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<strong>DECISIÓN REPOSICIÓN AMPARO Nº A146-09 </strong></p>
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Entidad pública: Universidad de Atacama</p>
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Requirente: Elena Cortés Videla</p>
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Ingreso Consejo: 30.06.2009</p>
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En sesión ordinaria N° 115 de su Consejo Directivo, celebrada el 30 de diciembre de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del recurso de reposición administrativo deducido el 2 de octubre de 2009 por doña Elena Celinda Cortes, en contra de la decisión recaída en el amparo Rol A146-09, de 1° de septiembre de 2009.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.F.L. N° 151/1981, del Ministerio de Educación, que establece el estatuto de la Universidad de Atacama; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) Solicitud de Acceso: Con fecha 5 de mayo de 2009, doña Elena Cortés Videla solicitó al Sr. Rector de la Universidad de Atacama, el certificado de egreso y el certificado o concentración de notas del ex alumno de la carrera de Derecho, Sr. Luis Nehme Boggioni, acompañando un sobre con la suma de $ 8.000.-, en dinero efectivo, para el pago de los impuestos que correspondan.</p>
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2) Respuesta: El 8 de junio de 2009, el Secretario General (S) de la Universidad reclamada, mediante correo electrónico, respondió la solicitud de información, señalando, en resumen, lo siguiente:</p>
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a) Que, por versar su solicitud sobre información considerada de carácter personal, la Universidad informó al Sr. Nehme Boggioni el derecho que le asiste de oponerse a la exhibición de la información requerida, quien no dedujo oposición alguna.</p>
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b) Que su solicitud escapa a la obligación que impone la ley y la Constitución, pues si bien tales normas obligan la entrega de la información requerida, dicha obligación en ningún caso pone a la reclamada en la necesidad de emitir certificados u otros documentos. Por lo tanto, la solicitante puede acceder a los documentos que constan en los archivos de la Universidad, pero no requerir documentos que deben ser confeccionados al efecto, tales como certificados o concentraciones de notas, pues ello excede a la obligación de publicitar los actos y procedimientos existentes al interior de la Universidad.</p>
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c) Que, en lo relativo a los antecedentes académicos del Sr. Nehme Boggioni, se le comunica a la solicitante que ellos constan en su ficha curricular, la que puede ser exhibida si la reclamante lo solicita, cumpliéndose con ello la obligación de permitir el acceso a la información solicitada.</p>
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3) Amparo: Con fecha 30 de junio de 2009, la solicitante reclamó ante este Consejo el amparo a su derecho de acceso a la información pública, fundada en que el órgano reclamado dió una respuesta negativa a su solicitud. Al respecto, entre otras alegaciones, las que no son objeto de la presente reposición, señaló que los documentos solicitados son instrumentos públicos, otorgados y confeccionados en forma habitual para acreditar la calidad que detenta un alumno o ex alumno de la Universidad de Atacama.</p>
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4) Téngase presente: En presentación de fecha 17 de julio de 2009, la reclamante solicitó a este Consejo tener presente que el D.F.L. N° 151/1981, del Ministerio de Educación, que establece el estatuto de la Universidad de Atacama, señala que ésta podrá otorgar aquellos certificados que acrediten conocimientos impartidos por la Universidad y podrá determinar los derechos que deben ser pagados por cualquier persona o clases de personas por matrícula, servicios prestados por los funcionarios, por exámenes, entre otros.</p>
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5) Descargos y observaciones del órgano reclamado: El 25 de agosto de 2009, la Rectora Subrogante de la Universidad de Atacama evacuó el traslado del precitado amparo, señalando, en resumen, lo siguiente:</p>
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a) Que el Decreto Exento UDA Nº 560/2001, modificatorio del Decreto Exento UDA Nº 168/1999, introduce a este último cuerpo normativo el artículo 11 bis, mediante el cual se establece que «En las solicitudes y tramitaciones de certificados exentos de impuesto universitario, no se exigirá "constancia de no deuda"».</p>
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b) Que la Universidad de Atacama, mediante Resolución Exenta N° 27, de 14 de enero de 1998, modificada por las Resoluciones exentas N° 563 y N° 583, ambas de 2001, establece cual es la documentación otorgada que requiere del pago de impuesto universitario y aquella que se exime de aquél, no encontrándose dentro de los documentos eximidos los solicitados por la reclamante.</p>
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c) Que, siendo los documentos solicitados de aquéllos que requieren el pago de impuesto universitario en forma previa a su otorgamiento, para su emisión se debe acreditar que el alumno de quien se expide tal información no mantiene deuda alguna con esta Institución, cuestión que no concurre en la especie. Al respecto, se acompaña información de la deuda vigente del Sr. Nehme Boggioni con la Universidad de Atacama, la que asciende a la suma de $ 11.527.078.-.</p>
