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DECISIÓN AMPARO ROL C220-16</p>
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Entidad pública: Superintendencia de Servicios Sanitarios.</p>
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Requirente: Claudio Silva Lizama.</p>
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Ingreso Consejo: 25.01.2016.</p>
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En sesión ordinaria N° 699 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de abril de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C220-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de diciembre de 2015, don Claudio Silva Lizama solicitó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, "información de los procesos tarifarios llevados a cabo por la SISS para el tercer, cuarto, quinto y sexto proceso tarifario (para compañías con proceso terminado) requiero de la siguiente información: estudio de intercambio empresa sanitaria (concesionaria) con todos los anexos y documentos que fundamentan el estudio. Estudio de intercambio SISS con todos los anexos y documentos que fundamentan el estudio. Discrepancias elaboradas por la empresa sanitaria. Respuesta a las discrepancias elaboradas por la SISS. Resolución de comisión de expertos (si aplica). Estimación del impacto de la resolución de expertos sobre tarifas estimada por la SISS. Estudio tarifario final. Lo anterior al menos para las siguientes empresas sanitarias: Aguas Andinas, Essbío, Esval, Nuevo Sur, Aguas Araucanía, Essal, Aguas del Valle, Smapa, Aguas Antofagasta, Aguas Cordillera, Aguas del Altiplano, Aguas Chañar, Aguas Magallanes, Aguas Decima, Aguas Patagonia De Aysén, Sembcorp, Aguas Chacabuco, Aguas San Pedro, Essi, San Isidro, Aguas Manquehue, Sembcorp, Aguas Lampa Melipilla Norte Coopagua, Sembcorp, Aguas Santiago".</p>
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2) RESPUESTA: El 22 de enero de 2016, la Superintendencia, respondió a dicho requerimiento de información, señalando que no es posible entregar lo solicitado dada la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 25 de enero de 2016, don Claudio Silva Lizama dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Servicios Sanitarios, mediante Oficio N° 1105, de 03 de febrero de 2016.</p>
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Al efecto, el órgano reclamado, por medio de ordinario N° 624, de fecha 18 de febrero del mismo año, invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, basado en los siguientes fundamentos:</p>
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a) Se trata de un requerimiento de carácter genérico, referido a un elevado número de actos administrativos, cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios de la División de Concesiones, de sus labores habituales más allá de lo razonable. En este sentido, se consideró que la denegación de información cumple plenamente con lo dispuesto en el artículo 7° N° 1, letra c), del Reglamento de la ley de Transparencia, puesto que la recopilación y sistematización de la documentación solicitada distrae a funcionarios de dicha División de sus funciones habituales, consistentes en calcular tarifas en los procesos que en la actualidad están en pleno desarrollo y que son los siguientes:</p>
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1. Estudio Tarifado ESSAL, para las regiones X y XIV, cuyo intercambio es el día 8 de marzo de 2016.</p>
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2. Estudio Tarifario Nuevosur, para la VII región, cuyo intercambio es el 15 de marzo de 2016.</p>
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3. Estudio Tarifario ESSBIO, para las regiones VI y VIII, cuyo intercambio es el día 17 de marzo de 2016.</p>
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4. Estudio Tarifario Aguas del Valle, para la IV región, cuyo intercambio es el día 14 de abril de 2016.</p>
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Asimismo, se debe agregar a la carga de trabajo que ya generan estos procesos, la elaboración de discrepancias y negociación directa con las siguientes empresas:</p>
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1. Estudio tarifario Servicio Municipal de Maipú SMAPA, Región Metropolitana: Estudio tarifario intercambiado el 22 de enero del 2016, el 21 de febrero se recibirán las discrepancias y el 7 de marzo termina el plazo para llegar a un acuerdo.</p>
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2. Estudio Tarifario Empresas Segunda Región Aguas Antofagasta-ECONSSA y Tratacal: Estudio tarifado intercambiado el 25 de enero del 2016, el 24 de febrero se recibirán las discrepancias y el 10 de marzo termina el plazo para llegar a un acuerdo.</p>
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b) Cada proceso tarifario se realiza cada cinco años, llevando a la fecha seis procesos terminados, a lo largo de 25 años. En este sentido, toda la información requerida debe ser multiplicada por el número de empresas involucradas, esto es, 25, lo cual, exige al órgano, de acuerdo al número de trabajadores de la División respectiva, un trabajo de entre 3 a 4 meses, para efectos de atender únicamente, la solicitud de información requerida. En tal sentido, y a modo de ejemplo, en el caso de una sola empresa en particular -Aguas Andinas S.A.-, en un solo proceso tarifario -el sexto-, hizo llegar 64 CD, cada uno conteniendo distintos aspectos del estudio desarrollados por la empresa, los que su vez contienen diversas carpetas y archivos con documentos, los que deben ser analizados para efectos de determinar la información a entregar.</p>
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c) Sin perjuicio de lo anterior, se ha podido recopilar la información del tercer proceso tarifario, que se encuentra a disposición del solicitante, en las dependencias de la Superintendencia, en un disco duro externo, para que sean grabados por el usuario, teniendo un peso aproximado de 34 GB.</p>
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5) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS (SARC): Esta Corporación determinó aplicar el Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC), solicitando a la reclamante, su pronunciamiento respecto a la información puesta a su disposición por el órgano.</p>
