Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C147-09

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Reclamante:	RAMÓN LIEBSCH MUNDACA
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Resumen del caso: Se solicita amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones (SP) por la denegación de la información que dice relación con la entrega de los expendientes de desafiliación del sistema de pensiones de dos personas de altas connotación pública. La SP responde que no puede hacer de tal información, puesto que ella se encuentra resguardada por causales de reserva de la Ley de Transparencia. El Consejo acoge la solicitud sañalando que si bien el art. 21 N°5 de la Ley de Transparencia permite la reserva de información cuando una ley de quórum calificado haya declarado el secreto y, copulativamente, dicho secreto debe estar determinado según las causales del art. 8 de la Constitución, siendo este segundo requisito el que no se cumple en este caso
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/19/2010
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley 20255 2008 - Ley que establece Reforma Previsional Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C2382-14 C969-17 C6485-18 C2240-17 C2918-17 C1056-19 C1947-19 C4708-20 C6284-20 C1235-11 C1236-11 C1012-14 C569-17 C1381-17 C3180-17 C5096-18 C1082-19 C2270-19 C4377-19 C7534-19 C4718-20
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Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO ROL A147-09 Entidad pública: Superintendencia de Pensiones Requirente: Ramón Liebsch Mundaca Ingreso Consejo: 26.06.09. En sesión ordinaria N° 133 de su Consejo Directivo, celebrada el 16 de marzo de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A147-09. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 20.255, de 2008, que establece la reforma previsional; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de mayo de 2009, don Ramón Liebsch Mundaca solicitó a la Superintendencia de Pensiones que se le autorice la desafiliación del sistema de pensiones regulado por el D.L. N° 3.500 y la entrega de los expedientes de desafiliación de don Jorge Félix Arrate MacNiven y doña Adriana Muñoz D’Albora, con los documentos que sirvieron de sustento a las respectivas resoluciones 2) RESPUESTA: La Superintendencia de Pensiones, mediante Of. Ord. N°12.565, de 2 de junio de 2009, respondió dicha solicitud, señalando lo siguiente: a) Señala que la Ley de Transparencia en su art. 5° indica cuál es la información pública de los órganos del Estado a la que se puede acceder. b) Agrega que en la presentación del requirente, lo que realmente se ha planteado es una reconsideración de un acto administrativo en relación con la solicitud del requirente para desafilarse del sistema de pensiones del D.L. N° 3.500, la que fue rechazada por Resolución Exenta N° 55.519/2008, de la Superintendencia de Pensiones. c) Manifiesta que, en consecuencia, el requerimiento no quedaría comprendido dentro de las materias que regula la Ley de Transparencia, debiendo ser tramitado en conformidad con los procedimientos administrativos generales. d) En lo relacionado a la solicitud de entrega de los expedientes de desafiliación de don Jorge Félix Arrate MacNiven y doña Adriana Muñoz D’Albora, invoca el art. 21 N° 2 y el art. 21 N° 5 para no entregar la documentación. Señala que, el inc. 3° del art. 50 de la ley 20.255 dispone: “El Superintendente y todo el personal de la Superintendencia deberán guardar reserva y secreto absolutos de las informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores. Asimismo, deberán abstenerse de usar dicha información en beneficio propio o de terceros. Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda (Estatuto Administrativo), se estimará que los hechos que configuren infracciones a esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan”. e) En virtud de lo anterior, la Superintendencia requerida se encontraría obligada a guardar reserva o secreto absoluto, respecto de terceros, de las informaciones que acceda en el ejercicio de sus funciones, como es el caso en el que se le solicita los trámites de desafiliación del Sistema de Pensiones del D.L. N° 3500, de personas diversas al requirente. f) Por lo tanto, concluye que no resulta jurídicamente procedente acceder a la entrega de los expedientes de desafiliación de don Jorge Félix Arrate MacNiven y doña Adriana Muñoz D’Albora. 