Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C791-10

Reclamante:	ANITA MARTINEZ CASTILLO
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Resumen del caso: Se deduce amparo en contra de Dirección Regional de Aduanas de Antofagasta fundado en que recibió una respuesta negativa a la solicitud de información relativa a sumario iniciado por denuncia de la reclamante y que habría terminado con sanciones para el denunciado en dicho sumario, por cuanto el órgano requerido le pidió que aclarara su solicitud, en circunstancias que esta ya se encuentra clara. El Consejo acoge el amparo presentado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/30/2010
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C6-10 C7-10 C339-10 C411-09 C664-10
Jurisprudencia a:	C573-11 C586-11 C526-11 C687-11 C1160-11 C403-12 C1454-13
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DECISIÓN AMPARO ROL C791-10 Entidad pública: Dirección Regional de Aduanas de Antofagasta Requirente: Anita María Martínez Castillo Ingreso Consejo: 04.11.2010 En sesión ordinaria N° 211 de su Consejo Directivo, celebrada el 28 de diciembre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C791-10. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 4 y 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.F.L. N° 29/2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido y sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; Ley Nº 19.628, de 1999, sobre protección de datos de carácter personal; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de octubre de 2010 doña Anita María Martínez Castillo solicitó a la Dirección Regional de Aduanas de Antofagasta copia íntegra del sumario instruido en virtud de la Resolución Exenta N° 476, de 23 de mayo de 2008, iniciado por denuncia de la reclamante y que habría terminado con sanciones para el denunciado en dicho sumario. Solicita dicha información con la finalidad de determinar los pasos a seguir en defensa de los derechos que le corresponden y para el ejercicio de las acciones civiles y/o penales que se pudieran derivar de dicho caso. 2) RESPUESTA: La Dirección Regional de Aduanas de Antofagasta respondió a dicho requerimiento mediante Oficio N° 925, de 20 de octubre de 2010, del Director Regional de Aduanas (S) de Antofagasta, solicitándole que, conforme al artículo 12 letra b) de la Ley de Transparencia, que establece que la solicitud de acceso a la información deberá contener la “Identificación clara de la información que se requiere”, señale cuál es la información que se pide y en qué calidad la solicita, subsanando dicha omisión dentro del plazo de 5 días, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de su petición. 3) AMPARO: Doña Anita María Martínez Castillo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 4 de noviembre de 2010 en contra de la Dirección Regional de Aduanas de Antofagasta, fundado en que recibió una respuesta negativa a la solicitud de información, por cuanto el órgano requerido le pidió que aclarara su solicitud, en circunstancias que esta ya se encuentra clara, señalándole además que indique en qué calidad solicita la información. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo mediante Oficio N° 2.349, de 9 de noviembre de 2010, al Director Nacional del Servicio Nacional de Aduanas, solicitándole, en particular y para una acertada resolución del presente amparo, remitir la información requerida por la reclamante, eso es, copia del sumario. Mediante presentación efectuada ante este Consejo, de 1° de diciembre de 2010, éste señala que: a) Respecto a lo solicitado, informa que mediante Oficio N° 925/10, de 20 de octubre de 2010, se le requirió a la reclamante aclarar cuál es la información que pide y en qué calidad la solicita, otorgándole un plazo de 5 días para subsanar la omisión. b) Señala que la aclaración fue solicitada en base a las disposiciones legales y reglamentarias que establecen los requisitos que debe contener toda solicitud de acceso a la información. En este sentido, señala que el artículo 12 letra b) de la Ley de Transparencia establece que “La solicitud de acceso a la información (…) deberá contener: b) Identificación clara de la información que se requiere”, norma que se ve reiterada en el artículo 28 de su Reglamento, sin que la reclamante haya efectuado las aclaraciones solicitadas dentro del plazo legal establecido para ello en el inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia, por lo que debe entenderse desistida de su petición. c) Agrega que, en este caso, no ha habido denegación de la entrega de acceso a la información, ya que para encontrarse frente a una hipótesis de denegación de entrega de información, es necesario, a lo menos, que la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 12 de la Ley de Transparencia y del artículo 28 del Reglamento. En este sentido señala