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d) Que estima que la Universidad ha dado cumplimiento a entrega de la información, toda vez que en su respuesta a la solicitud de información, autorizó a la reclamante a acceder a las actas y antecedentes curriculares del Sr. Nehme Boggioni, pero no se le puede exigir la exhibición y entrega de documentación inexistente en sus registros, como sería exigir la emisión de certificados u otra documentación cuando no se cumplen los presupuestos reglamentarios fijados por la Universidad.</p>
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e) Que la Universidad ha dado cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, toda vez que le señaló a la solicitante el documento, lugar y forma en que ésta puede tomar conocimiento de los antecedentes académicos con los que cuenta la institución.</p>
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f) Que al no existir en sus registros un certificado de egreso del Sr. Nehme, ni una planilla de concentración de notas que puedan ser exhibidos o entregados a la solicitante, pues tales documentos deben ser confeccionados a requerimiento del alumno o su mandatario, cuando cumplan con los requisitos que establece la norma administrativa de la Universidad, no se puede entender que en virtud de la Ley de Transparencia esta institución se encuentre obligada a emitir tal documentación cuando no se verifican los requisitos de la normativa interna.</p>
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6) Decisión: En sesión ordinaria N° 81, celebrada el 1° de septiembre de 2009, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia resolviendo el amparo por denegación de acceso a la información Rol A146-09, acogió la reclamación interpuesta por doña Elena Celinda Cortés Videla en contra de la Universidad de Atacama y declaró que la obligación de informar que pesa sobre la reclamada ha sido cumplida, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Las consideraciones por las que se acogió dicho amparo y respecto de las cuales se ha presentado un recurso de reposición administrativo, son, en síntesis, las siguientes:</p>
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a) Que la reclamada indica en su respuesta que la información solicitada se encuentra en la ficha curricular del alumno, está disponible en medios impresos y a disposición de la recurrente en las dependencias de la Universidad, circunstancia que se le comunicó a la reclamante para efectos del ejercicio de su derecho de acceso a la misma.</p>
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b) Que el artículo 15 de la Ley de Transparencia señala lo siguiente: “Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar”.</p>
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c) Que una cosa es declarar el acceso a una información y otra obligar a la reclamada a emitir uno de los certificados solicitados. Por lo mismo, en este caso se entiende que al señalar uno de los medios del artículo 15 de la Ley de Transparencia la reclamada ha cumplido con su obligación de informar.</p>
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7) Reposición: Con fecha 2 de octubre de 2009, doña Elena Celinda Cortes, representada por don Osvaldo Solís Mansilla, ha deducido recurso de reposición en contra de la precitada decisión, solicitando a este Consejo dejar sin efecto aquella parte de la resolución que declara que la obligación de informar que pesa sobre la reclamada ha sido cumplida de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Transparencia y, consecuentemente, resuelva ordenar la entrega de la información solicitada por la reclamante. Al respecto, señala como fundamentos de su reposición:</p>
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a) Que la decisión infringe lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, pues éste establece que “[e]n caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados…” Norma que, según indica el recurrente, quiere decir que la ley establece que se pueden solicitar documentos, documentos que, en este caso, tienen el carácter o naturaleza jurídica de públicos, motivo por el cual su entrega no puede ser condicionada, ni menos negada por el órgano.</p>
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b) Que los documentos solicitados existen, toda vez que en la resolución que determina los impuestos universitarios consta que la Universidad de Atacama cobra derechos por expedir certificados de título, de calificaciones, de egreso y otros, lo que sería coincidente con la solicitud de información de la recurrente. Por tanto -señala la recurrente-, dicha resolución controvierte todo lo expuesto por la recurrida, en cuanto no dispone de los certificados solicitados.</p>
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c) Que, en sus descargos, la Universidad señala que, de acuerdo a su normativa interna, la deuda que mantiene con ella el Sr. Nehme Boggioni importaría la causa para denegar la entrega de los certificados requeridos. Sobre el particular, la recurrente señala que dicho argumento no puede constituir una excusa para denegar el acceso a la información, por las siguientes razones:</p>