3) AMPARO: El 26 de junio de 2009, don Ramón Liebsch Mundaca, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Transparencia, formuló amparo ante la Gobernación Provincial de Antofagasta, el que fue recibido en este Consejo el 30 de junio, por denegación de la información, en contra de la Superintendencia de Pensiones. En dicho amparo, el reclamante señala que “existe una red de protección en torno al ex -Ministro Jorge Félix Arrate MacNiven y diputada Adriana Muñoz D’Albora”. Asimismo, acompañó escrito propio y más de 20 antecedentes sobre su solicitud de desafiliación ante la Superintendencia de Pensiones. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL ORGANISMO: En sesión ordinaria N° 72, de 31 de julio de 2009, el Consejo Directivo de esta Corporación, declaró admisible el amparo. Por consiguiente, se procedió a notificar el reclamo antedicho y a conferir traslado a la Superintendenta de Pensiones, mediante Oficio N° 346, de 5 de agosto de 2009. Mediante Oficio Ordinario N° 20.637, recibido el 25 de agosto, la autoridad reclamada formuló los siguientes descargos u observaciones al amparo: a) Indica que en cuanto a la entrega de los expedientes de desafiliación de don Jorge Félix Arrate MacNiven y doña Adriana Muñoz D’Albora, la Superintendencia invocó el art. 21 N° 5 para no entregar la información, en virtud de que el art. 50 de la Ley N° 20.255 (ley conocida como la “Reforma Previsional”) obliga al Superintendente y a los funcionarios del órgano reclamado, a guardar reserva y secreto absoluto de la información que tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores. b) El art. 50 citado, agrega, constituye una excepción al principio de transparencia y publicidad consagrado en el art. 8° de la Constitución, ya que se trataría de una ley aprobada con quórum calificado. c) Señala que, si bien el art. 50 de la Ley N° 20.255, en ningún momento de su tramitación fue declarada propia de quórum calificado en atención al art. 8° de la Constitución, consta de la historia de la ley, que en los tres trámites constitucionales, el artículo en cuestión fue aprobado con el voto de una mayoría significativa de los diputados y senadores en ejercicio, cumpliéndose así el quórum exigido por el art. 8° de la Constitución. d) Cita a este respecto el fallo del Tribunal Constitucional, de 4 de agosto de 2000, Rol N° 309, el que en su Considerando 30° indica: “Que, en efecto, si bien es cierto que en la adopción del acuerdo en estudio se incurrió en una equivocada interpretación al exigir para su aprobación solamente quórum simple, también es efectivo que, en definitiva, el acuerdo contó con la mayoría de las cuatro séptimas partes de los diputados en ejercicio. En consecuencia, la voluntad de la Corporación se manifestó, finalmente, en armonía y concordancia con la exigencia establecida por el artículo 63 de la Carta Fundamental, en cuanto a las normas propias de leyes orgánicas constitucionales, y, por ende, no resulta ni razonable ni prudente que tal error autorice para declarar la inconstitucionalidad de forma del acuerdo aprobatorio del convenio cuestionado, pues desde un punto de vista material se cumplió con el fin perseguido por la señalada norma constitucional.". En consecuencia, señala el reclamado, el art. 50 cumple en lo formal con la exigencia constitucional del art. 8° de la Constitución, en cuanto a que se trata de una ley que fue de hecho aprobada con quórum calificado. e) En el mismo sentido, cita el Dictamen de la Contraloría General de la República N° 39.889/2009, el que al pronunciarse sobre la confidencialidad de las declaraciones de patrimonio e intereses de los funcionarios de la Agencia Nacional de Inteligencia, determinó que: “En este sentido cabe destacar que las exigencias impuestas por el artículo 8° de la Constitución Política para el establecimiento del secreto o reserva en las situaciones que indica, mediante una ley de quórum calificado, no han afectado la vigencia del articulo 36 en examen, por cuanto, de los antecedentes sobre tramitación de la referida ley N° 19.974, se ha