Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3323-15

Reclamante:	N. N.
Reclamado:	INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE VIÑA DEL MAR
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a las "copias autorizadas de: a) Informe de fiscalización por vulneración de derechos fundamentales N° 0506/2015/2331 de la Inspección comunal del Trabajo de Viña del Mar; b) Conclusiones Jurídicas de dicho informe, suscritas por el distinguido colega que se indica; y, c) Acta de Procedimiento de Mediación Folio N° 506/2015/91 de 17 de noviembre del año 2015 realizado ante la Funcionaria Mediadora del Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, en su caso". El Consejo rechaza el amparo, por concurrir las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/31/2016
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C13-12
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Que no invoca la LT
Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO ROL C3323-15 Entidad pública: Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar Requirente: N.N. Ingreso Consejo: 29.12.2015 En sesión ordinaria N° 694 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de marzo de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3323-15. VISTOS: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de diciembre de 2015, la parte solicitante, debidamente representada, solicitó a la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, en virtud de los artículos 16, letras a), b), d), del artículo 17 de la ley N° 19.880, "copias autorizadas de: a) Informe de fiscalización por vulneración de derechos fundamentales N° 0506/2015/2331 de la Inspección comunal del Trabajo de Viña del Mar; b) Conclusiones Jurídicas de dicho informe, suscritas por el distinguido colega D. Francisco Javier Rodríguez Villalobos; y, c) Acta de Procedimiento de Mediación Folio N° 506/2015/91 de 17 de noviembre del año 2015 realizado ante la Funcionaria Mediadora del Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, en su caso". 2) RESPUESTA: El 21 de diciembre de 2015, la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar respondió a dicho requerimiento de información mediante Ord. N° 2161 de la misma fecha, señalando, en síntesis, que: a) Conforme al dictamen N° 1193 de 7 de enero de 2015 de la Contraloría General de la República, si bien la solicitud de copia de documentos realizada a favor de la parte solicitante ha podido tener su fuente directa en la preceptiva contenida en la ley N° 19.880, el ejercicio de sus derechos sustantivos no se encuentra regulado en ésta, sino que en la Ley de Transparencia, la que contempla medios especiales de impugnación para amparar aquellas prerrogativas, que debe conocer el Consejo para la Transparencia. b) En tal sentido, se informa que revisados aquellos actos que se han declarado reservados por el Consejo para la Transparencia, aparecen como tales los procedimientos por vulneración de derechos fundamentales. En efecto, así fue resuelto en la decisión de amparo Rol C13-12, en la cual el empleador solicitó la denuncia de acoso y maltrato laboral, que se funda en un proceso de derechos fundamentales, conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, declarando el Consejo para la Transparencia que se verifica la existencia de derechos lesionados con la entrega de la denuncia solicitada, como el de seguridad y de la esfera de la vida privada de la propia denunciante, cuya identidad, en el presente caso, es conocida por la peticionaria. Por lo que se rechaza la entrega de los antecedentes solicitados. 3) AMPARO: El 29 de diciembre de 2015, la parte reclamante, debidamente representada, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta negativa a su solicitud. Además hizo presente que: a) Lo requerido se solicita en el contexto de un sumario administrativo, en el cual la parte reclamante ocuparía un cargo directivo dentro de una institución. La Inspección del Trabajo entiende que la parte reclamante sería la empleadora, lo que no es efectivo. Señala que el organismo reclamado invoca la decisión C13-12, en forma errónea. b) Sin la información pedida resulta imposible asumir una adecuada defensa, vulnerándose además el debido proceso, junto a otras normas de derechos humanos puesto que con la negativa de la Inspección del Trabajo se estarían amparando las denuncias anónimas e impidiendo la legítima defensa. c) Se adjunta la Resolución N° 388 de 23 de noviembre de 2015 de la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social, mediante la cual se instruye sumario para determinar la responsabilidad de la parte reclamante. d) Se adjunta carta de 23 de noviembre de 2015, dirigida a los Sres. Directivos de la Corporación Municipal, por parte de padres y apoderados de escuela que indica. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Jefa de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, mediante oficio N° 000255 de 13 de enero de 2016. Mediante Ord. N° 155 de 22 de enero de 2016, la Sra. Inspectora Comunal del Trabajo de Viña del Mar presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que: a) En vista de los fundamentos legales invocados por la parte peticionaria y los contenidos en la respuesta a la solicitud, no se ingresó ésta como un requerimiento de acceso a la información pública, ni se dio traslado de ella a terceros que pudiesen verse afectados en sus derechos, por cuanto estos trámites tienen lugar dentro del procedimiento a que se refiere la Ley de Transparencia, cuyas prerrogativas y medios de impugnación no habían sido ejercidos hasta ese momento. b) Como se puede advertir, y al amparo de la doctrina de la Contraloría General de la República establecida en el dictamen N° 1193 de 7 de enero de 2015, con la respuesta contenida en el oficio N° 2161, ya individualizado, se dio aplicación al principio de especialidad que hace primar la Ley de Transparencia por sobre la ley N° 19.880 en materia de requerimientos de información, comunicando tal circunstancia al representante de la parte requirente, sin que válidamente pudiese entenderse tal decisión como una negativa a entregar la documentación solicitada conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, cuando precisamente en la respuesta se estaba advirtiendo que el procedimiento que correspondía utilizar era el contemplado en esta ley. c) Se adjunta la siguiente documentación: i) Informe de fiscalización ii) Informe jurídico iii) Acta de mediación Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto de este reclamo se circunscribe a la insatisfacción de la parte reclamante con la respuesta de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar a su solicitud de acceso a la información, por cuanto no se le habría entregado lo requerido. 