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DECISIÓN AMPARO ROL C944-16</p>
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Entidad pública: SEREMI de Salud Región de Antofagasta</p>
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Requirente: Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre</p>
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Ingreso Consejo: 22.03.2016</p>
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En sesión ordinaria N° 707 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de mayo de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C944-16.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de febrero de 2016, don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Antofagasta, en adelante e indistintamente la SEREMI, la siguiente información:</p>
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"Copia de las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Antofagasta durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar (neumoconiosis)".</p>
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Asimismo indicó que "la documentación solicitada es fácilmente obtenible por vuestro organismo, del cual depende la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Antofagasta, no siendo necesario distraer indebidamente a un funcionario del cumplimiento regular de sus labores habituales. Considerando que la documentación solicitada contiene información que puede afectar el derecho de terceros, esto es, aquellos trabajadores a los que se les ha diagnosticado la enfermedad profesional de silicosis pulmonar, solicito a Ustedes que con anterioridad a la entrega de la documentación se comunique a los trabajadores involucrados la presente solicitud para que ellos puedan ejercer el derecho de oposición que establece el artículo 20 de la Ley N°20.285 sobre acceso a la información pública".</p>
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2) RESPUESTA: El 16 de marzo de 2016, la SEREMI respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico, al cual se adjuntó copia de las resoluciones requeridas con datos personales tarjados.</p>
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3) AMPARO: El 22 de marzo de 2016, don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en lo siguiente:</p>
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a) Se entregó respuesta a la solicitud pero de manera incompleta, ya que a la documentación se le borraron una serie de datos de identificación del trabajador (número de cédula de identidad, domicilio y teléfono) lo que no correspondía hacer de conformidad con la solicitud formulada y el procedimiento de oposición que establecen la Ley de Transparencia y la ley N° 19.628. Se tarjaron datos de los documentos solicitados.</p>
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b) En lugar de iniciar el procedimiento que establece el legislador para solicitudes como ésta, el SEREMI se limita a enviar 104 resoluciones, a las que de forma discrecional ha decidido borrar cierta información, por ejemplo, los números de cédula de identidad y domicilios de los trabajadores, y en algunas resoluciones también de los funcionarios que firman dichos documentos.</p>
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c) Hay que tener presente que más de la mitad de las resoluciones enviadas no corresponden a casos de silicosis pulmonar, sino que a otras patologías que no se han solicitado, lo que demuestra una clara displicencia del SEREMI en la respuesta a la solicitud.</p>
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d) El Seremi no respeta el procedimiento legal que establece el legislador, el que obliga a notificar a los trabajadores afectados para que estos puedan ejercer el derecho de oposición.</p>
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e) En definitiva, solicita que se ordene al SEREMI identificar la documentación solicitada, notificar el derecho de oposición a los trabajadores correspondientes a la documentación solicitada, verificar la cantidad de trabajadores que ejercen su derecho de oposición dentro del plazo legal, y entregar copia de todas las resoluciones en que los trabajadores no hayan hecho ejercicio del derecho de oposición dentro del plazo legal.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, mediante Oficio N° 003558 de 12 de abril de 2016.</p>
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Mediante Oficio N° 0608 de 4 de mayo de 2016, el Sr. SEREMI de Salud (S) de Antofagasta presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:</p>
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a) El 16 de marzo de 2016 se entregó respuesta al solicitante adjuntando la información requerida, borrando los datos sensibles que aparecían en las resoluciones de declaración de incapacidad, en virtud del artículo 21, N° 2 de la Ley de Transparencia. Con fecha 17 de marzo de 2016, el requirente envió correo electrónico al funcionario encargado de transparencia de la institución consultando el motivo de haberse borrado los datos correspondientes al RUT, domicilio y número de teléfono de los trabajadores evaluados. Con la misma fecha, el referido funcionario dio respuesta indicando que por ser datos sensibles que deben protegerse, se eliminaron de los documentos enviados.</p>
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b) En su amparo, el reclamante indicó que "...más de la mitad de las resoluciones enviadas no corresponden a casos de silicosis pulmonar, sino que a otras patologías que esta parte no ha solicitado..." En este contexto, el requerimiento de información fue entendido por la institución como la petición de todas las resoluciones emitidas entre los años 2012 y 2015, en que se evaluó silicosis pulmonar, con independencia de si se diagnosticó o no tal enfermedad. Así, fueron enviadas todas las resoluciones de declaración de incapacidad en que fueron evaluadas, entre otras patologías, la silicosis pulmonar. El servicio no solicitó al peticionario aclarar su requerimiento puesto que entendió que la solicitud se refería a las resoluciones de incapacidad que evaluaban silicosis pulmonar, independiente de su diagnóstico.</p>
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c) Una vez llegada la solicitud de información, ésta fue derivada a la unidad técnica correspondiente y previa búsqueda de los antecedentes necesarios para dar respuesta, se optó por no notificar a los pacientes evaluados de silicosis por considerar aquello innecesario, al tratarse derechamente de datos sensibles relativos a estados de salud que la Ley de Transparencia califica como reservados o secretos y por tanto, de información que puede ser denegada total o parcialmente o de dividirse en su entrega. Por tal razón se entregó la información requerida de manera dividida, al entender que las resoluciones de incapacidad dictadas por la COMPIN son actos administrativos, pero los datos en ellas contenidos son reservados por tener el carácter de sensibles.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la disconformidad del reclamante por una parte, ante la entrega por parte de la SEREMI de Salud Región de Antofagasta de la información requerida, esto es, una copia de las resoluciones emitidas por la COMPIN de Antofagasta durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 por silicosis pulmonar con una serie de datos de los trabajadores tarjados, sin que el organismo hubiese notificado a los terceros involucrados en la presente solicitud, para que ellos pudieran ejercer el derecho de oposición que establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia, y por otra parte, por cuanto más de la mitad de las resoluciones entregadas no corresponderían a casos de silicosis pulmonar.</p>
