Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C51-16

Volver

Reclamante:	FRANCISCO ARMIJO CASTRO
Reclamado:
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, fundado en la denegación de la información solicitada referente a "Todos los nombres de las personas naturales y jurídicas y sus respectivos antecedentes de contacto como: email, teléfono, dirección, que han efectuado alguna denuncia y/o reclamo en contra del banco Scotiabank Chile (solicitud N° AE008T0000076), así como en contra de alguno de los bancos que le corresponde fiscalizar, exceptuando al banco Scotiabank Chile (solicitud N° AE008T0000077), en los últimos cinco años, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, especificando la materia de cada reclamo y si este fue solucionado en cada caso". El Consejo rechaza el amparo, por configurarse en la especie la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, en específico, al tratarse de requerimientos cuya atención requiere distraer, en la especie, indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/21/2016
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C51-16 Entidad pública: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Requirente: Francisco Armijo Castro Ingreso Consejo: 07.01.2016 En sesión ordinaria N° 697 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de abril de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C51-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 4 de diciembre de 2015, don Francisco Armijo Castro solicitó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (en adelante SBIF) se le envíe: "Todos los nombres de las personas naturales y jurídicas y sus respectivos antecedentes de contacto como: email, teléfono, dirección, que han efectuado alguna denuncia y/o reclamo en contra del banco Scotiabank Chile (solicitud N° AE008T0000076), así como en contra de alguno de los bancos que le corresponde fiscalizar, exceptuando al banco Scotiabank Chile (solicitud N° AE008T0000077), en los últimos cinco años, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, especificando la materia de cada reclamo y si este fue solucionado en cada caso". Para ambos casos, requiere que los antecedentes se le envíen en una carpeta íntegra, autorizada y foliada, respecto de todas las denuncias y/o reclamos solicitados. 2) RESPUESTA: Mediante carta de 06 de enero de 2016, la SBIF dio respuesta a ambos requerimientos, indicando que se deniega la entrega de la información, en atención a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. Se indica que la información requerida no consta en alguna base de datos actualmente existente en ese organismo, como así tampoco existe esa información respecto a algún otro supervisado por la Institución, por lo que la elaboración del consolidado requerido, implica revisiones de repositorios, levantamientos de información en bases de datos y cruces de registros de información por personal Institucional, lo que equivale a un estimado de 600 horas de trabajo. Por lo tanto, atender la solicitud implica distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores. Finalmente hace presente que sus solicitudes se encuentran en el contexto de numerosas presentaciones realizadas por el solicitante ante la SBIF o derivadas por otras instituciones a ésta, relacionadas al mismo asunto, a saber, 16 solicitudes sólo en el año 2015. 3) AMPARO: El 7 de enero de 2016, don Francisco Armijo Castro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información solicitada. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, mediante Oficio N° 436, de 18 de enero de 2016. Mediante Oficio N° 363, de 16 de febrero de 2016, la SBIF presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que: a) Con el fin de dimensionar la magnitud de requerimientos recibidos por la SBIF, describe en un cuadro la cantidad de presentaciones escritas que la Institución ha recibido durante el periodo requerido por el solicitante (entre 2011 y 2015 un total de 42.875 presentaciones escritas). Así, dada la enorme cantidad de reclamos que la SBIF recibe anualmente, acceder a lo requerido implica efectuar una labor que afecta el cumplimiento de las funciones regulares del Servicio. b) Asimismo, indica que la cantidad de horas de trabajo (600 hh), obedece a un cálculo optimista respecto de la cantidad de tiempo que implicaría dar cumplimiento íntegro a la solicitud del reclamante, conforme el siguiente detalle: Revisar base de datos de custodia externa y solicitar cajas de presentaciones de 2011 a 2015 a empresa MegaArchivos (60 hh); Buscar y separar presentaciones exclusivas de Scotiabank (60 hh); Recopilar documentos en SBIF (80 hh); Imprimir documentos (50 hh); Tarjar datos personales de documentos (100 hh); Confeccionar listado Excel con datos (100 hh); Confección de carpeta autorizada y foliada respecto de todas las denuncias y reclamos (150 hh). c) Finalmente, respecto de la obligación que se impone a la Administración de dar acceso a información pública, sin que ello implique un derecho a que esta elabore información, cita la sentencia en Rol 2558-13, considerando 11), del Tribunal Constitucional. Y CONSIDERANDO: 1) Que la información requerida corresponde a los reclamos y/o denuncias interpuestas contra bancos fiscalizados por la SBIF, con la individualización del denunciante y sus datos de contacto, materia del reclamo y solución al caso, durante los últimos 5 años. Al efecto, atendida la naturaleza de los antecedentes requeridos y las facultades legales de la SBIF, dicha información obra en poder de la reclamada, por lo que, en razón de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es de naturaleza pública, salvo que concurra a su respecto una causal de secreto o reserva. 