Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C465-16

Reclamante:	ARMANDO ROMERO BAEZ BÁEZ
Reclamado:	SUBSECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia, fundado en que no se respondió los solicitado referente a: a) Propuesta del Gobierno Mesa de Alto Nivel b) Observaciones del INDH y el ACNUDH c) Observaciones del Comando Unitario y CNEXPPSA d) Las actas de las reuniones de la Mesa de Alto Nivel; entre otros. El Consejo rechaza el amparo, por cuanto respecto del literal a), se tuvo por entregada la información; respecto de los literales b), c) d), f) y j), se tuvo por contestada la solicitud; respecto de los literales e), h) e i), lo requerido no obra en su poder; y, respecto del literal g), por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/12/2016
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:	C628-16
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Concursos públicos >> Del Estatuto Administrativo y otros especiales
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C465-16 Entidad pública: Subsecretaría General de la Presidencia Requirente: Armando Romero Báez Ingreso Consejo: 15.02.2016 En sesión ordinaria N° 703 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de mayo de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C465-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 y el 27 de enero de 2016, don Armando Romero Báez solicitó a la Subsecretaría General de la Presidencia la siguiente información, que para efectos de orden y por cuanto ambas fueron objeto del presente amparo, se tratarán conjuntamente: a) Propuesta del Gobierno Mesa de Alto Nivel b) Observaciones del INDH y el ACNUDH c) Observaciones del Comando Unitario y CNEXPPSA d) Las actas de las reuniones de la Mesa de Alto Nivel e) Se solicita información detallada de las reuniones sostenidas por la Subsecretaria Patricia Silva Meléndez chilena, casada, abogada, Cédula de Identidad que indica, sus asesores y equipo jurídico, referida al tema de las demandas de reparación de los ex presos políticos. f) Se solicita los informes jurídicos y las actas de reuniones, relacionadas con la Mesa de Alto Nivel. g) Se solicita copia de los oficios recibidos/enviados relacionados con la Ley Valech. h) Se solicita el informe final enviado a la Presidenta Michelle Bachelet, referido a las negociaciones con las organizaciones de ex presos políticos. i) Se solicita copia de los oficios pertinentes, del Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior. j) Se solicita copia del informe final de las comisiones de la Mesa de Alto Nivel. 2) RESPUESTA: El 15 de febrero de 2016, la Subsecretaría General de la Presidencia respondió a dicho requerimiento de información mediante Ord. N° 263 de 12 de febrero de 2016, señalando, en síntesis, que: a) Respecto de la propuesta del gobierno de la Mesa de Alto Nivel, cabe remitirse a lo establecido a este respecto en la carta de cierre de la Mesa de Alto Nivel de monseñor Alejandro Goic, quien la presidía: "Por su parte, el Gobierno ha hecho presente que su oferta en cuanto a mejorar las pensiones e indemnizaciones reparatorias, es lo máximo que actualmente puede otorgar en estos aspectos, sin cerrar por lo tanto la eventualidad de que en el futuro ella pueda ser complementada o mejorada. El Gobierno deja constancia que en otros aspectos de las demandas debatidas en el contexto de la Mesa de Trabajo se han dispuesto mejorías y que una vez que esté operando la Subsecretaría de Derechos Humanos, ellas y otras podrían ser eventualmente reconsideradas para beneficio de las víctimas y sus familiares. La oferta gubernamental en cuanto a pensiones consiste en un incremento vitalicio de $50.000 a la pensión, desde cumplidos los 65 años de edad. O en una indemnización que consiste en un bono reparatorio, de entre 3.000.0000 (sic) y 10.000.000, según rangos etarios (cuadro I) pagadero en cuotas anuales, como especifica el cuadro II (ambos cuadros en página siguiente):". Se adjunta un primer cuadro con el cálculo del bono reparatorio y un segundo cuadro con el cálculo de cuota según edad. Finalmente señala que en el Marco de la Mesa Alto Nivel, sus conclusiones fueron debatidas por la asamblea y rechazadas por la mayoría de los participantes de dicha mesa, por lo que no se llegó a un acuerdo ni propuesta de la Mesa de Alto Nivel. b) En relación a lo solicitado en los literales b), c) d), f) y j) del requerimiento de