que, en cuanto a los plazos establecidos para la entrega de la información, el artículo 14 de la Ley estipula que éste es de 20 días, prorrogables por 10 días, en el caso concreto, se pregunta desde cuándo debiera contarse este plazo, considerando que la solicitud adolecía de faltas. Agrega además, que no parece que sea el reclamante quien determine si su solicitud es suficiente o no. d) En relación con la necesidad de aclarar el contenido de la información solicitada, señala que este requerimiento se realizó en atención a que el sumario administrativo ordenado instruir por Resolución Exenta N° 475, de 18 de mayo de 2008, cuenta con más de 1.000 fojas. En todo caso agrega que, para el caso que este Consejo estime procedente la entrega de toda la información contenida en el expediente sumarial, la reclamante deberá pagar los costos directos de reproducción. e) Que, por otra parte, señala que se requirió a la reclamante que precisara en qué calidad solicitaba la información requerida, toda vez que a propósito del citado proceso sumarial, iniciado por denuncia de ésta, podían resultar afectados derechos de terceros. Agrega que con esta aclaración, que no efectuó la reclamante, habría sido posible al servicio considerar o no la aplicación del procedimiento establecido por el artículo 20 de la Ley de Transparencia. f) Que en este sentido expone que en virtud de lo establecido por el artículo 21 N° 2 de dicha ley, que señala que podrá declararse secreta o reservada la información requerida “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”, como lo dispuesto por el artículo 3 del Reglamento que define datos sensibles como “Los datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad…”, como a lo dispuesto por la Ley N° 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, particularmente sus artículos 20 y 21 y, finalmente, lo dispuesto por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, la entrega de esta información podría violentar, a lo menos, cada una de estas disposiciones, teniendo en cuenta las eventuales acciones civiles o penales que la reclamante pretendería ejercer en contra de terceras personas, tal cual lo señala en su solicitud de acceso a la información. g) Que, a continuación, señala que los hechos que configurarían la supuesta infracción son notoriamente contradictorios, por cuanto en el número 3.1 del formulario de reclamo la reclamante ha invocado: i) respuesta negativa a la solicitud de información y, ii) la información entregada no corresponde a la solicitada. En consecuencia, no puede ser que, por una parte, se denuncia la negación de la entrega de información y, por otra, que le haya sido entregada. h) Que, finalmente, solicita a este Consejo, en conformidad con lo establecido por el artículo 25 de la Ley de Transparencia, que disponga la realización de audiencias para la agregación de mayores antecedentes en el caso de estimar que la documentación aportada resulta insuficiente, como también solicita notificar a las personas contra las cuales se formuló la denuncia que dio origen al sumario administrativo solicitado por la reclamante, en su condición de terceros involucrados. i) Acompaña, entre otros, el original del sumario administrativo que se contiene en: A) Los dos tomos del cuaderno principal: Tomo I contiene 499 fojas. Tomo II contiene 131 fojas. B) Tres cuadernos de documentos y CD: Cuaderno N° 1 contiene 599 fojas. Cuaderno N° 2 contiene 189 fojas. Cuaderno N° 3 contiene 159 fojas. Respecto de estos documentos solicita su custodia y resguardo por tratarse de delicada y sensible información, por cuanto contiene datos sensibles que pueden afectar los derechos de terceros. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en primer lugar, el órgano reclamado ha aseverado en sus descargos que en el amparo de la especie no ha habido de su parte denegación de acceso a la información, ya que en su respuesta a la solicitud de la reclamante se le señaló a ésta que, dentro del plazo de 5 días, subsanara la omisión del requerimiento en cuanto a que éste debía contener la identificación clara de la información que se requiere, señalando cuál es la información que se pide y en qué calidad se solicita, conforme a lo establecido por el artículo 12 letra b) de la Ley de Transparencia. 2) Que, según consta de los antecedentes que obran en poder de este Consejo, la reclamante requirió a la Dirección Regional de Aduana de Antofagasta, “copia íntegra del sumario instruido en virtud de la Res. Ex. 476 de fecha 23 de mayo de 2008, de la Dirección Regional de Aduana de Antofagasta, iniciado por denuncia de la suscrita”, contra el denunciado que identifica. Agregó que la documentación solicitada resulta vital para determinar los pasos a seguir en defensa de los derechos que le corresponden y para el ejercicio de eventuales acciones civiles y/o penales. 