2) Que, según lo dispuesto por el artículo 486 del Código del Trabajo, las Inspecciones del Trabajo poseen competencia para fiscalizar y denunciar las vulneraciones de derechos fundamentales de los trabajadores, pudiendo iniciar un proceso de fiscalización, entre otros casos, por denuncias de particulares. La Dirección del Trabajo, a través de la Orden de Servicio N° 02, de 4 de febrero de 2011, impartió instrucciones respecto del procedimiento administrativo que debe seguirse a fin de investigar las vulneraciones a los derechos fundamentales. 3) Que, este Consejo ha razonado que "no se puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores ante la Dirección del Trabajo y el riesgo de que su divulgación, así como la de la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización en contra del empleador, afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (especialmente si se mantienen laboralmente vinculados con el mismo empleador)". Asimismo, ha resuelto que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de los trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado. 4) Que, además, en materia de denuncias este Consejo ha considerado que el acceso a tales documentos puede traer como consecuencia que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas. En efecto la entrega de tales antecedentes podría imposibilitar que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable, que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que las denuncias puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. 5) Que, del mismo modo, esta Corporación ha razonado que las Inspecciones del Trabajo deben necesariamente dotar de protección y reserva a las víctimas de conductas atentatorias a su dignidad, así como también a los declarantes en el respectivo proceso investigativo, resultando ello esencial para que dicho órgano público pueda llevar a cabo cabalmente sus funciones, garantizando el debido resguardo y celo en el tratamiento de antecedentes como los consultados. En efecto, el propio legislador laboral en el artículo 485 del Código del Trabajo dispuso la garantía de indemnidad, la cual supone el derecho del trabajador a no ser objeto de represalias por parte del empleador como consecuencia de haber requerido una fiscalización. El mencionado derecho a no ser objeto de represalias laborales, encuentra igualmente su fundamento en la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y en el artículo 5° del Convenio 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, que establece entre los motivos que no constituirán causa justificada para la terminación de la relación de trabajo el "presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las autoridades administrativas competentes.". 6) Que, en dicho contexto, divulgar la información requerida supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de los trabajadores, por cuanto éstos podrían inhibirse no sólo de ingresar denuncias por concepto de vulneración de derechos fundamentales, sino también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones puedan ser conocidas por sus empleadores actuales o futuros, todo lo cual afectaría claramente las funciones de la requerida, y con ello, el debido cumplimiento de sus funciones, que de conformidad al artículo 1° DFL N° 2 de 1967 consiste esencialmente en fiscalizar el cumplimiento de la preceptiva laboral. En consecuencia, conforme con lo razonado precedentemente se rechazará el presente amparo. 7) Que, por último, atendido que la revelación de la identidad de la parte requirente da cuenta de la circunstancia de que fue denunciada ante la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar por vulneración de derechos fundamentales, conforme con lo dispuesto en el artículo 33 , letra m), de la Ley de Transparencia, este Consejo estima que dicho dato debe ser protegido, por lo cual se mantendrá en reserva su identidad en la presente decisión, disponiéndose, además, el resguardo de dicha identidad en los registros internos de este Consejo y en la información sobre procesos en curso disponible en la página web de esta Corporación. 8) Que, finalmente, cabe señalar que la referencia al sumario administrativo que indica la parte reclamante en su amparo, debe desestimarse por cuanto la solicitud de acceso a la información que motivó el presente amparo fue presentada a la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, en circunstancias que el sumario administrativo fue instruido por la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo Social, no existiendo vinculación entre el sumario administrativo referido, y lo solicitado por la parte reclamante, que motivó el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por la parte requirente, debidamente representada, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar, por concurrir las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director de Operaciones y Sistemas de este Consejo adoptar las medidas que resulten necesarias respecto de las bases de datos que obran en poder de esta Corporación para evitar la publicidad, comunicación o conocimiento de la identidad de la parte reclamante del presente amparo. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la parte reclamante y a la Sra. Jefa de la Inspección Comunal del Trabajo de Viña del Mar. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.