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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C840-10</strong></p>
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Entidad pública: Gendarmería de Chile</p>
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Requirente: Mónica González Mujica</p>
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Ingreso Consejo: 23.11.2010</p>
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En sesión ordinaria N° 214 de su Consejo Directivo, celebrada el 11 de enero de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C840-10.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285, N° 19.880 y N° 20.405; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada; la Ley N° 20.065, que Moderniza el Servicio Médico Legal; el D.F.L. N° 2128, de 1930, Reglamento Orgánico del Registro Civil; las disposiciones pertinentes de los Códigos Civil, de Procedimiento Penal y Procesal Penal; el D.S. N° 460/1970, del Ministerio de Salud, Reglamento para el otorgamiento o extensión de certificado médico de defunción; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de octubre de 2010 doña Mónica González Mujica, mediante cinco presentaciones, solicitó a Gendarmería de Chile un registro actualizado de los reclusos fallecidos desde enero de 2008 a la fecha, en cada uno de los establecimientos penitenciarios que indica (117), detallando la identidad de cada uno de ellos. Dicha información se pidió disgregada según la causa de muerte, sea por causas naturales, suicidio o acción de terceros. Además, requiere los certificados de defunción de cada uno de ellos.</p>
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2) RESPUESTA: El 8 de noviembre de 2010, mediante Oficio Ord. N° 2007/2010, el Director Nacional de Gendarmería contestó la precitada solicitud en los siguientes términos:</p>
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a) Adjuntó a su respuesta una planilla en que indica la cantidad de internos fallecidos en cada establecimiento penal del país, desde enero del año 2008 hasta octubre del año 2010, señalando –respecto de cada establecimiento– el número de muertos por causa natural, suicidio o intervención de terceros (datos estadísticos).</p>
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b) En cuanto a la comunicación de la identidad de cada uno de los internos fallecidos, argumentó que el Servicio debería dar lugar al procedimiento de oposición contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, ello implicaría distraer indebidamente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, pues es necesario identificar a los interesados (familiares, sucesores o personas que constituyen el círculo más cercano del fallecido, por ejemplo), como también por el número de interesados a los que habría que notificar (mínimo 100 personas). Conforme a ello, denegó el acceso a la información solicitada, por aplicación de la causal de secreto contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Por último, en relación al requerimiento de los certificados de defunción de cada interno fallecido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia, derivó la solicitud al Servicio de Registro Civil e Identificación.</p>
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3) AMPARO: El 23 de noviembre de 2010 la solicitante reclamó ante este Consejo el amparo a su derecho de acceso a la información, fundada en que los datos requeridos se refieren a internos fallecidos, por lo que ésta sería totalmente pública, y Gendarmería no acompañó al Servicio de Registro Civil el listado de las personas fallecidas, lo que habría impedido que este órgano busque los certificados requeridos.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante Oficio N° 2512, de 29 de noviembre de 2010, quien respondió al mismo el 20 de diciembre de 2010, evacuando los siguientes descargos y observaciones:</p>
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a) Reitera que se configuraría la causal de secreto o reserva de información contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, pues ante la eventual lesión de la honra de las personas que guardan una estrecha relación con el difunto, debiese utilizarse el procedimiento contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, lo que implicaría una distracción indebida de sus funcionarios, pues tendría que “identificar a los terceros interesados como familiares, sucesores o personas que constituyen el círculo más cercanos de cada uno de los internos fallecidos, como por el número de interesados a los que habría que notificar, mínimo 100 personas”.</p>
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b) Adjunta copia de la planilla remitida a la solicitante.</p>
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5) TÉNGASE PRESENTE DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL: El viernes 31 de diciembre de 2010, a través de correo electrónico, la unidad de enlace del Servicio de Registro Civil e Identificación informó a este Consejo lo siguiente:</p>
