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DECISIÓN AMPARO ROL C119-16</p>
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Entidad pública: Instituto de Previsión Social (IPS).</p>
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Requirente: Armando Romero Báez.</p>
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Ingreso Consejo: 14.01.2015.</p>
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En sesión ordinaria N° 697 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de abril de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C119-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 02 de diciembre de 2015, don Armando Romero Báez, solicitó al Instituto de Previsión Social (IPS), la siguiente información:</p>
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a) "Nómina de las solicitudes del beneficio de la ley N° 20.874 o también llamada Ley Corta. Por comuna detalladamente, tal como aparece en la ficha de solicitud del bono;</p>
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b) El número de beneficiarios por Provincia y Comuna a nivel nacional reconocido por la ley N° 19.992 (Valech I) y la ley N° 20.405 (Valech II);</p>
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c) El número de beneficiarios, por Provincia y Comuna a nivel nacional que tienen derecho al Bono Único de la ley N° 20.874, que han solicitado a la fecha este beneficio".</p>
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2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° LE/795/2015, de 28 de diciembre de 2015, el órgano indicó, que las nóminas de víctimas de Prisión Política y Tortura emitidas por la Comisión Valech, solo cuentan con el nombre y Run de la persona calificada, es decir, no se consigna el domicilio particular que permita establecer la provincia o región a la que pertenece una determinada víctima. Dichas nóminas son de acceso público y pueden ser consultadas entre otras, en las páginas web del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (www.indh.c1) o de este Instituto de Previsión Social (www.ips.gob.c1).</p>
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Se incluye planilla Excel con el detalle de beneficiarios de Aporte Único de Reparación ley N° 20.874 a nivel nacional que han solicitado dicho beneficio, desagregados por Región y Comuna.</p>
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También se acompaña planilla Excel con la cantidad de potenciales beneficiarios de Aporte Único de Reparación ley N° 20.874, titulares y cónyuges sobrevivientes, a nivel nacional, desagregados por Región y Comuna, que pueden solicitar dicho beneficio en este Instituto.</p>
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3) AMPARO: El 14 de enero de 2015, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Instituto de Previsión Social, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Al efecto precisó, que no se envió los nombres y RUT de los beneficiarios de la Ley Valech.</p>
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4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS (SARC): Esta Corporación determinó aplicar el Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC), solicitando a la reclamante, mediante oficio N° 729, de fecha 27 de enero de 2016, su pronunciamiento respecto a la información contenida en los links que el órgano singularizó en su respuesta.</p>
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Al respecto, por medio de correo electrónico, de fecha 27 de enero del año en curso, el reclamante manifestó su disconformidad con la informacion entregada.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social, mediante oficio N° 1057, de 02 de febrero de 2016.</p>
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Posteriormente, el órgano, con fecha 17 de febrero del año en curso, refirió en resumen, haber enviado lo solicitado y que no resultaba posible acceder a lo solicitado en torno a otorgar antecedentes tales como RUT, domicilio u otros, en conformidad a las decisiones amparo N°A33-09, A140-09, C415-09, C713, C832-10, por lo que de acuerdo a la ley N°19.628, sobre protección de la Vida Privada, sólo puede accederse a ellos con autorización de su titular o cuando la ley lo permite lo que no ocurre en la especie. A su vez, adjuntó nómina con los beneficiarios de la ley N° 20.874, por región y comuna.</p>
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6) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS (SARC) POST DESCARGOS: Esta Corporación, en virtud de los antecedentes enviados por el órgano, con ocasión de sus descargos, determinó aplicar nuevamente el Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC), solicitando a la reclamada, mediante oficio N° 1982, de fecha 04 de enero de 2016, su pronunciamiento respecto a la información enviada.</p>
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Al respecto, el reclamante manifestó su disconformidad, debido a que lo solicitado se refiere a las personas que han solicitado el beneficio, por comuna y ciudad.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se dedujo por la entrega parcial de lo solicitado, al haberse omitido los nombres y RUT de las personas que requirieron el beneficio de la ley N° 20.874 -según lo expuesto por el solicitante en su relamo y pronunciamientos anotados, respectivamente, en los numerales 3°, 4° y 6°, de lo expositivo-. En consecuencia, esta decisión se circunscribe a lo solicitado en la letra a), del numeral 1°, de la parte expositiva.</p>
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2) Que, para contextualizar lo requerido, se debe tener presente que la ley N° 20.874, otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el estado de Chile, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405. Dicho beneficio, de acuerdo al artículo 2° de la primera norma citada, será otorgada a aquellas personas que las soliciten en el Instituto de Previsión Social.</p>
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3) Que, en este sentido, cabe aclarar que lo reclamado en este amparo, no son los beneficiarios de la ley en comento -información que fue entregada al requirente-, sino los datos de aquellas personas que han solicitado dicha reparación. Así las cosas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 5° y 10°, de la Ley de Transparencia, la información solicitada, en principio, es de carácter publica, salvo que opere en la especie alguna causal de secreto o reserva.</p>
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4) Que, a criterio de este Consejo, si bien la información relativa a los beneficiarios de una reparación, proveniente de arcas fiscales, constituye un hecho que debe ser conocido por la comunidad, para el debido ejercicio del control social, no ocurre lo mismo respecto de aquellas personas que deciden postular a un beneficio que, por su naturaleza, pueden o no llegar a recibir. En este sentido, el presentar una solicitud para obtener una reparación estatal, se enmarca más bien, dentro de la orbita de la vida privada del postulante, constituyendo éste un dato sensible, en los términos del artículo 2°, letra g), de la ley N° 19.628, al tratarse de hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, las ideologías y opiniones políticas y los estados de salud físicos o psíquicos.</p>
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5) Que, en lo tocante a la naturaleza de lo pedido, cabe señalar que en virtud del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información solicitada cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. En tal sentido, el artículo 7° N° 2, del Reglamento de la Ley de Transparencia, precisa que se entenderá por tales derechos aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés. Luego, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.</p>
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6) Que, por su parte, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas". En tal sentido, no existe en este amparo, consentimiento de las personas cuyos datos son solicitados.</p>
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7) Que, por otra parte, según establece el artículo 20 de la ley N° 19.628, los organismos públicos sólo podrán tratar datos personales sin el consentimiento de su titular, respecto de las materias propias de su competencia y con sujeción a las reglas establecidas por dicho cuerpo legal, entre las que se contempla la prevista en el inciso primero de su artículo 9°, que regula el principio de finalidad que rige la protección de datos personales en los siguientes términos, a saber: "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". De esta manera, ha de colegirse que, en el presente caso, el almacenamiento de datos personales realizado por el IPS se encuentra autorizado por el citado artículo 20, sin que resulte procedente la comunicación de tales datos para fines diversos al consignado, como ocurre en la especie.</p>
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8) Que, de igual forma, resulta aplicable el deber de secreto previsto en el artículo 7° de la citada ley N° 19.628, según el cual "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo", por cuanto no se observa que la información solicitada haya sido recolectada por el órgano de una fuente accesible al público.</p>
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9) Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, y conforme lo establecido en los literales j) y m) del artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, que impone a este Consejo, velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado, y el deber de velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, no puede entregarse la nómina requerida en los términos solicitados, por resultar aplicable la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Armando Romero Báez, en contra del Instituto de Previsión Social (IPS), por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, conforme lo expuesto precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Armando Romero Báez y al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. La Presidenta del Consejo Directivo doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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