Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C191-16

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Reclamante:	GIANNA WILMA CANALES RIOS
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Aduanas, fundado en que no dio respuesta a una solicitud de información referente a: "Solicito la nómina respecto de todas las importaciones y exportaciones de Chile efectuadas por personas, tanto naturales como jurídicas, entre el mes de enero del año 2014 y el mes de septiembre del año 2015, incluyendo nombre y Rut de las personas que efectuaron dichas destinaciones aduaneras, monto en dólares de los Estados Unidos de América de la importación por producto (valores por cada ítem importado),cantidades y volúmenes tranzados, puerto de origen y puerto de destino y finalmente país de origen y destino tanto para importaciones y exportaciones. Finalmente, en el evento que exista empresas o personas naturales que hayan indicado formalmente y previamente al Servicio Nacional de Aduanas su voluntad de no entregar este tipo de información a los requirentes de información pública, se solicita la nómina con nombre y Rut de dichas empresas o personas naturales. El Consejo rechaza el amparo, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/16/2016
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C848-13 C1015-15 C1890-15 C1891-15 C399-11 C204-11 C214-11
Jurisprudencia a:	C1300-16 C3165-17 C3385-16 C654-16 C1121-16 C1002-17 C3087-17 C5460-18
Recursos relacionados:	915-2016
Descriptores jurídicos:	- Inexistencia de información >> Inexistencia acreditada >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C191-16 Entidad pública: Servicio Nacional de Aduanas Requirente: Gianna Wilma Canales Rios Ingreso Consejo: 21.01.2016 En sesión ordinaria N° 704 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de mayo de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C191-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de diciembre de 2015, doña Gianna Wilma Canales Rios solicitó al Servicio Nacional de Aduanas, en adelante el Servicio o el SNA, la siguiente información: "Solicito la nómina respecto de todas las importaciones y exportaciones de Chile efectuadas por personas, tanto naturales como jurídicas, entre el mes de enero del año 2014 y el mes de septiembre del año 2015, incluyendo nombre y Rut de las personas que efectuaron dichas destinaciones aduaneras, monto en dólares de los Estados Unidos de América de la importación por producto (valores por cada ítem importado),cantidades y volúmenes tranzados, puerto de origen y puerto de destino y finalmente país de origen y destino tanto para importaciones y exportaciones. Finalmente, en el evento que exista empresas o personas naturales que hayan indicado formalmente y previamente al Servicio Nacional de Aduanas su voluntad de no entregar este tipo de información a los requirentes de información pública, se solicita la nómina con nombre y Rut de dichas empresas o personas naturales. 2) RESPUESTA: Que el 4 de enero de 2016, el Servicio Nacional de Aduanas respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución N°2, de esa misma fecha, señalando, en síntesis, que: La ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, dispone en la letra f) del artículo 2°, que son datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. Asimismo, el artículo 7° prescribe que las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos. Que, en lo relativo a la información solicitada, esta se encuentra normalmente contenida en cada operación de destinación aduanera en su respectiva declaraciones de ingreso (DIN) o de exportación (DUS), las cuales revisten el carácter confidencial, por aplicación del artículo 7° de la señalada ley N°19.628, en relación a la causal de reserva contemplada en los artículos 21 N° 2 de la ley N° 20.285 y 7 N° 2 de su reglamento, dado que, su comunicación afecta los derechos de las personas, "particularmente tratándose de (..) derechos de carácter comercial o económico". Así lo ha entendido el Consejo para la Transparencia en las decisiones roles C1890-15 y C1891-15, en las cuales se denegó la información referente a: "factura de exportación, certificado de origen, declaración de ingreso, conocimiento de embarque o bill of lading, fundada en "(...) que publicitar este tipo de información develaría aspectos estratégicos acerca del desarrollo de la actividad económica de la empresa, tales corno el mercado especifico en que se desenvuelve internacionalmente, las importaciones de mercancías que realiza en un rubro determinado y los valores en los cuales las adquiere, antecedentes que constituyen un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico, y una posible afectación cuya