Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C747-10

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Reclamante:	N. N.
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Resumen del caso: Se deduce amparo en contra de la Superintendencia de pensiones por no suministrar información solicitada relativa a antecedentes de tramitación de pensión de invalidez. Organismo se excusó aduciendo recurso de reposición en curso. El Consejo acoge parcialmente el amparo interpuesto.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	2/28/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley 19880 2003 - LEY DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C134-10 C642-10
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Poco clara
Descriptores analíticos:	Otros; Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C747-10 Entidad pública: Superintendencia de Pensiones Requirente: N.N. Ingreso Consejo: 04.10.2010 En sesión ordinaria N° 222 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de febrero de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C747-10. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) CONTEXTO PREVIO: En marzo de 2010 doña N.N. presentó ante la Comisión Médica de la Región Metropolitana una solicitud para la calificación de su invalidez y el otorgamiento de la pensión respectiva, de acuerdo a las normas del D.L. N° 3500. El 28 de mayo del mismo año, mediante el Dictamen N° 1.213.0318, dicha Comisión rechazó tal solicitud, fundada en que no se habría configurado el menoscabo de la capacidad de trabajo de la solicitante, pues la patología que padecía no había sido tratada. Posteriormente, la solicitante dedujo reclamación en contra del antedicho Dictamen ante la Comisión Médica Central, quien, a su vez, rechazó tal reclamación mediante la Resolución N° C.M.C. 007447, fundada en que la enfermedad alegada como invalidante está bajo tratamiento médico, agregando que no se ha configurado la pérdida de a lo menos el cincuenta por ciento de la capacidad de trabajo de la reclamante. 2) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de septiembre de 2010 doña N.N. solicitó a la Superintendencia de Pensiones que le respondiera y entregara lo siguiente: a) La razón por la cual la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones dice que la patología no ha sido tratada, cuando sí lo ha sido –varias veces- y por esa razón se rechaza su solicitud de otorgamiento de pensión de invalidez. b) El motivo por el cual en la respuesta a la apelación se dice que ésta se rechaza porque la patología invocada se encuentra en tratamiento médico, en circunstancias que su médico tratante indicó, en un informe que acompañó a su reclamación, que no está en tratamiento curativo y que la enfermedad es incurable. c) El nombre del médico que está observando la enfermedad alegada como invalidante. d) Fotocopias de las actas de las Comisiones Médicas, carpeta y expedientes de calificación de invalidez relacionados con su caso. 3) RESPUESTA: La Superintendencia de Pensiones respondió a la antedicha solicitud mediante el Ord. N° 31.119, de 18 de octubre de 2010, en los siguientes términos: a) En relación con la solicitud de fotocopias del expediente de calificación de invalidez, señala que, por el momento ello no es posible, puesto que de acuerdo a lo informado por la División de Comisiones Médicas y Ergonómica, el proceso de calificación no ha concluido, toda vez que el 30 de septiembre de 2010 la requirente dedujo un recurso de reposición ante la Comisión Médica Central, cuya resolución se encuentra pendiente. Sin embargo, señala que una vez resuelto dicho recurso por parte de la citada Comisión no existe inconveniente alguno en remitir a la solicitante los antecedentes requeridos. b) Por otra parte, con respecto a los reclamos formulados por la solicitante en relación a los aspectos médicos resueltos por las Comisiones Médicas que han emitido dictámenes vinculados con la calificación de invalidez, señala que no constituyen materias que corresponda informar en virtud de las normas de la Ley de Transparencia, por tratarse de una cuestión de carácter ordinario como son los procedimientos sobre calificación de invalidez. c) Sin perjuicio de lo anterior, agrega que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 94 N° 17 del D.L. N° 3.500, le corresponde a la Superintendencia de Pensiones supervisar administrativamente tanto a las Comisiones Médicas Regionales como a la Comisión Médica Central e impartir las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez. Por su parte, el artículo 18, inciso primero, del D.S. N° 57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece el Reglamento del D.L. N° 3.500, dispone que las Comisiones Médicas Regionales gozan de autonomía en cuanto al conocimiento y resolución de las solicitudes de calificación de invalidez sometidas a su consideración. Por lo tanto, los cuestionamientos que ha formulado la solicitante en relación con los aspectos médicos materia de la calificación de invalidez, son de exclusiva competencia de las Comisiones Médicas, puesto que se encuentran comprendidas dentro de la autonomía que se les ha concedido. 