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a) Hace presente que el 11 de noviembre de 2010 ingresó a sus oficinas los oficios de derivación remitidos por Gendarmería de Chile y que mediante carta N° 1552, de 7 de diciembre de 2010, informó a la solicitante que el Registro de Defunciones es un registro público y que la forma de acceder a él es mediante los certificados automatizados que le es posible obtener en las oficinas del Servicio o en su sitio electrónico, previo pago de los costos de reproducción asociados. Lo anterior, en virtud de lo prescrito por la Ley N° 19.477, orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, lo dispuesto por el artículo 177 de su reglamento (D.F.L. N° 2128, de 1930, del Ministerio de Justicia) y los artículos 1° y 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Acompaña copia de su respuesta.</p>
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b) Asimismo, advirtiendo que sólo cuenta con los antecedentes estadísticos remitidos por Gendarmería de Chile, señala que no le es posible identificar los datos de inscripciones de cada uno de los internos fallecidos.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, en resumen, lo solicitado es la individualización o nómina de los reclusos fallecidos en establecimientos penitenciarios desde enero de 2008 a la fecha, asociada a las siguientes causas de muerte: muerte natural, suicidio o muerte por acción de terceros. Así como los certificados de defunción de cada uno de los difuntos.</p>
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2) Que, primeramente, en consideración a las funciones y atribuciones encomendadas a este Consejo en el artículo 33 de la Ley de Transparencia, huelga concluir que no corresponde a este Consejo ordenar la entrega de los certificados de defunción requeridos, pues se trata de una certificación regulada por normas especiales, razón por la cual no constituye información cuya entrega se encuentre amparada por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y su disposición acerca de que la información sea entregada “en la forma y por el medio que requirente haya señalado”.</p>
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3) Que el órgano denegó el acceso a la información invocando la aplicación de la casual de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Sin embargo, según explicó en sus descargos y observaciones ante este Consejo, los fundamentos de hecho de su aplicación radican en que se encontraría imposibilitado de notificar a las personas que guardan una estrecha relación con los reclusos fallecidos (aproximadamente 100) el derecho de oposición que les asiste, en conformidad con el artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendida la posible afectación de su honra.</p>
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4) Que, en base a las circunstancias de hecho del caso, la resolución del presente amparo exige determinar lo siguiente: (a) si divulgar la condición de privado de libertad de un familiar difunto puede afectar los derechos de sus familiares; y (b) si comunicar la causa de muerte –distinguiendo entre causas naturales, suicidio o acción de terceros– de un difunto privado de libertad daría lugar a la afectación de los derechos de sus familiares. Lo anterior, toda vez que asociar la identidad de un difunto a estos hechos permitirá, posteriormente, acceder a la identidad de sus familiares, mediante los certificados de nacimiento y matrimonio emitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación.</p>
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5) Que, tal como ha venido señalando este Consejo en sus decisiones Roles C64-10, C398-10 y C556-10, la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, no resulta aplicable al caso de la especie, por cuanto una persona fallecida no es titular de datos personales, a la luz de su definición contenida en el artículo 2°, letra ñ), de dicho cuerpo legal, pues como consecuencia del hecho jurídico de la muerte ha dejado de ser persona, según se colige de los artículos 55, 74 y 78 de nuestro Código Civil.</p>
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6) Sin embargo, resulta replicable lo razonado en la decisión Rol C556-10, de 26 de noviembre de 2010, donde se reconoció que «si bien la información contenida en documentos tales como las fichas clínicas ya no sean "datos personales", sino simples "datos", por referirse a una persona ya fallecida, este Consejo estima que su tratamiento podría afectar los derechos de sus familiares, como un derecho propio de éstos (…). En efecto, tanto el derecho comparado analizado como el proyecto de ley en tramitación que regula los derechos y deberes que las personas tienen en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud, entienden que su revelación podría causarles perjuicios difíciles de evaluar, por lo que se trata de información reservada cuya comunicación puede realizarse en ciertas ocasiones y bajo ciertas circunstancias.» Por lo tanto, es menester verificar la concurrencia de otros derechos de los familiares que podrían verse afectados por la divulgación de la información, como lo es el derecho a la vida privada y el derecho a la honra.</p>