2) Que la reclamada denegó la entrega de la información requerida en virtud de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia. En particular, respecto de la interpretación de la referida causal, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos significativamente tales, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "(...) la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad. 3) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 4) Que a fin de ponderar en concreto la causal de reserva invocada, resulta procedente atender al volumen, naturaleza, y origen de la información solicitada. Al efecto, en cuanto al volumen de la información requerida, la SBIF ha entregado un detalle del número de presentaciones escritas que la Institución ha recibido para el período comprendido en el requerimiento, esto es, entre 2011 y 2015, el que asciende a un total de 42.875 presentaciones. Asimismo, ha indicado en su respuesta que la información, en los términos específicos en que fuere requerida, no consta en alguna base de datos actualmente existente en el organismo, y que a su vez, la elaboración y sistematización de la información en un consolidado como el requerido, contempla múltiples actividades, respecto de las cuales se hacen cálculos estimativos de horas de trabajo por parte de personal dedicado exclusivamente a ello: Revisión de una base de datos de custodia externa y solicitud de cajas en que se encuentran las presentaciones escritas de 2011 a 2015 a la empresa MegaArchivos (60 hh); Buscar y separar las presentaciones exclusivas en contra de Scotiabank (60 hh); Recopilación de los documentos en la SBIF (80 hh); Impresión de los documentos (50 hh); Tarjado de datos personales de documentos (nombre, correo electrónico, teléfono y dirección de personas naturales denunciantes) (100 hh); Confección de un listado Excel con los datos (100 hh); y, Confección de las carpetas autorizadas y foliadas respecto de todas las denuncias y reclamos (150 hh), en cuanto a la forma y medio de entrega de lo requerido. 5) Que por lo anterior, este Consejo estima que, el conjunto de actividades descritas, especialmente lo referido a la ubicación de la información requerida (archivos de denuncias escritas en formato papel (archivadas en bodegas externas al Servicio); teniendo en consideración el número de presentaciones escritas referidas a denuncias y/o reclamos contra bancos a analizar para un período de 5 años (42.875), debiendo a su vez distinguirse entre aquellas denuncias presentadas al Scotiabank y aquellas denuncias referidas al resto de los bancos fiscalizados por la SBIF; y, que dentro de la información requerida se encontrarían datos personales de denunciantes (nombre, correo electrónico, teléfono y dirección de personas naturales), lo que a su vez implicaría el tarjado y selección de dicha información; para los efectos de sistematizar y posteriormente entregar la información requerida en los términos específicos solicitados por el reclamante (en carpetas autorizadas y foliadas respecto de todas las denuncias y/o reclamos), para el período 2011 a 2015, es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales (especialmente recursos humanos) que deberían destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, razones por las que se rechazará el presente amparo por configurarse en la especie la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia. 6) Que sin perjuicio de lo razonado precedentemente, y aun cuando la reclamada no lo hubiere alegado, respecto de la identidad de personas naturales denunciantes ante órganos públicos, resulta pertinente reiterar que este Consejo ha sostenido que, ante solicitudes de información referidas al nombre de las personas que han efectuado denuncias ante organismos públicos, cabe resguardar la identidad del denunciante, a fin de evitar que éstos se "(...) inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración, (...) realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias (...)". En efecto, la entrega del mencionado dato puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. 7) Que con todo, se hace presente al reclamante que este Consejo revisó el sitio web de la SBIF, especialmente el apartado referido a "Información Financiera", sección "Presentaciones ante SBIF", (http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/InfoFinanciera?indice=4.1&idCategoria=565&tipocont=1112), verificándose que, a la fecha del presente acuerdo, se encuentra permanentemente a disposición del público aquella información estadística que se encuentra sistematizada y que obra en poder de la reclamada sobre la materia referida: al número de presentaciones (comprende reclamos y otras consultas recibidas por escrito, sin distinción) realizadas por usuarios de las entidades financieras para cada entidad bancaria y el tiempo promedio de respuesta de la SBIF (desde 2001); a las materias incluidas en las presentaciones recibidas (desde 2004); y, la evolución de las presentaciones realizadas por los usuarios de las entidades financieras para cada entidad (desde 2003). Se debe precisar que la información se encuentra disponible sólo hasta el año 2013. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Francisco Armijo Castro, de 7 de enero de 2016, en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por configurarse en la especie la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, en específico, al tratarse de requerimientos cuya atención requiere distraer, en la especie, indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Francisco Armijo Castro y al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.