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i. La Universidad posee otros mecanismos legales para ejercer las acciones de cobro de sus acreencias;</p>
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ii. La denegación fundada en la normativa interna de la Universidad entraría en colisión con ley, debiendo primar la Ley de Transparencia.</p>
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iii. Hace presente que resolviendo un recurso de protección presentado por un ex alumno de la Universidad Arturo Prat en contra de dicha casa de estudios superiores, la I. Corte de Apelaciones de Iquique ha resuelto acoger dicho recurso, ordenando a la Universidad dar curso a la tramitación pertinente para la extensión de los certificados que justifiquen la calidad de licenciado en ciencias jurídicas del recurrente, toda vez que ha considerado “[q]ue en tales condiciones, esta negativa de la recurrida constituye un acto arbitrario, toda vez que dicha actitud no aparece justificada razonablemente, pues lo cierto es que para el resguardo y protección del crédito que mantiene el recurrente, cuenta con el derecho a ejercer las acciones que confiere la ley, autorizándose, en el caso del crédito universitario, incluso la retención de determinados montos de la devolución de impuestos a la renta que fuere procedente. [...] Asimismo, porque no obstante la existencia de la deuda, por ningún motivo puede afectar, en la forma que lo pretende, el derecho de propiedad invocado por el recurrente, que se halla garantizado constitucionalmente, no pudiéndose admitir como legítimo el proceder de la recurrida, que constituye una presión impropia, dada la evidente desproporcionalidad entre los motivos y fines que persigue y los derechos que se han visto amargados” (Corte de Apelaciones de Iquique, Rol N° 247-2009, 17 de junio de 2009, Considerando 5°). Sentencia que habría sido acogida por la Excma. Corte Suprema, eliminando el párrafo segundo del precitado considerando y el considerando sexto de la misma, resolviendo que se tiene, en su lugar y además, presente: “1°) Que la conducta recurrida carece de fundamentación racional, por lo que cabe calificarla de arbitraria. 2° Que, por otra parte, con semejante comportamiento se ha discriminado a la actora, afectando la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el numeral segundo del artículo 19 de la Constitución Política; lo que amerita otorgar la protección solicitada” (Corte Suprema, Rol N° 4410-09, 12 de agosto de 2009). Agrega el reclamante, que en igual sentido se habría pronunciado la Corte Suprema en causas roles N° 5861-2009 y 5137-2009, ambos interpuestos, en los mismos términos, en contra la Universidad Arturo Prat.</p>
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d) Que, teniendo presente que la recurrente ha pagado los impuestos cobrados por la Universidad para obtener los certificados requeridos, la decisión de este Consejo vulneraría lo dispuesto en el artículo 2, número dos y cuatro, del D.F.L. N° 151/1981, del Ministerio de Educación, que establece el estatuto de la Universidad de Atacama, por cuanto en ellos se dispone que “[l]a Universidad podrá otorgar grados, diplomas y certificados que acrediten conocimientos y expedir los instrumentos en que ello conste, como otorgar los títulos profesionales que correspondan”; y que ésta “podrá determinar los derechos que deben ser pagados por cualquier persona o clases de personas, (…) por admisión a cualquier grado o título de grado, o para propósitos de la Universidad en general”.</p>
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e) Que la decisión infringiría el principio de facilitación, consagrado en el art. 11, letra f, de la Ley de Transparencia, toda vez que se exige a la recurrente apersonarse para revisar materialmente las actas de notas del Sr. Nehme, lo que resultaría prácticamente imposible, pues dichas actas contienen las calificaciones de miles de estudiantes de la Universidad de Atacama y la solicitud de información se refiere a calificaciones obtenidas en cerca de 60 ramos cursados por el Sr. Nehme, durante 5 años de carrera universitaria. Por tanto, la pretensión de que la información sea entregada mediando la búsqueda de la solicitante y en forma parcializada y fragmentada, contraviene el citado principio.</p>
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f) Que lo resuelto por este Consejo, en cuanto a declarar que la obligación de informar que pesa sobre la reclamada ha sido cumplida conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Transparencia, contraviene el artículo 17 del mismo cuerpo legal. Lo anterior, en base a las siguientes consideraciones:</p>
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i. Porque la información solicitada no se encuentra permanentemente a disposición del público: prueba de ello sería que cuando la recurrente se apersonó en la Universidad para solicitar los documentos requeridos, no se le hizo ninguna mención a la posibilidad de acceder a esa información “examinando” registros que se encuentren a disposición del público.</p>
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ii. Porque la información no se encuentra en medios impresos, tales como libros, compendios, folletos o archivos públicos de la Administración: lo que se encuentra acreditado cuando la propia Universidad, al comunicar al Sr. Nehme su derecho de oposición a la entrega de la información solicitada, califica la información solicitada como “datos de uso exclusivo de esta institución”. Por tanto, siendo reconocido por la Universidad que los datos son de su uso exclusivo, resulta obvio que no están permanentemente a disposición del público.</p>