3) Que, en este sentido, según lo establecido por el artículo 28 letra c) del Reglamento de la Ley de Transparencia que en lo pertinente señala que “Se entiende que una solicitud identifica claramente la información cuando indica las características esenciales de ésta, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, origen o destino, soporte, etcétera”. A su vez, el artículo 29 del Reglamento señala que “Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el artículo anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta”, teniéndolo por desistido de su petición si así no lo hiciera, norma que reitera lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 12 de la Ley de Transparencia. 4) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, corresponde a este Consejo pronunciarse en forma previa acerca de si la solicitud de acceso cumplió con lo establecido en la letra b) del artículo 12 de la Ley de Transparencia, en orden a identificar claramente la información que se requiere. 5) Que, conforme a lo indicado por el artículo 28 del Reglamento, este Consejo ha establecido como criterio en este sentido –en decisiones tal como la recaída en el amparo Rol A317-09–, que para que una solicitud identifique claramente la información solicitada, se requiere que, en base únicamente a los antecedentes proporcionados por el peticionario, sea posible al órgano reclamado identificar o individualizar la información requerida, sin que sea necesario la realización de gestiones previas necesarias para su adecuada comprensión. 6) Que, en atención a lo señalado en el considerando que antecede, se concluye que la solicitud de la reclamante identifica con suficiente claridad la información que se requiere, ya que en ésta se encuentran contenidas las características esenciales de la misma –tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera–, toda vez que la peticionaria singulariza con total precisión la Resolución Exenta con que se dio inicio al sumario solicitado, como también su fecha, indicando que dicho sumario fue iniciado por denuncia presentada por ella misma e individualizando el funcionario de la Dirección Regional de Aduana de Antofagasta contra el cual se instruyó el mismo. 7) Que, a mayor abundamiento, en los descargos presentados ante este Consejo por la Dirección reclamada, fue acompañada copia íntegra del sumario original solicitado, circunstancia que lleva a concluir a este Consejo que, en base a los antecedentes individualizados únicamente en la solicitud de información presentada por la reclamante, era perfectamente posible para la Dirección Regional de Aduana de Antofagasta identificar claramente la información que se le requería. 8) Que la circunstancia que la reclamante no haya indicado la calidad en que solicitaba tal información, no obsta a que ésta deba ser entregada si es que no concurre alguna de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, ya que en dicha ley no se establece como exigencia previa para poder acceder a la información pública que el requirente exprese en su solicitud ni la calidad en que solicita la información ni el uso que pretende darle a la misma, tal como establece el principio de la no discriminación consagrado en la letra g) del artículo 11 de la Ley de Transparencia. Que, por su parte, siendo clara la información pedida, no cabe requerir subsanación al solicitante a fin de que éste acote o limite su solicitud por comprender, a juicio de la reclamada, un número considerable de documentos –pues precisamente para tales casos se prevé la causal de reserva del artículo 21 N° 1 c) de la Ley de Transparencia, sin perjuicio de lo que resuelva este Consejo en el caso de que se trate–, ni para que, en virtud de una eventual restricción de los términos de la solicitud del requirente, se pueda determinar si se afectan o no derechos de terceros, pues dicha ponderación la debe realizar sólo el órgano reclamado en base a la solicitud que se le presente cumpliendo con los requisitos del artículo 12 de la citada Ley, sin que proceda exigir al peticionario que la circunscriba para facilitarle tal tarea. 9) Que, en consecuencia y en base a lo expuesto, este Consejo estima que la solicitud de acceso a la información presentada por la reclamante, doña Anita Martínez Castillo, a la Dirección Regional de Aduana de Antofagasta, cumplió a cabalidad con las exigencias establecidas por el artículo 12 de la Ley de Transparencia y, específicamente, con lo señalado en la letra b) de dicho artículo, por cuanto la solicitud de acceso identificaba claramente la información que se requería, razón por la cual la subsanación requerida por el órgano reclamado careció de todo fundamento, no pudiendo, en consecuencia, operar la sanción invocada por dicha Dirección Regional en orden a tener a la peticionaria por desistida de su solicitud, y entenderse que el amparo deducido por ésta se encuentra debidamente fundado. Que, atendido lo anterior, cabrá representar severamente al Director Nacional de Aduanas que, en el futuro, el actuar de la reclamada se ajuste a los principios de no discriminación, de facilitación y de la oportunidad, que rigen el derecho de acceso a la información pública. 