divulgación podría afectar su capacidad competitiva, configurándose así, a juicio de este Consejo, los tres requisitos exigidos para que los antecedente pedidos puedan afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, a saber, que la información deba: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y, c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y, por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo)(...)" Resuelve en definitiva que: "(...) versando esta parte de la solicitud de acceso de información respecto de la cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico, que pueden resultar afectados con su divulgación, en virtud de la facultad conferida a este Consejo, por el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia, se tendrá por configurada la causal de secreto o reserva reconocida en el artículo 21 N° 2 de dicha Ley, lo que exige mantener su carácter de secreto, por lo que cabe rechazar el presente amparo en este punto." (considerandos 10 y 11). Por lo razonado precedentemente, el Servicio llega a la conclusión que corresponde denegar la presente solicitud, por cuanto el tipo de información que se requiere, está contenida, tanto, en los supuestos legales de las leyes citadas, como en la mencionada decisión del Consejo para la Transparencia. 3) AMPARO: El 21 de enero de 2016, doña Gianna Wilma Canales Rios debidamente representada por don Fernando Antonio Vargas Olivares, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud. Además, la reclamante hizo presente, en síntesis, lo siguiente: El SNA al denegar la información por aplicación de la ley N° 19.628, actúa de manera ilegal y arbitraria, pues obvia el objeto de dicha norma legal, pues tanto la letra f), como al ñ), del artículo 2° de dicho precepto, se refieren expresamente a personas naturales..", lo cual indica, sin lugar a dudas, que esa ley tiene como objeto primordial y excluyente proteger los datos de carácter personal de las personas naturales, sin siquiera hacer mención a las personas jurídicas, lo cual se extiende al tratamiento de la información contemplado en el artículo 7°. Por tanto, el SNA se equivoca pues engloba en un mismo argumento legal tanto a personas naturales como jurídicas, dejando sin respuesta la parte de la solicitud referida a las empresas. Asimismo, en lo relativo a la información contenida en las declaraciones de ingreso (DIN) o las de exportación (DUS), el órgano las califica de confidencial, en virtud del citado artículo 7 de la ley N° 19.628, sin efectuar la obligada distinción entre personas naturales y jurídicas. En cuanto a la remisión del citado artículo 7 a la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la ley N° 20.285, cita el considerando N° 20 de la Decisión Amparo A114-09, donde se señala que sólo deberá aplicarse "respecto de aquellas empresas que hayan manifestado su voluntad de oponerse a la incorporación de sus datos en la base del SNA (...)", por ende, a contrario sensu, el SNA debió aplicar el mecanismo contemplado en el artículo 20 de la ley referida en aquellos casos en que las empresas no hayan manifestado, en forma previa, su voluntad de oponerse a la incorporación de sus datos a la base de datos del SNA, no obstante estimar que la autoridad requerida debiera entregar la información solicitada sin más trámite. Por ello, previendo la posible oposición, en la segunda parte de la solicitud, requiere la nómina de las empresas y personas que pudieran oponerse. Respecto de las decisiones C1890-15 y C1891-15, invocadas por el órgano, en orden a que "(...) publicitar este tipo de información develaría aspectos estratégicos acerca del desarrollo de la actividad económica de la empresa" estima que el razonamiento es erróneo, pues el mercado específico en que una empresa o persona natural se desenvuelve internacionalmente es una situación de hecho y no una situación de derecho. Lo anterior de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 7 N° 2, inciso final, del Reglamento de la ley N° 20.285 para invocar las causales de reserva del artículo 21, en especial el N° 2 de dicho articulado, pues el mercado específico internacional no está indicado como un derecho cuyo titular es el importador o exportador de mercancías, sino, tal como reza la norma citada, dicha situación es un hecho definido como un "simple interés" por parte del importador o exportador. Por tanto, la invocación normativa que hace el SNA para denegar la solicitud de información es errónea a la luz del citado artículo 7, N° 2, inciso final, del Reglamento de la ley N° 20.285. A mayor abundamiento, si este Consejo considera que el mercado específico internacional es objeto de un titular de derecho, ese titular tampoco sería el