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Al respecto, por medio de correo electrónico, de fecha 14 de marzo del año en curso, el reclamante manifestó su disconformidad con la información entregada, puesto que lo recibido es sólo parte de la información solicitada.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega por parte del órgano, de información específica y sus anexos, relativa al tercer, cuarto, quinto y sexto proceso tarifario llevado a cabo por la SISS, en relación a 25 empresas determinadas, en la forma expuesta en el numeral 1°, de lo expositivo.</p>
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2) Que, el órgano reclamado ha invocado la causal de reserva del artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia asimismo, respecto de la cual, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad.</p>
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3) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".</p>
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4) Que, a fin de ponderar la causal de reserva invocada, resulta procedente atender al volumen, y origen de la información solicitada, y en dicho contexto, se advierte que para hacer entrega de lo requerido, sería necesario que el órgano, de acuerdo a lo expuesto en el numeral 4°, de lo expositivo, destine a su personal a realizar la búsqueda en forma manual, de una cantidad de información que aproximadamente le exigiría dedicarle entre tres a cuatro meses, dado que de cada proceso, debe extraer respecto de las 25 empresas en cuestión, el estudio de intercambio de las concesionarias con todos los anexos y documentos que fundamentan el estudio; estudio de intercambio SISS con todos los anexos y documentos que fundamentan el estudio; discrepancias elaboradas por la empresa sanitaria; respuesta a las discrepancias elaboradas por la SISS; resolución de comisión de expertos (si aplica); estimación del impacto de la resolución de expertos sobre tarifas estimada por la SISS; estudio tarifario final. Lo anterior, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que no cuentan con el personal suficiente ni las tecnologías de búsqueda, requiriendo un tiempo excesivo, como el referido precedentemente, lo cual llevaría a los funcionarios a no cumplir con sus labores habituales. En este sentido, para graficar lo anterior, la superintendencia precisó que respecto de una sola empresa en particular -Aguas Andinas S.A.-, y en un solo proceso tarifario -el sexto-, se deben analizar 64 CD, cada uno conteniendo distintos aspectos del estudio desarrollados por la empresa, los que su vez contienen diversas carpetas y archivos con documentos, los que deben ser analizados para efectos de determinar la información a entregar. A mayor abundamiento, la información referente únicamente al tercer proceso de tarificación, que se puso a disposición del requirente, comprende 34 GB de información, lo que no hace sino evidenciar la cantidad de información total que debe ser analizada para su posterior entrega.</p>
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5) Que, en este orden de ideas, el órgano refirió además, que dada la naturaleza y especificidad de lo requerido, los funcionarios capacitados para distinguir la información a entregar -División de Concesiones-, se encuentra dedicados actualmente a calcular tarifas en los procesos que están en pleno desarrollo y que son los siguientes: Estudio Tarifado ESSAL, para las regiones X y XIV; Estudio Tarifario Nuevosur, para la VII región; Estudio Tarifario ESSBIO, para las regiones VI y VIII; Estudio Tarifario Aguas del Valle, para la IV región. Asimismo, se debe agregar, la elaboración de discrepancias y negociación directa con las siguientes empresas: Estudio tarifario Servicio Municipal de Maipú SMAPA, Región Metropolitana: Estudio tarifario intercambiado el 22 de enero del 2016, el 21 de febrero se recibirán las discrepancias y el 7 de marzo termina el plazo para llegar a un acuerdo; y, Estudio Tarifario Empresas Segunda Región Aguas Antofagasta-ECONSSA y Tratacal: Estudio tarifado intercambiado el 25 de enero del 2016, el 24 de febrero se recibirán las discrepancias y el 10 de marzo termina el plazo para llegar a un acuerdo. En consecuencia, refiere el órgano, que hacer entrega de lo requerido, conlleva a distraer indebidamente a los funcionarios de sus funciones, como las recién singularizadas.</p>
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6) Que, atendido lo expuesto precedentemente, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en el presente caso, toda vez que el conjunto de actividades descritas en los considerandos precedentes, son de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás, todo lo cual en estricto apego a lo señalado en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, se SEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, en cuanto a que los órganos de la Administración del Estado se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.</p>
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7) Que, en consecuencia, y conforme con lo razonado precedentemente, se rechazará el presente amparo.</p>
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8) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo recomendará a la Superintendencia, que facilite el acceso a la información solicitada al requirente, en la medida que aquello no afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, tomando en cuenta además, su disposición en orden a hacer entrega de la información relativa al tercer proceso tarifario.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Claudio Silva Lizama en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, conforme lo expuesto precedentemente.</p>
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II. Recomendar al Sr. Superintendente de Servicios Sanitarios, facilitar el acceso a la información solicitada a don Claudio Silva Lizama, en la medida que aquello no afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, conforme lo expuesto en el considerando 8°, precedente.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Claudio Silva Lizama y al Sr. Superintendente de Servicios Sanitarios.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza, y por los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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