Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C933-16

Reclamante:	FELIPE VELASCO
Reclamado:	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente a la licitación 85-37-LP15. El Consejo acoge parcialmente el ; rechazándolo por una parte, respecto del literal b) y del anexo N° 7, complemento anexo N° 4 solicitado en el literal c) del requerimiento, por verificarse la conformidad objetiva entre lo pedido y lo entregado; y por otra parte, respecto de la entrega de los balances tributarios de 8 columnas, las últimas 18 declaraciones de IVA y la declaración de Impuesto a la Renta de todos los oferentes participantes en la licitación consultada, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 35 del Código Tributario.amparo,
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/18/2016
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C640-16 C674-16 C708-16 C416-09
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	8120-2016
Descriptores jurídicos:	- Órganos sujetos a la competencia del Consejo >> Órganos fuera de la competencia del Consejo >> Otros
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C933-16. Entidad pública: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). Requirente: Felipe Velasco Larach. Ingreso Consejo: 22.03.2016. En sesión ordinaria N° 720 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de julio de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C933-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 9 de febrero de 2016, don Felipe Velasco Larach requiere a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas - en adelante también JUNAEB-, respecto de la licitación 85-37-LP15, lo siguiente: a) "los cálculos utilizados para cada empresa para llegar a los puntajes técnicos de JUNAEB y JUNJI/INTEGRA, mostrados en la tabla 4-2 ("Puntaje Evaluación Técnica segunda sub etapa JUNAEB, JUNJI e Integra") del punto 4.2 ("Segunda sub-etapa de evaluación técnica") de la resolución exenta 2.792 ("Evaluación Técnica"). Ya recibí los anexos 61 de todas las empresas postulantes por este medio, pero en algunos casos no pude llegar al puntaje señalado en la resolución 2.792". b) "el monto de capacidad financiera de cada una de las empresas participantes, así como los cálculos hechos para cada empresa para llegar a esa capacidad". c) "todos los anexos presentados por las empresas participantes". 2) RESPUESTA: La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, mediante carta N° 372, de fecha 1° de marzo de 2016, informa que adjunta DVD con la evaluación técnica, el monto de capacidad financiera y anexos técnicos de cada oferente. Con respecto a la información contenida en el anexo N° 69, señala que no procede entregar los documentos adjuntos a este, por cuanto corresponde a información de carácter personal de cada oferente. 3) AMPARO: Con fecha 22 de marzo de 2016, don Felipe Velasco Larach deduce amparo a su derecho de acceso en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, pues no se entregan todos los anexos, ni la capacidad financiera solicitada. 4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo, mediante oficio N° 3.514, de fecha 12 de abril de 2016, solicita a don Felipe Velasco Larach, subsanar su amparo, en los siguientes términos: (1°) acompañe copia íntegra de la respuesta dada por el órgano reclamado; y, (2°) especifique de manera clara y completa cuáles de los antecedentes requeridos no fueron proporcionados por el órgano reclamado. Quien, por medio de correo electrónico, de fecha 18 de abril de 2016, señala, en síntesis, lo siguiente: a) No aparece en ningún lado el monto de capacidad financiera de cada empresa, ni, obviamente, su memoria de cálculo. b) Respecto de los anexos solicitados, no se entregó lo siguiente: boleta/póliza de garantía, anexos financieros (anexo 69 y sub -anexos), escrituras y modificaciones, los complementos de los anexos 4, 34, 62 A, 62 B y los anexos técnicos (anexo 1, anexo 7 y anexo 22). 