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2) Que, al respecto el órgano señaló en sus descargos que dar curso al procedimiento de notificación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, implica obviar por completo lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, pues, en la especie, se trata del estado de salud de los trabajadores afectados por silicosis pulmonar, declarados con distintos grados de invalidez, siendo evidente que se está en presencia de un dato sensible. Por ello, tarjar datos que comprenden la identificación de los trabajadores obedece justamente a evitar que se conozca el estado de salud de los mismos, cuestión que se aviene con la jurisprudencia del Consejo pronunciada en las decisiones de amparo C1968-14 y C1326-14. En consecuencia, no se trata que la información requerida pueda afectar derechos de terceros y se deba aplicar el referido artículo 20, sino que el proporcionar los nombres y datos que permiten individualizar a los trabajadores declarados con algún porcentaje de invalidez, debido a padecer la enfermedad que se consulta, constituiría entregar datos sensibles de terceros, cuestión que se encuentra impedida por la ley.</p>
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3) Que, analizados los antecedentes entregados y en concordancia con lo señalado por la reclamada, cabe hacer presente que la información contenida en las resoluciones emitidas por la COMPIN, aluden al estado de salud de sus beneficiarios, lo que constituye un dato sensible, en atención a lo dispuesto en el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, cuya divulgación se encuentra prohibida, salvo las excepciones previstas en la ley, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, en relación con el artículo 10 de la ley sobre Protección de la Vida Privada y la obligación de este Consejo, consagrada en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Por su lado, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia establece que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas.</p>
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4) Que, no obstante lo anterior, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.</p>
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5) Que, en este sentido, si bien los documentos entregados son en principio públicos por cuanto se trata de actos administrativos pronunciados por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades, de manera que su publicidad no debiese quedar restringida, salvo en las hipótesis de reserva o secreto contempladas por el legislador, a juicio de este Consejo, atendido lo señalado en el considerando 3° anterior, resultan plausibles los fundamentos invocados por la reclamada para denegar una parte de la información, y por aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, haber entregado la información solicitada, previo tarjado de parte de los datos personales contenidos en los antecedentes requeridos, no generando así en principio afectación a los derechos de los terceros de conformidad con la normativa citada. Todo ello sin perjuicio de lo que se señalará en el considerando final de esta decisión.</p>
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6) Que, en este sentido, respecto de la alegación del reclamante referida a que el servicio no dio aplicación al procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicando la solicitud a los trabajadores afectados por la enfermedad consultada, para que éstos hicieran valer su derecho de oposición, este Consejo estima que en la especie ello hubiere resultado inoficioso, atendido el criterio establecido de forma sostenida y reiterada por este Consejo en las decisiones ya citadas, entre otras, en cuanto a que el estado de salud de las personas constituye un dato sensible cuya divulgación se encuentra prohibida.</p>
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7) Que, respecto de la alegación del reclamante en cuanto a que más de la mitad de las resoluciones entregadas no corresponderían a casos de silicosis pulmonar, cabe señalar que la SEREMI indicó en sus descargos que el requerimiento de información fue entendido como la petición de todas las resoluciones emitidas entre los años 2012 y 2015 en que se evaluó silicosis pulmonar, con independencia de si se diagnosticó o no tal enfermedad, por lo que se remitieron en la respuesta todas las resoluciones de declaración de incapacidad en que fueron evaluadas, entre otras patologías, la silicosis pulmonar. En dicho contexto, este Consejo entiende que la reclamada entregó más información que la requerida, atendido el principio de máxima divulgación que consagra el artículo 11, letra d) de la Ley de Transparencia.</p>
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8) Que, en dichas circunstancias, se rechazará el amparo presentado por don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre en contra de la SEREMI de Salud Región de Antofagasta.</p>
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9) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe indicar que la SEREMI de Salud Región de Antofagasta, no obstante tarjar datos personales en la documentación remitida a don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre, tales como el RUT, domicilio y teléfono de los trabajadores afectados por la silicosis pulmonar, no tarjó los nombres de dichos trabajadores, de conformidad al artículo 10 de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, y del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción a las precitadas disposiciones.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Antofagasta, toda vez que el estado de salud de las personas constituye un dato sensible cuya divulgación se encuentra prohibida, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Representar al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta la infracción al artículo 10 de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, y del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia toda vez que entregó al requirente los nombres de los trabajadores afectados por silicosis pulmonar. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que ante nuevas solicitudes de información la referida infracción vuelva a reiterarse.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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