Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C948-16

Reclamante:	JUAN SEBASTIÁN RIESCO EYZAGUIRRE
Reclamado:	SEREMI DE SALUD REGIÓN DE TARAPACÁ
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la SEREMI de Salud Región de Tarapacá, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "Copia de las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Tarapacá durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar (neumoconiosis)" . El Consejo acoge el amparo, toda vez que lo solicitado son actos administrativos pronunciados por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/30/2016
Consejeros:	-Vivianne Blanlot Soza -José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1326-14 C1968-14 C463-09 C393-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	7492-2016
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Derivación a otro órgano >> Otros
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C948-16 Entidad pública: SEREMI de Salud Región de Tarapacá Requirente: Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre Ingreso Consejo: 22.03.2016 En sesión ordinaria N° 715 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de junio de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C948-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de febrero de 2016, don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Tarapacá, en adelante e indistintamente la SEREMI, la siguiente información: "Copia de las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Tarapacá durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar (neumoconiosis)". Asimismo indicó que "la documentación solicitada es fácilmente obtenible por vuestro organismo, del cual depende la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Tarapacá, no siendo necesario distraer indebidamente a un funcionario del cumplimiento regular de sus labores habituales. Considerando que la documentación solicitada contiene información que puede afectar el derecho de terceros, esto es, aquellos trabajadores a los que se les ha diagnosticado la enfermedad profesional de silicosis pulmonar, solicito a ustedes que con anterioridad a la entrega de la documentación se comunique a los trabajadores involucrados la presente solicitud para que ellos puedan ejercer el derecho de oposición que establece el artículo 20 de la ley N°20.285 sobre acceso a la información pública". 2) RESPUESTA: El 22 de marzo de 2016, la SEREMI respondió a dicho requerimiento de información mediante Ord. N° 495 de 21 de marzo de 2016, al cual se adjuntó el Oficio N° 495 de 22 de marzo de 2016, señalando en síntesis, que de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia, con fecha 21 de marzo de 2016, se comunicó la facultad de oponerse a la entrega de la información oponiéndose uno de los terceros a la entrega de ésta, por lo que no se puede entregar lo requerido y porque los datos solicitados constituyen datos sensibles, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2, letra g), y 4° de ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. 3) AMPARO: El 22 de marzo de 2016, don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta negativa a la solicitud de información. Asimismo, señala que: a) El SEREMI se excusa señalando que habría existido oposición por parte de un trabajador notificado de conformidad al artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo expuesto no tiene sentido, toda vez que no es posible que la SEREMI de Salud de Tarapacá que agrupa a comunas que concentran gran actividad minera haya conocido solamente un caso de silicosis desde el año 2012 al 2015. b) En la segunda respuesta entregada por la SEREMI, se señala que se habría notificado a más de un trabajador, pero sin especificar el número total notificado, reconociendo que ninguno de ellos ejerció el derecho de oposición que estable la Ley de Transparencia. Al reconocer esto, la reclamada viola lo dispuesto en el párrafo final del artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que atribuye a la no presentación de oposición de los trabajadores el que éstos se hubieren opuesto a la solicitud, lo que es justamente lo contrario a lo dispuesto por el legislador en la disposición legal citada, que señala que si el trabajador afectado no deduce oposición se entiende que accede a la publicidad de la información. c) Se hace presente que la SEREMI de Salud de Tarapacá cuenta con una plataforma computacional que le permite obtener fácilmente la documentación solicitada, como se ha comprobado en las respuestas de las restantes SEREMI de Salud del país. d) En definitiva, se solicita que se ordene al SEREMI ajustarse a las normas legales respecto de la presente solicitud, procediendo a identificar la documentación solicitada, notificar el derecho de oposición a los trabajadores correspondientes a la documentación solicitada, verificar la cantidad de trabajadores que ejercen su derecho de oposición dentro del plazo legal, y entregar copia de todas las resoluciones en que los trabajadores no hayan hecho ejercicio del derecho de oposición dentro del plazo legal. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá mediante Oficio N° 003552 de 12 de abril de 2016. Mediante Ord. N° 781 de 10 de mayo de 2016, la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud (S) de la Región de Tarapacá presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que: a) Con fecha 2 de marzo de 2016, mediante ordinarios, se informó de la solicitud de información a los terceros afectados por la enfermedad profesional de silicosis pulmonar. Con fecha 7 de marzo de 2016, se presentó un escrito de oposición por parte de uno de los terceros. Con fecha 21 de marzo de 2016, mediante Ordinario N° 495, se da respuesta al solicitante en el sentido que aplicado el procedimiento de oposición que contempla el artículo 20 de la Ley de Transparencia, se obtuvo como respuesta una oposición y que en los otros casos, al tratarse de datos sensibles, como lo señala el artículo 2°, letra g), en relación con el artículo 4 de la ley N° 19.628, se requería autorización escrita del tercero afectado. b) En el amparo se señala que la SEREMI contaría con una plataforma computacional que le permitiría obtener fácilmente la documentación solicitada. En este sentido, es del todo importante mencionar que la SEREMI no cuenta con el sistema computacional aludido, por lo que la información entregada se recabó de manera manual destinando recurso humano especial para ello, debido a la extensión del período solicitado (años 2012, 2013, 2014 y 2015). c) En relación a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva para denegar el acceso a la información solicitada, se invocan los artículos 20 de la Ley de Transparencia, 2, letra g), y 4 de la ley N° 19.628. Esta última disposición señala que "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. La autorización