acceso a la información, cabe señalar que lo solicitado no se encuentra en alguna de las categorías que establecen los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia, no obrando en poder del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en adelante e indistintamente MINSEGPRES. En virtud de lo cual, considerando que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública formó parte activa de la Mesa de Alto Nivel, particularmente a través de su Programa de Derechos Humanos, y perteneciendo a dicho programa los respectivos secretarios de actas, se procedió a derivar a dicho Ministerio los requerimientos de información precedentemente singularizados. c) Respecto de lo solicitado en el literal e), se indica que las autoridades no tienen obligación de registrar las reuniones internas que realizan junto a sus asesores y equipo jurídico, siendo discrecional su convocación así como los contenidos en ellas tratados, por lo que la información solicitada no obra en poder del Ministerio. d) En relación a lo requerido en el literal g), se indica que pese a señalarse en forma general la materia a que se refiere el requerimiento, no se proporciona ningún antecedente que permita establecer la fecha o época en que los oficios sobre dicha materia habrían tenido lugar, careciendo aquel de especificidad respecto de las características esenciales de la información, motivo por el cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, constituye un requerimiento de carácter genérico, cuya atención distrae a los funcionarios ministeriales del cumplimiento regular de sus labores, atendida la labor de búsqueda de la totalidad de los oficios que tuvieron lugar en un horizonte de tiempo indeterminado, lo que configura la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. e) Respecto del literal h), considerando lo informado respecto del literal a), cabe indicar que no existe un informe final enviado a la Presidenta de le República, Sra. Michelle Bachelet Jeria. f) En relación al literal i), se señala que considerando lo informado respecto del requerimiento del literal a), se informa que no existen oficios enviados al Ministerio de Hacienda, e Interior y Seguridad Pública. 3) AMPARO: El 15 de febrero de 2016, don Armando Romero Báez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Desarrollo Social, fundado en que no se respondió a lo solicitado. Además, hizo presente que: a) La denegación de la información por parte de la autoridad resulta inconstitucional e ilegal, para lo cual invoca diversa normativa nacional e internacional. b) Solicita requerir mediante oficio a la autoridad la siguiente información necesaria para la adecuada resolución del asunto sometido a su conocimiento: copia de los correos electrónicos, minutas, actas y todo otro antecedente o documento que haya sido elaborado o enviado o recibido por parte del Ministerio. 4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN DE AMPARO: Mediante oficio N° 001919 de 3 de marzo de 2016, este Consejo solicitó al reclamante subsanar su amparo, a fin que: a) Aclare el órgano contra el cual dirige su amparo; b) Aclare la infracción cometida por el órgano reclamado, señalando si se funda en falta de repuesta o en la denegación de acceso a su requerimiento; c) En caso de tratarse de un amparo por denegación de acceso, señale si fue informado sobre la derivación de todo o parte de su solicitud, indicando las razones por las cuales el órgano reclamado sería competente para conocer de dichos requerimientos de información; d) Remita copia íntegra del o los comprobantes de ingreso de las solicitudes de información que dan origen al presente amparo; e) Acompañe copia íntegra de la respuesta entregada por el órgano recurrido, junto con los antecedentes anexos a ella y los que acrediten la fecha en que le fue notificada. El recurrente, mediante correo electrónico de fecha 5 de marzo de 2016, subsanó su amparo aclarando que el órgano de la Administración contra quien dirige su amparo es la Subsecretaría General de la Presidencia. Acompañó copia de la respuesta del organismo referido contenida en el Ord. N° 263 de 12 de febrero de 2016, señalando que por medio de ésta se denegó el acceso a los dos requerimientos. 