<p>
</p>
<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C343-16</p>
<p>
Entidad pública: Tesorería General de la República.</p>
<p>
Requirente: Cristián Bonacic Almarza.</p>
<p>
Ingreso Consejo: 04.02.2016.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 705 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de mayo de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C343-16.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de diciembre de 2015, don Cristián Bonacic Almarza, solicitó a la Tesorería General de la República, lo siguiente:</p>
<p>
a) Planilla Excel que contenga individualización de los números de roles de avalúo de bienes raíces especificando la respectiva comuna, que presenten saldos a favor del contribuyente por concepto de impuesto territorial pagado en exceso o indebidamente, según aparezca consignado en las correspondientes cuentas únicas tributarias o certificados de movimientos de deuda fiscal asociada a cada bien raíz;</p>
<p>
b) Indicación de los saldos a favor del contribuyente por cada rol de avalúo, por concepto de impuesto territorial pagado en exceso o indebidamente, según aparezca consignado en las correspondientes cuentas únicas tributarias o certificados de movimientos de deuda fiscal asociadas a cada bien raíz;</p>
<p>
c) Indicación de los propietarios de los señalados bienes raíces, según la información asociada a cada rol de avalúo.</p>
<p>
2) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante ordinario N° 11.969, de 29 de diciembre de 2015, la Tesorería solicitó al reclamante subsanar su solicitud de acceso, para efectos de precisar las comunas respecto de las cuales requiere la información, y el periodo de tiempo respectivo.</p>
<p>
El recurrente, mediante correo electrónico de 29 de diciembre de 2015, dio respuesta a dicho oficio, señalando que la información solicitada recae sobre todos los bienes raíces, cualquiera sea su comuna, que presentan saldos a favor de sus propietarios a esta fecha, esto es, al 29 de diciembre de 2015.</p>
<p>
De esta manera, la información requerida, es la siguiente:</p>
<p>
a) Planilla Excel que contenga individualización de todos los roles de avalúo de bienes raíces, según su número y especificando la respectiva comuna, que presenten saldos a favor del contribuyente por concepto de impuesto territorial pagado en exceso o indebidamente, según aparezca consignado en las correspondientes cuentas únicas tributarias o certificados de movimientos de deuda fiscal asociadas a cada bien raíz, a esta fecha, esto es, al 29 de diciembre de 2015;</p>
<p>
b) Indicación de los saldos a favor del contribuyente por cada rol de avalúo, por concepto de impuesto territorial pagado en exceso o indebidamente, según aparezca consignado en las correspondientes cuentas únicas tributarias o certificados de movimientos de deuda fiscal asociadas a cada bien raíz esta fecha, esto es, al 29 de diciembre de 2015;</p>
<p>
c) Indicación de los propietarios de los señalados bienes raíces, según la información asociada a cada rol de avalúo a esta fecha, esto es, al 29 de diciembre de 2015.</p>
<p>
3) RESPUESTA: Por medio de resolución exenta N° 55, de 11 de enero de 2016, el órgano indicó, en resumen, que:</p>
<p>
a) Para dar estricto cumplimiento a la normativa antes citada, procede se verifiquen diversas etapas, tales como la determinación del domicilio de los terceros afectados, efectuar la comunicación adjuntando copia del respectivo requerimiento y el despacho de las cartas certificadas; respecto de 913.652 contribuyentes titulares de los roles con saldo acreedor al 29 de diciembre de 2015, de acuerdo a lo informado por la Sección Administración Cuenta Única Tributaria. Lo anterior, sin perjuicio de efectuar análisis que permita detectar inconsistencias de registros o digitación en la cuenta única tributaria de dichos contribuyentes.</p>
<p>
b) Que, de acuerdo a los antecedentes y fundamentos expuestos respecto de la información solicitada, se configura la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la ley N° 20.285, toda vez que su publicidad, comunicación o conocimiento afecta el cumplimiento de las funciones del órgano requerido, al distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.</p>
<p>
c) Que, por otra parte, para acceder a la información referida a los saldos a favor que registren los titulares de los roles de avalúos, cabe tener presente, que solo pueden requerirse por éstos en forma presencial o por un mandatario o representante legal debidamente habilitado para tal efecto, de modo tal, que al no cumplirse con esta habilitación por el requirente de la información, resulta procedente invocar, la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, toda vez que su comunicación o conocimiento afecta los derechos de carácter comercial o económicos de estos contribuyentes.</p>
<p>
4) AMPARO: El 04 de febrero de 2016, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Tesorería General de la República, debido a la respuesta negativa a su solicitud de información.</p>
<p>
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Tesorero General de la República, mediante oficio N° 1450, de 17 de febrero de 2016.</p>
<p>
Al efecto, por medio de oficio N° 2617, de fecha 03 de marzo del año en curso, el órgano indicó en resumen, lo siguiente:</p>
<p>
a) Se configura la causal del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, por cuanto resulta evidente que la entrega de un listado con saldos a favor (créditos) que los contribuyentes tienen con el Fisco de Chile, puede afectar la esfera de su vida privada como sus derechos comerciales o económicos.</p>
<p>