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, mediante oficio N° 4.174, de fecha 27 de abril de 2016, quien presentó sus descargos y observaciones por medio de oficio N° 855, de fecha 17 de mayo de 2016, señalando, en síntesis, lo siguiente: a) Con relación a lo solicitado en el literal b) del requerimiento, hacen presente que dicha materia fue objeto de una presentación anterior del reclamante, por lo que, presentaron los descargos correspondientes en el amparo C674-16, mediante oficio N° 516, de fecha 5 de abril de 2016. b) Respecto a lo requerido en el literal c) de la solicitud, entregaron todos los anexos pedidos, con excepción del anexo N° 69, dado que de haberlo hecho habría implicado, por una parte, dar a conocer una metodología de trabajo, desarrollo intelectual y estrategia de negocios de propiedad de los oferentes, y por otra parte, revelar esta información afecta los derechos comerciales o económicos, propios del desarrollo de la actividad que ejercen los mismos, por tratarse de información sensible a la luz de lo señalado por la propia Ley de Transparencia. Además, lo anterior podría afectar a las empresas oferentes negativamente toda vez que conlleva, necesariamente, dar a conocer la información financiera entregada, entre la que se encuentra los estados financieros auditados, balance tributario de 8 columnas, las últimas 12 declaraciones de IVA, declaración de Impuesto a la Renta, informe de Dicom, Informe Dicom Laboral y previsional, certificado de capacidad económica, certificado de deudas específicas, declaración jurada de no retiro y certificado de deuda fiscal. De este modo, niegan el acceso de conformidad a los artículos 4 y 17 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628- y el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, como de los derechos garantizados constitucionalmente, a saber, el de propiedad, privacidad y de realizar actividades económicas establecidos en el artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Este Consejo, mediante oficios N° 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318 y 4406, de fecha 28 de abril y 3 de mayo de 2016, respectivamente, notifica el amparo y confiere traslado a los terceros a quienes se refiere la información solicitada, con el fin de que presenten sus descargos y observaciones, especialmente, hacer mención expresa de los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de lo requerido. a) Mediante carta de fecha 4 de mayo de 2016, Delibest Agencia Chile, deduce su oposición a la entrega de la información relacionada con los anexos técnicos de su propuesta, lo que se fundamente en que aquella es estratégica para su empresa, toda vez que incluye las metodologías que usan para optimizar sus ofertas en los procesos licitatorios. La capacidad técnica desplegada para adjudicar de su empresa, resulta ser un dato específico y muy relevante para ellos de cara a este proceso licitatorio, así como también frente a los que vendrán en el futuro. De esta forma, la única manera que sería tolerable el dar a conocer su capacidad financiera sería si se obligase, al mismo tiempo, a todos los participantes en la licitación consultada, a darlos a conocer, lo que haría al proceso licitatorio mucho más transparente de lo que es en la actualidad. b) Mediante carta de fecha 2 de mayo de 2016, Consorcio Lonquimay Spa., deduce su oposición a la entrega de lo solicitado, debido a que es información de carácter reservado, la cual fue proporcionada dado que conforme proceso de preguntas y respuesta, que son parte del proceso licitatorio, en particular, en la pregunta N° 1183, se indicó que la misma era de carácter confidencial y sólo sería manipulada por JUNAEB. Además, se amparan en la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, así como, en lo prescrito en el artículo 19 N° 21 y N° 24 de la Constitución Política de la República, pues los antecedentes financieros pedidos, se enmarcan dentro del derecho de propiedad de las empresas y, por ende, les confiere el derecho de carácter comercial y económico con los resguardos correspondientes. c) Mediante presentación, de fecha 4 de mayo de 2016, Ferbas Alimentación y Servicios S.A., deduce su oposición fundada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en el sentido que lo solicitado constituye información sensible de la empresa y sus accionistas, de carácter privado. Finalmente, indica que el reclamante representa intereses de un competidor directo de ellos, por lo que, atentaría contra sus derechos de carácter comercial o económico. d) Mediante presentación, ingresada con fecha 5 de mayo de 2016, Vásquez y Mañan Limitada, deduce su oposición a la entrega, fundado en que si bien participaron del proceso de licitación