podido constatar que dicha disposición fue aprobada por el Congreso Nacional con el quórum de orgánica constitucional y el Tribunal Constitucional, en sentencia de 3 de septiembre de 2004 (Rol N° 417), se pronunció sobre aquélla por incidir en materias propias de ese carácter de ley." f) Manifiesta, además, que se ha invocado en el caso, la causal del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia como fundamento para denegar el acceso a los expedientes de desafiliación de don Jorge Félix Arrate MacNiven y doña Adriana Muñoz D’Albora. Señala que en este caso, los expedientes contienen información referida a aspectos privados de los interesados, tales como, el régimen previsional, cotizaciones previsionales, derechos a impetrar beneficios, información de carácter personal, como, fecha de nacimiento, RUT, domicilio y monto de sus fondos previsionales. Por lo tanto, indica que la negativa de la Superintendencia a entregar la información fue debidamente fundada y no corresponde a ninguna red de protección en torno a las personas cuyos expedientes se solicitan. g) En lo que se refiere a la reconsideración de la desafiliación del sistema de pensiones regulado por el D.L. N° 3.500, solicitado por el reclamante, la Superintendencia señala, además de que no corresponde a la competencia de este Consejo, que dicho requerimiento fue reingresado al sistema general de correspondencia y que por Ord. N° 14.117, de 17 de junio de 2009, cuya copia acompaña, no se le dio lugar a la solicitud de reconsideración de la Resolución N° 55.519/2008 que denegó la desafiliación del reclamante al sistema de AFP, por haberse comprobado fehacientemente que éste tiene derecho a Bono de Reconocimiento, no cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley N° 18.225, que permite la desafiliación del nuevo sistema de AFP. 5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión ordinaria N° 89, de 29 de septiembre de 2009, el Consejo Directivo acordó decretar una medida para mejor resolver, en virtud de que la Superintendencia de Pensiones invocó, la causal del art. 21 N° 2 y el hecho de que no constaba de los antecedentes que se encuentran en poder de este Consejo, que se hubiera notificado a las personas cuya información se estaba solicitando por el reclamante. Dicha medida fue decretada con el fin de requerir al órgano reclamado que procediera a notificar a don Jorge Arrate MacNiven y a doña Adriana Muñoz D’Albora el requerimiento de información y que se le comunicara la facultad que les asiste a oponerse a la entrega de la información, en conformidad con el art. 20 de la Ley de Transparencia, gestión que fue cumplida mediante Oficio N° 711, de 7 de octubre de 2009. 6) SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Mediante Of. Ord. N° 26.550, de 15 de octubre de 2009, la Superintendencia de Pensiones presentó ante este Consejo, una solicitud de reconsideración de la medida para mejor resolver decretada por el Consejo Directivo, en conformidad con el art. 59 de la Ley N° 19.880, por las siguientes razones: a) Reitera que se le denegó la solicitud al reclamante basándose en la disposición contenida en el inc. 3° del art. 50 de la Ley N° 20.255 que dispone que el Superintendente y todo el personal del organismo deberán guardar reserva y secreto absoluto de las informaciones de las cuales tomen conocimiento en cumplimiento de sus labores. b) Para el órgano reclamado, el mandato legal que pesa sobre éste, configura, en el caso, la causal de secreto o reserva del art. 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. Por lo tanto, la sola aplicación de la norma resultaría suficiente para denegar la entrega de la información al reclamante. c) Señala que la aplicación de la causal del art. 21 N° 5, es incompatible con la notificación a terceros de acuerdo al art. 20 de la Ley, por cuanto de efectuar dicha notificación, la Superintendencia estaría adoptando un procedimiento que podría llevar a un incumplir el deber de reserva que le impone el art. 50, trasladando la responsabilidad a los propios interesados, en circunstancias que el legislador, ha radicado en el Superintendente y en todo el personal del órgano la responsabilidad de velar por la confidencialidad de la información. d) Indica que