4) AMPARO: Doña N.N., en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 27 de octubre de 2010, en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundamentándolo en que dicho órgano le habría denegado la información que solicitó, pues le proporcionó una respuesta incompleta que no contesta a la solicitud que formuló. Acompañó a su solicitud cuatro certificados de sus médicos tratantes, en los cuales constan diversas atenciones que le fueron practicadas, así como los diagnósticos médicos respectivos. 5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo estimó admisible este amparo trasladándolo mediante Oficio N° 2.295, de 3 de noviembre de 2010, a la Superintendencia de Pensiones, quien mediante el Ord. N° 34.778, de 24 de noviembre de 2010, procedió a evacuar sus descargos en los siguientes términos: a) Reitera lo señalado al responder la solicitud de acceso, en el sentido que la Superintendencia de Pensiones no se ha negado a entregar a la requirente los antecedentes solicitados; por el contrario, se encuentra dispuesta a entregar dichos antecedentes una vez que se resuelva el recurso de reposición deducido por la solicitante en contra de la resolución pronunciada por la Comisión Médica Central. A este respecto, señala que actualmente dicha Comisión, en sesión N° 00720/201 de 8 de noviembre de 2010, suspendió el plazo para resolver el antedicho recurso por estimar necesaria la realización de un peritaje, tras lo cual se emitirá el pronunciamiento definitivo, de manera que cumplido ello se entregarán los antecedentes. Por tal razón, señala que no se han esgrimido causales de reserva o secreto en sustento de una supuesta negativa, tal como lo sostiene la reclamante. b) En cuanto a las demás reclamaciones contenidas en la presentación, relacionadas con el rechazo de la solicitud de calificación de invalidez, reitera lo señalado al responder la solicitud que motiva el amparo, en el sentido que de acuerdo al artículo 94 N° 17 del D.L. N° 3.500, a la Superintendencia de Pensiones le corresponde sólo supervisar administrativamente a las Comisiones Médicas Regionales y Central e impartir las normas operativas que se requieran para calificar las solicitudes de invalidez. En este mismo sentido, agrega que la Superintendencia carece de facultades para emitir un pronunciamiento respecto de materias médicas propiamente comprendidas en el proceso de calificación de invalidez, de modo que no constituye una instancia de apelación a este respecto. 6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: El Consejo Directivo, en sesión ordinaria N° 211, de 28 de diciembre de año 2010, acordó, para una adecuada resolución del presente caso y en aplicación del artículo 34 de la Ley de Transparencia, solicitar a la Superintendenta de Pensiones emitiera un pronunciamiento respecto a la forma en que, a su juicio, la entrega de la información a la reclamante, particularmente los exámenes médicos incorporados al expediente de calificación de invalidez, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la Superintendencia de Pensiones, mientras se encuentre pendiente la resolución del recurso de reposición deducido por la misma reclamante en contra de la resolución pronunciada por la Comisión Médica Central C.M.C 007447/2010, ponderando cada uno de los elementos que se estimen pertinentes para emitir tal pronunciamiento. Dicha autoridad, mediante el ordinario N° 2.337 de 27 de enero de 2011, respondió a la antedicha solicitud señalando que: a) El artículo 11, inciso 8°, del D.L. N° 3.500, dispone que cualquiera sea la forma de financiamiento de los exámenes estará prohibido a las Comisiones Medicas Regionales y a la Comisión Médica Central entregar los originales de ellos al solicitante afectado, sin perjuicio que puedan proporcionársele copia una vez ejecutoriado el dictamen correspondiente, siempre que