Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C979-16

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Reclamante:	MARIO BAHAMONDES VALDÉS
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la copia digital del o los oficios que la Subsecretaría envió a los ISP y copia digital de las respuestas que habría obtenido, indicando a qué ISP (proveedor de servicios de internet) ofició y cuáles han respondido. El Consejo acoge parcialmente el amparo, sólo respecto a las copias de los oficios solicitados, y de la nómina de las empresas proveedoras de servicios de internet a las que ofició el órgano requerido, como también las que formularon respuesta a dichos oficios, sin perjuicio de tener por entregada la copias de los oficios pedidos, extemporáneamente, con la notificación de la presente decisión. Por consiguiente, se rechaza el amparo respecto de las respuestas formuladas por las empresas proveedoras de servicios de internet, por configurarse a su respecto la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/8/2016
Consejeros:	-José Luis Santa María Zañartu -Marcelo Drago Aguirre
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C248-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Plazo de presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Telecomunicaciones

DECISIÓN AMPARO ROL C979-16 Entidad pública: Subsecretaría de Telecomunicaciones Requirente: Mario Bahamondes Valdés Ingreso Consejo: 28.03.2016 En sesión ordinaria N° 728 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de agosto de 2016, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C979-16. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 11 de febrero de 2016, don Mario Bahamondes Valdés solicitó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones copia digital del o los oficios que la Subsecretaría envió a los ISP y copia digital de las respuestas que habría obtenido, indicando a qué ISP (proveedor de servicios de internet) ofició y cuáles han respondido. Contextualiza su requerimiento, señalando que en el mes de noviembre la Subsecretaría informó en los medios de comunicación y en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados que oficiaría a la empresa Movistar y otros ISP por el umbral de navegación de 500 gb para internet residencial que Movistar impulsó. 2) RESPUESTA: El 23 de marzo de 2016, previa prórroga del plazo para responder, mediante oficio Ord. N° 2.342/GN° 136, la Subsecretaría de Telecomunicaciones respondió a dicho requerimiento de información mediante, señalando, en síntesis, que deniega la información solicitada, invocando la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 28 de marzo de 2016, don Mario Bahamondes Valdés dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información, agregando que nada ha señalado para justificar la causal de reserva invocada. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones, mediante oficio N° 3.576, de fecha 13 de abril de 2016. El órgano requerido, a través de oficio Ord. N° 3.542, de fecha 28 de abril de 2016, presentó sus descargos, señalando, en síntesis que la solicitud de información fue respondida en tiempo y forma, denegando la información requerida fundado en que a juicio se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° letra de la Ley de Transparencia, reproduciendo el texto de dicha norma legal. Además, informa que el asunto hasta la fecha de la solicitud no ha sido resuelto por la autoridad. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Este Consejo, mediante correo electrónico de fecha 09 de mayo de 2016, solicitó al órgano requerido 1°) explicar detalladamente el modo, como a juicio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se configuraría de la causal de reserva alegada; 2°) remitir a este Consejo copia de los oficios solicitados, como asimismo copia de las respuestas recibidas respecto de dichos oficios. El órgano requerido, a través de correos electrónicos de fecha 15 y 18 de julio de 2016, cumplió lo solicitado, informando que ante el requerimiento de información la Subsecretaría de Telecomunicaciones denegó la entrega, fundado en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, en razón que de conformidad a las facultades legales que posee, en particular artículo 6 letra c) y letra k) del Decreto Ley N° 1762, esto es fiscalizar el cumplimiento de la normativa técnica y requerir información para el desempeño del cometido, efectivamente al interior del Servicio existía un proceso de análisis de la información y evaluación con el objeto de determinar de acuerdo a sus potestades técnicas si era necesario ampliar el alcance de los oficios emitidos o bien con la información recepcionada se tenía un estado del arte de la situación. Agregó que a la fecha de la solicitud de información, se encontraban analizando la información recabada de parte de las empresas oficiadas, análisis que dependiendo de su mérito puede o no significar otro acto administrativo por parte de Subtel, como por ejemplo una resolución, proceso de análisis que al ser terminado y dado los antecedentes técnicos recabados no dio lugar a otro acto administrativo, siendo entonces liberada la información en su momento requerida. Finalmente, adjunta copia de los oficios emitidos y de las respuestas recibidas pedidas, que obran en su poder. 