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DECISIÓN AMPARO ROL C602-16</p>
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Entidad pública: Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo (COMERE)</p>
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Requirente: Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre</p>
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Ingreso Consejo: 23.02.2016</p>
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En sesión ordinaria N° 700 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de abril de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C602-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de diciembre de 2015, don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre solicitó a la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo en adelante COMERE, la siguiente información:</p>
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En el marco de un estudio académico y con el fin de "contar con información de respaldo estadística de la situación actual de la enfermedad en Chile.(...) puedan informarme respecto de todas las resoluciones emitidas por la Comisión Médica de Reclamos emitidas durante los años 2014 y 2015 por silicosis pulmonar".</p>
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Requiere que dicha información sea entregada en formato PDF.</p>
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2) RESPUESTA: El 16 de febrero de 2016, la COMERE respondió a dicho requerimiento de información mediante carta de esa fecha, señalando, en síntesis, que:</p>
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Denegó la entrega de la información requerida, por cuanto se trata de datos personales y sensibles protegidos por la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Hace presente que la carta de solicitud fue recepcionada ante la entidad el 13 de febrero del año en curso.</p>
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Indica que la COMERE fue instituida por la ley 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en su artículo 78, y que su organización y funcionamiento se encuentra regulado por los artículos 77 al 92 de su Reglamento, la cual tiene competencia para conocer y pronunciarse en primera instancia sobre todas las decisiones recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médica, en los casos de incapacidad permanente derivadas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.</p>
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De esta forma conoce de las reclamaciones en contra de las decisiones de los servicios de salud o de las mutualidades, presentadas por afiliados al seguro de la ley 16.744, así como como también de sus organismos administradores. A su vez las resoluciones de esta Comisión Médica son apelables ante la Superintendencia de Seguridad Social.</p>
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En este sentido la información que administra esta Comisión es referida a casos particulares y que por tal razón forma parte de un proceso administrativo legal, a fin de determinar el beneficio específico a que tiene derecho el trabajador, por lo que se trata de datos personales y sensibles protegidos por la referida ley N° 19.628.</p>
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Por consiguiente el dato estadístico que administra esta Comisión es primario, pudiendo recabarse con mayor precisión en los organismos fiscalizadores pertinentes. No obstante es posible señalar que la COMERE el año 2014 y 2015 conoció de 59 y 81 resoluciones respectivamente por diagnóstico de silicosis pulmonar.</p>
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3) AMPARO: El 23 de febrero de 2016, don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.</p>
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Además, el reclamante hizo presente que la presente solicitud se funda en el principio de transparencia de la función pública establecida en el artículo 5° de la ley N°20.285, el cual cita textualmente, y que la documentación solicitada se encuentra en poder de la Comisión Médica de Reclamos, como se reconoce expresamente en la respuesta, en la que se señala contar con documentación referida a 59 casos en el año 2014 y a 81 casos en el año 2015.</p>
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Indica que la documentación solicitada no es genérica ni se refiere a un elevado número de actos administrativos, considerando que se ha indicado una enfermedad laboral específica, esto es, silicosis pulmonar- y se ha acotado el rango solicitado a los años 2014 y 2015. Además la documentación solicitada es fácilmente obtenible a través de la plataforma electrónica SINAISO, no siendo necesario distraer indebidamente a un funcionario del cumplimiento regular de sus labores habituales.</p>
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Considerando que la documentación solicitada contiene información que puede afectar el derecho de terceros, esto es, aquellos trabajadores a los que se les ha diagnosticado la enfermedad profesional de silicosis pulmonar, solicita que con anterioridad a la entrega de la documentación se comunique a los trabajadores involucrados la presente solicitud para que ellos puedan ejercer el derecho de oposición que establece el artículo 20 de la ley N°20.285, el cual es plenamente concordante con las disposiciones de la ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que se funda en la autodeterminación informativa, esto es, que sean los titulares quienes decidan sobre el uso de la información que los involucra, según señala el artículo 10, el cual cita textualmente.</p>
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El procedimiento del referido artículo 20, busca que sean precisamente las personas cuyos derechos puedan verse afectados quienes decidan si quieren o no que dicha información sea entregada, presumiéndose su consentimiento en caso que no ejerzan su derecho de oposición dentro del plazo legal. En definitiva, en la especie se cumplen todos los requisitos legales para la entrega de la documentación solicitada, una vez que se haya efectuado el procedimiento de comunicación que establece dicho artículo, y que los trabajadores involucrados no hayan ejercido el derecho de oposición que les otorga la ley.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 2182, de 14 de marzo de 2016, confirió traslado a la Sra. Presidenta de la Comisión Médica de Reclamos, solicitándole que al formular sus descargos: (1°) señale si, a su juicio, la información otorgada satisface íntegramente lo requerido por la parte recurrente; y, (2°) explique cómo lo solicitado podría afectar derechos de terceros.</p>
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Mediante escrito, ingresado con fecha 30 de marzo de 2016, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que:</p>
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Que en respuesta al requerimiento, esta Comisión le informó al Sr Riesco el dato estadístico administrado por el Servicio, indicando que al 2014 se conocieron 59 casos y 81 para el 2015. En tal contexto, y considerando que lo solicitado por el requirente se trataba de información estadística, este Servicio estima que se dio respuesta satisfactoria.</p>
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En el mismo orden de ideas, por tratarse de datos estadísticos, esto es, el que en su</p>
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origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable, no podría afectar derechos de terceros.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, primeramente se debe hacer presente que si bien el amparo fue interpuesto en contra del Ministerio de Salud, la respuesta fue otorgada por la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo (COMERE), por lo que el presente reclamo fue reconducido en contra de éste último órgano.</p>
