Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C942-16

Reclamante:	LUIS GILBERTO MONTENEGRO LUCERO
Reclamado:	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL TILTIL
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente a la copia de la investigación y sumario administrativo en contra de la persona que indica, que determinó la suspensión de sus funciones del establecimiento Escuela G-349 Capilla de Caleu, de la que hasta el 30 de marzo de 2015 fue profesor encargado. El Consejo rechaza el amparo, respecto de las declaraciones de los testigos por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y en relación de la carta que habría dado origen al sumario administrativo cuya copia se solicitó, por improcedente.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/19/2016
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1211-12 C1013-13 C2782-15 C7-10 C561-11
Jurisprudencia a:	C3451-16
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Legitimación activa >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros; Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C942-16 Entidad pública: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til Requirente: Luis Montenegro Lucero Ingreso Consejo: 22.03.2016 En sesión ordinaria N° 722 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de julio de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C942-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 22 de enero de 2016, don Luis Gilberto Montenegro Lucero solicitó a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til, copia de la investigación y sumario administrativo en contra de la persona que indica, que determinó la suspensión de sus funciones del establecimiento Escuela G-349 Capilla de Caleu, de la que hasta el 30 de marzo de 2015 fue profesor encargado. 2) RESPUESTA: La Corporación Municipal de Til Til, previa comunicación de la prórroga en el plazo para responder, formuló respuesta al solicitante mediante carta, de fecha 03 de marzo de 2016, señalando, en síntesis, que se entrega copia del sumario administrativo solicitado. 3) AMPARO: El 22 de marzo de 2016, don Luis Gilberto Montenegro Lucero dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Además, junto con detallar sus apreciaciones respecto del proceso disciplinario en cuestión, precisa que en la copia que se le entregó no se incluían la carta que habría dado origen al sumario administrativo, como tampoco las declaraciones de los testigos. 4) SUBSANACIÓN DE AMPARO: Este Consejo mediante oficio N° 3.566, de fecha 13 de abril de 2016, solicitó a don Luis Montenegro Lucero subsanar su amparo, en los siguientes términos: 1°) Aclare cuál es la infracción cometida por el órgano reclamado; 2°) Detalle los antecedentes qué no habrían sido entregados. El reclamante, a través de correo electrónico de fecha 24 de abril de 2016, cumplió con lo requerido, señalando que en la copia del sumario administrativo que se le entregó es incompleta, por cuanto no contiene las declaraciones de 4 testigos que indica, como tampoco incluye la carta de denuncia que habría dado origen al procedimiento disciplinario. 5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til, mediante oficio N° 4.175, de fecha 27 de abril de 2016. El órgano requerido, a través de oficio Ord. N° 46/2016, de fecha 12 de mayo de 2016, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que efectivamente la copia del sumario administrativo se le entregó al solicitante, pero dicha copia no incluía lo referido a las declaraciones de testigos que se reclaman. No obstante, señala que lo entregado corresponde a la información clave y suficiente del cierre y conclusiones del sumario administrativo, la que permitiría esclarecer las dudas del requirente, quien denuncia que dicho sumario le costó su condición de profesor encargado de la Escuela Básica G-349 Capilla de Caleu, agregando que dicho afirmación no es efectiva, por cuanto los nombramientos de este tipo de cargos, son realizados por resolución del Presidente de la Corporación en el momento que estime conveniente realizarlos, según consta el artículo 13 de la ley N° 19.715 (Estatuto Docente) y dictamen N° 002695NO3 de la Contraloría General de la República. Además, respecto a la aplicación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, señala que no se pudo realizar el envío de cartas certificadas dentro de los plazos establecidos, por cuanto no se logró obtener las direcciones de las personas que declararon como testigos. Sin perjuicio de lo expuesto, se remite copia íntegra del sumario administrativo en cuestión, a fin que se evalúe la entrega de la parte reclamada. Y CONSIDERANDO: 1) Que, con fecha 22 de enero de 2016, don Luis Gilberto Montenegro Lucero solicitó a la Corporación Municipal de Til Til, copia completa de la investigación y sumario administrativo en contra de la persona que indica, obteniendo respuesta dentro de plazo de plazo legal, estimada como incompleta por el solicitante, por cuanto no se le entregó las copias correspondientes a las declaraciones de testigos, como tampoco la carta de denuncia que habría dado origen al proceso disciplinario en cuestión lo que constituye el fundamento del presente amparo. 