Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C798-16

Reclamante:	ALBERTO LABBE VALVERDE
Reclamado:
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de acceso que dice relación con lo referente a la "Carta de Banco Corpbanca que motiva respuesta de carta indicada en punto N° 2 precedente". El Consejo acoge el amparo, por no concurrir en la especie la causal de secreto o reserva invocada por el órgano.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/22/2016
Consejeros:	-José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1266-11 C39-12 C527-12 C306-13 C615-14 C2224-15
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C798-16 Entidad pública: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Requirente: Alberto Labbé Valverde Ingreso Consejo: 10.03.2016 En sesión ordinaria N° 712 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de junio de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C798-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de enero de 2016, don Alberto Labbé Valverde solicitó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la siguiente información: a) "Resolución N°198 de fecha 10 de octubre de 2008, emitida por la SBIF, con todos sus fundamentos normativos, jurídicos y doctrinarios, de conformidad a art. 4° y 5° (Ley de Transparencia)"; b) "Carta N°14398 de fecha 20 de noviembre de 2009, emitida por la SBIF, con sus fundamentos normativos, jurídicos y doctrinarios, de conformidad a art. 4° y 5° (Ley de Transparencia)"; c) "Carta de Banco Corpbanca que motiva respuesta de carta indicada en punto N° 2 precedente"; d) "Agenda del Superintendente Arriagada Morales comprendida entre los meses junio y diciembre de 2009, ambos inclusive"; e) "Copia de fundamentos (jurídicos y doctrinarios) de certificado adjunto, en particular lo referido en último párrafo en cuanto a la "tasa de interés corriente para operaciones en dólares de E.E.U.U. o expresadas en moneda extranjera pasa a denominarse tasa de interés corriente para operaciones "Expresadas en moneda extranjera"; f) "Copia de carta N° 9785 de fecha 4 de agosto de 2015, junto a los fundamentos jurídicos y doctrinarios, no técnicos, que motivan dicha respuesta"; g) "Fundamentos jurídicos, normativos y doctrinarios que fundamentan el hecho de que en el sitio web de la SBIF (enlace que indica) se utilizan formas distintas para el cálculo de las tasas relativas a "Operaciones expresadas en moneda extranjera", ya que cuando son menores a 2.000 UF aplican un 50% más en el interés máximo convencional (como lo permite la Ley 18.010) y en el otro caso aplican dos puntos adicionales en el cálculo del interés máximo convencional. En ambos casos lo permite la Ley, pero no se justifica el cálculo realizado"; y, h) "Respecto del punto 7, indicar criterio para variar el cálculo de dicha tasa (interés máximo convencional)". 2) RESPUESTA: El 22 de febrero de 2016, por medio de carta N° 2871, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras respondió a dicho requerimiento de información, señalando, en síntesis, que: a) En relación a lo solicitado en la letra a) anterior, estima innecesario remitir copia de la Resolución N° 198, toda vez que aquella fue acompañada por el requirente en su solicitud, encontrándose ya en su poder. En relación a los fundamentos normativos, jurídicos y doctrinarios tanto de hecho como de derecho de ésta, informa que ellos constan en sus vistos, correspondiendo al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° de la ley N° 18.010, el cual cita. b) En relación a lo solicitado en la letra b), estima innecesario remitirle copia de la carta N° 14398 de fecha 20 de noviembre de 2009, toda vez que fue acompañada por el requirente en su solicitud, encontrándose ya en su poder. Con todo, en relación a sus fundamentos, informa que ellos constan en el propio cuerpo de la carta, especialmente en lo referido al ejercicio de la facultad que el inciso primero del artículo 6° de la ley N° 18.010 entrega a la Superintendencia. c) En relación a lo solicitado en la letra c), se deniega su entrega, en virtud de la causal prevista en el artículo 21 N° 5 de la ley N° 20.285, en relación al artículo 7° de la Ley General de Bancos, la cual cita en extenso. Al efecto, indica que la norma precedentemente citada, es de aquellas que contemplaban una reserva legal de entrega de información con anterioridad a la incorporación del artículo 8° de la Constitución y la dictación de la ley N° 20.050, por lo que por mandato expreso de la disposición cuarta transitoria de la Carta Fundamental y artículo 1° transitorio de la antedicha ley, es considerada una ley de quórum calificado. Además, destaca que la referida reserva fue establecida en el año 1925, por las razones que se conservan hasta el día de hoy, cuales son, el interés nacional que fundamenta la supervisión que ejerce dicho organismo, la que responde a necesidades de orden público, mantener la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de los depositantes, el resguardo de los derechos de los supervisados y el debido cumplimiento de las funciones del órgano supervisor. Finalmente, indica que la invocación del artículo 7° de la Ley General de Bancos en relación la causal del artículo 21 N° 5 de la ley N° 20.285 ha sido ratificada por