lo expuesto se vería ratificado por el hecho de que tratándose de antecedentes que fueron conocidos hace 10 ó 15 años atrás, no se dispone de los domicilios actualizados para la notificación a los terceros, por lo tanto, éstos se verían impedidos de manifestar su voluntad dentro del plazo que indica la Ley y la Superintendencia se vería en la obligación de entregar la información requerida. e) Por otra parte, agrega, que si bien se alegó la causal del art. 21 N° 2, esto se hizo en apoyo y a mayor abundamiento de la causal del art. 21 N° 5. Al invocarla, se ha querido especificar el riesgo involucrado en la entrega de los antecedentes y que es, precisamente, el fundamento del art. 50 de la Ley N° 20.255, esto es, el resguardo de la información a la que accede la Superintendencia en el ejercicio de sus funciones f) Manifiesta, que sería contradictorio comunicar a terceros la solicitud de información del reclamante, si la Superintendencia se encuentra legalmente obligada a denegar la entrega de los antecedentes solicitados, en virtud del deber de reserva y secreto absolutos que les impone el art. 50. g) Por lo tanto, solicita dejar sin efecto la instrucción impartida en el Oficio N° 711, de 7 de octubre de 2009, de este Consejo y que se resuelva derechamente la procedencia de aplicar en este caso la causal de secreto o reserva del art. 21 N° 5. 7) DECISIÓN DE LA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER DECRETADA EN EL CASO: El Consejo Directivo, en sesión ordinaria N° 95, de 20 de octubre de 2009, decidió rechazar la reconsideración de la medida para mejor resolver, decretada por esta Institución mediante Oficio N° 711, de 7 de octubre de 2009, por las razones que se pasan a resumir, decisión que fue comunicada a la Superintendenta de Pensiones mediante Oficio N° 151, de 2 de febrero de 2010: a) Este Consejo estimó que el art. 15 de la Ley N° 19.880, relativo al principio general de impugnabilidad, dispone que los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión. b) En el caso, el acto que se impugna, esto es, el Oficio N° 711, de 7 de octubre de 2009, que ordena una medida para mejor resolver, se trata de un acto de mero trámite, que no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento establecido en el art. 24 y ss. de la Ley de Transparencia y no produce indefensión, debido a que la Superintendencia de Pensiones tuvo la oportunidad de evacuar sus descargos durante el procedimiento. Por lo anterior, se acordó que no cabía la impugnación, de la medida para mejor resolver decretada. c) A mayor abundamiento y, en cuanto al fondo de la solicitud de reconsideración, se indicó que la medida para mejor resolver no resuelve derechamente el amparo interpuesto, sino que se refiere a un trámite que permitirá conocer la opinión de los terceros sobre los cuales versa la información solicitada, cuyos derechos eventualmente pudieren verse afectados por la publicación de la misma, de conformidad con el art. 21 N° 2 y el art. 20 de la Ley de Transparencia. d) La comunicación a los terceros titulares de la información que se solicita, a diferencia de lo que señala en la solicitud de reconsideración, no está relacionada ni contradice la causal de secreto o reserva invocada del art. 21 N° 5 de la Ley, pues sus eventuales respuestas constituirán antecedentes adicionales que permitirán a este Consejo adoptar una decisión adecuada sobre el amparo interpuesto. e) Cabe señalar, además, que el órgano reclamado adelantó las consecuencias de una eventual decisión de este Consejo que aún no se ha adoptado, en el sentido que, si se comunica a los terceros titulares de la información requerida, quedaría a la voluntad de éstos la entrega de la misma, situación que, en definitiva, debe resolver precisamente el Consejo en su oportunidad. f) Por último, en cuanto a la dificultad de obtener los domicilios de las personas a notificar, sobre todo porque se trataría de antecedentes que se analizaron hace 10 ó 15 años atrás, este Consejo consideró que, en la especie, no se presentarían tales problemas, pues los terceros a quien se ha requerido notificar son personas de alta connotación pública y que pueden ser fácilmente ubicables. g) Por lo tanto, se requirió al reclamado que procediera a