5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria General de la Presidencia mediante oficio N° 002091 de 10 de marzo de 2016. Mediante Ord. N° 401 de 24 de marzo de 2016, la Sra. Subsecretaria General de la Presidencia presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que: a) A modo de contexto, se informa que durante abril y mayo de 2015, un grupo de ex presos políticos llevó a cabo una huelga de hambre en la ciudad de Rancagua, con el fin de demostrar su descontento respecto a su situación económica y a las compensaciones que el Estado de Chile les ha otorgado en razón de haber sufrido persecución política. En dicho escenario, el gobierno llegó a un acuerdo con los manifestantes comprometiéndose a la conformación de una mesa de diálogo sobre el tema. Así se conformó la "Mesa de Alto Nivel", en la cual participaron representantes de los Ministerios de Interior y Seguridad Pública, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Desarrollo Social; representantes de ambas cámaras; representantes de los ex presos políticos, y que fue presidida por Monseñor Alejandro Goic. b) Las discusiones y las deliberaciones de dicha Mesa fueron consignadas en actas que se levantaron de las sesiones que se llevaron a cabo. Fueron funcionarios del equipo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quienes tomaron acta de las reuniones efectuadas. Al respecto, la información solicitada dice relación con esta Mesa de Alto Nivel. c) En relación a lo solicitado en el literal a), se respondió citando la carta de cierre de la Mesa, información que obra en poder de la Subsecretaría. Se indicó que no existía una propuesta final de la Mesa de Alto Nivel, debido a que los participantes no llegaron a un acuerdo, no existiendo por tanto un informe o propuesta final. d) En cuanto a las materias requeridas en los literales b), c) d), f) y j), éstas se derivaron al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Para ello se tuvo en cuenta que la información no obraba en poder de MINSEGPRES ni fue elaborada por éste, no constando en soporte alguno que se encuentre dentro de su esfera de control. Ello por cuanto si bien una de sus autoridades participó en la Mesa de Alto Nivel, éste no es el organismo que ha llevado adelante su funcionamiento, no existiendo por tanto en poder del Ministerio lo requerido. Luego, considerando que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública formó parte activa de la Mesa de Alto Nivel, particularmente a través su Programa de Derechos Humanos, perteneciendo a este último los respectivos secretarios de actas de la Mesa, se procedió a derivar tales solicitudes a dicha Secretaría de Estado. e) Lo mismo cabe para las observaciones del INDH, ACNUDH, Comando Unitario y CNEXPPSA realizadas durante la Mesa. Ello por cuanto las observaciones planteadas por tales entes constan en las respectivas actas, precisamente porque éstos son los documentos que registraron la participación de todos los organismos y personas que formaron parte de la Mesa de Alto Nivel. Así, al derivar la solicitud respecto de las actas, se hacía lógico derivarla también respecto de estas dos informaciones, ya que se encontraban contenidas dichos documentos. f) Respecto a los informes jurídicos y las actas de reuniones relacionadas con la Mesa de Alto Nivel, e informes de la Mesa de Alto Nivel, se aplicó el mismo criterio indicado. g) En cuanto a la información detallada de las reuniones sostenidas por la Subsecretaría General de la Presidencia, sus asesores y equipo jurídico, referida al tema de las demandas de reparación de los ex presos políticos, se reiteró que dicha información no obra en poder del Ministerio. Por lo demás, si el requirente quisiera consultar las audiencias que realiza la Subsecretaría bajo la ley de lobby, podría consultarlas directamente en el link: https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/AF001/audiencias. h) En cuanto a los oficios recibidos y enviados relacionados con la Ley Valech, se invocó la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por cuanto se trata de una solicitud de carácter genérico. Debe tenerse presente que la ley N° 19.992 que establece Pensión de Reparación y otorga otros Beneficios a favor de la Persona que indica (Ley Valech) entró en vigencia el 17 de diciembre de 2004, lo que implica que ha regido por 11 años. Además se han creado varias comisiones a su amparo. Debe considerarse que los oficios son documentación administrativa de ordinario despacho, expidiéndose una gran cantidad de ellos al día por parte del Ministerio. i) Por ello, para evaluar la causal