la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia Ingreso Corte 13.182-2013, en que señala que lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley General de Bancos "establece la reserva institucional sobre determinada información y no un simple deber de abstención de los funcionarios", por lo que hace aplicable la causal del artículo 21 N° 5 de la ley N° 20.285. d) En relación a lo solicitado en la letra d), indica que dicho organismo no cuenta con los antecedentes requeridos. e) En relación a lo solicitado en la letra e), señala que éstos obedecen a lo establecido en el primer inciso del artículo 6° de la ley N° 18.010, que otorga a la Superintendencia la facultad de determinar tramos de tasa de interés, distinguiendo el tipo de moneda (nacional o extranjera), la reajustabilidad, el plazo y el monto de los créditos. f) En relación a lo solicitado en la letra f), acompaña copia de lo solicitado, aclarando que no se refiere a una carta sino a un oficio remitido a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Asimismo, indica que sus fundamentos se encuentran explicados en la misma comunicación, toda vez que ello responde a lo consultado por la Ilustrísima Corte. g) Finalmente, en relación a lo solicitado en las letras g) y h), indica que ello no corresponde a otra cosa que el estricto cumplimiento de lo establecido en el inciso cuarto del artículo 6° de la ley N° 18.010, el cual cita. Agrega que dicha norma fue modificada por la ley N° 20.715, de 2013, y no corresponde a una decisión facultativa de dicho organismo -como sugiere-, sino a un imperativo legal que obedece a la aplicación de las condiciones objetivas establecidas en el texto antes citado. En ese mismo sentido, aclara que la frase "no podrá estipularse" se refiere a las convenciones que se establezcan entre las partes en una operación de crédito de dinero. 3) AMPARO: El 10 de marzo de 2016, don Alberto Labbe Valverde dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de acceso en lo que dice relación con la información requerida en la letra c) del N° 1 de lo expositivo (N° 3 de la solicitud). Junto a su amparo, el reclamante acompaña, los siguientes documentos: a) Copia de la solicitud de acceso y la respuesta entregada por la SBIF; b) Copia de escrito judicial presentado ante el Segundo Juzgado Civil de Temuco, en causa sobre juicio ejecutivo, caratulado "Banco Internacional con Agrícola Santa Fe", Rol N° 1040-2014. c) Copia de carta N° 14.396, de 20 de noviembre de 2009, suscrita por el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y dirigida al Sr. Gerente General de Corpbanca. d) Impresión de publicación efectuado en la sitio web www.sbif.cl, de 12 de mayo de 2014, en el que constan la Tasa de Interés Corriente y Máxima Convencional, vigente al 14 de octubre de 2013. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el amparo, y mediante Oficio N° 3.001, de 29 de marzo de 2016, confirió traslado al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, quien por medio de Ord. N° 585, presentado en esta sede el 18 de abril de 2016, evacuó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que: a) El documento cuya entrega se denegó fue enviado al Organismo por un banco, habiéndose por tanto tomado conocimiento del mismo en el desempeño de sus funciones. b) La causal de secreto o reserva esgrimida por esta Superintendencia al amparo del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, tiene su fundamento legal en la existencia del artículo 7° de la Ley General de Bancos, que por disposición expresa del artículo cuarto transitorio de la Constitución Política de la República y del artículo primero transitorio de la ley N° 20.285, tiene pleno vigor y debe entenderse que cumple con la exigencia de quórum calificado necesario para establecer secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política de la República. c) Hace hincapié en que la ley ha establecido (Art. 154 LGB) con precisión el secreto y la reserva bancaria respecto de los clientes de los bancos, pero no en relación con los bancos mismos. Por lo tanto, los empleados de la Superintendencia tienen estricta obligación de no revelar nada respecto de la situación de los bancos, por lo que no puede realizarse una excepción en el contexto de la solicitud del reclamante. En todo caso, continua, el artículo 14 de la Ley General de Bancos permite al Superintendente dar a conocer hechos incluso reservados, pero no secretos sobre las instituciones fiscalizadas, al Banco Central de Chile, al Ministro de Hacienda y al Consejo de Estabilidad Financiera, lo que se justifica porque ellos representan el interés del Fisco de Chile, en la estabilidad y solvencia del sistema bancario. d) Por otra parte, indica que la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia Ingreso Corte N° 13.182-2013, ha ratificado el criterio de la Superintendencia, señalando que el artículo 14 de la Ley General de Bancos, "al sindicar como destinataria a la Superintendencia en cuanto institución, desvirtúa la tesis de que el artículo 7° contenga un mero deber funcionario, pues expresamente señala y se define como una norma de excepción al artículo 7° de la Ley General de Bancos, de lo que se desprende claramente que esta última disposición establece la reserva institucional sobre determinada información y no un simple deber de abstención de los funcionarios", lo cual conduce a concluir que el deber de reserva establecido en el artículo 7 de la Ley General de Bancos hace aplicable la causal del artículo 21 N° 5 de la ley N° 20.285 para denegar la entrega de la información. Igualmente, hace presente que el Tribunal Constitucional, en sentencia Rol N° 2558-13, de 15 de enero de 2015, sostuvo (en su considerando 25°) que los informes y antecedentes de empresas privadas que sean entregados a organismos de fiscalización no están comprendidos en el principio de publicidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política, y por ende no se encuentran cubiertos por el derecho de acceso a la información establecido en la ley N° 20.285. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se encuentra circunscrito a la insatisfacción del reclamante con la respuesta entrega por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en lo que dice relación con lo solicitado en el literal c) del N° 1 de lo expositivo, esto es, copia de la carta remitida por el Banco Corpbanca a la SBIF y que habría motivado la Carta N° 14.398 de fecha 20 de noviembre de 2009 de dicha Superintendencia. 2) Que, en primer lugar, cabe hacer presente que este Consejo tuvo a la vista la Carta N° 14.398, la cual fue tenida por entregada por la reclamada al tenor de su respuesta a la solicitud de acceso, y en ella se indica expresamente: "En relación a su carta GG 11418/109 de 16 de noviembre de 2009, mediante la cual solicita se confirme la opinión del banco en relación a que esta Superintendencia, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 6° de la Ley N° 18.010, no determina el interés corriente ni en consecuencia el máximo convencional de las operaciones en moneda extranjera. / Sobre el particular, esta Institución confirma su conclusión. Al respecto, cabe indicar que desde el mes de noviembre del año 2002 este organismo no calcula el interés corriente de las operaciones en moneda extranjera. Hasta esa época, sólo se fijó el interés corriente para el dólar norteamericano, y no para el resto de las monedas aplicándose en la práctica esta libertad de interés para las obligaciones en esas monedas. En consecuencia actualmente la libertad de tasas de interés rige para las operaciones pactadas y pagaderas en cualesquiera de las monedas extranjeras existentes." (énfasis agregado). 3) Que, conforme al artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos que utilicen. En la misma línea, el artículo 5° de la Ley de Transparencia señala que, en virtud del principio de transparencia de la función pública, los documentos que sirvan de fundamento, de actos o resoluciones, son públicos, salvo las excepciones legalmente establecidas. Del mismo modo, declara pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones ahí señaladas. En aplicación de lo anterior, el documento requerido -Carta GG 11418/109 de 16 de noviembre de 2009, remitida por el Banco Corpbanca a la SBIF- y que es objeto del presente amparo, constituye fundamento del acto administrativo descrito en el considerando anterior, el que en principio es público, a menos que a su respecto la concurrencia de alguna causal de reserva legal. 4) Que, el órgano reclamado denegó el acceso a la información requerida invocando la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley General de Bancos (en adelante LGB) que dispone "Queda prohibido a todo empleado, delegado, agente o persona que a cualquier título preste servicios en la Superintendencia revelar cualquier detalle de los informes que haya emitido, o dar a personas extrañas a ella noticia alguna acerca de cualesquiera hechos, negocios o situaciones, de que hubiere tomado conocimiento en el desempeño de su cargo", agregando en su inciso segundo que "En el caso de infringir esta prohibición, incurrirá en la pena señalada en los artículos 246 y 247 del Código Penal". A juicio de la reclamada, dicha norma tendría el carácter de ley de quórum calificado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, en relación con la disposición cuarta transitoria de dicha Carta Fundamental y artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia. 5) Que, según lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, es posible denegar, total o parcialmente, el acceso a la información solicitada cuando una ley de quórum calificado la haya declarado reservada o secreta, de acuerdo a las causales señaladas en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política, esto es, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. 