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2) Que, a modo de contexto cabe señalar que el Decreto Supremo N° 101, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que estableció el Reglamento de la ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en sus artículos 77 y siguientes, establece que la COMERE es una entidad autónoma, y sus relaciones con el Ejecutivo deben efectuarse a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la cual funciona en la ciudad de Santiago, en las oficinas que determine el Ministerio de Salud, pudiendo sesionar en otras ciudades del país, cuando así lo decida y haya mérito para ello. La COMERE tendrá competencia para conocer y pronunciarse, en primera instancia, sobre todas las decisiones recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico, en los casos de incapacidad permanente derivadas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.</p>
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3) Que, en cuanto al fondo del asunto el reclamante funda su amparo en la denegación de la información requerida por parte de la COMERE, señalando que para la entrega de la misma se debería dar traslado a los terceros interesados, con el fin que sean precisamente las personas cuyos derechos puedan verse afectados quienes decidan si quieren o no que dicha información sea entregada. Al respecto, en su respuesta la reclamada informó el número de casos tramitados en cada año por enfermedad profesional de silicosis pulmonar, los cuales por estar referidos a casos particulares se encuentran protegidos por la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y en sus descargos, en esta sede, agregó que la información no había sido denegada toda vez que en la especie el reclamante solicitó información estadística la cual fue entregada y como tal, por tratarse de datos estadístico, no podría afectar derechos de terceros.</p>
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4) Que, al respecto se debe tener presente que según el tenor literal de la solicitud de información, el reclamante solicitó "contar con información de respaldo estadística de la situación actual de la enfermedad en Chile (....) informarme respecto de todas las resoluciones emitidas por la Comisión Médica de Reclamos emitidas durante los años 2014 y 2015 por silicosis pulmonar". En tal sentido, el órgano reclamado informó que en el año 2014 se dictaron 59 resoluciones, y el año 2015 se emitieron 81, todas ellas en relación con dicha patología, y que atendido que la información que administra está referida a casos particulares, que forman parte de un proceso administrativo legal, los datos están protegidos por datos personales y sensibles regulados por la ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.</p>
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5) Que, en efecto, se debe tener presente que la información contenida en las resoluciones emitidas por la COMERE, aluden al estado de salud de las personas que reclaman en los casos de incapacidad permanente derivada de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, lo que constituye un dato sensible, en atención a lo dispuesto en el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, cuya divulgación se encuentra prohibida, salvo las excepciones previstas en la ley, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, en relación con el artículo 10 de la ley sobre Protección de la Vida Privada y la obligación de este Consejo, consagrada en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Por su lado, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia establece que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas.</p>
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6) Que, no obstante lo anterior, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.</p>
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7) Que, de esta forma, los documentos cuya entrega se requiere son, en principio públicos, por cuanto se trata de antecedentes o fundamentos para la dictación de un acto administrativo pronunciado por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades, de manera que su publicidad no debiese quedar restringida, salvo en las hipótesis de reserva o secreto contempladas por el legislador. Asimismo, de acuerdo con el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, resulta plausible para este Consejo la entrega de la información solicitada, previo tarjado de los datos personales y sensibles contenidos en los antecedentes requeridos.</p>
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8) Que, respecto a la alegación del órgano, de haber cumplido en forma cabal con la entrega de la información pedida, cabe hacer presente, que si bien, tal como se señaló, la solicitud se refiere a información estadística, sin embargo, a juicio de este Consejo, la sola entrega del número de resoluciones emitidas en los años consultados no constituye un informe completo en torno a lo consultado. En efecto, según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra estadística, alude a un conjunto de datos, por tanto, no resulta suficientemente acreditada dicha alegación, motivo por el cual debe ser rechazada.</p>
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9) Que, en consecuencia, habiéndose rechazado las alegaciones del órgano, respecto al acceso a la información solicitada, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información respecto de todas las resoluciones emitidas por la COMERE, durante los años 2014 y 2015, por silicosis pulmonar, esto es, número de resoluciones, fecha, materia, entre otros, o, en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación, consagrados en el artículo 11, letras d) y f), de la Ley de Transparencia, podrá el órgano dar cumplimiento a su obligación de otorgar acceso a la información pública, entregando copia de las respectivas resoluciones, debiendo tarjar de manera previa, los datos personales de contexto y sensibles que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, y todo dato que permita identificar a los titulares, particularmente el nombre, número de cédula de identidad, domicilio, correo electrónico, nombre y RUT del médico tratante, instituciones de salud y previsión social, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, letra f) y g), de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la misma ley.</p>
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10) Que, por último, respecto de la alegación del reclamante referida a comunicar la solicitud a los trabajadores afectados por la enfermedad consultada y declarados con algún grado de invalidez, para que éstos hicieran valer su derecho de oposición, este Consejo estima que en la especie ello hubiere resultado inoficioso, atendido el criterio establecido de forma sostenida y reiterada por este Consejo en las decisiones de amparo C1968-14 y C1326-14, entre otras, en cuanto a que el estado de salud de las personas constituye un dato sensible cuya divulgación se encuentra prohibida.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Juan Riesco Eyzaguirre, en contra de la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Sra. Presidenta de la Comisión Médica de Reclamos, lo siguiente:</p>
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a) Entregar al reclamante la información solicitada en el número 1) de la parte expositiva, esto es, la información respecto de todas las resoluciones emitidas por la COMERE, durante los años 2014 y 2015, por silicosis pulmonar, o, en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación, consagrados en el artículo 11, letras d) y f), de la Ley de Transparencia, entregar copia de las respectivas resoluciones, en los términos referidos en el considerando 10°.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@cplt.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Riesco Eyzaguirre y a la Sra. Presidenta de la Comisión Médica de Reclamos.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Vivianne Blanlot Soza y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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