Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C426-16

Reclamante:	N. N.
Reclamado:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI)
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, fundado en que se otorgó respuesta parcial a una solicitud de información referente a: a) Identificación del o los denunciantes de hechos acaecidos en el jardín infantil que indica, que dio origen a la fiscalización de 19 de noviembre de 2015. b) Descripción detallada de los hechos denunciados, esto es, día, lugar, hora aproximada, niño o niños afectados, y descripción de los hechos que constituyen "malos tratos". El Consejo rechaza el amparo, por concurrir las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/16/2016
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C520-09 C1511-13 C2662-14
Jurisprudencia a:	C7767-19 C1288-16 C7768-19 C7093-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial; Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C426-16 Entidad pública: Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) Requirente: N.N. Ingreso Consejo: 11.02.2016 En sesión ordinaria N° 703 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de mayo de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C426-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de enero de 2016, la parte solicitante, debidamente representada, solicitó a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en adelante e indistintamente JUNJI, la siguiente información: a) Identificación del o los denunciantes de hechos acaecidos en el jardín infantil que indica, que dio origen a la fiscalización de 19 de noviembre de 2015. b) Descripción detallada de los hechos denunciados, esto es, día, lugar, hora aproximada, niño o niños afectados, y descripción de los hechos que constituyen "malos tratos". 2) RESPUESTA: El 8 de febrero de 2016, la JUNJI respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio ordinario N° 015/0390 de 5 de febrero de 2016, señalando, en síntesis, que: a) Se recibió un reclamo en la fecha que indica en el cual se registró una denuncia sobre lo solicitado, dando origen a la fiscalización que se señala en el requerimiento de información. Se entrega la denuncia realizada, en la cual la parte denunciante solicita el anonimato por motivos de seguridad. b) Respecto de la solicitud de identificación de los denunciantes, en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia se procedió a derivar el requerimiento al tercero afectado, quien no ejerció su oposición. Al margen de ello, se deniega la entrega de la información por cuanto se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. c) En lo que respecta a esta causal, la comunicación a la parte requirente del nombre de la persona que denuncia o de cualquier información de la denuncia o reclamo - que en este caso específico hacen identificable a la persona que denuncia - afecta el debido cumplimiento de las funciones del servicio, por cuanto podría inhibir futuras denuncias o reclamos, lo que perturbaría el debido y adecuado cumplimiento de las funciones de la institución, como lo es el deber del servicio de supervigilar a los jardines infantiles. d) En relación a lo anterior, la JUNJI está llamada por ley a cautelar el buen trato de los niños y niñas que asisten a establecimientos particulares, como aquellos que el servicio administra directamente, ya sea mediante la aplicación de instrumentos como la pauta de control normativo destinada a otorgar autorización normativa, o bien la búsqueda de responsabilidad administrativa en funcionarios que no cumplan con los deberes y obligaciones que señala el Estatuto Administrativo. e) Adicionalmente, cabe mencionar que la entrega de los nombres de los denunciantes requeridos contraviene lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre protección a la vida privada, la cual alude a la protección de datos de carácter personal, y al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Al respecto, el o la denunciante proporciona sus antecedentes para efectos de recibir respuesta a su reclamo, por lo tanto, su información personal fue obtenida de una fuente no accesible al público, en conformidad con las normas de la ley N° 19.628, ya que su objeto es poder recibir respuesta del servicio y no la publicidad de dicho antecedente, ni la cesión de éstos a un tercero. En el mismo sentido, el dato solicitado ha sido obtenido del propio interesado, y no de un registro de libre acceso al público por lo que sólo pueden tratarse al interior de la institución, y para los fines específicos que motivaron su entrega. f) El artículo 4 de la ley N° 19.628 señala que la persona que autoriza el tratamiento de datos, debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público, lo que en el caso concreto no acontece. g) En este mismo sentido, el Consejo para la Transparencia en su decisión de amparo C1511-13, ha indicado que "resulta pertinente consignar que la vinculación entre la identidad (constituida en este caso por el nombre, apellido, domicilio, teléfono y correo electrónico) de las personas (...), constituye un dato personal del cual dichas personas son respectivamente titulares y, en tal carácter, se encuentran amparadas por la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal.". 