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iii. El artículo 17 de la Ley de Transparencia establece que “[l]a información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles”; y, por su parte, siendo la confección de los certificados solicitados una de las funciones primordiales de la Universidad y habiendo la solicitante acompañado oportunamente la suma necesaria para el pago de las estampillas de impuesto cobrados por esa Casa de Estudios, no existirían costos excesivos o gastos imprevistos que impidan obtener los certificados solicitados. Así como tampoco correspondería negarlos, toda vez que su generación es parte de la propia función de la universidad.</p>
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8) Traslado de la reposición: Mediante Oficio N° 726, de 9 de octubre de 2009, se notificó el recurso de reposición interpuesto y se confirió traslado al rector de Universidad de Atacama, el que fue evacuado el 4 de noviembre de 2009 por doña Gabriela Prado Prado, Rectora (S) de la Universidad, quien solicitó rechazarlo, en base a los siguientes argumentos:</p>
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a) Señala que en cuanto a la aplicación del artículo 13 de la Ley de Transparencia, del tenor literal de la norma se apreciaría sin mayor esfuerzo que la intención del legislador dista sustancialmente del sentido que pretende darle el recurrente, pues ésta norma se refiere a los casos en que los documentos no se encuentran en una repartición pública, sino en otra diversa, pero en ningún caso pone a la administración en el imperativo de crear el documento público que se solicita.</p>
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b) Que ni el artículo 8° de la Constitución ni las normas de la Ley de Transparencia obligan al órgano público de que se trate a emitir un certificado y documentación inexistente, sino a mostrar los documentos que se encuentran en sus archivos o que son fundamento de un acto administrativo.</p>
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c) En lo relativo a la impertinencia en la denegación de la documentación fundado en la negativa de concurrir al pago de las prestaciones educacionales que la Universidad de Atacama entregó, el recurrente fundamenta su presentación en el fallo de un recurso de protección acogido por la I. Corte de Apelaciones de Iquique, argumento que merece las siguientes consideraciones:</p>
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i. Esta jurisprudencia vendría en confirmar que el Consejo para la Transparencia no es la sede jurisdiccional idónea para conocer del requerimiento que pretende la recurrente para evitar el pago de obligaciones.</p>
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ii. Que del análisis de la jurisprudencia citada se aprecia que la referida protección de derechos fundamentales se refirió a la supuesta conculcación del derecho de propiedad, ámbito del derecho que ninguna relación guarda con lo debatido ante este Consejo. Además, el titular del posible derecho de propiedad, según desprende de autos, no es la reclamante, sino el Sr. Nehme Boggiono, por lo que es inapropiado que se pretenda la analogía de dos circunstancias que desde el punto de vista procesal y de hecho son tan disímiles.</p>
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d) Por otra parte, señala que la Universidad posee una normativa interna que debe respetar, normas que en consideración a la naturaleza del órgano que las emite son de carácter público, no existiendo en la actualidad ningún antecedente que se refiera a su ineficacia o ilegalidad. En ese sentido, en su actuar, la Universidad habría dado cumplimiento tanto a su normativa interna como a la Ley de Transparencia, pues se ha pretendido permitir el acceso a la información de que dispone, sin que ello implique vulnerar otras normas, deberes funcionarios o el interés superior de la Universidad.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, sobre la supuesta infracción de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, según consta del tenor literal de la norma, el objeto del legislador ha sido regular la derivación de una solicitud de información por parte de un órgano de la Administración del Estado a otro, en aquellos casos en que el órgano requerido no sea competente para ocuparse de ella o no posea los documentos solicitados, encontrándose obligado el respectivo órgano a enviar dicha solicitud al órgano competente. Por lo tanto, su aplicación al caso recurrido resulta improcedente, toda vez que la Universidad de Atacama no ha negado su competencia respecto de la información requerida, sino que la entrega de la misma, en tanto supone que la solicitud de certificados de egreso y de concentración de notas no le es exigible a través del procedimiento de acceso a la información pública, contemplado en la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, respecto de la existencia de los certificados de egreso y concentración de notas solicitados por la recurrente, de los antecedentes presentados a este Consejo no consta la existencia material de los mismos en la actualidad. Por el contrario, la reglamentación interna de la Universidad ha normado el procedimiento de tramitación de estos certificados, estableciendo los valores a cobrar para dar lugar a su tramitación interna y, al respecto, en su respuesta de fecha 5 de agosto de 2009, la Universidad de Atacama ha señalado que “no existe en sus registros un certificado de egreso del Señor Nehme, ni una planilla de concentración de notas que puedan ser exhibidos o entregados, pues tales documentos deben ser confeccionados a requerimiento del alumno o su mandatario cuando cumpla con los requisitos que establecen las normas administrativas de esta caso de estudios superiores”.</p>