notificar a don Jorge Arrate MacNiven y a doña Adriana Muñoz D'Albora de la solicitud de acceso de sus respectivos expedientes de desafiliación, en su calidad de terceros a quienes se refieren dichos antecedentes y de los documentos contenidos en dicha solicitud, indicándoles la facultad que les asiste de oponerse a la entrega de la información requerida, de conformidad con el art. 20 de la Ley de Transparencia. h) Asimismo, se le requirió a la Superintendencia que dispusiere de las referidas comunicaciones a los terceros individualizados, dentro del plazo de 2 días hábiles contados desde la notificación de la decisión que rechazaba la solicitud de reconsideración, adjuntándoles a éstos copia del requerimiento respectivo y de la respuesta de su Servicio. i) También y, por último, se le requirió al órgano reclamado que remitiera a este Consejo, en su oportunidad y a los efectos de adoptar una decisión definitiva en relación con el amparo interpuesto, las respectivas respuestas que evacúen don Jorge Arrate MacNiven y doña Adriana Muñoz D'Albora, en su caso, inmediatamente después de que se dispusiera de éstas, o enviare las comunicaciones despachadas por la Superintendencia de Pensiones a dichos terceros, en el evento en que éstos no se pronunciaren dentro del plazo establecido en el art. 20 de la Ley de Transparencia. 8) CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Mediante Of. Ord. N° 8.346, de 9 de marzo de 2010, el que se hizo llegar mediante correo electrónico a este Consejo, la Superintendenta de Pensiones comunicó lo siguiente, en cumplimiento con el Oficio N° 151, de 2 de febrero de 2010: a) Señala que la Superintendencia procedió a notificar el requerimiento de información a don Jorge Arrate Mac Niven y a doña Adriana Muñoz D'Albora, mediante Oficios N°s 6.113 y 6.114, respectivamente, ambos de 16 de febrero de 2010, cuyas copias acompaña. b) Agrega que, en conformidad con el art. 20 de la Ley de Transparencia, la notificación se entiende practicada el 22 de febrero de 2010 y, por lo tanto, el plazo para ejercer el derecho de oposición a la entrega de información habría vencido el 25 de febrero del presente año. c) Informa que a la fecha del Oficio (9 de marzo de 2010), los interesados no han efectuado presentación alguna ante la Superintendencia en relación con la solicitud de información. d) Sin embargo, hace presente que en relación con la Sra. Adriana Muñoz D'Albora, señala que se tomó contacto con ella vía correo electrónico y por esa vía manifestó que no recibió la notificación del Oficio N° 6.114, de 16 de febrero de 2010. Por ello, se le habrían remitido, nuevamente, todos los antecedentes, con el fin de que ejerza el derecho que le confiere el art. 20 de la Ley de Transparencia. Agrega que al efecto y, por vía telefónica con personal del órgano, la Sra. Muñoz manifestó su voluntad de no autorizar la entrega de la información solicitada por el reclamante (no indica fecha de esta comunicación). e) Por su parte, indica que también mediante comunicación telefónica, el Sr. Arrate habría indicado que no se opuso a la entrega de la información (no indica fecha de este pronunciamiento). <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que el art. 5° y 10 de la Ley de Transparencia consagran el derecho de acceso a la información pública, derecho implícitamente reconocido en la Constitución, según lo ha afirmado el Tribunal Constitucional en su fallo recaído en el caso “Casas Cordero con el Director Nacional de Aduanas”, Rol N° 634/2006. 2) Que, por su parte, la Constitución, en su art. 8° declara como públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, agrega la disposición citada, que sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. 3) Que a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, se puede solicitar y acceder a los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo y esencial, los procedimientos que se utilicen para su dictación, así como toda información elaborada con presupuesto público y aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo que se configure alguna de las causales de secreto o reserva consagradas en el art. 21 de la Ley de Transparencia. 