indicado, la empresa no obtuvo adjudicación alguna, y, siendo así, mal podría un tercero ajeno requerir o acceder a información financiera estratégica de una empresa que no tiene vínculo jurídico directo alguno con JUNAEB como en este caso. Además, la oposición se funda en el legítimo derecho de mantener en reserva información confidencial y estratégica relevante de la empresa. Más grave aún, si la información es requerida por un tercero ajeno que nadie conoce, y, que no tiene vínculo contractual o extracontractual alguno con ellos. e) Mediante correo electrónico de fecha 6 de mayo de 2016, Verfrutti S.A., deduce su oposición a la entrega de la información de su empresa. f) Mediante carta de fecha 10 de mayo de 2016, Aliservice S.A., deduce su oposición a la entrega, pues constituye información de carácter propietaria para ellos, amparada por el decreto con fuerza de ley N° 3 (2006), que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial - en adelante Ley de Propiedad Industrial-, en sus artículos 86 y 88. Por su parte, hacen presente que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ha declarado dentro de las categorías que pueden incluirse como secreto empresarial se encuentra, entre otras, la información financiera. g) Mediante presentación, ingresada con fecha 11 de mayo de 2016, Sociedad Alimenticia Remo Unidas Limitada, deduce su oposición a la entrega de lo pedido, fundado en que dichos antecedentes fueron aportados, única y exclusivamente, con el propósito de postular a la licitación consultada, pues se trataban de requisitos obligatorios. Por lo que ésta no puede ser de conocimiento de terceros que no tienen relación alguna con el órgano reclamado, ya que se configura a su respecto la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, al vulnerar el derecho a la privacidad de su empresa. En el mismo sentido, la ley N° 19.628, en sus artículos 7 y 9, prohíbe a JUNAEB entregar lo requerido. En caso de acogerse el amparo, se vulneraría, entre otras, las normas que regulan el secreto bancario y tributario, de la misma manera, se afectarían garantías constitucionales, como las consagradas en el artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República. h) Mediante presentación ingresada con fecha 11 de mayo de 2016, Salud y Vida S.A., deduce su oposición a la entrega de lo pedido, aun cuando los antecedentes hayan sido voluntariamente entregados para el proceso licitatorio promovido por JUNAEB, puesto que en el requerimiento no se señala expresamente la finalidad que se persigue con su entrega, o bien la infracción cometida por el órgano administrativo en el análisis de estos documentos, y, específicamente, porque dicha solicitud escapa a las competencias de las normas contenidas en la Ley de Transparencia, afectando sus derechos constitucionales, teniendo en consideración que parte importante de la información presentada por ellos, puede ser observada por las demás empresas licitantes en la página web de mercado público. Finalmente, coinciden con lo señalado por el órgano reclamado en sus descargos, haciendo presente, que la publicidad de lo requerido los afecta de forma objetiva, en conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la ley N° 19.628, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y de los derechos garantizados constitucionalmente, a saber, el de propiedad, de privacidad y de realizar actividades económicas, contenidos en el artículo 19 N° 21 y N° 24 de la Constitución Política de la República. Y CONSIDERANDO: 1) Que el presente amparo se funda en que la información entregada no corresponde a la solicitada, pues no se le otorga acceso a la capacidad financiera, como a todos los anexos presentados por cada uno de los oferentes de la licitación consultada. De este modo, el objeto de éste se circunscribe a lo requerido en el literal b) y c) de la solicitud. 