importador o exportador. Los titulares de ese supuesto derecho, son precisamente los actores que integran, crean o generan ese mercado específico internacional, esto es, sujetos de derecho tales como productores de mercancías o materias primas, proveedores, prestadores de servicios, intermediarios, factores de comercio, etc., que conforman el mercado internacional al cual acude el importador o exportador, los cuales, están interesados en que la información de tales mercados se den a conocer en otros mercados internacionales, incluidos sus precios o valores de venta de los bienes que tranzan, como las mercancías que producen, tranzan o generan ese rubro determinado. Indicar que dichas situaciones de hecho, como estima este Consejo, tienen como titular de derecho a los importadores o exportadores que realizan sus tramitaciones a través del SNA significaría un grave riesgo para la libre competencia que impera en el país, ya que precisamente la información del comercio exterior es un elemento fundamental para la sana competencia que debe existir entre los distintos actores del mercado nacional. Si bien entiende que las personas naturales y jurídicas tengan interés que la información relativa a los mercados internacionales específicos que manejan se mantenga en secreto, ya que dicha información puede posicionarlos con una ventaja comercial o competitiva sobre su competencia, sin embargo, bajo ningún parámetro es entendible que el Estado de Chile, a través de sus Órganos, colabore con este deseo, convirtiendo o transformando información de dominio público, en información secreta o reservada, lo cual vulnera ampliamente la normativa nacional e internacional que actualmente nos rige. Agrega que en diversas decisiones de amparo (C848-13 / C204-11 / C214-11 / C399- 11) se ha razonado que la publicidad del RUT y nombre de algunos actores debe ceder en beneficio de su publicidad, por el manifiesto interés público que reviste, pues constituye un antecedente esencial para permitir un adecuado control social que la ciudadanía puede y debe ejercer, tal como ocurre con el control social que los actores económicos en Chile deben ejercer respecto del "valor aduanero" de las mercancías que importadores y exportadores introducen al territorio nacional o exportan al extranjero para detectar posibles casos de distorsiones artificiales de los precios como ocurriría en el caso de un dumping, salvaguardias o subvenciones. Además, mediante este control social la ciudadanía podría detectar si el SNA está efectuando de manera correcta su rol fiscalizador del comercio exterior de Chile. En la especie, el SNA no sólo actuó arbitraria e ilegalmente al no referirse a la segunda parte de la solicitud, sino, ha actuado con manifiesto error, en ocasiones pretéritas, al utilizar el mecanismo del artículo 20 de la Ley de Transparencia, ya que divulgar la información solicitada, en especial el RUT y el nombre de las empresas que realizan importaciones y exportaciones, en ningún caso afectaría los derechos de estos terceros. Esta parte es de opinión que las empresas que se oponen a la entrega de información, en especial atención al nombre y RUT de las personas jurídicas que realizan importaciones y exportaciones, tienen un "simple interés" para impedir la entrega de la información y no existe ninguna situación que pudiere afectar sus derechos. Es más, las oposiciones de las empresas, en su mayoría, carecen del otro componente fáctico del artículo 20 de la ley N° 20.285, esto es, la "expresión de causa", Lo anterior, no constituye una afectación real a los derechos de las empresas de las cuales se pide la información, pues, los terceros sólo se remiten a indicar los "supuestos derechos" afectados, los que en realidad son un simple interés, pero en ningún caso indican cómo la divulgación de la información solicitada afectaría la larga lista de observaciones indicadas en la decisión que nos ocupa. Agrega que el Consejo para la Transparencia, el SNA, y distintas empresas al oponerse a la entrega de la información requerida como en el caso que nos convoca, han fundamentado la denegación, oposición y rechazo a la entrega de la misma amparándose en el artículo 10 del Acuerdo Sobre Valoración Aduanera de la OMC, el cual señala que "Toda información que por su naturaleza sea confidencial o que se suministre con carácter de tal a los efectos de la valoración en aduana será considerada como estrictamente confidencial por las autoridades pertinentes, que no la revelarán sin autorización expresa de la persona o del gobierno que haya suministrado dicha información, salvo en la medida en que pueda ser necesario revelarla en el contexto de un procedimiento judicial.". Al respeto hace presente que el acuerdo