4) Que en el presente caso, el reclamante ha solicitado a la Superintendencia de Pensiones, los expedientes de desafiliación del sistema de pensiones regido por el D.L. N° 3.500 de don Jorge Arrate MacNiven y de doña Adriana Muñoz D’Albora. 5) Que el órgano reclamado ha denegado el acceso a dicha información, en virtud de las causales de secreto o reserva del art. 21 N° 5, que permite la no entrega de información cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el art. 8° de la Constitución. Asimismo, ha fundamentado su denegación en virtud de la causal de secreto o reserva del art. 21 N° 2, esto es cuando la publicidad, comunicación o conocimiento de la información afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico. Las causales invocadas por la Superintendenta de Pensiones para denegar la información, serán tratadas a continuación y por separado. 6) Que en cuanto a la invocación de la causal del art. 21 N° 5, ésta se fundamentó en la existencia del art. 50 de la Ley N° 20.255, que dispone una obligación al Superintendente de Pensiones y a los funcionarios del órgano que consiste en guardar reserva y secreto absolutos de la información que tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores. Para el reclamado, dicha disposición revestiría el carácter de quórum calificado, en conformidad con el art. 8° de la Constitución. 7) Que la Superintendenta de Pensiones ha fundamentado que la disposición que invoca de la Ley N° 20.255, reviste del quórum calificado, no en forma expresa, sino más bien, en los hechos, pues habría sido aprobada con la mayoría necesaria para cumplir con dicho quórum. Para estos efectos, ha recurrido a la historia de la ley, a un fallo del Tribunal Constitucional y a un Dictamen de la Contraloría General de la República. 8) Que este Consejo estima que es efectivo, según los argumentos expuestos en los descargos de la Superintendencia de Pensiones, que la norma del art. 50 de la Ley N° 20.255 cumple con el quórum necesario para ser considerada como de quórum calificado. Sin embargo, la causal del art. 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, no sólo exige que una ley de quórum calificado establezca la reserva o secreto de documentos, datos o información, sino además, y en forma copulativa, requiere que la declaración que haga dicha ley, sea de acuerdo a las causales señaladas en el art. 8° de la Constitución, a saber: afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. Este último requisito copulativo, no ha sido debidamente fundamentado por la Superintendencia de Pensiones, pues la declaración de secreto o reserva que hace el art. 50 de la Ley N° 20.255, no se condice con ninguna de las causales de secreto o reserva indicadas expresamente en el art. 8° de la Constitución. Por lo anterior, este Consejo desechará la invocación de esta causal. 9) Que en lo que se refiere a la causal de secreto o reserva del art. 21 N° 2 el órgano señala que la entrega de los expedientes de desafiliación de don Jorge Félix Arrate MacNiven y de doña Adriana Muñoz D’Albora puede afectar los derechos de éstos porque contendrían información previsional y de carácter personal. Sin embargo, no constaba que se hubiera comunicado por la Superintendencia de Pensiones, a las personas individualizadas, su derecho para oponerse a la entrega de la información de acuerdo al art. 20 de la Ley de Transparencia. 10) Que, en virtud de lo anterior, este Consejo ordenó a la Superintendencia de Pensiones que procediera a notificarles el requerimiento de información del reclamante, así como su respuesta a éste, a lo que dio cumplimiento, según ya se ha descrito en el numeral 8° de la parte expositiva de este informe. De dichas gestiones realizadas por el reclamado, se informa que se evacuaron dos oficios de comunicación a los terceros cuyos derechos se podrían ver afectados con la entrega de la información, en conformidad con el art. 20 de la Ley de Transparencia y, a la fecha de la comunicación de la Superintendencia a este Consejo (9 de marzo de 2010), aún no se habría recibido pronunciamiento alguno, por parte de los terceros, habiendo ya transcurrido con creces el plazo de 3 días hábiles que contempla la disposición citada. 