así lo autorice la Comisión Médica Central. b) En consecuencia, la condición fijada por la Superintendencia para la entrega del expediente de calificación de invalidez tiene su origen en la disposición expresa de la ley, según la cual no es posible entregar los exámenes médicos solicitados, sino hasta que el dictamen respectivo se encuentre ejecutoriado y exista autorización de la Comisión Médica Central. c) Los expedientes de calificación de invalidez no se encuentran físicamente en las oficinas de la Superintendencia, ni tampoco se encuentran disponibles en formato digital, razón por la cual para acceder a ellos es preciso solicitarlos, según da cuenta el procedimiento respectivo. d) Mediante Resolución N° C.M.C 013820/2010, de 29 de diciembre de 2010, la Comisión Médica Central emitió un pronunciamiento con respecto al recurso de reposición presentado por la reclamante, y el 17 de enero de 2011 remitió el expediente a la Comisión Médica Regional Metropolitana, para efectuar la notificación a la interesada por correo certificado. e) Por lo tanto, habiéndose cumplido lo dispuesto en el artículo 11 del D.L. N° 3.500 la Superintendencia de Pensiones solicitó a la citada Comisión Médica Regional Metropolitana el envío del expediente de calificación de invalidez de que se trata, el cual fue recibido el 25 de enero de 2011. De este modo, por oficio de 27 de enero se ha comunicado a la interesada que puede retirar el expediente en la Oficina de Partes de la Superintendencia, previo pago de las fotocopias respectivas. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en primer término, debe establecerse que no constituyen requerimientos de información propiamente tales, en los términos dispuestos en la Ley de Transparencia, las solicitudes efectuadas por la reclamante a que hacen referencia los literales a) y b) del apartado 2° de la parte expositiva, dirigidas a conocer los motivos por los cuales la Comisión Médica Regional Metropolitana y la Comisión Médica Central efectuaron determinadas aseveraciones con respecto a las patologías que padecía, al rechazar, respectivamente, su solicitud de calificación de invalidez y la reclamación posterior. Tales solicitudes constituyen peticiones más bien orientadas a requerir un pronunciamiento y/o a conocer los motivos en atención a los cuales se ha adoptado una determinada decisión en el marco de un procedimiento administrativo particular, cuestión que se enmarca en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, por lo que no cabe pronunciarse al respecto en esta sede. 2) Que, por el contrario, la solicitud formulada por la reclamante dirigida a conocer el nombre del médico que está observando la enfermedad alegada como invalidante, constituye una solicitud de información orientada a conocer la identidad del facultativo que, con ocasión de la solicitud de calificación de invalidez, actúa como médico observador designado como tal por la Compañía de Seguros que ha cubierto el riesgo del solicitante y que participa sin derecho a voto en la Comisión Médica Regional, conforme a lo dispuesto en el artículo 11, inciso tercero, del D.L. 3500. Al respecto, se estima que dicha información debiese obrar en poder de la reclamada, según se desprende del artículo 23 del D.S. N° 57/1990, por lo que se considera de naturaleza pública conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, máxime cuando dice relación con la identidad de personas que participan en un cuerpo colegiado que ejerce funciones asignadas por ley, por lo tanto, en esta parte se acogerá el presente amparo. 3) Que, además de lo anterior, la reclamante ha solicitado la entrega de fotocopias de las actas de la Comisiones Médicas y de la carpeta o expedientes de calificación de invalidez relacionados con su caso. 4) Que, en lo relativo a las actas de las Comisiones Médicas cabe señalar que, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 29 del D.S. N° 57, de 1990, que establece el Reglamento del D.L. N° 3.500, ellas constituyen los documentos elaborados en el marco del procedimiento de calificación de invalidez, que contienen la constancia fiel de todo lo obrado en las reuniones sostenidas por dichas comisiones, incluyendo las opiniones de sus miembros, así como las constancias de cada caso particular y del acuerdo respectivo. Así, ha de considerarse que tales actas constituyen piezas del expediente de calificación de invalidez, por lo que a su respecto resulta aplicable lo razonado a continuación. Sin perjuicio de ello, cabe tener presente sobre el particular lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 29 de la antedicha norma, que establece que el contenido de las actas podrá ser consultado por el interesado, su médico asesor o su médico tratante, por los médicos observadores de las Compañías de Seguros y por un médico representante de la Administradora de Fondos de Pensiones respectivas. 