citado no impide la entrega de la información solicitada, sino que dado que el valor de las mercancías, en el comercio internacional, se establece mediante los procedimientos que ampara el acuerdo, el citado artículo 10, no persigue que los terceros no conozcan el valor de las mercancías, sino, impedir que se conozcan los elementos usados e informados por el importador o exportador para determinar el valor aduanero de las mismas, siendo precisamente esos elementos aportados los que gozan de protección legal de secreto o reserva, por tanto es un error utilizar este artículo para denegar al información en esta materia. Por último hace presente, que antes de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia el SNA actuaba muy distinto, pues la información solicitada la entregaba al dominio público, incluida la identificación de los importadores y exportadores. A mayor abundamiento, el SNA en un tiempo pasado vendía la información solicitada. Actualmente prima el secretismo y reserva de la información solicitada, opuesto a los fines de la ley N° 20.285, y al artículo 8 de la Constitución de la República, en cuyos preceptos el secreto o reserva de la información solicitada es excepcional. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 1043, de 02 de febrero de 2016, confirió traslado al Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiera a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) indique y acredite con la documentación respectiva, si todas o sólo algunas de las empresas respecto de las cuales recae la información solicitada han manifestado su voluntad de oponerse a la incorporación de sus datos en la base de datos de comercio exterior de dicho organismo, atendido lo resuelto por el Consejo en el amparo Rol A114-09, específicamente en el considerando N° 20 de dicha decisión; (3°) respecto de aquéllas que no hayan manifestado previamente esa voluntad, indique si procedió conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, y de ser así señale si estos terceros presentaron oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación y de la oposición deducida; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que podrían ver afectados sus derechos, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante correo electrónico de fecha 23 de febrero de 2016, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que: El reclamante estima que la denegación de la información solicitada vulneraría legal y arbitrariamente el derecho consagrado en el inciso 1° del artículo 10 y el artículo 5° de la ley N° 20.285, así como el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, al aplicar incorrectamente las causales de secreto o reserva contenidos en el artículo 21 de la Ley de transparencia y de la ley N° 19.628. A diferencia de lo alegado, señala que el Servicio actuó ajustado a derecho y a la jurisprudencia de este Consejo al denegar la información requerida por las siguientes razones: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del DFL N° 329, de 1979, del Ministerio de Hacienda, que contiene la ley Orgánica del SNA, éste tiene, entre otras funciones, la de generar estadísticas del tráfico internacional. Esta función puede cumplirse gracias a la información que aportan las destinaciones aduaneras que se presentan ante la Aduana, como ente encargado de vigilar y fiscalizar el paso de las mercancías por las costas, fronteras aeropuertos de la República, y de su intervención en el tráfico internacional. De acuerdo a lo dispuesto en la letra e) del artículo 2° de la ley N° 19.968, dato estadístico es el aquel que en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable. En la especie se requiere información de las exportaciones e importaciones realizadas en un período determinado asociada a las personas intervinientes en dichas operaciones, identificándolas con su nombre y RUT, es más, incluso se piden los mismos datos respectos de aquellos que hayan manifestado su voluntad de no ser incorporados. El artículo 7° de la ley N° 19.628, impone al Servicio la obligación de guardar reserva de los datos de carácter personal. Además la información solicitada se refiere a una operación de comercio exterior, la que tiene la calidad de información no divulgada, por constituir secreto empresarial protegido por la ley N° 19.039 de Propiedad industrial y por el artículo 39 de los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, por tratase de información secreta y con valor comercial. De hecho el fallo de este Consejo, Rol A114-2009, que el reclamante cita en su escrito señala que "En conformidad a la normativa internacional de la que Chile es parte y de la legislación nacional que adecúo nuestro Sistema Jurídico a sus