2) Que, con el fin de contextualizar el requerimiento de información, cabe tener presente los siguientes actos e informes: a) Resolución N° 398, de fecha 20 de octubre de 2015, que aprueba las bases administrativas, técnicas operativas y anexos, así como también se llama a licitación pública ID 85-37-LP15 - en adelante Licitación- para la contratación del servicio de raciones alimenticias para los beneficiarios de los programas de alimentación escolar y programa de alimentación párvulos para los años 2016, 2017, 2018 y febrero de 2019. b) Resolución exenta N° 2.417, de fecha 27 de noviembre de 2015, se aprueban las bases administrativas, técnicas y anexos de la licitación pública ID-85-68-LE15, para la contratación del servicio de evaluación financiera de los oferentes que participarán en el proceso de licitación pública del programa de alimentación escolar y programa de alimentación de párvulos de JUNAEB. La que fue adjudicada, por medio de resolución exenta N° 2610, de fecha 16 de diciembre de 2016, a contador auditor que obtuvo el puntaje máximo a asignar (100%). c) "Informe sobre Evaluación Financiera" - en adelante Informe-, de fecha 23 de diciembre de 2015, suscrito por contador auditor mencionado en el literal anterior, sobre la base de la revisión y evaluación de los antecedentes financieros requeridos a los oferentes de la Licitación, en cuyas bases administrativas, en particular, en su punto 12.2., se establece que dicha evaluación consiste en un análisis de la solvencia económica y de liquidez de la empresa oferente, con el objeto de medir o cuantificar su realidad económica-financiera y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones adquiridas en caso de resultar adjudicado. d) Resolución exenta N° 126, de fecha 27 de enero de 2016, que aprueba evaluación de ofertas económicas, evaluación final y adjudica la Licitación. e) Resolución exenta N° 365, de fecha 19 de febrero de 2016, que invalida de oficio resolución N° 15, de 17 de febrero de 2016, la cual aprobó contrato suscrito entre la JUNAEB y la empresa Distribuidora de Productos Alimenticios S.A., para la adquisición de los servicios de suministro de raciones alimenticias en las unidades territoriales N°s 701, 702, 703 y 705, en el marco del programa de alimentación escolar para los años 2016, 2017, 2018 y febrero de 2019. 3) Que, lo solicitado en el literal b) del requerimiento es el monto de la capacidad financiera, como los cálculos para llegar a ésta, de cada una de las empresas oferentes en la licitación consultada. Al respecto cabe hacer presente lo razonado en la decisión del amparo rol C674-16, referido a igual materia, entre las mismas partes. En lo pertinente, se indica que en el punto 12.2. de las bases administrativas de la licitación en cuestión, se establece lo que se entenderá por capacidad financiera, a saber, el monto en dinero determinado para cada oferente, correspondiente a su capacidad de financiamiento para solventar un contrato anual por línea de producto a adjudicar. De lo anterior, da cuenta el cuadro correspondiente a archivo Excel de nombre "Volumen Máximo 29.12 Informe", adjuntado a la respuesta proporcionada, en su oportunidad, al reclamante. Por su lado, la forma en que se determinó ésta se encuentra contenido en el "Informe sobre Evaluación Financiera", individualizado en el literal c), del considerando segundo, que también obra en poder del reclamante, según lo señaló en su amparo, así, al verificarse la conformidad objetiva, entre lo pedido y lo entregado, se rechazará el amparo en este literal. 4) Que la disconformidad del reclamante respecto a lo solicitado en el literal c) del requerimiento, se refiere a que no se le otorga acceso a las boletas/pólizas de garantía; escrituras sociales y sus modificaciones; complementos de los anexos 4, 34, 62A y 62B-B; anexo financiero (N° 69) y anexos técnicos (N° 1, 7 y 22) presentados por todos los oferentes de la licitación consultada. Sin embargo, el órgano reclamado argumenta que aquellos fueron entregados, en su oportunidad, salvo el anexo N° 69 y sus complementos que fueron denegados, por lo que, se analizarán separadamente. En dicho contexto, al no argumentarse inexistencia ni causal de reserva alguna, corresponde verificar la suficiencia de lo proporcionado, realizando un examen de conformidad objetiva entre aquello y lo pedido en su requerimiento por el reclamante. 