, precisa la citada causal de secreto o reserva señalando que se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales</p>
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4) Que, por su parte, atendido lo dispuesto por los artículos 10, 16 y 21 de la Ley de Transparencia, este Consejo ha señalado que para determinar la afectación a los bienes jurídicos protegidos por las causales de reserva o secreto de la información, es necesario, en primer lugar, no sólo que la información de que se trate concierna a la materias sobre las que éstos versan, sino que además debe dañarlos o afectarlos negativamente en alguna magnitud y con alguna especificidad que habrá de ser determinada, daño que no cabe presumir, sino que deberá ser acreditado por los órganos administrativos que aquel tiene alguna probabilidad de ocurrir y, en segundo lugar, deberá existir proporcionalidad entre los daños que la publicidad provoca a alguno de los bienes jurídicos protegidos por las causales de secreto reserva y el perjuicio que el secreto causa al libre acceso a la información y al principio de publicidad (decisiones Roles A1-09, de 23 de junio de 2009, A39-09, de 19 de junio de 2009, y A45-09, de 28 de julio de 2009 y C669-10, de 2 de noviembre de 2010).</p>
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5) Que, teniendo lo anterior como contexto, en cuanto a la solicitud de las resoluciones relativas a la aprobación o rechazo de explotación de los proyectos mineros solicitados por dos particulares, por versar esta solicitud sobre actos administrativos con efectos sobre terceros, en virtud de lo ordenado por el artículo 7°, letra g), de la Ley de Transparencia, aquellas resoluciones de aprobación o rechazo dictadas con posterioridad a la entrada en vigencia de dicho cuerpo legal deberían encontrarse publicadas en el sitio electrónico del Servicio, por lo que su comunicación no puede afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Por su parte, respecto de aquéllos que han sido dictados con anterioridad a su vigencia, atendido que su cuantía no han sido dimensionada por el órgano, en aplicación del criterio expuesto en el considerando 4), tal alegación deberá estimarse infundada.</p>
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6) Que replicando lo razonado por este Consejo en su decisión Rol C64-10, de 11 de junio de 2010, relativa a la publicidad de la nómina de personas fallecidas en accidentes laborales en la Región Metropolitana, la divulgación de la identidad de los trabajadores fallecidos en accidentes en faenas mineras no puede afectar la reputación de sus familiares, ya que la circunstancias de su muerte no involucra una carga negativa cuya revelación pueda afectar la honra de sus familiares. Por otra parte, visto que el Servicio cuenta con un listado en que individualiza a las víctimas de dichos accidentes y a su empleador –el cual ha acompañado a este Consejo–, su comunicación al reclamante tampoco puede afectar el debido cumplimiento de las funciones del Servicio, pues la información ya ha sido procesada y elaborada por éste.</p>
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7) Que respecto de las investigaciones efectuadas por SERNAGEOMIN en accidentes que hayan ocasionado la muerte de un trabajador, cabe hacer presente que los incisos 2° y 3° del artículo 77 del Reglamento de Seguridad Minera (D.S. N° 132/2004, del Ministerio de Minería) disponen:</p>
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Que cada uno de estos accidentes “…deberá ser objeto de un informe técnico, suscrito por el ingeniero o jefe a cargo de la faena y por un Experto (según del artículo 12 del precitado reglamento, la expresión Experto está referida a los Expertos en Prevención de Riesgos de la Industria Extractiva Minera, formados y calificados por el Servicio), en el cual se indicarán clara y explícitamente las causas, consecuencias y medidas correctivas del accidente. Este informe deberá ser enviado a la correspondiente Dirección Regional del Servicio donde se encuentre ubicada la faena, dentro del plazo de quince (15) días, contado desde el día del accidente. Este plazo podrá ser ampliado a petición del interesado y muy especialmente, si para su correcta conclusión, se necesiten mayores estudios”.</p>
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“El Servicio podrá publicar con fines didácticos, un resumen de dicho informe, evitando mencionar nombre de las personas y empresas afectadas. En dicha publicación podrá incluir comentarios, críticas, réplicas y conclusiones o parte de ellas que juzgue de utilidad para promover la prevención de los accidentes o para establecer las condiciones efectivas de seguridad de la faena”.</p>
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8) Que, conforme a lo dispuesto por el precitado artículo 77 y lo observado en el informe acompañado a este Consejo como medida para mejor resolver, los informes elaborados en cumplimiento de lo ordenado por dicha disposición –y suscritos por el Director Regional del SERNAGEOMIN– contienen los antecedentes que dan cuenta de la investigación efectuada con ocasión de la muerte de un trabajador en una faena minera, por lo que es menester concluir que la solicitud del reclamante puede estimarse satisfecha con la sola entrega de dichos informes. Por tanto, visto el listado de accidentes acompañado por SERNAGEOMIN a este Consejo, la solicitud del reclamante involucraría la entrega de los 190 informes elaborados por el Servicio con ocasión de los accidentes en faenas mineras que han tenido por resultado la muerte de un trabajador.</p>
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9) Que los informes solicitados por el reclamante se refieren a la ejecución de las atribuciones fiscalizadoras que mandata el artículo 2° N° 8 del D.L. N° 3.525, de 1980, al SERNAGEOMIN, en cuya virtud este organismo deberá “velar porque se cumplan los reglamentos de policía y seguridad minera y aplicar las sanciones respectivas a sus infractores”, correspondiendo dichas atribuciones al ejercicio de las funciones públicas del Servicio y tales documentos servir de sustento y complemento esencial de los actos dictados por él, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública, a menos que esté sujeta alguna de las causales de secreto o reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia</p>
