Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C634-16

Reclamante:	MARCELO FELIPE GUARACHI ÁLVAREZ
Reclamado:	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE ARICA-PARINACOTA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota, fundado en que la respuesta entregada es incompleta referente a los comités para postulación de viviendas actuales, requiriendo en particular el nombre del comité, representante, teléfono, correo electrónico u otro medio contacto, y cantidad de integrantes del comité. El Consejo rechaza el amparo, tanto respecto del número de integrantes de 12 comités de vivienda que no se proporcionaron, por resultar plausible la inexistencia alegada; como asimismo en relación al nombre, teléfono y correos electrónicos u otros medios de contacto de los representantes de los comités de vivienda sobre los cuales versa la solicitud de información, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/22/2016
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1163-11 C1179-11 C409-13
Jurisprudencia a:	C4861-18 C4864-18 C4854-18 C4852-18 C4856-18 C4859-18 C4860-18 C4862-18 C4868-18
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Datos personales >> Datos de identificación >> Correo electrónico
Descriptores analíticos:	Gestión y administración territorial (Urbanismo)

DECISIÓN AMPARO ROL C634-16 Entidad pública: Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota Requirente: Marcelo Guarachi Álvarez Ingreso Consejo: 26.02.2016 En sesión ordinaria N° 713 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de junio de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C634-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 12 de febrero de 2016, don Marcelo Guarachi Álvarez formuló solicitud de información ante el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota acerca de los comités para postulación de viviendas actuales, requiriendo en particular el nombre del comité, representante, teléfono, correo electrónico u otro medio contacto, y cantidad de integrantes del comité. 2) RESPUESTA: El 23 de febrero de 2016, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio Ord. N° 554, señalando, en síntesis, que se accedió a la entrega de un listado de 105 comités de allegados con fines habitacionales, indicando el nombre de éstos y el número de socios. Sin embargo, agregó que se denegó la entrega del nombre de representante y datos de contacto, por constituir información que afecta a terceros, por lo que no es posible proporcionar. 3) AMPARO: El 26 de febrero de 2016, don Marcelo Guarachi Álvarez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta proporcionada es incompleta. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota, mediante oficio N° 2.436, de fecha 17 de marzo de 2016. El órgano requerido, a través de oficio Ord. N° 1.099, de fecha 30 de marzo de 2016, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que no se entregó la información correspondiente al teléfono y dirección de correo electrónico de cada uno de los representantes de los 105 comités de vivienda, con el único propósito de otorgar adecuada protección a los datos personales de dichos representantes, toda vez que los referidos antecedentes constituyen datos de carácter personal y/o sensible conforme a lo dispuesto en los artículo 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628. Hace presente que no realizó la comunicación a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Transparencia, debido al número de personas involucradas, dado que implicaba comunicarse con los representantes de los 105 comités de vivienda. Finalmente señala que se remite a este Consejo listado con el nombre de los representantes de los 105 comités. 5) GESTIONES OFICIOSAS: El 02 de junio de 2016, este Consejo mediante correo electrónico, solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota, informar si obra en su poder la información reclamada; las razones por las cuales obraría en su poder dicha información; y expresar si existe alguna normativa legal o reglamentaria en virtud de la cual la posee tales antecedentes. El órgano requerido, mediante correo electrónico de igual fecha, cumplió lo solicitado señalando en síntesis, que la información reclamada si obra en su poder, y ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 49, del decreto supremo N° 49, de 2011, de Vivienda, que aprueba el reglamento del programa fondo solidario de elección de vivienda, y donde se indica que corresponde que le corresponde tener a su cargo un Sistema de Información y Gestión Territorial de la Demanda, a través del cual se permita identificar, cuantificar, caracterizar a las familias que requieran una solución habitacional, conocer su ubicación en el territorio e informar respecto de las alternativas de solución habitacional y de los requisitos de postulación. Agrega, que por lo expuesto, si bien la información reclamada obra en su poder, dichos registros no son públicos, y constituyen datos personales, razón por la cual se denegó su entrega, por cuanto se configuraría la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 1, 2, letra f), 4, y 7 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Por otra parte, este Consejo mediante correo electrónico de fecha 06 de junio de 2016, solicitó informar expresamente si, a la fecha de la solicitud de información, obraba