2) Que, en sus descargos el órgano requerido indicó que si bien entregó al solicitante copia del sumario administrativo pedido, efectivamente dicha copia no incluía la parte reclamada referida a las declaraciones de los testigos, remitiendo a esta Corporación copia íntegra del proceso disciplinario pedido. Por otra parte, respecto a la aplicación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, señaló que no realizó la comunicación que prescribe dicha norma legal, por cuanto no logró obtener las direcciones de las personas que declararon como testigos. No obstante lo anterior, en virtud de la función que le confiere el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, este Consejo analizará si la entrega de la información afecta o puede afectar los derechos de las personas que intervinieron como testigos en el sumario administrativo cuya copia se pide. 3) Que, conforme a la reiterada jurisprudencia de este Consejo, plasmada entre otras en las decisiones recaídas en los amparos roles A47-09, A95-09, C7-10 y C561-11, la norma de secreto de los sumarios administrativos consagrada en el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, en adelante e indistintamente Estatuto Administrativo, norma que se replica en el artículo 135, inciso segundo, de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Con todo, el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. 4) Que, de acuerdo a lo expresado en el considerando anterior, tratándose de un sumario administrativo afinado, como en el presente caso, adquiere el carácter de información pública, por lo que resulta plenamente aplicable los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, en el sentido que se trata de documentos que obran en poder del órgano reclamado, y por tanto de carácter pública, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. 5) Que, sin perjuicio de lo expuesto, en atención a la especial naturaleza del objeto del sumario cuya copia se requiere, esto es, acoso laboral en contra de personal docente y no docente, a juicio de este Consejo corresponde analizar si procede su entrega, en lo referido a las declaraciones de los testigos, por cuanto podría existir una afectación a los derechos de dichos testigos, al tener una expectativa de reserva sobre sus declaraciones, y considerando además que la materia de dicha investigación ha sido la eventual existencia de acoso laboral, en el que los involucrados forman parte de la misma comunidad educativa, debiendo examinar por ende, si se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 6) Que, sobre este punto, a juicio de este Consejo resulta aplicable el criterio sostenido en el caso C1013-13, reiterado en el amparo rol C2782-15, donde se reconoce que los terceros involucrados tenían una razonable expectativa que su declaración sea mantenida en reserva, pues lo contrario implicaría que en el futuro, tanto ellos, como otros funcionarios, se inhiban en participar en procedimientos sumariales, o en caso de hacerlo, sus declaraciones no permitan arribar al éxito de procedimientos de dicha naturaleza, por el temor de verse expuestos a represalias de cualquier naturaleza al interior de la institución. 7) Que, en este sentido, las declaraciones prestadas por los testigos en el curso de la investigación constituyen un insumo inestimable para una adecuada decisión por parte de la autoridad dotada de la potestad disciplinaria en el respectivo sumario administrativo. De este modo, existe un riesgo que las declaraciones de los testigos, inhiba a otros testigos a entregar ciertas opiniones o juicios personales que sólo se emiten bajo una razonable y evidente expectativa de reserva, lo que, en definitiva produce una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a los derechos de los testigos, como a la futuras investigaciones y, por tanto, el adecuado cumplimiento de las funciones del órgano. En consecuencia, y conforme con lo razonado precedentemente respecto de la especial naturaleza de los hechos investigados en el sumario administrativo, este Consejo estima que se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, procediendo mantener en reserva la información relativa a las declaraciones de los testigos, en ejercicio de la atribución otorgada por el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, razón por la cual se rechazará el amparo deducido. 8) Que, finalmente, respecto de la carta que habría dado origen al sumario administrativo cuya copia se reclama en el amparo, se hace presente que tenida a la vista la copia íntegra del proceso disciplinario en cuestión que fue remitida a este Consejo, ha sido posible constatar que el documento reclamado no forma parte integrante del sumario administrativo pedido, y por tanto, no ha formado parte de la solicitud de información formulada. Por lo anterior, este Consejo rechazará en este punto el amparo deducido, por improcedente, al modificar lo requerido inicialmente. 9) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, a este respecto cabe tener presente el criterio establecido por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C1211-12, en la cual, conociendo de una solicitud de copia de una denuncia, se estimó que divulgar la misma afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano "aún cuando se trate de una denuncia ya afinada y archivada en dicho organismo, pues su divulgación podría inhibir la futura presentación de denuncias, en circunstancias que la labor investigativa de dicho servicio se apoya esencialmente en que éstas se formulen y permitan investigar con mayor alcance eventuales atentados a la libre competencia". Luego, el citado criterio resulta plenamente aplicable, y por consiguiente, aun cuando en la solicitud de información se hubiera pedido expresamente la carta de denuncia reclamada en el amparo, correspondería igualmente su rechazo virtud del criterio ya expuesto, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Luis Gilberto Montenegro Lucero, en contra de la Corporación Municipal de Tiltil, respecto de las declaraciones de los testigos por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y en relación de la carta que habría dado origen al sumario administrativo cuya copia se solicitó, por improcedente, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Gilberto Montenegro Lucero y al Sr. Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Til Til. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero, don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.