3) AMPARO: El 11 de febrero de 2016, la parte reclamante, debidamente representada, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que sólo se le remitió información parcial de los antecedentes solicitados. 4) SUBSANACIÓN DE AMPARO: Revisada la reclamación presentada, se advirtió que se acompañó copia simple de escritura pública de mandato judicial de manera incompleta. Por lo anterior, esta Corporación, mediante Oficio N° 001677 de 26 de febrero de 2016, solicitó al representante de la parte reclamante subsanar su amparo en orden a acompañar copia íntegra del mandato judicial conferido por la parte reclamante, en la cual figure la facultad de comparecer en esta instancia. Por correo electrónico de 1 de marzo de 2016, el representante de la parte reclamante dio cumplimiento a lo ordenado. Con dicho antecedente se tuvo por subsanado el presente amparo. 5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante oficio N° 002105 de 10 de marzo de 2016. Mediante Of. Ord. 015/0715 de 22 de marzo de 2016, la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que: a) El servicio estimó que existían derechos de terceros que podrían verse afectados, por lo que se comunicó a quien realizó la denuncia, mediante Oficio Ordinario N°015/222 de 26 de enero de 2016, su derecho de oposición. b) Se analizó la solicitud y se ponderó el derecho a la información en contraposición a la protección de datos personales, debiendo no perder de vista como la entrega de la información requerida podía entorpecer una de las funciones propias y más relevantes del servicio, como lo es el deber de supervigilar a los jardines infantiles. Asimismo se tuvo en consideración el hecho de no haberse ejercido el derecho de oposición por parte de quien hizo el reclamo. Del resultado del análisis realizado, se concluyó que la entrega de la información del denunciante afecta el debido cumplimiento de las funciones del servicio, en el sentido que podría ocurrir que exista la posibilidad de que los denunciantes se inhiban de realizar este tipo de denuncias ante el temor a represalias por parte de un acusado. Lo anterior implicaría limitar la intervención y control de la JUNJI que consiste en velar por la seguridad, integridad y óptimas condiciones de los niños y niñas, y de los establecimientos a los cuales asisten, sean de carácter público o privado, y que se refrenda con las 13 mil atenciones anuales que realiza el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC) de la Región Metropolitana. c) El único mecanismo con el que cuenta la JUNJI para supervigilar los jardines infantiles particulares es la aplicación de pautas de fiscalización o control normativo, las que se originan de oficio por el servicio o a partir de algún reclamo o denuncia que ingrese a la repartición. En ese sentido, la intervención de la JUNJI en ese tipo de problemáticas es clave para salvaguardar la integridad de los niños y niñas, y de esta forma propender a las políticas de buen trato, y mejoras sustanciales en la calidad de la atención para ellos, la cual forma parte de la principal función como órgano de la administración del estado. d) En relación a los derechos de terceros, éstos se podrían ver afectados por cuanto quien realizó el reclamo respectivo pidió expresamente que su denuncia fuera anónima por motivos de seguridad. 6) AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: El Consejo acordó conferir traslado del amparo a la parte tercera interesada, lo que realizó por medio del Oficio N° 003089 de 30 de marzo de 2016. A la fecha, dicho traslado conferido no ha sido evacuado. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo es la entrega de la identificación del o los denunciantes de hechos acaecidos en un jardín infantil, y la descripción detallada de los hechos denunciados, es decir, el día, lugar, hora aproximada, niño o niños afectados, y la descripción de los hechos que constituyen malos tratos. 2) Que, respecto de lo solicitado en el literal a) del requerimiento de acceso a la información, es decir, la identificación del o los denunciantes de hechos acaecidos en un jardín infantil, cabe señalar que conforme a lo razonado por este Consejo, a partir de la decisión Rol C520-09, procede reservar el nombre de las personas que han efectuado denuncias ante organismos públicos a fin cautelar su seguridad y vida privada, y, además, evitando con ello que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta, y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano. A la luz del criterio expuesto precedentemente, se rechazará el presente amparo en este punto, en virtud de las causales de reserva consagradas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. 