6) Que, en las decisiones de amparo Roles C1266-11, C39-12, C527-12, C306-13, C615-14 y C2224-15, entre otras, frente a la alegación sobre reserva de la información fundada en la citada disposición por parte de la reclamada, esta Corporación ha desestimado la aplicación del inciso 1° del artículo 7° de la LGB como causal de reserva, en relación con lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, pues ha razonado que dicha norma no puede conducir a una interpretación que suponga que todos los actos que emanen de los funcionarios de la SBIF o que los hechos, negocios o situaciones de que hubieren tomado conocimiento en el desempeño de su cargo sean secretos o reservados ya que ello invertiría, por vía interpretativa, la regla constitucional que exige al legislador establecer positivamente los casos de reserva y fundarlos en alguna de las causales del inciso 2° del artículo 8°. Además dicha norma no constituye en sí misma un caso de reserva, pues no otorga a los datos que indica el carácter de secretos o reservados sino que simplemente explicita un deber funcionario aplicable a las personas que, a cualquier título, presten servicios en la SBIF, sin habilitar a este órgano para fundar la denegación de información que obre en su poder y establecer una causal de reserva no contemplada en la ley. 7) Que sobre la materia resulta pertinente indicar que, según ha resuelto la Excma. Corte Suprema en Recurso de Queja Rol N° 6.663-2012, "La información solicitada y concedida parcialmente por el Consejo para la Transparencia se inserta en el derecho a conocer como cumple la SBIF su deber legal de fiscalizar a las empresas bancarias y financieras conformadas por agentes privados que entre otras funciones relevantes de orden público económico, intermedian monopólicamente -protección penal incluida-, la circulación del dinero, recogiéndolo del público mediante operaciones pasivas y proporcionándolo a través de múltiples y variadas operaciones activas plasmadas en contratos en serie realizados profesionalmente (artículo 39 de la Ley General de Bancos) (...) El bien jurídico tutelado con reserva legal -debido cumplimiento de las funciones del órgano-, a que se refiere el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política aunque no invocado explícitamente por la SBIF por prohibirlo el artículo 28 de la Ley de Transparencia N° 20.285 en relación con el artículo 21 N° 1 de la misma ley, no se advierte afectado en el presente caso sino más bien reforzado con la publicidad de la información requerida porque el acceso a la información pública ha llegado a conformar con motivo de la evolución legislativa e institucional descrita en el considerando séptimo precedente, una forma de control ciudadano para que la actuación de los órganos públicos, la confianza y fe pública que se deposita en el cumplimiento de sus obligaciones legales sean efectivamente legitimadas desde el punto de vista de lo que es una sociedad democrática" (considerando octavo de la citada resolución judicial). 8) Que, a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema, en autos Rol N° 10.474-2013 (igual criterio contenido en rol 6.663-2012), razonó: "(...) Como se advierte, es claro de la norma y su contexto que se trata de una infracción a una prohibición funcionaria que afecta a personas y no a la institución, consistente en revelar los informes, hechos, negocios o situaciones que conozca en el ámbito de su cargo, sancionada administrativa o penalmente según el caso, sin el alcance institucional que le atribuye la quejosa (...). Se trata entonces de una regulación jurídica que tiene como destinatarios a los funcionarios en las áreas de sus competencias propias con las referidas sanciones administrativas y/o penales en caso de infracción. La publicidad y la transparencia, en cambio, con su regulación jurídica actual, antes que a las personas se refieren a los órganos del Estado (Emilio Pfeffer, Reformas Constitucionales 2005. Antecedentes, Debates, Informes páginas 30 y 31), lo que confirman los artículos 4° y 14 de la Ley de Transparencia al formular una clara distinción entre funcionarios y autoridades institucionales (...)" (considerando 7°). Asimismo, indica: "Que, en efecto, atendido lo razonado y el rango constitucional del principio [de publicidad], las excepciones a la publicidad que se contemplan en el artículo 8° inciso 2° refuerzan lo que son: excepciones limitadas a las causales en él referidas sin que pueda sostenerse en el presente caso que el citado artículo 7 de la Ley General de Bancos sea un caso de reserva de información pública de aquellas contempladas en dicha norma constitucional sino más bien un deber funcionario como muchos otros orientados a la protección del bien jurídico ‘recta administración del Estado (...)" (considerando 9°). 9) Que, por tanto, cabe concluir que la disposición legal en que se basa la reserva de la información por parte del órgano reclamado, no constituye una causal de reserva o una excepción al deber de publicidad en los términos de lo dispuesto en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, razón por la cual, se procederá a rechazar la causal de reserva invocada. Sin perjuicio de lo anterior, descartada la hipótesis de reserva planteada, y atendidas las alegaciones del Servicio contenidas tanto en su respuesta como en sus descargos con respecto al sentido y alcance del citado artículo 7° de la LGB, procede considerar sus argumentos, pero reconduciéndolos hacia una eventual afectación del debido cumplimiento de sus funciones, debiendo analizarse, por ende, la procedencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, de modo genérico. 