en su poder la información referida al número de integrantes de 12 comités de vivienda de la nómina entregada en la respuesta, respecto de los cuales se informó que se está "A la espera de Nómina de socios". El órgano requerido, a través de correo electrónico de fecha 08 de junio de 2016, cumplió lo solicitado informando que al tiempo de la respuesta proporcionada al reclamante no obraba en su poder la referida información. Y CONSIDERANDO: 1) Que, con fecha 12 de febrero de 2016, don Marcelo Guarachi Álvarez formuló solicitud de información ante el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota en relación a los comités para postulación de viviendas existentes en dicha región, requiriendo en particular el nombre del comité, representante, teléfono, correo electrónico u otro medio contacto, y cantidad de integrantes de cada uno de los comités, obteniendo respuesta dentro de plazo legal, estimada como insatisfactoria por el reclamante, por cuanto sólo se le entregó parte de la información pedida, fundado en que los antecedentes denegados corresponden a datos personales conforme a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, razón por la cual se configuraría la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, denegación que constituye el fundamento del presente amparo. 2) Que, en efecto, el órgano requerido en su respuesta entregó parte de la información solicitada, específicamente proporcionó un listado con el nombre de 105 comités de allegados con fines habitacionales, indicando el número de integrantes que tenía registrado para cada uno de ellos, salvo respecto de 12 comités donde se informó que se está "A la espera de Nómina de socios", haciendo presente que deniega la restante información pedida, referida al nombre de los representantes de dichos comités, su números telefónicos y correos electrónicos u otros medios de contacto, por tratarse de antecedentes que afectan a terceros. En sus descargos, explicó que la información denegada constituye datos personales de acuerdo a los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, configurándose la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Finalmente, señaló que no realizó la comunicación a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Transparencia, debido al número de personas involucradas, dado que implicaba comunicarse con 105 representantes de comités de vivienda. 3) Que, el artículo 20 de la Ley de Transparencia señala que cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, en el plazo de dos días hábiles el órgano requerido debe comunicar a las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados. En el presente caso, el órgano reclamado no realizó la comunicación a los representantes de los comités de vivienda cuya información se solicita, de acuerdo al referido artículo 20 de la Ley de Transparencia, limitándose a justificar su denegación en base a la causal al artículo 21 N° 2 de dicho cuerpo legal. No obstante lo anterior, en atención al número de terceros potencialmente afectados con la entrega de la información pedida, que suman 105 personas, y actuando de conformidad a la atribución que el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, le confiere a este Consejo, se analizará si la entrega de la información afecta o puede afectar la esfera de la vida privada de los representantes de los comités de vivienda sobre la cual versa el requerimiento de información. 4) Que, conforme con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, la información solicitada que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado es pública, salvo que concurra alguna de las causales de reserva establecidas en la Constitución o en la ley. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse, acerca del fundamento de la denegación parcial por el órgano reclamado, y que impidió que el solicitante accediera a la entrega total de los antecedentes consultados, examinando por un lado lo referido al número de integrantes de 12 comités de vivienda que no se proporcionaron, y por otro, el nombre, teléfono y correos electrónicos u otros medios de contacto de los representantes de los comités de vivienda sobre que versa la solicitud. 5) Que, en primer término se debe tener presente que conforme a lo dispuesto en el decreto supremo N° 49, de 2011, de Vivienda, que aprueba reglamento del programa fondo solidario de elección de vivienda, reemplazado por el decreto supremo N° 105, de 2014, para efectos de la gestión de la demanda, el artículo 49 dispone que "Los SERVIU tendrán a su cargo un Sistema de Información y Gestión Territorial de la Demanda, a través del cual podrán identificar, cuantificar, caracterizar a las familias que requieran una solución habitacional, conocer su ubicación en el territorio e informar respecto de las alternativas de solución habitacional y de los requisitos de postulación. Lo anterior, con el objeto de garantizar a las familias el acceso a una adecuada información, además de otorgar a la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, antecedentes actualizados de la demanda habitacional existente en la región, permitiendo una mejor planificación y seguimiento del programa. El sistema comprende el acompañamiento de las familias hasta su vinculación a alguna de las alternativas de solución previstas en el presente programa, a través de una entidad patrocinante en los casos que corresponda.". 