5) Que, de la revisión del DVD remitido a este Consejo por el órgano reclamado y que, según lo informado por éste, contiene la información proporcionada al reclamante, se constata que no se otorgó acceso a copia de las escrituras sociales y sus modificaciones, como tampoco a las boletas o pólizas de garantía presentadas por los oferentes en el proceso consultado. Al respecto cabe hacer presente, que en la resolución N° 398 individualizada en el literal a) del considerando segundo de la presente decisión, se establece aquella documentación que debe ser anexada a la propuesta presentada por cada oferente a la licitación en cuestión, en especial, se debe considerar que en el punto 7.6. "Antecedentes Administrativos" de las bases administrativas aprobadas por la resolución anteriormente mencionada, sostiene que al "momento de presentar su oferta, el oferente deberá completar la información requerida a través de los Anexos Administrativos (...) que se indican a continuación y publicarlos bajo el mismo concepto: a. Persona Jurídica. Copia simple de la escritura de constitución de la sociedad y de todas las modificaciones, necesarias para la acertada determinación de la razón social, objeto y representación legal, si las hubiere (...)" (énfasis agregado). Por su parte, en el punto 8. "Garantía de seriedad de la oferta", se señala que el "oferente deberá entregar en la Oficina de Partes de la Dirección Nacional (...) una Caución o Garantía de Seriedad de la Oferta tomada a la vista y con carácter de irrevocable", la que podrá otorgarse física o electrónicamente. En consecuencia, al no verificarse la conformidad objetiva entre lo pedido y lo otorgado, se acogerá el presente amparo en este aspecto, requiriendo la entrega de los antecedentes solicitados, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que aquellas puedan contener. 6) Que, el reclamante sostiene que no se le habría proporcionado copia de los anexos técnicos N° 1, N° 7 y N° 22, así como tampoco, los complementos de los anexos técnicos N° 4, N° 34, N° 62A y N° 62B. De la revisión tanto de los antecedentes aportados por el órgano reclamado, como de las bases administrativas de la licitación consultada, se concluye que el anexo N° 7, sólo tiene carácter informativo sobre la forma en que deben ser presentadas las ofertas técnicas, razón por la cual, no procedía su entrega por parte de los oferentes. Por su parte, de la revisión del contenido del anexo N° 4, el cual fue entregado en su oportunidad, se constata que no se establece la obligación de presentar complemento alguno a su respecto. En consecuencia, con relación a dichos anexos se verifica la conformidad objetiva entre lo pedido y lo entregado, razón por la cual, se rechazará el amparo en este aspecto. 7) Que, de la revisión de la respuesta otorgada por el órgano reclamado, referente a los demás anexos y complementos solicitados, se constata que dicha información fue proporcionada de manera incompleta pues no contempla a todos los oferentes que participaron en la licitación consultada, por lo que, se acogerá el amparo en este punto, requiriendo la entrega de aquellos, de la forma que a continuación se indica: a) De los anexos técnicos N° 1 y N° 22, así como también, de los complementos de los anexos técnicos N° 34, N° 62A y N° 62B de Covenfrut Limitada, Santa Cecilia S.A., Alimentación y Servicios Ferbas S.A., Coan Chile Limitada, Comercial de Alimentos S.A., Distribuidora de Alimentos S.A., Distribuidora de Productos Alimentos S.A., Empresa Nacional de Banquetería Limitada, Delibest Agencia en Chile, Fojs Alimentos Limitada, Las Dalias Alimentación S.A., Luis Fernando concha Benavides Alimentos E.I.R.L., Nutriplus Alimentación y Tecnología S.A. y Marchant Ibáñez Compañía Limitada. b) Del anexo técnico N° 22, así como también, de los complementos de los anexos técnicos N° 34, N° 62A y N° 62B de Sociedad Administradora de Casinos y Servicios Alimenticios Aliservice S.A. y de Lizama y Lizama Limitada. c) De los anexos técnicos N° 1 y N° 22, así como también, de los complementos del anexo técnico N° 62B de la Alimenticia Remo Unidas Limitada. d) De los complementos de los anexos técnicos N° 62A y N° 62B de Silva y Gómez y Compañía Limitada. e) De los anexos técnicos N° 1 y N° 22, así como también, de los complementos del anexo técnico N° 62A de Servicio de Alimentación Outfood Chile Spa. f) De los complementos del anexo técnico N° 34 de Sociedad de Servicios de Alimentación S.A. g) Del anexo técnico N° 22 de Sociedad Alimenticia Departamental Limitada y de Servicios de Alimentación Alianza Limitada. h) Del anexo técnico N° 1 de Servicio de Alimentación Roma Limitada y de Servicio de Alimentación Semper Foods Chile Spa. 8) Que, el órgano reclamado niega el acceso al anexo N° 69 y sus