invocada debe dimensionarse una ingente cantidad de información, por lo que tratar de abordar esta solicitud sería imposible, debido a que requeriría tal cantidad de recursos que se afectaría el debido funcionamiento del Ministerio. j) Respecto al informe final enviado a la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet, referido a las negociaciones con las organizaciones de ex presos políticos, cabe señalar que la Mesa de Alto Nivel no llegó a acuerdo ni a propuesta final alguna debido a que la mayoría de sus participantes no estuvieron de acuerdo con las conclusiones a las que se arribó en el debate. Así, debido a que tal información no obra en poder de MINSEGPRES, no fue posible acceder a lo solicitado. k) En relación a los oficios pertinentes de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda, no se entregó dicha información debido a que ella no existe. No se enviaron oficios a dichas reparticiones por parte de la Subsecretaría General de la Presidencia sobra las materias referidas. 6) GESTIONES OFICIOSAS: Este Consejo efectuó las siguientes gestiones oficiosas: a) Por medio de correo electrónico de 4 de abril de 2016, esta Corporación solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad pública lo siguiente: a) Confirmar que los literales b), c) d), f) y j) de la solicitud de acceso a la información, fueron derivadas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública; b) En caso afirmativo, señalar la fecha en que fueron recibidas las derivaciones en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y señalar si éstas fueron respondidas al solicitante; c) En caso que se haya respondido al requirente, remitir por esta vía dichas respuestas. Mediante correo electrónico de la misma fecha, la Subsecretaría del Interior respondió el requerimiento, adjuntando la siguiente documentación: i) Ord. N° 5.552 de 15 de marzo de 2016, que contiene la respuesta de la Subsecretaría del Interior al requirente. De éste se colige que el 19 de febrero de 2016, se recibió en la Subsecretaría del Interior la derivación del requerimiento de acceso a la información. ii) Copia de las 7 actas entregadas al solicitante, según lo requerido en el literal d) de la solicitud de acceso a la información. b) Por medio de correo electrónico de 5 de abril de 2016, este Consejo solicitó a la Subsecretaría General de la Presidencia lo siguiente: a) Señalar la fecha de derivación de los literales b), c) y d) de la solicitud al Ministerio del Interior y Seguridad Pública; b) Respecto de lo solicitado en el literal e), señalar si posee dicha información, y en el evento que no la posea, señalarlo expresa y fundadamente; c) En relación a lo solicitado en el literal f), señalar si posee lo requerido sobre los informes jurídicos relacionados con la Mesa de Alto Nivel, y en el evento que no los posea, señalarlo expresa y fundadamente, y señalar si posee lo requerido sobre las actas de reuniones relacionadas con la mesa de alto nivel, y en el evento que no las posea, señalarlo expresa y fundadamente; d) Respecto de lo solicitado en el literal h), señalar si posee dicha información, y en el evento que no la posea, señalarlo expresa y fundadamente; e) En relación a lo requerido en el literal g), señalar cuál es el volumen de la documentación y cuánto tiempo se demoraría en encontrarla y sistematizarla, para que quede en estado de entregarse al requirente; f) Respecto de lo requerido en el literal i), señalar si posee dicha información, entendiendo por ésta aquellos oficios que pudieran haber sido remitidos por la Subsecretaría General de la Presidencia a dichos Ministerios o viceversa, referidos a la Mesa de Alto Nivel, y en el evento que no posea la información requerida, señalarlo expresa y fundadamente; g) Señalar la fecha de derivación de los literales f) y j) al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por medio de correo electrónico de 8 de abril de 2016, la Subsecretaría General de la Presidencia respondió el requerimiento, señalando en síntesis, lo siguiente: i) Los requerimientos de los literales b), c), d), f) y j), fueron derivados mediante Oficio D.J.L N° 264, de 15 de febrero de 2016. ii) Respecto de lo solicitado en el literal e), se reitera lo informado previamente en el sentido de que la información solicitada no obra en poder del Ministerio. Lo anterior, por cuanto el trabajo que realiza la Subsecretaria General de la Presidencia