11) Que, no obstante lo anterior, en el oficio de la Superintendencia a este Consejo, en el que se dio cumplimiento a la medida para mejor resolver decretada, se indica que la H. Diputada doña Adriana Muñoz D’Albora, se habría comunicado con funcionarios del órgano reclamado, en forma telefónica, oponiéndose a la entrega de la información requerida, mientras que don Jorge Arrate MacNiven, también por vía telefónica, habría comunicado que no se opondría a la entrega de la información. 12) Que de lo informado y descrito en el considerando previo, se debe concluir que la Diputada Muñoz, no se opuso en forma legal a la entrega de la información, pues el art. 20 es categórico en señalar que: “Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa” (lo destacado es nuestro). Por lo tanto, deberá desestimarse dicha oposición en razón de no formularse por escrito ni señalar la causa de dicha oposición, por lo cual y habiendo sido notificada por la Superintendencia de Pensiones, deberá estarse a lo estipulado en el inciso final del art. 20 de la Ley que señala que, en el caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de la información requerida. 13) Que, analizados los documentos acompañados por la Superintendencia de Pensiones a sus descargos bajo el resguardo de la reserva del art. 26 de la Ley de Transparencia, los expedientes de desafiliación de don Jorge Arrate y doña Adriana Muñoz, están constituidos por los siguientes antecedentes: a) Ordinario de la ex Superintendencia de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), actual Superintendencia de Pensiones, que informa favorablemente de las solicitudes de desafiliación presentadas por las personas individualizadas. b) Resolución que da lugar a la desafiliación solicitada por don Jorge Arrate y doña Adriana Muñoz. c) Cartola de cotizaciones previsionales. d) Dictamen de solución de reclamo de la AFP (en el caso de don Jorge Arrate). e) Copia del certificado de nacimiento de las personas aludidas. 14) Que la única información contenida en los antecedentes indicados en el considerando anterior que este Consejo estima que debe ser tarjada o tachada son el RUT y número de cédula de identidad y el domicilio particular de los terceros, pues no fueron recolectados de fuentes accesibles al público y, por tanto, se aplica respecto de ellos la reserva establecida en el art. 7º de la Ley N° 19.628, tal como señaló este Consejo en su decisión A10-09. 15) Que, en consecuencia, en virtud de lo expuesto anteriormente y considerando que los terceros notificados no se opusieron a la entrega de la información, en la forma en que ya se ha indicado, este Consejo acogerá el presente amparo con la única salvedad de tarjar o tachar de la información a entregar el RUT y el domicilio de don Jorge Arrate y doña Adriana Muñoz. 16) Que, a mayor abundamiento, debe hacerse presente que existe un beneficio relevante en dar a conocer la información requerida, que supera el de mantenerla en reserva, pues se refiere a dos personas de alta connotación pública, a saber, un ex candidato a la Presidente de la República en las últimas elecciones presidenciales y una Diputada de la República habiendo sido el primero, además, Ministro del Trabajo y Previsión Social en 1994, cuando se autorizó la desafiliación del nuevo sistema de pensiones regulado por el D.L. N° 3.500, de 1980. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo interpuesto por don Ramón Liebsch Mundaca en contra de la Superintendencia de Pensiones, por las consideraciones ya señaladas. II. Requerir a la Superintendenta de Pensiones que entregue a don Ramón Liebsch Mundaca, la información requerida, tarjando, únicamente, el RUT, el número de cédula de identidad y el domicilio de las personas a las que se refiere la información, en un plazo de 5 días hábiles, desde que se encuentre ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder en conformidad con el art. 46 y ss. de la Ley de Transparencia. III. Requerir a la Superintendenta de Pensiones que remita a este Consejo copia de la información indicada en el numeral anterior, al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a la obligación impuesta precedentemente en tiempo y forma. IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Ramón Liebsch Mundaca y a la Superintendenta de Pensiones. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.