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DECISIÓN AMPARO ROL C547-16</p>
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Entidad pública: Municipalidad de Ñuñoa</p>
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Requirente: Víctor Rojas Fuentes</p>
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Ingreso Consejo: 19.02.2016</p>
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En sesión ordinaria N° 700 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de abril de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C547-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de febrero de 2016, don Víctor Rojas Fuentes solicitó a la Municipalidad de Ñuñoa -en adelante e indistintamente Municipalidad o Municipio-, el "listado completo de contribuyentes de patentes comerciales morosas en la comuna, con nombre, Rut, domicilio, nombre representante legal, detalle de monto de la deuda y períodos adeudados".</p>
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2) RESPUESTA: El 16 de febrero de 2016, mediante comunicación electrónica, la Municipalidad indicó al requirente que no le era posible acceder a la publicidad de la información solicitada. Lo anterior, por cuanto los datos solicitados son reservados de conformidad a lo previsto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 19 de febrero de 2016, don Víctor Rojas Fuentes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Municipio, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. Agregó, que la Municipalidad no acreditó los supuestos que justifican la procedencia de la causal de reserva invocada.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 2.194, de 14 de marzo de 2016, confirió traslado al Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa. Las Condes, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (2°) señalara cómo la publicidad de la información requerida afectaría derechos de terceros.</p>
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Mediante correo electrónico de 8 de abril de 2016, dicha autoridad presentó sus descargos y observaciones, señalando en síntesis que la información solicitada se encontraba amparada por las hipótesis de reserva dispuesta en la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 2 como en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Agregó, que la divulgación de la información solicitada afectaría además el debido cumplimiento de sus funciones.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que el presente amparo, tiene por objeto la entrega por parte de la reclamada de una nómina que precise la identidad de los contribuyentes que adeuden el pago de patentes municipales.</p>
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2) Que, sobre el particular, la Corte Suprema en sentencia recaída en causa sobre recurso de queja Rol N° 4681-2013 de 26 de noviembre de 2013 -ante idéntico requerimiento- señaló que "es indudable que cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. Es dable entonces presumir fundadamente que la entrega de la información requerida (...) puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de los deudores comprometidos". Agregó, que "la Municipalidad recurrente, en cuanto organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos de quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo cual no solo está habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, como para intentar una reclamación como la de autos, porque como se ha dejado apuntado más arriba, su publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico que pudieran afectar su honra" (considerandos 12° y 13).</p>
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3) Que los razonamientos de la referida magistratura sirvieron de base a la decisión Rol C2750-14 de este Consejo. En efecto, en dicha decisión se resolvió que lo expresado por la Corte "se aviene fielmente a la esfera de protección de la vida privada que el constituyente como el legislador han fijado en la Constitución Política de la República como en las Leyes de Transparencia y Protección de la Vida Privada. En efecto, dichos cuerpos normativos han establecido un régimen de protección de los datos personales que obran en poder de los órganos de la Administración, a partir de la garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 N° 4, sobre el respeto a la vida privada y la honra de la persona y su familia. Luego, la comunicación de los datos requeridos a la luz de dispuesto en los citados cuerpos normativos, resulta improcedente".</p>
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4) Que en virtud de los razonamientos explicitados precedentemente, se rechazará el presente amparo, por resultar aplicable la hipótesis de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo preceptuado en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Víctor Rojas Fuentes en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, por concurrir la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Víctor Rojas Fuentes y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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