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10) Que el Servicio no ha indicado el volumen de información involucrado en la solicitud y el tiempo que demandaría a sus funcionarios dar respuesta a la misma, lo que impide verificar la magnitud y especificidad de las circunstancias que darían cuenta de la afectación invocada, y que se encuentra vedado por el legislador la presunción de dicho daño, por lo que dichas alegaciones deberán ser desestimadas.</p>
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11) Que contribuye a la conclusión anterior el hecho de que la reproducción de los informes requeridos se ve facilitada porque el Servicio ya ha identificado los accidentes sobre los que versa la solicitud –según demuestra el listado acompañado a este Consejo– y dichos informes versan sobre datos de trabajadores fallecidos y, en general, de empresas mineras constituidas como personas jurídicas, por lo que a su respecto no resulta aplicable el régimen de protección de datos personales o sensibles reglado por la Ley N° 19.628, lo que hace innecesaria la tacha de éstos.</p>
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12) Que, sin perjuicio de las consideraciones anteriores, atendidos los argumentos invocados por el organismo en orden a exponer su carga de trabajo y el personal destinado a procesar la entrega de la información, se requerirá la entrega de la información en un plazo que no supere los 30 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, lo que quedará consignado en lo resolutivo de esta decisión.</p>
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13) Que, a mayor abundamiento, no obstante es dable considerar que el conocimiento de los resultados de estos informes puede influir en la imagen comercial de las personas fiscalizadas –y como consecuencia de ello indirectamente en su patrimonio–, especialmente cuando se revelen incumplimientos o infracciones a la normativa que regulan la actividad, conforme se razonó en la decisión Rol C222-10, de 10 de agosto de 2010, relativa a la solicitud de los resultados de las inspecciones efectuada por el Servicio Nacional de Pesca a las empresas del sector salmonero, no es posible concluir que su divulgación afecte derechos de terceros, toda vez que:</p>
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a) La afectación a la imagen comercial de los terceros involucrados se considera eventual, pues aquélla dependerá del debate público que suscite su divulgación y las reacciones que conforme a él adopten agentes de mercado con los que se relacionen las personas fiscalizadas. Por lo tanto, dependiendo la afectación de contingencias ajenas a la sola divulgación de la información, no es posible identificar un daño probable a los bienes jurídicos protegidos por el legislador.</p>
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b) No puede entenderse que exista un derecho a mantener en reserva las infracciones que una empresa ha cometido para evitar que éstas la desprestigien, pues si bien puede existir un “interés” porque éstas no se divulguen, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia exige la afectación de derechos de las personas, precisando el artículo 7º Nº 2 de su Reglamento que “se entenderá por tales aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés”. En consecuencia, un mero interés no es suficiente para justificar la reserva de la información ni tampoco la comunicación a que alude el artículo 20 de la Ley.</p>
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14) Que, en cuanto a la disposición reglamentaria de reserva contenida en el inciso 3° del artículo 77 del RSM, resulta forzoso concluir que, a la luz de lo prescrito por los artículo artículos 8° de la Constitución y 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, dicha disposición no encuentra vigente, pues conforme a ello los casos de secreto o reserva deben ser consagrados por el legislador; y, en según término, conforme se razonó en los considerandos 6) y 12) precedentes, ésta carece de fundamento en lo relativo a la protección de los derechos de los familiares del difunto o de las empresas involucradas.</p>
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15) Que, por otra parte, se reconoce un interés público involucrado en la divulgación de los resultados de los informes efectuadas con ocasión de los accidentes en faenas mineras, toda vez que el cumplimiento de los reglamentos de seguridad minera asegura la prevención de éstos accidentes, tal como señala la segunda parte del inciso tercero del artículo 77 en comento, generando el acceso a la información –utilizando los términos del Tribunal Constitucional- un soporte básico para el adecuado ejercicio y defensa de otros derechos constitucionales, como es el derecho a la vida y a la integridad física de los trabajadores, los cuales, eventualmente, pueden resultar lesionados como consecuencia de una actuación o de una omisión de un órgano de la Administración del Estado o de un particular (STC. Lean Casas Cordero, Carlos Eric con Director Nacional de Aduanas. Considerando 9º).</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don Juan Peña Fletcher en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería, por las consideraciones precedentes.</p>
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II. Requerir al Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de la información por éste solicitada.</p>
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b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 30 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Juan Peña Fletcher y al Director Nacional del Servicio Nacional de Geología.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que el Consejero don Juan Pablo Olmedo Bustos no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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