complementos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 4° y 17 de la ley N° 19.628 y el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, pues se trata de información personal de los oferentes, cuya revelación afectaría sus derechos comerciales o económicos, en particular, los de propiedad, privacidad y de realizar actividades económicas establecidos en el artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República. Al respecto, cabe hacer presente que la ley N° 19.628, se refiere al tratamiento de datos personales, los que según lo establecido en su artículo 2°, letra f), son aquellos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables. Por lo que, tras la revisión del listado de oferentes en la licitación en cuestión, se constata que si bien existía la posibilidad de la postulación de personas naturales, sólo lo hicieron empresas - personas jurídicas-, por lo que no corresponde la aplicación de la ley mencionada para este caso. 9) Que, de acuerdo a lo señalado por el órgano reclamado en sus descargos, la divulgación de lo solicitado podría afectar los derechos económicos y comerciales de los oferentes que participaron en la licitación, argumentando que se configura la causal de excepción contenida en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. En este orden de ideas, la JUNAEB debió emplear el mecanismo regulado en el artículo 20 de la ley mencionada, para comunicar el requerimiento de información a los terceros a quienes se refiere ésta, y darles, con ello, la posibilidad de oponerse a su entrega. En vista de lo expuesto, este Consejo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 25 de dicho cuerpo legal, dio traslado a dichos oferentes a fin de que formularan sus descargos u observaciones al presente amparo. 10) Que, según consta en la tramitación del presente amparo, sólo 8 de los 30 terceros a quienes se refiere la información, evacuaron el traslado conferido manifestando su oposición a la entrega de lo requerido. Al respecto cabe hacer presente, que en lo relativo a lo prescrito en la ley N° 19.628, se reitera lo señalado en el considerando octavo, en orden a que dicho cuerpo normativo no es aplicable a las personas jurídicas, como sucede en este caso. Así como también, en lo alegado respecto de la reserva asegurada por la JUNAEB, en proceso de preguntas de la licitación, como las alusiones relativas a la identidad y motivaciones del reclamante, se deben descartar pues éstas no constituyen casuales de excepción a la publicidad de la información pública, de acuerdo a lo prescrito por la Ley de Transparencia. Además, se argumenta la concurrencia de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues la publicidad de lo requerido afectaría, por un lado, los derechos contemplados en el artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República; y, por otro, se trataría de antecedentes amparados por el secreto empresarial establecido en la Ley de Propiedad Industrial. 11) Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y el artículo 7° N° 2 del Reglamento de la ley mencionada, un mero interés no es suficiente para configurar la reserva de la información solicitada, debiendo justificarse la existencia de un derecho que, de entregarse lo solicitado, se vería afectado. Al respecto, algunos de los terceros involucrados manifestaron, en términos generales, que la divulgación de la información solicitada vulneraría sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la propiedad, privacidad y a realizar actividades económicas. Sin embargo, al tratarse de información pública a éstos les corresponde probar la concurrencia, para el caso, de la causal de excepción al principio general de publicidad invocada, no bastando la sola enunciación de los derechos que se verían vulnerados, si no también cómo éstos se verían afectados con la entrega de lo requerido. 12) Que, además, se argumenta que la información requerida tendría el carácter de secreto empresarial, el que es definido en el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial, como "todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva". Sobre lo anterior, es menester recordar que en lo que atañe a la referida causal, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, y con ello el secreto empresarial, los que deben ser acreditados por los eventualmente afectados. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). Sin embargo, lo solicitado constituyen antecedentes financieros que dan cuenta de la capacidad económica de la empresa, para determinar su idoneidad para afrontar las obligaciones que conlleva la adjudicación de una licitación de la envergadura y características como la consultada, por lo tanto, no implican conocimiento sobre producto o procedimiento industrial alguno, como los que se resguardan por la normativa señalada, razón por la cual, para este caso no es aplicable ésta protección. 13) Que, lo solicitado dice relación con los antecedentes financieros presentados por todos los oferentes que participaron en el proceso licitatorio, a saber, el anexo N° 69 y sus complementos. Al respecto, se debe considerar que este Consejo ha sostenido a partir de la decisión del amparo rol C416-09, que los antecedentes presentados durante una de licitación pública por los oferentes, son documentos indispensables para la evaluación de los participantes y sus propuestas, cuya ponderación y conclusiones es, precisa e inequívocamente, la base sobre la que se dictará posteriormente el acto administrativo que adjudicará el concurso o lo declarará desierto. Por lo tanto, siendo el procedimiento licitatorio, como su resolución adjudicatoria un acto administrativo de naturaleza pública, aquellos documentos presentados, deben poseer el mismo carácter. A mayor abundamiento, lo solicitado son antecedentes obligatorios que los oferentes debían adjuntar a sus propuestas, a fin de que respecto a ellos se realizara una evaluación financiera, esto es, un análisis de la solvencia económica y de la liquidez de las empresas concursantes. Los que resultan de tal relevancia dentro del proceso, que para su análisis se realizaron otras 2 licitaciones - ID-85-68-LE15 e ID-85-72-LE15- para la contratación del servicio de evaluación financiera y de asesoría experta, evaluación de ofertas económicas y propuesta de selección de las mejores ofertas, respectivamente. Las que según lo señalado en el punto N° 10 de la resolución exenta N° 126, se realizaron considerando la necesidad de garantizar transparencia e imparcialidad en el procedimiento de selección de prestadores, entregando certezas a todos los intervinientes acerca de la veracidad de los resultados obtenidos e informados. 14) Que, el anexo N° 69 consiste en un formulario tipo que señala una serie de antecedentes financieros que pueden ser acompañados por las empresas oferentes a su propuesta, en el que éstas deben marcar con una "x" aquellos efectivamente adjuntados. En consecuencia, al no configurarse a su respecto causal de reserva alguna, se acogerá el amparo en este punto, requiriendo su entrega. 15) Que, cabe tener presente lo sostenido en la decisión de los amparos C640-16 y C708-16, referente a los complementos del anexo N° 69, donde se concluye, tras su revisión, que sólo la documentación aportada por las empresas oferentes, consistente en el balance tributario de 8 columnas, las últimas 18 declaraciones de IVA y la declaración de Impuesta a la Renta, queda cubierta por la reserva establecida en el artículo 35 del Código Tributario, el cual descansa en la idea de proteger los derechos de los contribuyentes a fin de evitar el conocimiento público de los datos patrimoniales que figuran en sus declaraciones obligatorias de impuestos. Por lo tanto, en virtud de la facultad establecida en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, este Consejo estima que respecto de dichos antecedentes se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, aplicable a su vez, en virtud de lo establecido en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República. En consecuencia, se acogerá parcialmente el presente amparo en este punto, requiriendo a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas entregar copia de los complementos del anexo N° 69, salvo la documentación tributaria señalada, por configurarse a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, con relación al artículo 35 del Código Tributario. 