6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE TERCEROS: Este Consejo, mediante los oficios N° 6.952, 6.953, 6.954, 6.955, 6.956, 6.957, 6.958 y 6.959, todos de fecha 18 de julio de 2016, notificó a las empresas GTD Manquehue S.A., Entel S.A., Comunicación y Telefonía Rural S.A., Complejo Manufacturero de Equipos Telefónicos S.A.C.I., Claro Comunicaciones S.A., Telefónica Chile S.A., Pacífico Cable S.A., y VTR Comunicaciones SPA., respectivamente, a fin que presentaran sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. a) La empresa Claro Comunicaciones S.A., mediante escrito de fecha 22 de julio de 2016, evacuó sus descargos, señalando en síntesis, con fecha 20 de noviembre de 2015 la Subsecretaria de Telecomunicaciones emitió la circular N° 144 solicitando información acerca del promedio mensual de consumo los meses de agosto, septiembre y octubre 2015 de los usuarios de mi representada y que porcentaje de estos superan el umbral de los 500 GB de tráfico, además, de conocer si se está considerando modificar o crear nuevos planes de internet fija, estableciendo límites a la navegación de los usuarios. Frente a tal requerimiento, con fecha 7 de diciembre de 2015 se respondió lo solicitado a través del documento que adjunta, en el cual consta el tráfico total de aquellos meses, dividido por la cantidad de clientes activos. Por lo anterior, y en consideración que Claro Comunicaciones S.A. no limita actualmente el tráfico de los planes de internet fijo, manifiesta que la entrega de la información solicitada no afecta sus derechos. b) La empresa Complejo Manufacturero de Equipos Telefónicos S.A.C.I., a través de presentación de fecha 25 de julio de 2016, señaló que son una empresa de carácter privado, específicamente una sociedad anónima cerrada de acuerdo a la ley N° 18.046, no alguno de los organismos señalados en el artículo 2° de la Ley de Transparencia, agregando que la información pedida afecta sus derechos de carácter comercial y/o económicos, por lo que no correspondería entregar mayor información al respecto, y por tanto, se configura a causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la citada Ley de Transparencia. c) La empresa Telefónica Chile S.A., mediante presentación de fecha 26 de julio de 2016, señaló que en su respuesta a la Subsecretaría de Telecomunicaciones se acompañó información referida a un listado con sus principales clientes que registraron mayor consumo de datos, que además contienen diversos datos personales de dicho clientes, razón por la cual se solicitó fuera manejada de un modo reservado. Además, sostiene que está sujeta a diversas obligaciones contractuales con sus clientes, que le obligan manejar sus datos para los fines asociados a la prestación del servicio, por lo cual entregar la información pedida implicaría incumplir las obligaciones contractuales que le imponen los artículos 4 de la ley N° 19.628, y 24 del Reglamento de Servicio de Telecomunicaciones. Por lo anterior, solicita se reserve la información reclamada. d) La empresa VTR Comunicaciones SPA, a través de presentación de fecha 26 de julio de 2016, manifestó su oposición a la entrega de la información referida a la respuesta que proporcionó al oficio CIR. N° 144 DAP N° 28579/ F-39 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, fundado en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que la información a cuya entrega se opone es de carácter comercial dado que se refiere precisamente a la estrategia comercial, y a los planes de negocios de mi representada. Consiste en particular en datos del comportamiento de consumo de los usuarios de los servicios que presta, como a los planes o estrategias comerciales futuros que VTR tiene en dicho ámbito. Agrega, que dicha información no se encuentra disponible para el público general a través sus portales o la publicidad, sino que es altamente estratégica, y su conocimiento por parte de competidores de VTR podría causarle un grave daño comercial. Señala al efecto que para un participante de cualquier mercado, y en particular de uno tan competitivo como lo es el de las telecomunicaciones, el hecho de que se ventile su estrategia comercial o planes de negocios, atenta gravemente contra la posibilidad de éxito que éste pueda tener, impidiéndole competir en condiciones de igualdad en el mercado. Los perjuicios que sufriría VTR en caso de que la información aportada fuera de público conocimiento radican