5) Que la solicitud de fotocopias de la carpeta o expediente de calificación de invalidez, dice relación, en principio, con el soporte material del procedimiento administrativo de calificación de invalidez de la propia reclamante, en sus distintas etapas, esto es, por una parte, el procedimiento que se ha substanciado ante la Comisión Médica Regional Metropolitana, el cual ha concluido con el pronunciamiento de un Dictamen que rechazó declarar la invalidez solicitada; y, por otra parte, el procedimiento de reclamación de lo resuelto anteriormente, substanciado ante la Comisión Médica Central, en el cual se ha pronunciado una resolución que rechazó tal reclamación. 6) Que, si bien dicha solicitud ha sido efectuada por quien, conforme al artículo 21 de la Ley N° 19.880, tiene la calidad de interesada en el procedimiento administrativo en comento, se estima realizada en ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública, motivo por el cual, la resolución del presente amparo pasa fundamentalmente por la aplicación de la Ley de Transparencia, sin perjuicio que puedan tener aplicación, en lo pertinente, las normas de la Ley N° 19.880, en un contexto de interpretación armónica de ambos cuerpos legales. 7) Que, algunas piezas del expediente requerido dicen relación con información de naturaleza médica de la propia reclamante, tales como los antecedentes clínicos acompañados ante la Comisión Médica Regional Metropolitana para fundar la solicitud de declaración de invalidez, los exámenes y peritajes médicos practicados por orden de las Comisiones Medicas, como asimismo los resultados de dichos exámenes y otros antecedentes de esta naturaleza, todos los cuales se enmarcan en lo que la Ley N° 19.628 define como datos sensibles en su artículo 2°, literal g). En consecuencia, al haber requerido la reclamante dichos antecedentes al órgano reclamado a través del ejercicio del derecho de acceso a la información ha ejercido una de las prerrogativas que le confiere el artículo 12 de dicha ley, conocido como el derecho de acceso a la información del titular de los respectivos datos personales, que queda comprendido dentro de lo que se denomina habeas data. Sobre el particular, este Consejo ya se ha pronunciado anteriormente, particularmente, en las decisiones recaídas en los amparos Roles C134-10, de 29.06.2010, y C642-10, de 10.12.2010, en el sentido que el titular de la información médica que obra en poder de un órgano de la Administración del Estado se encuentra plenamente habilitado para solicitar a este último el acceso al contenido de dicha información, ya sea en ejercicio del derecho de acceso a la información pública o en ejercicio del habeas data. 8) Que, la Superintendencia de Pensiones al responder la solicitud de información y al formular sus descargos se refirió a la petición relativa al expediente de calificación de invalidez, señalando que se encontraba pendiente de resolución un recurso de reposición deducido por la reclamante en contra de la resolución pronunciada por la Comisión Médica Central que dispuso el rechazo de la reclamación deducida ante ella, de manera que sólo podía entregar la información solicitada una vez que dicho recurso fuera resuelto, agregando en cuanto a su estado de tramitación, que la Comisión Médica Central decretó la suspensión del plazo para la resolución del antedicho recurso, a la espera de la realización de un peritaje médico a la reclamante, tras lo cual se emitirá el pronunciamiento definitivo que le permitirá entregar dicha información. 9) Que, el tenor de esa respuesta no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Transparencia, por cuanto la reclamada en el hecho denegó la información requerida, mientras no se resolviera un recurso de reposición administrativo que a la sazón se encontraba pendiente, sin alegar de manera directa la procedencia de una causal de reserva conforme lo exige el estándar legal. 