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DECISIÓN AMPARO ROL C812-16</p>
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Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación</p>
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Requirente: Paloma García Pertuiset</p>
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Ingreso Consejo: 11.03.2016</p>
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En sesión ordinaria N° 715 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de junio de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C812-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de febrero de 2016, doña Paloma García Pertuiset, solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación -en adelante e indistintamente Registro Civil-, la nómina completa de personas inhabilitadas para trabajar con niños, inscritos hasta hoy, con nombre, apellido y Run.</p>
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2) RESPUESTA: El Registro Civil, mediante carta No 86 de 23 de febrero de 2016, informó al requirente en síntesis que no le era posible acceder a la entrega de los antecedentes en el modo planteado. Lo anterior, de conformidad a lo previsto en la ley N° 20.594, la cual dispone un procedimiento para obtener la información pedida.</p>
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3) AMPARO: El 11 de marzo de 2016, doña Paloma García Pertuiset, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Registro Civil, fundado en la denegación de la información solicitada. Agregó, en síntesis que la información pedida formaba parte de un registro público, cuyo contenido debía estar a disposición de todos los interesados.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el referido amparo y, mediante Oficio N°3.087, de 30 de marzo de 2016, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.</p>
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El Director Nacional, evacuó sus descargos y observaciones mediante el Oficio N° 251, de 25 de abril de 2016, señalando en síntesis lo siguiente:</p>
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a) El Registro Público consultado no es una fuente de libre acceso público como entiende la reclamante. Para tener acceso a su contenido, se debe seguir el procedimiento previsto en la ley N° 20.594.</p>
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b) Por ello "la respuesta entregada por el Servicio no puede calificarse de denegatoria, toda vez que ella se limita a informar el mecanismo que el propio legislador establece para efectos de acceder a la información solicitada. Por ello, no se invocó una causal de reserva o secreto en particular, por cuanto ha sido el propio legislador el que ha ponderado, a través del régimen normativo citado, la publicidad o reserva relativa de la información, disponiendo de un mecanismo restringido para su conocimiento".</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que en cuanto al fondo del presente amparo, resulta pertinente tener presente los siguientes cuerpos normativos:</p>
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a) El decreto ley N° 645, de 28 de octubre de 1925, sobre registro general de condenas (modificado por la Ley N° 20.594 de 19 de junio de 2012), dispone en su artículo 6 bis que "Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar que se le informe o informarse por sí misma, siempre que se identifique, si una persona se encuentra afecta a la inhabilitación establecida en el artículo 39 bis del Código Penal, con el fin de contratar a una persona para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores de edad, o cualquier otro fin similar». Ante dicha consulta, la reclamada «se limitará a informar si a la fecha de la solicitud la persona por quien se consulta se encuentra afecta a alguna de las inhabilidades del artículo 39 bis del Código Penal y omitirá proporcionar todo otro dato o antecedente que conste en el registro. Para acceder a dicha información, el solicitante deberá ingresar o suministrar el nombre y el número de Rol Único Nacional de la persona cuya consulta se efectúa. Un reglamento establecerá la forma y las demás condiciones en que será entregada la información" (énfasis agregado).</p>
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b) El Decreto N° 475, de 10 de octubre de 2012, que fijó el reglamento de la sección especial sobre inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos educaciones o con menores de edad, preceptúa en su artículo 5° que "cualquier persona natural o jurídica, podrá consultar la sección especial de inhabilitaciones, a través de internet, ingresando a la página web del Servicio www.registrocivil.cl (...)".</p>
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c) La ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada dispone en su artículo 2° letra i) que se entenderá por fuentes accesibles al público los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes. En tal sentido, el artículo 7° del cuerpo legal en análisis, agrega que "las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público (...)".</p>
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2) Que del referido marco normativo, se colige que la reclamada posee un registro de personas inhabilitadas para desempeñarse y ejercer cargos, empleos, oficios y profesiones que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. En tal sentido, cabe agregar que la circunstancia de que la información pedida en la solicitud de acceso que motivó el presente amparo se encuentre contenida en un registro público cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos, excluye la posibilidad de considerar a dicho registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i) de la ley N°19.628. En efecto, a pesar que la información solicitada obre en poder de la Administración y cualquiera pueda acceder a ella mediante un procedimiento de solicitud por medio del portal electrónico del Registro Civil, de eso no se sigue que el legislador haya considerado que los datos que se consignan en dicho registro, por público que éste sea, provienen de una fuente accesible al público como si hubiera pretendido asimilar ambas expresiones en los términos de la ley N°19.628. Esta es la inteligencia que ha dado este Consejo a esta norma en el voto de mayoría de su decisión C1335-13 y luego en voto unánime en su decisión C1370-14.</p>
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3) Que, así las cosas, no obstante encontrarnos ante un registro que puede ser consultado por cualquier persona, la información relativa a la prohibición para ejercer labores que impliquen tomar contacto con menores de edad, se entrega en forma individual y en base al suministro previo de determinados datos, tales como el nombre y RUN. En consecuencia, el legislador ha fijado un régimen especial de acceso a la información que obra en el registro en comento, y a ese régimen debe estarse. De este modo, el solicitante no puede utilizar la Ley de Transparencia para acceder a la información contenida en éste y obviar, de esta manera, la exigencia de proporcionar previamente ciertos datos para obtener la información que allí se encuentra.</p>
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4) Que conforme con lo razonado precedentemente, y habiéndose informado por la reclamada a doña Paloma García Pertuiset, la forma en que puede acceder a los datos consultados en su requerimiento de información, dicho organismo ha cumplido con su deber de informar de conformidad a lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, razón por la cual, se desestimará el presente amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por doña Paloma García Pertuiset, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, toda vez que informó oportunamente sobre lo requerido, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y la Directora Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación y a doña Paloma García Pertuiset.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, concurre al presente acuerdo, pero no firma esta decisión por haber participado en la sesión mediante el sistema de teleconferencia.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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