principalmente en que con ello se permearían su estrategia comercial o planes de negocios, lo que permitiría a sus competidores diseñar su devenir comercial en consideración a las evaluaciones y consideraciones de VTR, permitiéndoles a priori mejorar sus condiciones. En suma, derechos como los garantizados en los artículos 19 N° 21 y 19 N° 24 de la Constitución Política, esto es, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad en sus diversas especies y sobre toda clase de bienes, se verían seriamente afectados de hacerse pública la información contenida en la respuesta en cuestión. e) Finalmente, respecto a las empresas GTD Manquehue S.A., Entel S.A., Comunicación y Telefonía Rural S.A., y Pacífico Cable S.A., al 26 de julio de 2016, fecha de la sesión ordinaria N° 725 de este Consejo, no se había recibido comunicación alguna de dichas entidades. 7) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Este Consejo, en sesión ordinaria N° 725, celebrada con fecha 26 de julio de 2016, para una mejor resolución de la controversia planteada, mediante los oficios N° 7.328, 7.329, 7.330 y 7.333, acordó solicitar a las empresas GTD Manquehue S.A., Entel S.A., Comunicación y Telefonía Rural S.A., y Pacífico Cable S.A., respectivamente, presentar sus descargos u observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que le asiste y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida, bajo apercibimiento expreso que en caso contrario, se resolvería el amparo sin tener en consideración su posición al respecto. a) La empresa Comunicación y Telefonía Rural S.A. a través de correo electrónico de fecha 02 de agosto de 2016, cumplió lo solicitado, señalando que no tiene observaciones que formular en relación a lo solicitado. b) Respecto a las empresas GTD Manquehue S.A., Entel S.A., y Pacífico Cable S.A., a la fecha de la presente decisión, este Consejo no había recibido comunicación alguna de dichas entidades. Y CONSIDERANDO: 1) Que, con fecha 11 de febrero de 2016, don Mario Bahamondes Valdés solicitó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones copia digital del o los oficios que la Subsecretaría envió a los proveedores de servicios de internet (ISP) y copia digital de las respuestas que habría obtenido, indicando a qué ISP ofició y cuáles han respondido, obteniendo respuesta denegatoria fundado en que concurría la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. 2) Que, en efecto, tanto en su respuesta como descargos, la Subsecretaría reclamada señaló que la denegación se funda en que a su juicio se configuraba la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, denegaba la información solicitada, reproduciendo dicha norma legal, y agregando que hasta la fecha de la solicitud no se había sido resuelto por la autoridad la materia sobre la cual versa la información pedida. Sin embargo, sólo con ocasión de la gestión oficiosa señalada en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, el órgano requerido señaló que en virtud a las facultades legales que posee, en particular artículo 6 letra c) y letra k) del Decreto Ley N° 1762, que le permiten fiscalizar el cumplimiento de la normativa técnica y requerir información para el desempeño del cometido, a la fecha de la solicitud de información se encontraban analizando la información recabada de parte de las empresas oficiadas, análisis que dependiendo de su mérito puede o no significar otro acto administrativo por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, como por ejemplo una resolución, y en la especie, el proceso de análisis al ser terminado y dado los antecedentes técnicos recabados no dio lugar a otro acto administrativo, siendo entonces liberada la información en su momento requerida, para lo cual remitió copia de los oficios dictados y las respuestas recibidas. 3) Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo que concurra a su respecto, alguna de las causales de reserva establecidas en la Constitución o en la ley. Por lo anterior, corresponde a este Consejo pronunciarse acerca del fundamento y procedencia de la causal de reserva invocada por el órgano reclamado, que impidió que al solicitante obtener la información pedida, distinguiendo por una parte la información correspondiente a los oficios enviados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones a las empresas proveedoras de servicios de internet, por otra, lo referido a las copias de las respuestas de dichas empresas, y por último a la información referida a las empresas a quienes se ofició y cuáles de ellas formularon respuesta. 4) Que, asimismo cabe tener presente que el artículo 21 N° 1 letra b), de la Ley de Transparencia, prescribe que se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. 