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7) Que, según Cea, la vida privada es el “conjunto de asuntos, conductas, comunicaciones, imágenes o recintos que, el titular de bien jurídico, no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo. La intromisión en ellos quebranta, en consecuencia, el bien jurídico protegido” . Así, en su sentido clásico o negativo, la protección de la vida privada se manifiesta como un derecho destinado a proteger a las personas de intromisiones ilegítimas en su esfera íntima, lo que se ha denominada como el “derecho a no ser molestado”. Por otra parte, la doctrina es unánime en señalar que la honra es el honor en sentido objetivo, esto es, “la buena fama, el crédito, prestigio o reputación de que una persona goza en el ambiente social” . Al respecto, Nogueira explica que “existe una intromisión legítima en la honra de la persona cuando se producen manifestaciones de juicio de valor a través de expresiones o acciones que de cualquier forma la lesionen en su reputación o consideración social, como asimismo, en el caso de la divulgación de hechos relativos a su vida privada personal o familiar que afecten su reputación” .</p>
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8) Que este Consejo ha sostenido como criterio orientador para determinar la afectación a los derechos y bienes jurídicos protegidos por las causales de reserva o secreto de la información que es necesario, en primer lugar, establecer si la divulgación de la información requerida provoca un daño actual, probable y específico a uno o más de dichos derechos y bienes jurídicos (lo que ha sido denominado como “test de daño”), que no cabe presumir sino que debe acreditarse o justificarse por quien lo invoca y, en segundo lugar, que la magnitud de dicho daño debe también evaluarse a la luz del beneficio público resultante de divulgar la información, conforme exige el reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la información y del principio de publicidad (también denominado “test de interés público”). Al respecto, véanse las decisiones Roles A1-09, de 23 de junio de 2009, A39-09, de 19 de junio de 2009, A45-09, de 28 de julio de 2009, y C193-10, de 15 de julio de 2010.</p>
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9) Que, en primer lugar, en cuanto a si divulgar la condición de privado de libertad de un difunto puede afectar la vida privada u honra de sus familiares, es menester reconocer el carácter público de la condición de privado de libertad. En efecto, según preceptúa al artículo 19 N° 7, letra d), de la Constitución “[l]os encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público”. Asimismo, la muerte es un hecho público, cuya difusión se ejecuta mediante los certificados de defunción expedidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación. En ese contexto de publicidad, el hecho de la muerte bajo la condición de privado de libertad no involucra una carga negativa, cuyo conocimiento por terceros pueda violar el buen nombre o reputación de los familiares del difunto, por lo que su divulgación no afectará el derecho a la honra de los familiares del difunto ni su derecho a la vida privada. Criterio que ya ha sido aplicado por este Consejo en su decisión C64-10, de 11 de junio de 2010, relativa a publicidad de la nómina de trabajadores fallecidos en accidentes laborales en la Región Metropolitana.</p>
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10) Que acerca de la afectación de los derechos de los familiares de los reclusos por la divulgación de su causa de muerte, cabe tener presente las siguientes disposiciones y protocolos relativos al registro y publicidad de la causa de muerte de los difuntos:</p>
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a) El inciso segundo del artículo 44 de la Ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, preceptúa lo siguiente: “Si el fallecimiento hubiere ocurrido en convento, hospital, lazareto, hospicio, cárcel, nave, cuartel u otro establecimiento público, el jefe del mismo estará obligado a solicitar la licencia o pase del entierro y llenar los requisitos necesarios para la respectiva inscripción en el Registro”.</p>