disposiciones, debemos analizar si la información que está siendo solicitada al SNA tiene la calidad de información no divulgada en razón del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 39 de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en sus siglas en inglés TRIPS y en español ADPIC, es decir si se trata de información secreta, si tiene valor comercial y si ha sido objeto de esfuerzos razonables para mantenerla secreta. Las referidas exigencias fueron recogidas en la legislación nacional a través de la ley N° 19.996, que modificó la ley N° 19.039, de propiedad industrial, para adecuar nuestro Ordenamiento Jurídico a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, la que es su artículo primero dispone que "Esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada". La referida protección a la información no divulgada se otorga, en concreto en nuestro país, a los secretos empresariales en cuyo concepto se recogen implícitamente los elementos constitutivos del concepto de información no divulgada que recoge la norma internacional, lo que no es obstáculo para verificar su concurrencia en el caso concreto.". En este mismo orden de ideas el artículo 6° de la Ordenanza de Aduanas, contenida en el DFL N° 30, de 2005, de Hacienda, prescribe que, "Las informaciones proporcionadas al Servicio Nacional de Aduanas u obtenidas por éste en el ejercicio de sus atribuciones legales no podrán entregarse a terceros cuando tengan carácter de reservados." Por tanto, entregar la información solicitada, esto es, las importaciones y exportaciones realizadas por personas naturales y jurídicas, individualizada con su nombre, RUT e indicación de las mercaderías importadas por ellas, su precio, entre otros datos, implicaría develar aspectos estratégicos de dichos operadores, que constituyen un bien económico, respecto del cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico, que puede resultar afectados, por lo que, en la especie, se configura la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285. Finalmente hace presente que por el elevado número de importaciones y exportaciones, y por ende, los terceros involucrados, no se procedió conforme a los dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por ser inviable y materialmente imposible lograr su notificación dentro de tan breve plazo, sin distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 N°1 letra c), de dicha Ley. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Para una debida resolución del presente caso, por correo electrónico de fecha 07 de abril de 2016 se solicitó al órgano precisar: a) Si el Servicio cuenta con una base de datos con los antecedentes requeridos. En caso afirmativo indicar ruta de dichos archivos b) Si alguna de la información requerida se encuentra a disposición del público en la página web el Servicio. En caso afirmativo especificar qué ítems y rutas para acceder a ella. c) Indicar el número de personas naturales y jurídicas que registran importaciones y/o exportaciones en los años consultados. d) Indicar si el nombre y el RUT de los importadores y/o exportadores siempre debe quedar registrado en el Servicio al momento de efectuar y/o declarar dichas operaciones Por correo electrónico de fecha 15 de abril de 2016 el órgano respondió en los siguientes términos: a) El SNA lleva el registro de todas las operaciones de exportación e importación que se realizan en el país. Los registros de los datos solicitados se encuentran en sus bases de datos. b) El SNA ha publicado de los datos solicitados los siguientes: Valor CIF del ítem, país de origen, puerto de embarque y puerto de desembarque en el caso de importaciones; y Valor FOB ítem, país de destino y puerto de desembarque para el caso de las exportaciones. La información que se encuentra disponibles desde Octubre del 2015, en los link que se indican a continuación: http://www.aduana.cl/datos-abiertos-de-importacion-y-exportacion/aduana/2016-03-30/162714.html http://datos.gob.cl/dataset/registros-de-importacion-2015 http://datos.gob.cl/dataset/registros-de-exportacion-2015 http://datos.gob.cl/dataset/registros-de-importacion-2016 http://datos.gob.cl/dataset/registros-de-importacion-2016 c) Cantidad de Rut según distribución (destinación): - Exportación: año 2014= 8.404 y año 2015=8.359 - Importación: año 2014=151.387; año 2015: 159.929 Aduana no cuenta con un registro que permita identificar si el RUT corresponde a una persona natural o Jurídica. d) Los datos con los nombres y RUT consultados se encuentran dentro de los formularios de Declaración de Exportación e Importación, por tanto quedan registrados en los sistemas informáticos de Aduana. 