b) En este sentido, si se accediera a la entrega de lo solicitado, esta información permitiría vincular a personas ciertas y determinadas con los bienes raíces que son de su propiedad, y ésta a su vez, con un crédito (en dinero) en contra del Fisco, lo que configuraría una intromisión a su vida privada o a sus derechos comerciales y económicos. Del mismo modo, al tratase de créditos que surgen por un doble pago, como aquella que se produce cuando el impuesto territorial es pagado tanto por el dueño como por el arrendatario. En este caso, se entregaría información respecto a vínculos contractuales o económicos que existe entre particulares, respecto de los cuales, no existe un interés público al respecto.</p>
<p>
c) Asimismo, se debe considerar que se solicita individualizar el nombre de los dueños de cada inmueble con créditos a su favor, lo que, de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, haría necesario notificar a los 913.652 titulares que actualmente detentan este tipo de saldos, lo que resulta imposible, dado su volumen, constituyendo dicha gestión, una distracción indebida al ejercicio de las funciones del órgano.</p>
<p>
d) En otro orden de ideas, se alegó también, la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, atendiendo a la cantidad de información y el análisis a efectuar. En tal sentido, como se dijo, la cantidad de roles que tienen un saldo acreedor asciende a 913.652, en todo el país, respecto de los cuales se piden los saldos netos por concepto de impuesto territorial, pagados en exceso o indebidamente. Sin embargo, para determinar si los pagos cumplen con estas características, se requiere de un análisis singular de cada uno de los casos, y de su documentación, lo que evidentemente imposibilita la entrega de la información, ya que un funcionario de la Tesorería, debiera dedicarse a analizar los 913.652 roles de avalúo, a fin de determinar los motivos que originaron los mismos, por ejemplo, por doble pago, rebaja del avalúo, pago indebido o en exceso, etc.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de información relativa a los nombres de los propietarios y roles de avalúo, que presenten saldos a favor por concepto de impuesto territorial pagado en exceso o indebidamente, al 29 de diciembre de 2015, especificando el monto de cada uno, de acuerdo a lo expuesto en el numeral 1°, de la parte expositiva de la presente decisión.</p>
<p>
2) Que, a juicio de este Consejo, el hecho de dar a conocer los roles de avalúos asociados a un saldo a favor por concepto de impuesto territorial, como asimismo, la publicación de la cuantía de estos y el nombre de los acreedores, constituye una intromisión a la situación patrimonial de cada una de las 913.652 personas que se encuentran en esta hipótesis. En efecto, el saldo a favor al cual se hace referencia, constituye una suma de dinero cuyos titulares tienen derecho a recibir, y en tal caso, éstas no se encuentran obligados a soportar la carga de exponer su patrimonio o parte de él, al escrutinio público, por cuanto éste no responde a una carga pública, encontrándose entonces, ajeno a la necesidad de un control social.</p>
<p>
3) Que, en este sentido, lo requerido corresponde a información consistente en datos de carácter personal, en los términos dispuestos por el literal f) del artículo 2° de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, toda vez que tal información supone como se dijo, divulgar información patrimonial de determinadas personas.</p>
<p>
4) Que, por su parte, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas". En tal sentido, no existe en este amparo, consentimiento de las personas cuyos nombres son solicitados, habida cuenta del número de beneficiados al efecto -913.652-.</p>
<p>
5) Que, por otra parte, según establece el artículo 20 de la ley N° 19.628, los organismos públicos sólo podrán tratar datos personales sin el consentimiento de su titular, respecto de las materias propias de su competencia y con sujeción a las reglas establecidas por dicho cuerpo legal, entre las que se contempla la prevista en el inciso primero de su artículo 9°, que regula el principio de finalidad que rige la protección de datos personales en los siguientes términos, a saber: "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". De esta manera, ha de colegirse que, en el presente caso, el almacenamiento de datos personales realizado por la Tesorería General de la República se encuentra autorizado por el citado artículo 20, sin que resulte procedente la comunicación de tales datos para fines diversos al consignado, como ocurre en la especie.</p>
<p>
6) Que, de igual forma, resulta aplicable en la especie el deber de secreto previsto en el artículo 7° de la citada ley N° 19.628, según el cual "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo", por cuanto no se observa que la información solicitada haya sido recolectada por la Tesorería General de la República de una fuente accesible al público.</p>
<p>
7) Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, conforme lo dispuesto en el artículo 33, letras j) y m), de la Ley de Transparencia, que imponen a este Consejo, respectivamente, el deber de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter secreto o reservado y, el velar también por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, no puede entregarse la información requerida en los términos solicitados, por resultar aplicable la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
8) Que, habiéndose resuelto el presente amparo, reservándose la información de conformidad a lo visto en los considerandos anteriores, resulta inoficioso para este Consejo, referirse al resto de las causales invocadas por el órgano reclamado.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Rechazar el amparo deducido por don Cristián Bonacic Almarza, en contra de la Tesorería General de la República, por haberse configurado la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, conforme los fundamentos señalados precedentemente.</p>
<p>
II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Cristián Bonacic Almarza y al Sr. Tesorero General de la República.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
<p>
</p>