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b) El artículo 177 del Reglamento Orgánico del Registro Civil (D.F.L. N° 2128, de 1930) señala que: “Al requerirse la inscripción de un fallecimiento, deberá presentarse un certificado expedido por el médico encargado de comprobar las defunciones o por el que haya asistido al difunto en su última enfermedad. / En dicho certificado se indicará, siendo posible, el nombre, apellido, estado, profesión, domicilio, nacionalidad y edad efectiva o aproximada del difunto; el nombre y apellido de su cónyuge y de sus padres; la hora y el día del fallecimiento, si constare, o, en otro caso, las que se consideren probables, y la enfermedad o la causa que haya producido la muerte”. En igual sentido su artículo 182 N° 5 preceptúa: “La inscripción del fallecimiento se practicará en el Registro respectivo y contendrá, a más de las generales establecidas en el artículo 89, las siguientes indicaciones: 5) La enfermedad o la causa que hubiere producido la defunción, en caso de ser conocida”;</p>
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c) Según el artículo 24 de la Ley Nº 4.808, sobre Registro Civil: “Los certificados o copias de inscripciones o subinscripciones que expidan el Conservador o los Oficiales del Registro Civil, tendrán el carácter de instrumentos públicos”. Por su parte, el citado Reglamento Orgánica Servicio de Registro Civil e Identificación señala que “[p]odrán solicitar certificados del Registro Civil, a más de los interesados en una inscripción, todas las personas que lo deseen” (artículo 211). Por lo tanto, en virtud de estas disposiciones, actualmente es posible acceder a la causa de muerte de una persona solicitando el respectivo certificado de defunción en el Servicio de Registro Civil e Identificación.</p>
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d) El inciso segundo del artículo 5° del Reglamento para el otorgamiento o extensión de certificado médico de defunción (D.S. N° 460/1970, del Ministerio de Salud) establece que “Si el médico presumiere que el fallecimiento se debe a causas no naturales, se abstendrá de dar certificado alguno y notificará este hecho al director del hospital base del área, quien a su vez denunciará el hecho al juzgado del crimen respectivo”.</p>
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e) Al respecto, el inciso primero del artículo 121 del Código de Procedimiento Penal preceptúa que “[c]uando se sospeche que la muerte de una persona es el resultado de un delito, se procederá, antes de la inhumación del cadáver o inmediatamente después de exhumado, a efectuar la descripción ordenada por el artículo 112, a practicar el reconocimiento y autopsia del cadáver y a identificar la persona del difunto”. Agregando su artículo 136 que “[s]i se presumiere que ha habido suicidio, debe procederse a averiguar si alguien prestó ayuda a la víctima y en qué consistió la cooperación”. Por su parte, el inciso primero del artículo 201 del Código Procesal Penal establece que “[c]uando hubiere motivo para sospechar que la muerte de una persona fuere el resultado de un hecho punible, el fiscal procederá, antes de la inhumación del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, a practicar el reconocimiento e identificación del difunto y a ordenar la autopsia”.</p>
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f) Que las autopsias médico legales son practicadas, por regla general, por el Servicio Médico Legal (SML), por orden de un Tribunal o del Ministerio Público (art. 3° Ley N° 20.065). La causa de muerte es registra por el SML en el Formulario de Certificado Médico de Defunción –el cual será posteriormente remitido al Registro Civil para su inscripción–, indicando la causa inmediata de muerte (v.gr., asfixia, anoxia) y su causa originaria (v.gr., suicidio, homicidio, incendio). Dicha categorización permite al Servicio Médico Legal dar cumplimiento a su función de mantener registros estadísticos de las pruebas periciales (artículo 3° Ley N° 20.265).</p>
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g) Que consultado el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRC) acerca del contenido de los certificados de defunción entregados a las personas, en particular, acerca de si éstos identifican o denotan como causa de muerte el suicidio o la acción de terceros, mediante correo electrónico de 10 de enero de 2011, éste informó lo siguiente:</p>
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i) Las inscripciones de defunción se llenan siguiendo el formulario “certificado médico de defunción y estadísticas de mortalidad fetal”, el cual es suscrito por el médico que certifica el fallecimiento. Dicho formulario contiene tres causas de muerte: (i) “inmediata (enfermedad o condición que produjo directamente la muerte)”; (ii) “originarias (enfermedades, lesiones y tipo de accidente, suicidio u homicidio que ocasiono la causa mediata)”; (iii) Campo en blanco (u otra causa originaria). Además, contiene un ítem denominado “Estados Morbosos Concomitantes (contribuyentes a la defunción pero fuera de la cadena causal)”.</p>