16) Que, a mayor abundamiento, se debe tener presente que la finalidad de la JUNAEB, según lo señala la resolución N° 398, es la de facilitar la incorporación, permanencia en el sistema educacional de niños y jóvenes en condición de desventaja social, económica, psicológica o biológica, entregando para ello productos y servicios que contribuyen a la igualdad de oportunidades frente al proceso educacional, razón por la cual se procede a licitar la contratación del servicio de raciones alimenticias para los beneficiarios de los programas de alimentación escolar y programa de alimentación párvulos para los años 2016 a 2019. Respecto de la cual, se tomaron una serie de resguardos para que, en definitiva, las empresas adjudicadas pudieran cumplir sus obligaciones, en atención a evitar cualquier posible suspensión o menoscabo en la alimentación de los niños y jóvenes del país. Pese a lo cual, mediante resolución exenta N° 365, se invalida el contrato celebrado con una de las empresas adjudicadas debido a irregularidades en los antecedentes financieros presentados. Lo anterior, hace necesario e imprescindible el control respecto a los procesos de selección y adjudicación de tales licitaciones, razón por la cual, se debe otorgar acceso a los antecedentes vinculados a éstas, con las excepciones señaladas precedentemente, para que la ciudadanía pueda constatar que la adjudicación fue hecha a los mejores oferentes, y si no fue así, se tomen las medidas legales y administrativas pertinentes. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Felipe Velasco Larach en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, por los fundamentos señalados precedentemente; rechazándolo por una parte, respecto del literal b) y del anexo N° 7, complemento anexo N° 4 solicitado en el literal c) del requerimiento, por verificarse la conformidad objetiva entre lo pedido y lo entregado; y por otra parte, respecto de la entrega de los balances tributarios de 8 columnas, las últimas 18 declaraciones de IVA y la declaración de Impuesto a la Renta de todos los oferentes participantes en la licitación consultada, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 35 del Código Trbutario. II. Requerir al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas: a) Hacer entrega al reclamante de la siguiente información: i. Copia simple de la escritura de constitución de la sociedad y de todas las modificaciones, como de la Garantía de seriedad de la oferta presentados por los oferentes de la licitación consultada, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que aquellas puedan contener. ii. Anexos técnicos N° 1 y N° 22, así como también, de los complementos de los anexos técnicos N° 34, N° 62A y N° 62B de Covenfrut Limitada, Santa Cecilia S.A., Alimentación y Servicios Ferbas S.A., Coan Chile Limitada, Comercial de Alimentos S.A., Distribuidora de Alimentos S.A., Distribuidora de Productos Alimentos S.A., Empresa Nacional de Banquetería Limitada, Delibest Agencia en Chile, Fojs Alimentos Limitada, Las Dalias Alimentación S.A., Luis Fernando concha Benavides Alimentos E.I.R.L., Nutriplus Alimentación y Tecnología S.A. y Marchant Ibáñez Compañía Limitada. iii. Anexo técnico N° 22, así como también, de los complementos de los anexos técnicos N° 34, N° 62A y N° 62B de Sociedad Administradora de Casinos y Servicios Alimenticios Aliservice S.A. y de Lizama y Lizama Limitada. iv. Anexos técnicos N° 1 y N° 22, así como también, de los complementos del anexo técnico N° 62B de la Alimenticia Remo Unidas Limitada. v. Complementos de los anexos técnicos N° 62A y N° 62B de Silva y Gómez y Compañía Limitada. vi. Anexos técnicos N° 1 y N° 22, así como también, de los complementos del anexo técnico N° 62A de Servicio de Alimentación Outfood Chile Spa. vii. Complementos del anexo técnico N° 34 de Sociedad de Servicios de Alimentación S.A. viii. Anexo técnico N° 22 de Sociedad Alimenticia Departamental Limitada y de Servicios de Alimentación Alianza Limitada. ix. Anexo técnico N° 1 de Servicio de Alimentación Roma Limitada y de Servicio de Alimentación Semper Foods Chile Spa. x. Anexo N° 69, como de los estados financieros auditados, informe de Dicom y Dicom Laboral y Previsional, certificado de capacidad económica, de deudas específicas y de deuda fiscal; y declaración jurada de no retiro, presentados por todos los oferentes de la licitación ID-85-37-LP15. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Felipe Velasco Larach, al Sr. Secretario General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y a los terceros involucrados en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.