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3) Que, como señaló este Consejo en la decisión recurrida, “una cosa es declarar el acceso a una información y otra obligar a la reclamada a emitir uno de los certificados solicitados”, no correspondiendo a este Consejo exigir la elaboración de estos últimos. No obstante, a efectos de la resolución del caso, resulta conveniente distinguir entre la solicitud de certificación regulada por normas especiales y la certificación de la información entregada en virtud de la Ley de Transparencia. Al respecto, sirven como elementos para esta distinción, los siguientes antecedentes:</p>
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i. Sobre la determinación de si al amparo de la Ley de Transparencia es posible solicitar copia autorizada de un documento en poder del Estado. Este Consejo ha señalado en su decisión A243-09: “Que el artículo 17 de la Ley de Transparencia establece que la información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado. A su turno, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su 22° Edición, define forma como la “configuración externa de algo” (Considerando 5°); “Que, en este caso, este Consejo estima que la información pública que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado puede solicitarse en original, en copia simple o en copia autorizada. Esto, toda vez que la autorización de las copias es la única manera de demostrar de manera indubitada el origen de la información ante terceros” (Considerando 6°); “Que, por otra parte, el otorgar copia de forma autorizada protege al órgano requerido de un mal uso de los documentos y a los requirentes, de su validez frente a terceros” (Considerando 8°); y, por último, “Que, además, en el caso que nos ocupa no se considera que el otorgar una copia certificada de un solo documento pueda constituir un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, razón por la cual deberá entregarse la información de la forma requerida, vale decir, como copia autorizada de dicha Resolución” (Considerando 9°).</p>
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ii. Por otra parte, debe tenerse en consideración que la jurisprudencia comparada en materia de acceso a la información, en particular, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de México (IFAI), ha sostenido el siguiente criterio relacionado con la materia que nos ocupa, el cual puede observarse en el Informe del año 2003-2004, presentado al Congreso de la Unión: “La Ley establece en su artículo 40 que el solicitante puede elegir copias certificadas como modalidad de entrega de la información. Sin embargo, la certificación de documentos se encuentra también regulada en diversos ordenamientos de naturaleza notarial y administrativa. Por una parte, en materia notarial se establecen reglas conforme a las cuales debe realizarse toda compulsa, a fin de que el instrumento de que se trate tenga validez legal, por lo que sólo se puede certificar lo que haya sido copiado de documentos originales y se haya compulsado. En el ámbito administrativo, no todas las unidades, organismos, entidades y servidores públicos cuentan con facultades de certificación; en la mayoría de los casos se requiere de un acuerdo delegatorio expreso que le confiera tal facultad. El Instituto ha resuelto que, para favorecer el principio de la publicidad y dada la facilidad actual de reproducir fotocopias o emitir duplicados electrónicos de cualquier documento, la certificación en los términos de la LFTAIPG es equivalente a cotejar y compulsar los documentos entregados con aquéllos que obren en los archivos de la dependencia o entidad. Este criterio implica que, en el ámbito de la Ley, la certificación se refiere a hacer constar que los documentos que se entregan son idénticos a aquellos que se encuentran en el archivo de la dependencia o entidad. No obstante, el Instituto no se ha pronunciado respecto a la calidad de la copia en tanto prueba documental ante cualquier autoridad, al estimar que corresponderá debidamente a la misma, admitir o desecharla. Se ha advertido que los particulares solicitan al abrigo de la Ley documentos que les son de legítima utilidad, en muchos casos como pruebas en controversias legales; en este sentido, el Instituto asume con toda responsabilidad la obligatoriedad de las resoluciones o pronunciamientos que al efecto emita el Poder Judicial”.</p>
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4) Que, respecto de la información que es solicitada a los órganos de la Administración en los términos de la Ley de Transparencia, este Consejo considera que respecto de ella puede requerirse la certificación de que los documentos entregados son idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano de la Administración, lo que ha sido denominado como “solicitud de copia autorizada”, y que se encuentra amparada por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y su disposición acerca de que la información sea entregada “en la forma y por el medio que requirente haya señalado”. No obstante, debe indicarse que tal certificación debe distinguirse de aquella solicitud de certificados cuya elaboración se encuentra regulada por normas especiales y, por ende, por disposiciones diversas a las contempladas por la Ley de Transparencia.</p>