5) Que, de acuerdo a los criterios fijados por este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos roles A12-09, A79-09 y C248-10, entre otras, en las que se ha sostenido que, para los efectos de configurar dicha causal, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, cuales son: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 6) Que, en primer lugar, respecto de las copias del o los oficios enviados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones a las empresas proveedoras de servicios de internet, se debe tener presente que en virtud de la gestión oficiosa señalada en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, se remitió a este Consejo la información reclamada, a raíz de lo cual se determinó que consisten en dos documentos, el oficio Ord. N° 14.677/DAP N° 28577 F-39, de fecha 11 de noviembre de 2015, y el oficio CIR. N° 144 DAP N° 28579/ F-39, de fecha 20 noviembre de 2015. 7) Que, revisados los oficios requeridos, este Consejo pudo constatar que dichos documentos consisten en actos administrativos dictados por la Subsecretaría en ejercicio de sus potestades fiscalizadoras, mediante los cuales se requiere información a las empresas proveedoras de servicios de internet que indica, no observando que constituyan un antecedente o deliberación previa a una resolución, que amerite de acuerdo a su contenido, reservarlos, y por tanto privarle su carácter de información pública, y menos aún se ha podido evidenciar que su publicidad afecte el debido funcionamiento del órgano requerido. Por lo anterior, este Consejo desestimará la causal de reserva alegada, y en definitiva acogerá el presente amparo en esta parte, teniendo por entregada la información los oficios cuya copia, aunque extemporáneamente, con la notificación de la presente decisión, ocasión en que conforme al principio de facilitación contemplado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia, se remitirá copia del oficio Ord N° 14.677/DAP N° 28577 F-39, de fecha 11 de noviembre de 2015, y el oficio CIR. N° 144 DAP N° 28579/ F-39, de fecha 20 noviembre de 2015. 8) Que, respecto a la información reclamada referida a la copia digital de las respuestas que habría recibido el órgano requerido, este Consejo hace presente que sólo con ocasión de la respuesta a la gestión oficiosa señalada en el N° 5 de lo expositivo de la presente decisión, el órgano requerido informó acerca de los terceros posiblemente afectado en sus derechos con la entrega de los antecedentes pedidos, sin que haya acreditado que les comunicó la facultad que les asiste de oponerse a dicha entrega, circunstancia que constituye una infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia, lo que será representado en lo resolutivo del presente acuerdo. 9) Que, sobre el fondo de lo reclamado, de acuerdo a los antecedentes examinados, el órgano requerido en ejercicio de sus facultades legales previstas en el artículo 6 letra c) y letra k) del Decreto Ley N° 1762, inició un proceso de análisis sobre la materia que sirve de contexto a la solitud de información, esto es, la fijación de límites a la navegación de internet fija por parte de los proveedores de servicios de internet, para lo cual requirió información a las distintitas empresas proveedoras para describir el escenario actual en nuestro país en dicha materia, y eventualmente evaluar el cumplimiento de la regulación actual sobre la misma. Conforme a lo informado a propósito de la gestión oficiosa realiza en este procedimiento, el órgano requerido detalló que si bien a la fecha de la solicitud de información se encontraba vigente dicho proceso de evaluación técnica, este proceso no dio lugar a otro acto administrativo, y en la actualidad ha cesado la causal de reserva alegada. 10) Que, a juicio de este Consejo, de acuerdo a los antecedentes examinados, particularmente lo informado por el órgano requerido en relación al detalle del proceso de evaluación técnica realizado a partir de los oficios y el contenido de las respuestas cuyas copias se piden en el presente amparo, es posible concluir que sobre las referidas respuestas de las empresas proveedoras de servicios de internet, no concurren los requisitos exigidos para configurar la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, toda vez que si bien podrían llegar a estimarse como un antecedentes a la adopción de una resolución de la autoridad, dicha resolución o medida finalmente nunca se dictaron, además que no se logró acreditar que su publicidad tuviera la entidad de producir una afectación probable y con suficiente especificidad a las funciones fiscalizadoras del órgano requerido. Por lo expuesto, este Consejo desestimará la causal de reserva invocada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. 11) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, en atención a que se ha tenido a la vista el contenido de las respuestas de las empresas proveedoras de servicios de internet a las que se confirió traslado según se señaló en el N° 6 de lo expositivo de la presente decisión, a juicio de este Consejo corresponde pronunciarse sobre la publicidad de dicha información, en virtud del ejercicio atribución que le ha sido conferida por el artículo 33 letra j) de la Ley de Transparencia, como asimismo en virtud del principio de economía procedimental contemplado en el artículo 9 de la ley N° 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado. 12) Que, de acuerdo al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose, entre otros, de los derechos de carácter comercial o económico. Al respecto, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, los que deben ser acreditados por los eventualmente afectados. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afecte significativamente su desenvolvimiento competitivo). 13) Que, como se indicó en el N° 6 de lo expositivo de la presente decisión, este Consejo confirió traslado a las GTD Manquehue S.A., Entel S.A., Comunicación y Telefonía Rural S.A., Complejo Manufacturero de Equipos Telefónicos S.A.C.I., Claro Comunicaciones S.A., Telefónica Chile S.A., Pacífico Cable S.A., y VTR Comunicaciones SPA, a fin que presentaran sus descargos y observaciones al presente amparo, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida, recibiendo respuesta de las empresas Claro Comunicaciones S.A., Complejo Manufacturero de Equipos Telefónicos S.A.C.I., Telefónica Chile S.A., y VTR Comunicaciones SPA. Asimismo, ante la necesidad de contar con el pronunciamiento expreso de las empresas involucradas, este Consejo como medida para mejor resolver, tal como se indicó en el N° 7 de lo expositivo de la presente decisión, ofició a las empresas GTD Manquehue S.A., Entel S.A., Comunicación y Telefonía Rural S.A., y Pacífico Cable S.A., a fin que formularan sus observaciones sobre la solicitud de información que pudiera afectar sus derechos, bajo apercibimiento expreso que en caso de no recibir respuesta, se resolvería el amparo sin tener en consideración su posición al respecto, recibiendo respuesta a esta gestión sólo de la empresa Comunicación y Telefonía Rural S.A. 14) Que, a la fecha de la presente decisión, este Consejo no ha recibido presentación alguna de las empresas GTD Manquehue S.A., Entel S.A., y Pacífico Cable S.A., tendientes a pronunciarse acerca de la solicitud de información, pese a que se les apercibió expresamente que en tal caso, el amparo se resolvería sin tener en cuenta su opinión. A su vez, se hace presente que sólo las empresas Claro Comunicaciones S.A. y Comunicación y Telefonía Rural S.A. manifestaron que la entrega de la información pedida no afecta sus derechos. Finalmente, las empresas Complejo Manufacturero de Equipos Telefónicos S.A.C.I., Telefónica Chile S.A., y VTR Comunicaciones SPA expresaron su oposición a la entrega de las respuestas que formularon a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, tal como consta en el N° 6 de lo expositivo de la presente decisión. 15) Que, en este sentido, las empresas que se opusieron a la entrega de la información pedida, en síntesis señalan que se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto se afectan sus derechos de carácter comercial y económicos, dado que la información pedida comprende información confidencial de sus clientes, con los que se encuentran contractualmente obligados, además de contener antecedentes altamente estratégicos, cuyo conocimiento podría causar un grave daño comercial, particularmente en un mercado tan competitivo como el de las telecomunicaciones, información que por lo demás queda comprendida en los derechos garantizados en los artículos 19 N° 21 y 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. 16) Que, de acuerdo a la documentación examinada, es posible determinar que las empresas que respondieron el oficio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, lo hicieron en cumplimiento de su obligación de responder a los requerimientos formulados por dicha entidad fiscalizadora, y en la especie, detallaron los fundamentos que tuvieron en consideración para fijar límites a la navegación por internet fija en lo caso que lo hicieron, como también informaron si en la actualidad tienen las facilidades técnicas para medir el tráfico por cada usuario de internet fija, como asimismo si tienen planificado mediar dicho tráfico de navegación, o eventualmente ofrecer planes de internet en ese sentido, respuestas todas que varían en detalle según cada empresa. 