con sus asesores y equipo jurídico no se registra formalmente, ya que reuniones de esta índole se realizan permanentemente de acuerdo a las contingencias y forman parte del diario trabajo al interior del Ministerio. iii) En relación a lo requerido en el literal f), el Ministerio no elaboró ni posee informes jurídicos relacionados con la Mesa de Alto Nivel. En efecto, no fueron necesarios informes jurídicos por parte del Ministerio para el desarrollo de su labor en la Mesa de Alto Nivel. Este Ministerio derivó su solicitud al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, considerando que dada su participación en la Mesa de Alto Nivel, eventualmente podrían tener informes jurídicos al respecto. Lo anterior es reforzado con que no existe obligación normativa que mandate en tal sentido. Asimismo, se reitera lo informado previamente en el sentido que el Ministerio no posee las actas de reuniones de la Mesa de Alto Nivel, como tampoco actas relacionadas a las subcomisiones que se crearon al interior de ella. A mayor abundamiento, tampoco existen actas de reuniones de la Subsecretaria General de la Presidencia con sus asesores y equipos jurídicos. iv) En relación a lo requerido en el literal g), cabe señalar que mediante decreto supremo N° 1040, publicado en el diario oficial el 11 de noviembre de 2003, se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para el Esclarecimiento de la Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos en Chile. El 24 de diciembre de 2004 se publicó en el diario oficial la ley N° 19.992, que Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a Favor de las Personas que indica, más conocida como Ley Valech, que consideró el trabajo de la precitada comisión. v) En este contexto, sólo considerando los oficios enviados desde MINSEGPRES, cabe informar que a contar del año 2003 a la fecha el Ministerio ha enviado alrededor de 1.600 oficios a terceros, entre los que se cuentan particulares y autoridades y órganos del Estado. Dichos oficios se encuentran en dependencias de la oficina de parte del Ministerio, que cuenta con sólo dos funcionarios. Respecto de los oficios recibidos desde el año 2003 a la fecha, MINSEGPRES ha recibido alrededor de 900 oficios anualmente, los cuales sólo desde el año 2008 se encuentran en papel y digitalizados. Así, los oficios recibidos en el período consultado serían una cifra cercana a los 12.000. vi) Complementando lo anterior, se informa que los precitados oficios se encuentran archivados correlativamente. Luego, para entregar debidamente los antecedentes solicitados es necesario buscar los oficios sin contar con sus respectivos números en los archivadores, analizar el contenido de cada oficio, pues no basta considerar la materia de cada uno ya que ella es sólo una referencia, separarlos del resto de la información que no se solicita, fotocopiarlos, tarjar los datos personales y sensibles en las fotocopias, fotocopiar las fotocopias tarjadas y archivarlos. Considerando tal volumen de información, la exigua dotación de personal en esa área de trabajo que corresponde a dos funcionarios y la falta de precisión respecto de la relación entre "oficios" y la "Ley Valech", resulta necesario destinar en forma exclusiva, al menos durante diez días hábiles, a los funcionarios de la oficina de partes a la búsqueda y análisis de tan elevado número de documentos, lo que los distraería del cumplimiento regular de sus funciones habituales. vii) Respecto de lo solicitado en el literal h), considerando que no se llegó a un acuerdo final en la Mesa de Alto Nivel, MINSEGPRES no elaboró ni tiene conocimiento de un informe final relativo a dichas negociaciones. viii) Respecto de lo solicitado en el literal i), MINSEGPRES no remitió oficios a los Ministerios de Hacienda ni Ministerio del Interior y Seguridad Pública relativos a la Mesa de Alto Nivel, ni tampoco los recibió de dichos Ministerios. Y CONSIDERANDO: 1) Que, respecto de lo solicitado en el literal a), la Subsecretaría General de la Presidencia entregó un extracto de la carta de cierre de la Mesa de Alto Nivel, en la cual informó sobre la propuesta del gobierno para mejorar las pensiones e indemnizaciones reparatorias, indicando los montos y el tiempo para ello. Luego, en sus descargos, indicó que procedió a entregar toda la información que al respecto poseía. En virtud de lo expuesto, considerando que la reclamada entregó lo requerido al solicitante, se rechazará el amparo en este punto. 