10) Que, a juicio de este Consejo, dicha alegación de la reclamada se enmarcó en lo dispuesto en el artículo 11, inciso 8°, del D.L. N° 3.500, que limita el acceso a los exámenes médicos por parte de quien solicita la calificación de su invalidez, al establecer que “cualquiera que sea la forma de financiamiento de los exámenes, estará prohibido a las Comisiones Médicas Regionales y a la Comisión Médica Central entregar los originales de ellos al solicitante afectado, sin perjuicio de que puedan proporcionársele copias una vez ejecutoriado el dictamen correspondiente, siempre que así lo autorice la Comisión Médica Central”. 11) Que, al estimarse dicha norma relacionada con la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, literal b), este Consejo para clarificar su eventual procedencia, decretó una medida para mejor resolver destinada a que a la reclamada se pronunciara en torno a si la eventual entrega a la reclamante de los exámenes médicos solicitados afectaría el debido cumplimiento de sus funciones mientras la resolución del recurso de reposición se encontrara pendiente de resolución. 12) Que al responder dicha solicitud la reclamada no se pronunció en los términos solicitados, refiriéndose en cambio al precitado artículo 11, inciso 8°, del D.L N° 3.500, e indicando que el recurso de reposición cuya resolución se encontraba pendiente al formular sus descargos fue resuelto por la Comisión Médica Central, razón por la cual este Consejo estima innecesario pronunciarse en torno a la procedencia de dicha causal de reserva, dado que aún cuando eventualmente pudo tener lugar mientras se encontraba pendiente de resolución el recurso de reposición señalado, actualmente debe darse aplicación a lo dispuesto en la parte final del artículo 21 N° 2 literal b), de la Ley de Transparencia, que una vez consagrada esta causal de reserva, señala a continuación: “sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas”. 13) Que, con todo, dado que el artículo 11, inciso 8° del D.L. N° 3.500 sólo dice relación con los exámenes médicos agregados al expediente de calificación de invalidez, es necesario precisar que en relación a las piezas del expediente que no constituyen exámenes médicos de la reclamante, resulta aplicable la presunción de publicidad del artículo 5° de la Ley de Transparencia; más aún, el artículo 17, literal a), de la Ley N° 19.880, permite a todo interesado en un procedimiento administrativo conocer su estado de tramitación y obtener copias de los documentos que rolan en el mismo. 14) Que, por último, la Superintendencia de Pensiones acompaño a este Consejo copia del Oficio N° 2.338 de 27 de enero de 2011, mediante el cual se comunica a la reclamante el hecho que el expediente solicitado se encuentra a su disposición en las dependencias de la Superintendencia de Pensiones, sin embargo, no ha certificado la entrega de dicho documento a la reclamante en los términos del artículo 17, inciso segundo, de la Ley de Transparencia, ante lo cual este Consejo ha intentado comunicarse con la reclamada en reiteradas oportunidades a fin de verificar si efectivamente obtuvo dicha información, no obstante, ello no ha sido posible. 15) Que en merito de lo expuesto deberá acogerse el presente amparo y requerirse a la Superintendencia de Pensiones que entregue a la reclamante los antecedentes requeridos previo pago de los costos directos de reproducción, conforme a lo dispuesto por la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 de este Consejo, particularmente en su numeral 5°. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido doña N.N. en contra de la Superintendencia de Pensiones, sólo en aquello que constituyó solicitud de información al amparo de la Ley de Transparencia, por las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. II. Requerir a la Superintendenta de Pensiones para que: a) Entregue a doña N.N. la información que fue objeto de su solicitud de información, vale decir, el nombre del médico observante de la enfermedad alegada como invalidante, fotocopias de las actas de las Comisiones Médicas, carpeta y expedientes de calificación de invalidez relacionados con su solicitud de calificación de invalidez, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo dispone el artículo 46 de la Ley de Transparencia, en el plazo de cinco días hábiles contados desde que la presente decisión se encuentre ejecutoriada, cobrando sólo los costos directos de reproducción conforme a lo dispuesto por la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 de este Consejo, particularmente en su numeral 5° b) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a doña N.N. y a la Sra. Superintendenta de Pensiones. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.