10) Que, al respecto, de los antecedentes del caso, en especial el tenor del acto administrativo -carta N° 14.398 de la SBIF- a que se refiere el considerando 2° anterior, a juicio de este Consejo, el documento que le antecedente no tiene por objeto dar a conocer información secreta o al menos referida a la situación de la institución fiscalizada que emitió el documento -Banco Corpbanca- como indica la reclamada, sino solo obtener un pronunciamiento por parte de la SBIF respecto de una materia que forma parte de su ámbito de competencias, en la especie, la determinación de intereses corriente y máximo convencional de las operaciones de moneda extranjera, al tenor del artículo 6° de la ley N° 18.010. Luego, el pronunciamiento contenido en la carta N° 14.398 habría sido efectuado por la Superintendencia a consecuencia del ejercicio -por parte de Corpbanca- del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el artículo 12 de la LGB, en el cual se señala expresamente que "(...) la facultad de fiscalizar comprende también las de aplicar o interpretar las leyes, reglamentos y demás normas que rijan a las empresas vigiladas.". En tal sentido, la divulgación del documento requerido, que es fundamento de la carta N° 14.398 de la SBIF, no significaría en ningún caso vulnerar los artículos 14 y 154 de la LGB o eventualmente afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, por cuanto, más allá de las alegaciones efectuadas, la reclamada no aportó antecedente alguno que acredite que en dicha carta se contenga información reservada, sensible o que al menos diga relación con la situación del banco peticionario. Al respecto, cabe recordar que corresponde al afectado por la publicidad de la información requerida (en este caso la SBIF), acreditar de qué forma la publicidad de los antecedentes solicitados perjudican el bien jurídico protegido por la reserva, que correspondería en este caso al debido cumplimiento de las facultades de la reclamada (particularmente aquellas relacionadas con sus potestades fiscalizadoras), cuestión que en la especie no se verifica. Lo anterior, lleva a desestimar también, aun cuando no fuere alegado explícitamente por el órgano, una eventual afectación al debido cumplimiento de sus funciones, contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. 11) Que, finalmente, sobre lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en Recurso de Queja tramitado bajo el Rol N° 13.182-2013, este Consejo advierte que, a diferencia de la naturaleza de la información requerida en el caso objeto del presente amparo, la Corte estimó en su oportunidad que la información ordenada entregar por la decisión de amparo Rol C306-13, estaba cubierta por la causal invocada del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en atención a consideraciones de "interés general", circunstancia contemplada en uno de los cuatro supuestos previstos en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, en atención, específicamente a que "(...) la información solicitada puede comprometer la eficacia de la fiscalización que desarrolla la Superintendencia, desde que a partir de ella puede elaborarse un completo análisis de los criterios y estrategias de revisión de los entes sujetos a su control. No se trata de información inocua o meramente estadística relativa al funcionamiento de un servicio público, sino que tiene directa relación con la actividad de fiscalización que despliega la Superintendencia para el adecuado funcionamiento del mercado bancario y financiero" (considerando octavo). Sobre dicho argumento, cabe hacer presente que en ese caso la información requerida corresponde, en síntesis, a una carta que ha servido de fundamento para la dictación posterior de un acto administrativo específico. En este sentido, esta Corporación estima que en la especie, no resulta plausible atender a razones de "interés general", circunstancia contemplada en uno de los supuestos previstos en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental para reservar la información, cuestión que, aún es más, escapa a las alegaciones vertidas por la reclamada en el presente amparo, por lo que dicho razonamiento no procede ser aplicado por analogía en este caso, en que la naturaleza y contexto de la información requerida, son distintos de aquel que fundare el pronunciamiento de la Excma. Corte Suprema. 12) Que, en consecuencia, esta Corporación rechazará la aplicación de la norma invocada por la reclamada como causal de secreto o reserva, y se acogerá, en consecuencia, el presente amparo ordenándose a la SBIF hacer entrega a don Alberto Labbe Valverde de copia del documento requerido. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Alberto Labbe Valverde, de 10 de marzo de 2016, en contra de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, por no concurrir en la especia la causal de secreto o reserva invocada por el órgano, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras: a) Hacer entrega al reclamante de copia de carta GG 11418/109, de 16 de noviembre de 2009, remitida a dicho organismo por Banco Corpbanca y que sirvió de fundamento a la carta N° 14.398, de 20 de noviembre de 2009, emitida por la reclamada. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alberto Labbe Valverde y al Sr Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Marcelo Drago Aguirre. El Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza concurre al presente acuerdo, pero no firma esta decisión por haber participado en la sesión mediante el sistema de teleconferencia. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.