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ii) Hizo presente que no necesariamente los médicos informan las tres causas. Sin embargo, en el certificado de defunción emitido por el SRC se colocan todas las causas que hayan sido consignadas por el médico en el respectivo campo de texto (no parametrizado), las que se transcriben en forma exacta. Agrega que los “Estados Morbosos Concomitantes” no figuran en el certificado.</p>
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iii) A modo ilustrativo, expuso que el certificado de defunción elaborado por el Servicio indica como causa de muerte lo siguiente: “causa de muerte inmediatas” / “causa de muerte originaria” / “causa de muerte originaria 2”.</p>
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11) Que, sobre la base de lo expuesto en el considerando precedente y el considerando 8º, este Consejo concluye que la muerte de un recluso debida a motivos naturales es una circunstancia que el legislador ha estimado pública al reglar el sistema de inscripción de las causas de muerte y la emisión de los certificados de defunción, pues la enfermedad o causa inmediata que haya producido la muerte de un familiar consta en registros administrados por el Servicio de Registro Civil e Identificación y a los que puede acceder cualquier persona, en conformidad con la normativa legal precitada.</p>
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12) Que, por otra parte, resulta inconcusa la trascendencia pública del conocimiento de las circunstancias en que ocurre una muerte al interior de un recinto penitenciario, atendida la relación de cuidado que el Estado respecto de las personas privadas de libertad y los deberes de éste para con los primeros, los que han sido identificados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el Caso Miguel Castro vs. Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2006, señalando lo siguiente: «…el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. Es posible considerar responsable al Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que sufre una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de quienes aparezcan como responsables de ellos. Recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados» .</p>
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13) Que lo anterior cobra especial relevancia en nuestro país ante los antecedentes que dan cuenta de la situación carcelaria del mismo y la accesibilidad de la información sobre la misma:</p>
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a) En junio de 2009, la fiscal judicial Mónica Maldonado expuso ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado lo siguiente: “b) la sobrepoblación y horarios de encierro, y que la condición de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios no concesionados del país es generalizada. Tal situación se ve agravada porque los internos permanecen encerrados en sus celdas por aproximadamente quince horas diarias, en celdas abarrotadas, sin servicios higiénicos y sin la adecuada ventilación y luz; y c) que los castigos de internación en celda solitaria y las condiciones en que se cumplen estas sanciones, independientemente de las mejoras realizadas a lo largo del país en este ámbito, siguen constituyendo tratos crueles…” .</p>
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b) El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales en su Informe Anual sobre Derechos Humanos correspondiente al año 2005, concluyó que “la falta de vigilancia de gendarmes durante gran parte del día unido a las altas dosis de violencia que es posible constatar en los penales genera el escenario propicio para la producción de peleas y ajustes de cuenta entre internos. Las riñas, como señalamos, en la medida de que se hacen efectivas con cuchillos de gran magnitud, importan casi inevitablemente la producción de secuelas físicas gravísimas y, en muchos casos, la muerte de los partícipes. A mayor abundamiento, la inactividad de los gendarmes a la hora de evitar las peleas de que tienen conocimiento propicia aún más tales resultados lesivos” .</p>
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c) En cuanto al acceso a la información sobre muertes en recintos penitenciarios, el citado informe da cuenta que “…no obstante que de acuerdo a los testimonios de internos existiría una gran cantidad de muertes de reclusos, no existen cifras oficiales actualizadas que corroboren tal diagnóstico”. Agrega que “la mayoría de los reclusos entrevistados sostuvo como parte de la vida normal de la cárcel la existencia de muertes de otros internos de manera frecuente. Casi todos, frente a la pregunta de si existían muertes en los penales respondieron afirmativamente y señalaron conocer bastantes casos de decesos, lo que permite presumir que las cifras existentes, tanto oficiales como no oficiales, no serían del todo representativas de la realidad” . Lo que fue ratificado en su informe correspondiente al año 2006, donde reitera las dificultades para determinar el número de muertos al interior de los recintos penales, ya que no existirían cifras institucionales al respecto .</p>