6) TÉNGASE PRESENTE: Con fecha 12 de abril de 2016, el representante de la reclamante presentó un "Téngase presente", referido a la eliminación de cierta información en la página web del Servicio, que califica como arbitrario e ilegal. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la insatisfacción de la parte reclamante ante la denegación de su solicitud de información, la cual tiene por objeto la nómina respecto de todas las importaciones y exportaciones de Chile, efectuadas por personas, tanto naturales como jurídicas, en un período determinado, asociado al nombre y RUT de las personas naturales y jurídicas que efectuaron dichas destinaciones aduaneras, y a los demás campos indicados en el literal 1° de lo expositivo, incluidos los nombres y RUT de las empresas o personas naturales que pudiesen oponerse a la entrega de dicha información. 2) Que, al efecto la reclamada señaló que si bien la información solicitada obra en su poder, sin embargo ésta emana de las declaraciones de ingreso y de exportación aduaneras, las cuales revisten el carácter de confidencial, por aplicación del artículo 7° de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, en relación con la causal de reserva contemplada en los artículos 21 N° 2 de la ley N° 20.285, específicamente por afectar derechos de carácter comercial o económico de las personas que realizaron destinaciones aduaneras en el período consultado. En sus descargos agregó que la información solicitada se refiere a una operación de comercio exterior, la que tiene la calidad de información "no divulgada", por constituir secreto empresarial protegido por la ley N° 19.039 de Propiedad industrial y por el artículo 39 de los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, por tratase de información secreta y con valor comercial. 3) Que, el artículo 20 de la Ley de Transparencia, dispone que cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, en el plazo de dos días hábiles el órgano requerido debe comunicar a las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados. En el caso de marras, el órgano reclamado, indicó que por el elevado número de terceros en los años consultados, no procedió a dar los traslados conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, pues era inviable y materialmente imposible lograr su notificación en tan breve plazo, sin distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de dicha Ley. 4) Que, en atención al número de terceros potencialmente afectados con la información requerida, esto es, sobre un universo de 8.359 exportaciones y 159.929 importaciones entre los años 2014 y 2015, según consta en el literal 5° de lo expositivo, lo cual impidió que la reclamada diera curso al procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia, por ello, en virtud de la función que le confiere el artículo 33, letra m), de dicha Ley, este Consejo analizará si la entrega de la información afecta o puede afectar los derechos de las personas naturales y jurídicas, que efectuaron actividades de importación y exportación entre los meses de enero del año 2014 y septiembre del año 2015. 5) Que, al efecto, en conformidad a la normativa internacional de la que Chile es parte y de la legislación nacional que adecúo nuestro Sistema Jurídico a sus disposiciones, debemos analizar si la información que está siendo solicitada al SNA tiene la calidad de información "no divulgada" en razón del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 39 de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en sus siglas en inglés TRIPS y en español ADPIC, es decir si se trata de información secreta, si tiene valor comercial y si ha sido objeto de esfuerzos razonables para mantenerla secreta. Las referidas exigencias fueron recogidas en la legislación nacional a través de la ley N° 19.996, que modificó la ley N° 19.039, de propiedad industrial, para adecuar nuestro Ordenamiento Jurídico a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, la que en su artículo primero dispone que "Esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la protección de la información no divulgada". La referida protección a la información no divulgada se otorga, en concreto en nuestro país, a los secretos empresariales en cuyo concepto se recogen implícitamente los elementos constitutivos del concepto de información no divulgada que recoge la norma internacional, lo que no es obstáculo para verificar su concurrencia en el caso concreto. 6) Que, en los considerandos 15°, 16° y 17° de la decisión de amparo Rol A114-09, de 6 de julio de 2010, en la cual se solicitó información similar, asociada al nombre y RUT de empresas importadoras y exportadoras, ya se indicaron los requisitos que deben concurrir para estimar reservada la información asociada a la actividad de importación y exportación, y que ha sido ratificada por la profusa jurisprudencia de este Consejo, en el sentido de que si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, esa información debe: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). 