2) Que, en relación a lo solicitado en los literales b), c) d), f) y j), la reclamada derivó dicha parte del requerimiento al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, considerando para ello que éste formó parte activa de la Mesa de Alto Nivel, particularmente a través de su Programa de Derechos Humanos, perteneciendo a dicho programa los respectivos secretarios de actas. En sus descargos, señaló que para proceder a lo indicado, tuvo en cuenta que la información no obraba en su poder, pues aun cuando una de sus autoridades participó en la mesa de Alto Nivel, no es el organismo que ha llevado adelante su funcionamiento. Agregó que lo requerido consta en las actas respectivas, puesto que estos son los documentos que registraron la participación de todos los organismos y personas que formaron parte de la Mesa de Alto Nivel. Luego, considerando lo expuesto, y la respuesta de la Subsecretaría del Interior respecto de esta parte del requerimiento, se tendrá por contestada la solicitud de acceso a la información por parte de la reclamada, rechazándose el amparo en estos puntos. 3) Que, respecto de lo requerido en el literal e), la Subsecretaría General de la Presidencia respondió que las autoridades no tienen obligación de registrar las reuniones internas que realizan junto a sus asesores y equipo jurídico, siendo discrecional su convocación así como los contenidos en ellas tratados, por lo que la información solicitada no obra en su poder, lo cual fue reiterado en sus descargos y en su respuesta a la gestión oficiosa de esta Corporación. Luego, cabe tener presente que en virtud de lo expuesto en los artículos 5°, inciso 2°, y 10°, inciso 2° de la Ley de Transparencia, se concluye que sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. 4) Que, resulta pertinente consignar que conforme ha resuelto previamente este Consejo, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En consecuencia, y en concordancia con lo señalado por el organismo reclamado con ocasión de su respuesta, descargos y a propósito de la gestión oficiosa de este Consejo, en cuanto a la inexistencia de los antecedentes consultados, y en atención que no existe disposición legal que obligue a la reclamada a generar dicha información, y sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por éste, se rechazará el amparo en este punto. 5) Que, en relación a lo solicitado en el literal g), la Subsecretaría General de la Presidencia denegó su entrega indicando que lo requerido es una solicitud de carácter genérico, cuya atención distrae a los funcionarios ministeriales del cumplimiento regular de sus labores, atendida la labor de búsqueda de la totalidad de oficios que tuvieron lugar en un horizonte de tiempo indeterminado. Luego, indicó que MINSEGPRES ha enviado desde el año 2003 alrededor de 1.600 oficios a terceros, entre los que se cuentan particulares y autoridades y órganos del Estado. Dichos oficios se encuentran en dependencias de la oficina de parte del Ministerio. Por otra parte, desde el año 2003 MINSEGPRES ha recibido alrededor de 900 oficios anualmente, los cuales sólo desde el año 2008 en adelante se encuentran en papel y digitalizados. Así, los oficios recibidos en el período consultado serían una cifra cercana a los 12.000. A ello, cabe agregar que dichos documentos se encuentran archivados correlativamente, por lo que para entregar lo requerido es necesario buscarlos sin contar con sus respectivos números en los archivadores y analizar el contenido de éstos, separarlos, fotocopiarlos, tarjar sus datos personales y sensibles en las fotocopias, fotocopiar las copias que han sido tarjadas y archivarlos. 6) Que, respecto a la alegación del órgano en torno a que la información requerida sería de carácter genérico, si bien el reclamante no especifica en su solicitud el período de la documentación a la que pretende acceder, a juicio de este Consejo, la petición de la especie constituye una solicitud de carácter general -no genérica-, como lo ha reconocido este Consejo a partir de la decisión recaída en el amparo Rol A107-09 (considerando 1°). En efecto, la citada decisión señaló que por una solicitud de carácter general se entiende "una solicitud que sin ser genérica, requiere acceder a información de carácter general, sin especificar un documento, fecha u otros datos, pero sí la materia u otro carácter esencial señalado en el art. 7° N° 1 letra c) del Reglamento de la Ley de Transparencia". En consecuencia, debe estimarse que la solicitud en análisis resultó ser inteligible al organismo reclamado, lo que se ratifica en el hecho que, ante la solicitud de acceso, éste se abstuvo de solicitar la subsanación de la misma, de acuerdo a lo previsto en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley de Transparencia. 