3) Que, en relación a lo solicitado en el literal b) de la solicitud de acceso a la información, es decir, la descripción detallada de los hechos denunciados, indicando el día, lugar, hora aproximada, niño o niños afectados, y las descripción de los hechos que constituyen malos tratos, la reclamada entregó la denuncia formulada ante sí. Al respecto, cabe señalar que la información solicitada forma parte de aquella que la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada identifica como datos personales. Lo anterior, por cuanto trata de "(...) información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables" (artículo 2° letra f) del citado cuerpo legal). En tal sentido, el punto 3.1 de la Recomendación de este Consejo sobre Protección de Datos Personales por parte de la Administración del Estado, señala que se entiende por identificable "toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, por ejemplo, mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social (por ejemplo: Run/Rut, número de cuenta corriente, domicilio, número telefónico, etc.) (...)". 4) Que, siendo los antecedentes consultados datos personales de sus titulares, y no constando en el procedimiento de acceso a la información en análisis, que hayan prestado su anuencia a la entrega de su identidad u otros datos personales que pueden estar contenidos en los registros que obren en poder de la reclamada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, ni tampoco que exista un interés público prevalente que justifique la divulgación de los datos personales requeridos, este Consejo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, el cual dispone que esta Corporación deberá "velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración de Estado", rechazará el presente amparo en este punto, por resultar aplicable la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 5) Que, refrenda lo antes resuelto, la especial protección que nuestro sistema jurídico otorga a los menores de edad. En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Convención de Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el año 1990, "1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. / 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques". Luego, la protección del interés superior del niño supone un especial cuidado en el tratamiento de todo antecedente que forme parte de su esfera íntima. 6) Que, en tal sentido, cabe además tener presente lo ya resuelto por esta Consejo en la decisión recaída en el amparo Rol C2662-14. En dicha decisión, se razonó que "la información sobre datos personales de un menor de edad (...) no podrá ser tratada si no es en conformidad con las reglas y principios del tratamiento de datos en su aplicación a los calificados como sensibles, entendidos como aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas, o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". En consecuencia, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10° de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada "No pueden ser objeto de tratamiento (...) salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular [representante legal] o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares", circunstancia que refuerza el rechazo del presente amparo en este punto. 7) Que, en concordancia con lo resuelto, este Consejo representará a la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en lo resolutivo de la presente decisión, el haber entregado la denuncia formulada que dio origen a la fiscalización de 19 de noviembre de 2015, por cuanto la publicidad de dicha información podría provocar un perjuicio a los sujetos titulares de los derechos eventualmente vulnerados, que se exponen en el requerimiento, en la especie menores de edad. 8) Que, por último, atendido que la revelación de la identidad de la parte requirente da cuenta de la circunstancia de que fue denunciada ante la JUNJI por hechos que constituirían malos tratos a menores de edad, conforme con lo dispuesto en el artículo 33 , letra m), de la Ley de Transparencia, este Consejo estima que dicho dato debe ser protegido, por lo cual se mantendrá en reserva su identidad en la presente decisión, disponiéndose además el resguardo de dicha identidad en los registros internos de este Consejo y en la información sobre procesos en curso disponible en la página web de esta Corporación. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por la parte requirente en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por concurrir las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Representar la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles el haber entregado la denuncia formulada que dio origen a la fiscalización de 19 de noviembre de 2015, por cuanto la publicidad de dicha información podría provocar un perjuicio a los sujetos titulares de los derechos eventualmente vulnerados, que se exponen en el requerimiento, en la especie menores de edad. III. Encomendar al Director de Operaciones y Sistemas de este Consejo adoptar las medidas que resulten necesarias respecto de las bases de datos que obran en poder de esta Corporación para evitar la publicidad, comunicación o conocimiento de la identidad de la parte reclamante del presente amparo. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la parte reclamante, a la parte denunciante, en su calidad de tercero interesado, y a la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.