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14) Que, vistas las circunstancias de hecho en las que convive la población carcelaria nacional y la posición de garante en que se encuentra el Estado respecto de quienes se encuentran privados de libertad, es dable sostener que el suicidio o muerte por acción de terceros de cualquier recluso al interior de un recinto carcelario involucra un cuestionamiento al adecuado cumplimiento de las funciones estatales, por lo que el conocimiento de estos antecedentes posibilita o favorece la investigación de las causas que dieron lugar a su muerte, permitiendo la revisión de los hechos por la opinión pública y visibilizando el fenómeno en las instancias gubernamentales correspondientes. Así, el carácter público de la información, junto con permitir el control ciudadano de la política carcelaria nacional, posibilita un control específico del ejercicio de las funciones públicas de Gendarmería en casos concreto.</p>
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15) Que, por su parte, si bien es dable presumir que algunas interpretaciones sobre los motivos de la muerte de una persona –sea por causa natural, suicidio o acción de terceros– puedan involucrar una carga potencialmente lesiva para la reputación de los familiares, tal efecto es eventual e incierto, no pudiendo determinarse con algún grado de probabilidad si ocurrirá por lo que debe desestimarse su concurrencia como causal de secreto o reserva de la información, especialmente atendido el interés público que tiene esta información.</p>
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16) Que es evidente el impacto psicológico que el suicidio y la muerte por acción de terceros provoca en los familiares y allegados del difunto y que la forma de abordar las aflicciones propias de ese episodio es parte de aquellos episodios que los individuos desean manejar con discreción. Sin embargo, no puede entenderse que por ello exista un derecho a mantener en reserva la causa de muerte del difunto pues, si bien el deseo de discreción o cautela constituye un legítimo interés de las personas que abordan un proceso de duelo, el legislador ha estimado públicas las causas de la muerte de un sujeto y por ello los protocolos de inscripción, registro y certificación de las defunciones de los reclusos fallecidos dan cuenta de si se trata de un suicidio, un homicidio u otros antecedentes que denoten la acción de terceros. Adicionalmente, tratándose de muertes violentas deberá realizarse una investigación penal cuyo inicio es público al igual que lo serán, en definitiva, los antecedentes allí generados.</p>
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17) Que, por lo anterior, no estamos en presencia de un derecho de estos terceros sino sólo de un “interés”, insuficiente para configurar una hipótesis de reserva conforme al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia que exige la afectación de derechos de las personas, entendiéndose por tales, conforme al artículo 7º Nº 2 del Reglamento de la Ley, “…aquéllos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés”. Por lo mismo, tampoco procede en estos casos la comunicación a que alude el artículo 20 de la Ley de Transparencia. A mayor abundamiento, la aflicción que provoca un fallecimiento suele superar los umbrales de la familia por lo que, de entenderse que el respeto del duelo exigiría la previa comunicación establecida en el art. 20 de la Ley de Transparencia, sería prácticamente imposible saber quiénes serían los “terceros afectados” a notificar, bloqueándose permanentemente el acceso a esta información y haciendo ilusorio el ejercicio de este derecho.</p>
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18) Que, sobre la base de todo lo expuesto, se resolverá la entrega de la nómina de los reclusos fallecidos al interior de los recintos carcelarios indicados por la reclamante individualizando la causa de muerte del mismo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTICULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por doña Mónica González Mujica, por las consideraciones precedentes.</p>
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II. Requerir al Director General de Gendarmería:</p>
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a) Hacer entrega a la reclamante de una nómina de los reclusos fallecidos en los centros penitenciarios que indica, individualizándoles mediante su nombre y RUN, asociando a cada uno de ellos su causa de muerte –sea natural, suicidio, acción de terceros u otra–.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a doña Mónica González Mujica y al Director General de Gendarmería de Chile.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. No firma el Consejero Olmedo por encontrarse ausente al momento de la firma. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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