6) Que, respecto al número de integrantes de 12 comités de vivienda que no se proporcionaron en la respuesta, fundado que se estaba "A la espera de Nómina de socios", se debe tener presente que conforme ha resuelto previamente este Consejo, en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras, la inexistencia de la información solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. 7) Que, de los antecedentes examinados, particularmente de la gestión oficiosa de fecha 06 de junio de 2016, señalada en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, ocasión en que el órgano reclamado precisó que, los antecedentes del número de integrantes de los comités de vivienda que no se proporcionaron al solicitante, corresponden a información que no obraba en su poder tanto al tiempo de la solicitud de información, como al formular la respuesta, es posible determinar que el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región la Región de Arica y Parinacota ha sido consistente en señalar que realizadas las búsquedas respectivas, no ha encontrado la información requerida, razón por la cual a juicio de este Consejo resulta plausible la inexistencia alegada. Por lo expuesto, atendida las circunstancias de hecho invocada por el órgano reclamado, la actuación del mismo para comprobar dicha inexistencia, y no obrando en poder de este Consejo elementos que controviertan dicha situación, se rechazará el presente amparo en esta parte. 8) Que, por otra parte, respecto al nombre, teléfono y correos electrónicos u otros medios de contacto de los representantes de los comités de vivienda, de acuerdo a lo informado en virtud de la gestión oficiosa de fecha 02 de junio de 2016, señalada en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, se determinó que el órgano requerido sí posee la información reclamada, debido a que con ocasión del proceso de gestión de la demanda del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región la Región de Arica y Parinacota, se registra la información proporcionada por los distintos comités de viviendas existentes en dicha región, incluida la información referida al nombre, teléfono y correos electrónicos de los representantes de los comités de vivienda en cuestión. 9) Que, en este sentido, a juicio de este Consejo, el nombre, teléfono y correos electrónicos u otros medios de contacto de los representantes de los comités de vivienda sobre los cuales versa la solicitud de información, permiten establecer tanto el hecho que una determinada persona detenta el carácter de dirigente de un comité de vivienda, como los medios para comunicarse con ella, antecedentes que constituyen datos personales a la luz de la definición prevista en el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, en tanto se trata de información concerniente a una persona natural identificada o identificable. Luego, en principio, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4°, 7° y 20 de la citada ley, su comunicación sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello, circunstancia que no ocurre en el presente caso, razón por la cual no podría entregarse dicha información requerida sin afectar de un modo presente o probable o con suficiente especificidad los derechos de los terceros involucrados. 10) Que, asimismo, cabe consignar que conforme con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley N° 19.628 "los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público", de modo tal, que si un representante de un comité de vivienda proporciona su nombre, teléfono y correo electrónico u otros medio de contacto Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región la Región de Arica y Parinacota, es con la finalidad de gestionar la postulación de un grupo de personas al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, para eventualmente ser beneficiarios de dicho fondo, quedando por tanto su utilización restringida a ese ámbito, no pudiendo entregarse dicha información para otros fines sin la autorización expresa de su titular, circunstancia que como se señaló precedentemente no concurre en el presente caso. 11) Que, por lo expuesto, examinados los antecedentes del presente caso, a juicio de este Consejo los antecedentes reclamados constituyen datos personales, por lo que en ejercicio de la atribución que se le ha conferido en el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia, en orden a "velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado", se ordenará reservar la información requerida, y en consecuencia se rechazará el presente amparo en este punto, teniendo por configurada la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Marcelo Guarachi Álvarez, en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota, tanto respecto del número de integrantes de 12 comités de vivienda que no se proporcionaron, por resultar plausible la inexistencia alegada; como asimismo en relación al nombre, teléfono y correos electrónicos u otros medios de contacto de los representantes de los comités de vivienda sobre los cuales versa la solicitud de información, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Marcelo Guarachi Álvarez y al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Arica y Parinacota. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.