7) Que, sobre la base de lo expuesto este Consejo entiende que la información solicitada y su vinculación con los restantes campos, constituye un bien económico estratégico, respecto del cual existen titulares que ejercen derechos de carácter comercial o económico, por corresponder al concepto internacionalmente aceptado de información no divulgada y, en concreto, al de secreto empresarial que recoge la legislación nacional, lo que exige a los órganos de la Administración del Estado otorgarle una protección adecuada para mantener ese carácter de secreto. Lo anterior, tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores, y en el derecho de propiedad, que se ejerce en este caso respecto de este cúmulo de información que es el objeto del secreto señalado, respectivamente contemplados en los numerales 21 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República. 8) Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que el precedente análisis e interpretación de la legislación nacional en correspondencia con los tratados internacionales de los que Chile es parte, manifiesta la particular preocupación de este Consejo por dar aplicación a las normas internacionales y a las de adecuación de aquéllas, con la finalidad de evitar la afectación del interés nacional, en particular, de las relaciones internacionales y de los intereses económicos o comerciales del país, según lo dispone el artículo 21 N° 4 y lo exige el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, en la medida que esos acuerdos internacionales contemplan obligaciones de confidencialidad a las que el Estado de Chile debe dar justo cumplimiento al adecuar su legislación, en especial cuando se trata de materias que afectan derechos de carácter comercial o económicos de los sujetos protegidos por éstas. 9) Que, al efecto, este Consejo estima que en el presente caso, resulta aplicable lo resuelto, entre otros, en los amparos A114-09, A 325-09 y C1015-15 entre otros, en el sentido que publicitar este tipo de información, asociada al nombre y RUT de las personas naturales y jurídicas que realizan destinaciones aduaneras, develaría aspectos estratégicos acerca del desarrollo de la actividad económica que ellas realizan, tales como el mercado especifico en que se desenvuelven internacionalmente, las importaciones de mercancías que realizan en un rubro determinado y los valores en los cuales las adquieren, antecedentes que constituyen un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico, y una posible afectación cuya divulgación podría afectar su capacidad competitiva, configurándose así, a juicio de este Consejo, los referidos tres requisitos exigidos para que los antecedente pedidos puedan afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica que se desenvuelve en este tipo de negocios. 10) Que, atendida la forma en la cual ha sido requerida la información, esto es, asociada al nombre y RUT de las personas naturales y jurídicas que ejercieron actividades de importación y exportación en un período determinada, existiendo en esta solicitud de acceso de información, por tanto titulares que ejercen derechos de carácter comercial o económico, que pueden resultar afectados con su divulgación, en virtud de la facultad conferida a este Consejo, por el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, y a lo razonado sostenidamente por este Consejo, en otros amparos con requerimientos similares, se tendrá por configurada la causal de secreto o reserva reconocida en el artículo 21 N° 2 de dicha Ley, lo que exige mantener su carácter de secreto, por lo que cabe rechazar el presente amparo. 11) Que finalmente, respecto de la solicitud de audiencia solicitada por la reclamada, cabe rechazar la misma, por ser suficientes los antecedentes existentes para la resolución de este amparo. Asimismo, se hace presente que este Consejo no se pronunciará en esta sede, respecto de la materia contenida en el escrito referido en el literal 6° de la parte expositivo, por exceder su contenido a la solicitud en la cual se funda el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Gianna Wilma Canales Rios, representada por don Fernando Antonio Vargas Olivares, en contra del Servicio Nacional de Aduanas, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de lo fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a doña Gianna Wilma Canales Rios, representada por don Fernando Antonio Vargas Olivares y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.