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DECISIÓN AMPARO ROL C276-16</p>
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Entidad pública: Superintendencia de Educación Escolar.</p>
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Requirente: Sergio Avedaño Guiñez.</p>
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Ingreso Consejo: 29.01.2016.</p>
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En sesión ordinaria N° 703 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de mayo de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C276-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de diciembre de 2015, don Sergio Avedaño Guiñez solicitó a la Superintendencia de Educación Escolar, copia de la denuncia CAS N° 35343 de fecha 21 de abril de 2015, incluyendo nombre del denunciante, interpuesta en contra de la sociedad educacional colegio Nueva España LTDA., que es la sostenedora del Colegio RBD N° 12.777-9.</p>
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2) RESPUESTA: El 20 de enero de 2016, la Superintendencia, respondió a dicho requerimiento de información, señalando que la solicitud versa sobre información relativa a una denuncia que dio origen a un proceso administrativo que se encuentra actualmente en curso, con recursos pendientes, sin ser resuelto de manera definitiva, razón por la cual, se configura en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 29 de enero de 2016, don Sergio Avedaño Guiñez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Educación, mediante Oficio N° 1311, de 11 de febrero de 2016.</p>
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a) Al efecto, el órgano reclamado, por medio de ordinario N° 221, de fecha 26 de febrero del mismo año, invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. En tal sentido, precisó que la denuncia solicitada, forma parte del procedimiento administrativo, el cual, actualmente fue objeto de un recurso de reclamación, cuya resolución se encuentra pendiente.</p>
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b) Aclara el órgano, que el procedimiento se inició por una denuncia, siendo el tema de ésta el "incumplimiento de obligaciones laborales (no pago de remuneraciones, cotizaciones, bonos, otros)", iniciándose una visita de fiscalización, derivada de la cual se formuló el siguiente cargo: "Establecimiento no cumple con la obligación de entregar información solicitada por el Ministerio de Educación, la Agencia o la Superintendencia", si bien la denuncia es la que origina la fiscalización, es necesario señalar que ésta no tiene ninguna relación con el cargo formulado, pues la materia de la denuncia dice relación con incumplimientos laborales, los que fue imposible fiscalizar, pues el establecimiento no hizo entrega de la documentación requerida en tres ocasiones, por lo que, es la conducta del sostenedor de impedir la acción fiscalizadora de la Superintendencia de Educación, y no la denuncia misma el hecho por el cual se formulan cargos.</p>
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c) Asimismo, indicó que dar a conocer dicha información ocasionaría una desconfianza en las personas que las realizan, causando un desincentivo para el ingreso de denuncias, generando un perjuicio a la ciudadanía por no poder detectar infracciones a la normativa educacional, lo que limitaría a priori sus facultades fiscalizadoras, pues desconocerían diversas situaciones que afectan los derechos y deberes en materia educacional, produciéndose así una afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano y al espíritu de la ley N° 20.529 denominada "Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización".</p>
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5) GESTION OFICIOSA: Este Consejo, mediante correo electrónico de fecha 18 de abril de 2016, para una mejor resolución, solicitó al órgano que enviara la denuncia solicitada en el presente amparo. Al efecto, con fecha 19 de abril del año en curso, el órgano envió el documento solicitado.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega por parte del órgano, de una denuncia determinada y el nombre de la persona que la interpuso, de acuerdo a lo expuesto en el numeral 1°, de la parte expositiva de la presente decisión. Al respecto, la reclamada indicó que dicho documento es constitutivo de un procedimiento sancionatorio pendiente, configurándose por tal motivo, la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, dado que lo solicitado corresponde, como se dijo, a un antecedente que forma parte de un procedimiento administrativo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, aquella información es de carácter público, salvo que concurra alguna causal de secreto o reserva.</p>
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3) Que, en este sentido, de acuerdo a la causal de reserva alegada por el órgano, contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas". A su vez, el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, señala que "se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios". Seguidamente, según la jurisprudencia de este Consejo -contenida, entre otras, en sus decisiones recaídas en los amparos Roles A12-09, A47-09, A79-09, C248-10 y C67-12- para configurar la causal de reserva indicada, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
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4) Que, de acuerdo a lo anterior, corresponde determinar si se verifican en la especie los criterios sentados por la jurisprudencia de esta Corporación. Así, en cuanto al primer requisito, este Consejo ha sostenido que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En la especie, lo anterior no se configura, por cuanto la denuncia solicitada no constituye el hecho que dio origen al actual procedimiento administrativo. En efecto, la denuncia en comento, tuvo por objeto el incumplimiento de obligaciones laborales, mientras que los cargos que dieron origen al procedimiento, dice relación con el incumplimiento del establecimiento con la obligación de entregar información solicitada por el Ministerio de Educación, la Agencia o la Superintendencia. En consecuencia, si bien la denuncia forma parte del expediente administrativo, con el único antecedente con que guarda una vinculación precisa de causalidad, es con la formulación de cargos, acto procesal que ya se llevó a cabo por el órgano fiscalizador dentro del procedimiento administrativo, no existiendo entonces, deliberación pendiente alguna.</p>
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5) Que, al no cumplirse con el requisito analizado en el considerando precedente, se desestimará la alegación del órgano, respecto a la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.</p>
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6) Que, en otro orden de ideas, respecto a la parte de la solicitud de información consistente en el nombre del denunciante, de acuerdo al criterio aplicado en los amparos Roles C520-09 y C302-10, que ante solicitudes de información referidas al nombre de las personas que han efectuado denuncias ante organismos públicos, cabe resguardar la identidad del denunciante, a fin de evitar que éstos se "(...) inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración, (...) realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias (...)" (considerando 7° de la decisión del amparo Rol 520-09). En efecto, la entrega de la identidad de los denunciantes puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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7) Que, en mérito de lo razonado en los considerandos anteriores, se acogerá parcialmente el presente amparo, ordenándose la entrega de la denuncia singularizada en el numeral 1°, de lo expositivo, tarjando los datos personales de contexto del denunciante -nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, cédula de identidad, entre otros-, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, como asimismo, toda otra información que la haga identificable.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Sergio Avedaño Guiñez en contra de la Superintendencia de Educación Escolar, según lo razonado en los considerandos precedentes.</p>
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II. Requerir al Sr. Superintendente de Educación Escolar lo siguiente:</p>
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a) Entregar don Sergio Avedaño Guiñez, la información solicitada en el numeral 1° de lo expositivo, esto es, copia de la denuncia CAS N° 35343 de fecha 21 de abril de 2015, interpuesta en contra de la sociedad educacional Colegio Nueva España LTDA., que es la sostenedora del Colegio RBD N° 12.777-9, tarjando los datos personales de contexto del denunciante -nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, cédula de identidad, entre otros-, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, como asimismo, toda otra información que la haga identificable.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente, en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Sergio Avedaño Guiñez y al Sr. Superintendente de Educación Escolar.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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