17) Que, a partir de la decisión de amparo rol A114-09, este Consejo ha establecido los requisitos que deben concurrir para estimar reservada la información asociada a la actividad de importación y exportación, en el sentido de considerar que ésta contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, para lo cual, debe: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). Luego, atendida la naturaleza de la información contenida en las respuestas proporcionadas por las empresas al órgano requerido, las que se han tenido a la vista en razón de haberla remitido el mismo, se ha podido acreditar que ellas contienen antecedentes referidos a la estrategia comercial o planes de negocios acerca de la materia solicitada por la Subsecretaria de Telecomunicaciones, información que no es de público conocimiento y que tiene relevante valor comercial, particularmente considerando que el mercado en el cual se desenvuelven está compuesto por un reducido número de competidores, razón por la cual a juicio de este Consejo de entregar dichos antecedentes se produciría una afectación presente y con suficiente especificidad a los derechos comerciales y económicos de las empresas involucradas. Luego, a juicio de este Consejo concurren los requisitos requeridos para dar por configurada la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y por consiguiente se deniega su entrega, a excepción de la respuesta formulada por la empresa Claro Comunicaciones S.A., y Comunicación y Telefonía Rural S.A., que expresamente manifestaron que la entrega no afecta sus derechos, por lo cual se proporcionará dicha respuesta al solicitante con la notificación de la presente decisión, conforme al principio de facilitación contemplado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia. 18) Que, finalmente, respecto de la información acerca de las empresas proveedoras de servicio de internet a las que ofició el órgano requerido, y cuáles de ellas han formulado respuesta a dicho organismo, a juicio de este Consejo, si bien parte de dichos antecedentes constan en los documentos que se entregan al solicitante, en relación a dicha información no concurre ninguna de las causales de reserva alegadas, no existiendo duda acerca de su carácter pública, y sobre ella la Subsecretaría reclamada no se ha pronunciado expresamente. Por lo anterior, se acogerá el presente amparo en esta parte, ordenando a la Subsecretaría de Telecomunicaciones entregar al requirente la nómina de las empresas proveedoras de servicios de internet a las que ofició el órgano requerido, como asimismo de aquéllas que formularon respuesta a los referidos oficios. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Mario Bahamondes Valdés, en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, sólo respecto a las copias de los oficios solicitados, y de la nómina de las empresas proveedoras de servicios de internet a las que ofició el órgano requerido, como también las que formularon respuesta a dichos oficios, sin perjuicio de tener por entregada la copias de los oficios pedidos, extemporáneamente, con la notificación de la presente decisión. Por consiguiente, se rechaza el amparo respecto de las respuestas formuladas por las empresas proveedoras de servicios de internet, por configurarse a su respecto la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, sin perjuicio de proporcionar al solicitante, con la notificación de la presente decisión, la respuesta de las empresas Claro Comunicaciones S.A., y Comunicación y Telefonía Rural S.A., que expresamente manifestaron que la entrega de la información pedida no afecta sus derechos. II. Requerir al Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones: a) Hacer entrega al reclamante de la nómina de las empresas proveedoras de servicios de internet a las que ofició la Subsecretaría de Telecomunicaciones mediante los oficios solicitados, como asimismo la nómina de aquellas que formularon respuesta a dichos oficios. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones la infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia la infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia, toda vez que no comunicó la solicitud de información a las empresas involucras. Lo anterior, a fin que adopte las medidas que sean necesarias para adecuar todas y cada una de sus actividades institucionales a la Ley de Transparencia. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones, a las empresas GTD Manquehue S.A., Entel S.A., Comunicación y Telefonía Rural S.A., Complejo Manufacturero de Equipos Telefónicos S.A.C.I., Claro Comunicaciones S.A., Telefónica Chile S.A., Pacífico Cable S.A., y VTR Comunicaciones SPA., éstas en su calidad de terceros en el presente procedimiento de acceso a la información pública, y a don Mario Bahamondes Valdés, remitiendo a este último por facilitación, copia del oficio Ord. N° 14.677/DAP N° 28577 F-39, de fecha 11 de noviembre de 2015, del oficio CIR. N° 144 DAP N° 28579/ F-39, de fecha 20 noviembre de 2015, y de la respuesta de las empresas Claro Comunicaciones S.A., y Comunicación y Telefonía Rural S.A., a éste último oficio. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don José Luis Santa María Zañartu y los Consejeros don Marcelo Drago Aguirre y don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.