debe constar por escrito (...)". d) Por su parte, la Instrucción General N° 10 sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información de esta Corporación, señala en el punto 2.4, que "Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de datos sensibles en ausencia de oposición se entenderá que el tercero no accede a la publicidad, debiendo aplicar el órgano público, de ser procedente, el principio de divisibilidad respecto de los documentos que los contengan.". e) En este caso, desde el año 2012 al 2015, la SEREMI por medio de la COMPIN cuenta con 4 resoluciones por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar (neumoconiosis). En el caso de las 4 personas, se aplicó el procedimiento de oposición por tratarse de un hecho de la vida personal, el estado de salud. De estas 4 personas, sólo una presentó la oposición en forma expresa, por lo que no se entregó esa información. En relación a los otros 3 casos, no fue posible contactar a las personas como se puede comprobar en las órdenes de seguimiento de la empresa de correos, no contando con la oposición por parte de estos terceros. f) Se adjunta la siguiente documentación: i) Documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a terceros ii) Documentos que acreditan su notificación iii) Documento de oposición de un tercero iv) Antecedentes que acreditan la fecha en que ésta ingresó a la SEREMI 5) AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: El Consejo acordó conferir traslado del amparo a la parte tercera interesada, lo que realizó por medio del Oficio N° 004801 de 16 de mayo de 2016. A la fecha, dicho traslado conferido no ha sido evacuado. Y CONSIDERANDO: 1) Que, según ha razonado este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C463-09, C393-10, entre otros, de conformidad con el artículo 14 B del decreto ley N° 2.763, de 1979, y los artículos 34, 45 y 46 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, aprobado por el decreto supremo N° 136, de 2004, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez forman parte integrante de la estructura orgánica de las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, siendo el Secretario Regional Ministerial de Salud respectivo el jefe superior de cada COMPIN, desde el punto de vista administrativo. Lo anterior es sin perjuicio de que dichas comisiones cuenten con un presidente y gocen de autonomía para emitir sus pronunciamientos en las materias de su competencia, esto es, evaluar y certificar el estado de salud de los trabajadores y demás beneficiarios. Por lo tanto, quien debe pronunciarse sobre las solicitudes de información formuladas a una COMPIN es el Secretario Regional Ministerial respectivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Transparencia. 2) Que, luego, a modo de contexto, cabe consignar que la COMPIN es la unidad técnica administrativa encargada de evaluar, constatar, declarar y certificar el estado de salud de los trabajadores y beneficiarios, con el objetivo de determinar la recuperabilidad de sus estados patológicos para la obtención de beneficios previsionales, asistenciales y/o estatutarios. En este marco, la COMPIN tiene diversas funciones, entre ellas autorizar licencias médicas presentadas por los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud y resolver, a su vez, las apelaciones deducidas en contra de las Isapres por sus afiliados. 3) Que, igualmente, cabe tener presente que la información contenida en las resoluciones emitidas por la COMPIN, aluden al estado de salud de sus beneficiarios, lo que constituye un dato sensible, en atención a lo dispuesto en el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, cuya divulgación se encuentra prohibida, salvo las excepciones previstas en la ley, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, en relación con el artículo 10 de la ley sobre Protección de la Vida Privada y la obligación de este Consejo, consagrada en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Por su lado, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia establece que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas. 4) Que, no obstante lo anterior, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 5) Que, de esta forma, los documentos cuya entrega se requiere son en principio públicos, por cuanto se trata de actos administrativos pronunciados por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus potestades, de manera que su publicidad no debiese quedar restringida, salvo en las hipótesis de reserva o secreto contempladas por el legislador. Asimismo, de acuerdo con el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, resulta plausible para este Consejo que la entrega de la información solicitada, previo tarjado de los datos personales y sensibles contenidos en los antecedentes requeridos, no generará afectación alguna a los derechos de los terceros. Ello en consonancia con lo establecido por este Consejo en las decisiones de amparo C1968-14 y C1326-14, entre otros, en cuanto a que el estado de salud de las personas constituye un dato sensible, cuya divulgación se encuentra prohibida. 6) Que, en consecuencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la copia de las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Tarapacá, durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar (neumoconiosis), debiendo tarjar de manera previa, la identidad de todos los involucrados como todos aquellos datos personales de contexto y sensibles que allí se contengan, tales como el RUN, domicilio, teléfono, correos electrónicos particulares, entre otros, ello de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y en cumplimiento de la función conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre en contra de la SEREMI de Salud Región de Tarapacá, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá: a) Entregar a don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre la copia de las resoluciones emitidas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Tarapacá, durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, por la enfermedad profesional denominada silicosis pulmonar (neumoconiosis), debiendo tarjar de manera previa, la identidad de todos los involucrados como todos aquellos datos personales de contexto y sensibles que allí se contengan, tales como el RUN, domicilio, teléfono, correos electrónicos particulares, entre otros, conforme lo indicado en el considerando 6°. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre, a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá y a los terceros interesados en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y sus Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, concurre al presente acuerdo, pero no firma esta decisión por haber participado en la sesión mediante el sistema de teleconferencia. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.