10) Que, establecido lo anterior, y en cuanto a la publicidad de los sumarios administrativos, como el de la especie, este Consejo ha establecido que una vez que un sumario administrativo está afinado el expediente sumarial adquiere el carácter de información pública de acuerdo a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia (decisiones recaídas en los amparos Roles A47-09, C411-09, C6-10 y C7-10), pues, a la luz de la Constitución y de la Ley de Transparencia, el artículo 137 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que dispone que el “sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos”, al igual que toda norma que establezca un caso de secreto o reserva de información, constituye una regla excepcional, cuya interpretación debe ser restrictiva y, en el caso concreto, el supuesto de dicha norma se basa en el secreto durante la investigación y no una vez que éste se encuentre afinado. 11) Que, conforme al análisis que dicho sumario administrativo ha efectuado este Consejo, habiéndose adoptado una decisión en él por parte de la autoridad de la Dirección Regional de Aduanas de Antofagasta, a través de la dictación de la Resolución Afecta N° 14, de 19 de abril de 2010, que impuso la respectiva sanción administrativa, tal medida y sus fundamentos, entre ellos el propio expediente sumarial, sus cuadernos y anexos, han adquirido el carácter de información pública, al tenor de lo dispuesto en los mencionados artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia, debiendo revisarse, a continuación, si resulta procedente la causal de secreto o reserva alegada por la reclamada. 12) Que, por su parte, la reclamada alega que al no haber sido precisado por la reclamante en qué calidad solicitaba la información, no fue posible considerar la eventual aplicación del procedimiento establecido por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, ya que a propósito del referido proceso sumarial podrían resultar afectados derechos de terceros, haciéndose aplicable en este caso la causal de secreto o reserva establecida por el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia como las normas contenidas en la Ley N° 19.628, particularmente los artículos 20 y 21 de dicha norma legal. 13) Que, al respecto, y sin perjuicio de lo ya señalado en el considerando 8) anterior respecto de la improcedencia de ciertas gestiones previas para dar aplicación al artículo 20 de la Ley de Transparencia, cabe considerar que en lo que dice relación con sumarios administrativos afinados en los que se haya aplicado alguna sanción a personas naturales y ésta haya sido cumplida o se encuentre prescrita, el artículo 21 de la Ley Nº 19.628 dispone que los organismos públicos “que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena”. Que, en este sentido, las decisiones de los amparos Roles C339-10 y C664-10 establecieron que “si bien el citado artículo 21 establece un manto de protección a los datos personales en poder de la Administración referidos a sanciones cumplidas –en la nomenclatura de la Ley N° 19.628, un «dato caduco», conforme lo señala su artículo 2°, letra d)- debe concluirse que la afectación de dicho derecho debe valorarse a la luz del efectivo perjuicio que produciría la entrega de esa información”. 14) Que, en tal sentido, resulta pertinente, en aplicación del test de daño, efectuar una ponderación en el caso en análisis consistente en realizar un balance entre el interés de retener la información pedida y el interés de divulgarla para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación. Específicamente, en dicha ponderación cabe determinar si la divulgación de la información requerida puede generar un daño presente, probable y específico a los intereses o valores protegidos de mayor entidad que los beneficios que, en definitiva, se obtengan con su publicidad. 