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5) Que, habiendo determinado que la emisión de los certificados solicitados por la reclamante no constituye información cuya entrega -y certificación- se encuentre amparada en los términos del artículo 17 de la Ley de Transparencia, en consideración a las funciones y atribuciones encomendadas a este Consejo en el artículo 33 de la Ley de Transparencia, no corresponde a este Consejo pronunciarse acerca de la legalidad de los requisitos establecidos por la Universidad de Atacama para la elaboración de los certificados que han sido solicitados por la recurrente. Como tampoco corresponde a este Consejo pronunciarse acerca de si la exigencia de que un ex alumno no registre deuda con la Universidad como requisito de la emisión de un determinado certificado, constituye o no una afectación al principio de no discriminación, consagrado en el artículo 11, letra f, de la Ley de Transparencia.</p>
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6) Que, respecto de si la obligación de informar que pesa sobre la reclamada ha sido cumplida de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Transparencia, es menester tener presente que, tal como señala la recurrente, en el Oficio N° 104, de la Universidad de Atacama, a través del cual se informa al tercero involucrado su derecho de oposición, el órgano recurrido señaló que la información solicitada trata de “datos de uso exclusivo de esta Institución”, los que “se manejan en el ámbito propio de otorgar servicios de educacionales en el marco de una relación de confianza entre el alumno y esta Casa de Estudios Superiores”. A mayor abundamiento, en igual sentido se pronunció la Universidad de Atacama el día 11 de junio de 2009 en su respuesta a la solicitud de información formulada por la recurrente, al señalar que “[e]n lo relativo a los antecedentes académicos de Don Luís Nehme Boggioni, ellos constan en su ficha curricular, documento interno de esta institución que es de manejo exclusivo de Secretaría de Estudios, el cual puede ser exhibido, si así usted lo solicita, cumpliéndose con ello con la obligación de la Universidad de Atacama de permitir el acceso a la información con la que cuenta”.</p>
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7) Que para entender que la Administración ha cumplido con su obligación de informar, el artículo 15 de la Ley de Transparencia exige que la información solicitada “esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio”; exigencia que no se ve satisfecha, según consta en la propia respuesta de de la Universidad recurrida, de fecha 11 de junio de 2009.</p>
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8) Que, no obstante considerar que la solicitud de certificados de egreso y de concentración de notas requeridos por la reclamante no se encuentra amparada por la Ley de Transparencia, teniendo presente que la Universidad recurrida ha señalado que los antecedentes académicos del Sr. Luis Nehme Boggioni constan en su ficha curricular, documento interno que es de manejo exclusivo de su Secretaría de Estudios, y habiéndose determinado que la obligación de informar que pesa sobre la reclamada no puede ser cumplida de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Transparencia, en consideración al principio de máxima divulgación, consagrado en el artículo 11, literal d, de la Ley de Transparencia, en virtud del cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, es deber de este Consejo determinar un mecanismo de entrega de la información que de la mayor satisfacción posible al derecho fundamental de acceso a la información pública, lo que, a juicio de este Consejo, puede darse por cumplido ordenando al órgano de la Administración la entrega de copia autorizada, en los términos de la Ley de Transparencia, de la ficha curricular del Sr. Luís Nehme Boggioni.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el recurso de reposición interpuesto por doña Elena Cortés Videla por los fundamentos señalados precedentemente, en el entendido de que la obligación de informar que pesa sobre la reclamada no debe ser cumplida de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Transparencia, sino ordenando al órgano de la Administración la entrega de copia autorizada, en los términos de la Ley de Transparencia, de la ficha curricular del Sr. Luís Nehme Boggioni; y, en caso que el dinero acompañado por la reclamante en su solicitud de información para el pago de estampillas de impuestos obre en poder de la Universidad de Atacama, imputar a éstos los costos directos de reproducción que suponga la entrega de copia autorizada de la ficha curricular del Sr. Luís Nehme Boggioni.</p>
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II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a doña Elena Cortés Videla y al Rector de la Universidad de Atacama, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley de Transparencia, según corresponda.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>