7) Que, respecto de la alegación de la reclamada en cuanto a la distracción indebida que supondría para sus funcionarios atender el requerimiento, de lo expuesto por ésta queda en evidencia que la labor de búsqueda de la información implicaría la revisión de a lo menos 13.600 oficios relativos a lo requerido. A mayor abundamiento, la reclamada indica que dichos documentos se encuentran archivados correlativamente, por lo que para entregar lo requerido sería necesario buscarlos, analizar su contenido, separarlos, fotocopiarlos, tarjar sus datos personales y sensibles, fotocopiar las fotocopias tarjadas y archivarlos. 8) Que, atendida especialmente la naturaleza de lo solicitado cabe recordar lo razonado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C377-13, en que pronunciándose sobre la concurrencia de la causal de distracción indebida, se estableció que "(...) la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". En dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En consecuencia y en virtud de los fundamentos expuestos, y atendido que en la especie concurren los supuestos descritos, se rechazará el presente amparo en este punto. 9) Que, respecto de lo requerido en el literal h), la reclamada respondió que considerando que no se llegó a un acuerdo ni propuesta final por parte de la Mesa de Alto Nivel, no existe un informe final enviado a la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet Jeria. En sus descargos y en su respuesta a la gestión oficiosa de esta Corporación, la Subsecretaría General de la Presidencia reiteró sus dichos, e indicó que no elaboró ni tiene conocimiento de un informe final relativo a dichas negociaciones. Luego, se tiene por reiterado lo expuesto en los considerandos 4) y 5) precedentes, en orden a no poder requerir la entrega de la información que no obra en poder de la reclamada, supuesto que se verifica en la especie, en virtud de lo cual, se rechazará el amparo en este punto. 10) Que, respecto de lo requerido en el literal i), la Subsecretaría General de la Presidencia señaló que considerando que no se llegó a un acuerdo ni propuesta final por parte de la Mesa de Alto Nivel, no existe copia de los oficios pertinentes de los Ministerios de Hacienda, y de Interior y Seguridad Pública. En sus descargos y en su respuesta a la gestión oficiosa de esta Corporación, la reclamada reiteró sus dichos, e indicó que MINSEGPRES no remitió oficios a los Ministerios de Hacienda y del Interior y Seguridad Pública relativos a la Mesa de Alto Nivel, ni tampoco los recibió de dichos Ministerios. Luego, se tiene por reiterado lo expuesto en los considerandos 4) y 5) precedentes, en orden a no poder requerir la entrega de la información que no obra en poder de la reclamada, supuesto que se verifica en la especie, en virtud de lo cual, se rechazará el amparo en este punto. 11) Que, finalmente, en relación a lo solicitado por don Armando Romero Báez en su amparo, en orden a que esta Corporación requiera mediante oficio a otras autoridades la información necesaria para la adecuada resolución del presente amparo, entendiendo por ésta la copia de los correos electrónicos, minutas, actas y todo otro antecedente o documento que haya sido elaborado o enviado o recibido por parte del Ministerio, cabe señalar que dicho requerimiento no se efectuó en la solicitud de acceso a la información, en virtud de lo cual, se rechazará esta alegación por improcedente. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Armando Romero Báez en contra de la Subsecretaría General de la Presidencia, por cuanto respecto del literal a), se tuvo por entregada la información; respecto de los literales b), c) d), f) y j), se tuvo por contestada la solicitud; respecto de los literales e), h) e i), lo requerido no obra en su poder; y, respecto del literal g), por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Armando Romero Báez y a la Sra. Subsecretaria General de la Presidencia. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.