15) Que, en la especie, el beneficio de conocer un sumario incoado por supuestas irregularidades administrativas, cuya existencia ya es de dominio público y respecto del cual la solicitante fue quien denunció los hechos sobre los que éste versó y que la afectaron directamente, así como las medidas que la autoridad adoptó frente a dichas irregularidades –no obstante las eventuales sanciones impuestas puedan estar cumplidas–, es mucho mayor que el de mantener la información en reserva para proteger la reputación del sancionado. Lo anterior, y tal como se indicó en el considerando 9) de la decisión recaída en el amparo Rol C411-09, pues “Así lo exige el control social de la función pública, pues ésta debe ejercerse con transparencia. Si un funcionario incurre en un acto ilegal o irregular es del todo relevante que la ciudadanía conozca dichos actos y las medidas aplicadas para restaurar el imperio del derecho”. Que, además, reforzando lo que aquí se decidirá, el considerando 10) de dicha decisión indicó que “Que el razonamiento anterior está directamente relacionado con la función que ejercen los funcionarios públicos. En efecto, el ejercicio de funciones públicas interesa a toda la comunidad y, por lo mismo, la condición de funcionario público supone un estándar de escrutinio público en el que la privacidad, en lo relativo al ejercicio de dicha función, debe ceder en pos del necesario control social que debe ejercerse para garantizar el debido cumplimiento de aquéllas”. 16) Que, en consecuencia, atendido las especiales características del sumario de que trata, la naturaleza de los hechos investigados y teniendo en consideración que las conclusiones que de él deriven podrían servir de base a la reclamante para, eventualmente, iniciar acciones civiles y/o penales por haber sido ella directamente afectada por los hechos denunciados, es que este Consejo estima que para el caso específico de este reclamo, el derecho previsto en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, cede ante el derecho de la publicidad y conocimiento de dicha información, en favor de la reclamante. 17) Que, por otra parte, la reclamada no ha acreditado ante este Consejo de qué manera el conocimiento de la información solicitada por parte de la reclamante podría afectar los derechos de terceros, teniendo en consideración, además, que tampoco se ha individualizado a los terceros que eventualmente podrían ver afectados su derechos, por lo que resulta imposible hacer aplicable el procedimiento establecido por el artículo 20 de la Ley de Transparencia. En este mismo sentido, y atendido el interés involucrado en la divulgación y conocimiento de los antecedentes solicitados por parte de la reclamante, este Consejo ha estimado innecesario trasladar el mismo a terceras personas. 18) Que, sin perjuicio de que la información solicitada ha sido declarada como información pública, según los considerandos que anteceden, la revisión del sumario requerido ha permitido constatar a este Consejo que éste contiene cierta información que comprenden datos personales de terceros, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 19.628, tales como domicilio, RUT y correo electrónico de personas que prestaron declaración durante la tramitación del sumario requerido, cuya divulgación debe protegerse, tarjándose dicha información en aquellos casos en que ésta haya sido expuesta en el sumario. Asimismo, constituye dato personal, cuya información debe tarjarse, el número de teléfono celular del personal del Servicio de Aduana de Tocopilla, que se encuentra detallado a fojas 220 del respectivo sumario, como también el detalle del tráfico de llamadas efectuadas desde el teléfono celular del denunciado, que rola a fojas 343. 19) Que, por todo lo señalado precedentemente, se acogerá el presente amparo y se requerirá a la reclamada que haga entrega de copia del sumario requerido, previo pago de los costos directos de reproducción en aplicación de las normas pertinentes de la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6 de este Consejo, sobre Gratuidad y Costos Directos de Reproducción, particularmente en su numeral 5. 20) Que, atendido lo anteriormente razonado y lo que, en definitiva se resolverá, este Consejo estima innecesario pronunciarse sobre la solicitud de audiencia formulada por el órgano reclamado en su escrito de descargos. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el reclamo de doña Anita Martínez Castillo en contra de la Dirección Regional de Aduanas de Antofagasta, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Regional de Aduanas de Antofagasta, para que: a) Entregue a doña Anita Martínez Castillo copia íntegra del sumario administrativo instruido en virtud de la Resolución Exenta N° 476, de 23 de mayo de 2008, iniciado por denuncia de la reclamante, previo pago de los costos directos de reproducción, cuidando tarjar todos aquellos datos personales de contexto pertenecientes a terceras personas que aparezcan mencionados en los mismos, conforme a lo indicado en el considerando 18) anterior, dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que la presente decisión se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento de proceder en caso de incumplimiento, en conformidad con el artículo 46 de la Ley de Transparencia. b) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a doña Anita Martínez Castillo, al Sr. Director Regional de Aduanas de Antofagasta y al Sr. Director Nacional del Servicio de Aduanas. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.